STC3894-2023<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC3894-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2023-01464-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintis\u00e9is de abril de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se resuelve la acci\u00f3n de tutela que Jhojan Andr\u00e9s Arias Figueroa le formul\u00f3 a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, extensiva al Juzgado Trece Civil del Circuito de esa ciudad y a los intervinientes en el proceso coercitivo quirografario n\u00b0 05001-31-030-13-2021-00344-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El actor deriva la lesi\u00f3n de sus derechos fundamentales de la sentencia por medio de la cual, el Tribunal revoc\u00f3 la orden de seguir adelante la ejecuci\u00f3n que le promovi\u00f3 a Juliette Anyhel Burnham y, en su lugar, declar\u00f3 la probada la excepci\u00f3n de inexistencia del negocio causal y termin\u00f3 el proceso (22 nov. 2022). <\/p>\n
Del libelo introductorio y del expediente objeto de queja constitucional, la protesta admite el siguiente resumen. <\/p>\n
El actor convoc\u00f3 a Juliette Anyhel con el fin de que solucionara el importe de un pagar\u00e9, por la suma de $335.000.000, el cual fue suscrito por Jos\u00e9 Gabriel Ayala Herrera a nombre de la ejecutada, en virtud de un poder general que, afirma el actor, aquella le confiri\u00f3 a este. <\/p>\n
La demandada se opuso a la ejecuci\u00f3n, alegando la excepci\u00f3n que denomin\u00f3 \u00abinexistencia de obligaci\u00f3n, falta de consentimiento, falta de objeto y falta de causa del negocio causal\u00bb, fundada en que \u00abnunca ni en ning\u00fan lugar he celebrado un negocio con el demandante, el t\u00edtulo que se presenta para el cobro es producto de una estafa\u00bb. <\/p>\n
El Juzgado Trece Civil del Circuito de Medell\u00edn desestim\u00f3 la defensa y orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n; para ello adujo que la demandada no cumpli\u00f3 con la carga de desvirtuar el m\u00e9rito probatorio del pagar\u00e9 base de la acci\u00f3n y el poder con estribo en el cual fue suscrito (1 jul. 2022). <\/p>\n
El Tribunal, con ocasi\u00f3n de la apelaci\u00f3n de la ejecutada, revoc\u00f3 el veredicto de primer grado, y acogi\u00f3 la r\u00e9plica de la convocada, fundado, en s\u00edntesis, en que, exist\u00edan \u00abdudas razonables\u00bb acerca de que el pagar\u00e9 objeto de cobro correspondiera a un negocio causal real y subyacente. Lo anterior, porque de los medios de convicci\u00f3n recaudados se desprend\u00eda una serie de indicios, los cuales, valorados, conjuntamente, apuntaban a concluir, que la ejecutada no le otorg\u00f3 poder al tercero para que suscribiera el pagar\u00e9, ni el ejecutante desembols\u00f3 a favor de ella suma alguna. (22 nov. 2022). <\/p>\n
En ese contexto, el promotor se\u00f1ala que el Tribunal incurri\u00f3 en defecto f\u00e1ctico, ya que, a su juicio sentenci\u00f3 sin pruebas, y sin considerar el m\u00e9rito que ten\u00eda el pagar\u00e9 y el poder otorgado para su suscripci\u00f3n, los cuales no fueron tachados de falsos. Tambi\u00e9n incurri\u00f3 en defecto sustantivo y desconocimiento del precedente, porque desconoci\u00f3 la normatividad mercantil del t\u00edtulo valor materia de recaudo, as\u00ed como la jurisprudencia constitucional en torno a que a que \u00abel proceso ejecutivo est\u00e1 dirigido a obtener el cumplimiento de una obligaci\u00f3n clara, expresa y exigible que conste en un documento que de plena fe de su existencia\u00bb, como se presenta en su caso. Asimismo, no motiv\u00f3 adecuadamente la decisi\u00f3n, ya que \u00abse basa en supuestos y sospechas que no tienen relevancia\u00bb, precisamente, por tratarse de sospechas. Y, por \u00faltimo, viol\u00f3 directamente la Constituci\u00f3n, concretamente su garant\u00eda al debido proceso, la presunci\u00f3n de inocencia y la buena fe; ello, al exigirle que demostrara, en el ejecutivo, hechos ajenos a sus fines, como su capacidad econ\u00f3mica para hacer el mutuo objeto del pagar\u00e9, e igualmente, al oponerle la existencia de las denuncias penales que la ejecutada le promovi\u00f3 al tercero a quien le otorg\u00f3 el poder. <\/p>\n
2.- El Tribunal querellado defendi\u00f3 la actuaci\u00f3n materia de censura, adem\u00e1s, remiti\u00f3 el enlace de acceso al expediente acusado. <\/p>\n
No hubo m\u00e1s pronunciamientos para el momento en que esta decisi\u00f3n fue proyectada. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Las sentencias judiciales como actos de autoridad que son, est\u00e1n dotadas de las presunciones de acierto y legalidad. Adem\u00e1s, deben ser respetadas porque son expedidas por los funcionarios competentes, luego del procedimiento previsto para el efecto, est\u00e1n revestidas de cosa juzgada, y materializan los principios de autonom\u00eda e independencia judiciales. <\/p>\n
Luego, cuando son enjuiciadas a trav\u00e9s de una acci\u00f3n de tutela, no es cualquier error el que habilita su revisi\u00f3n en esta sede, sino uno que haga patente la existencia de una actuaci\u00f3n arbitraria e ileg\u00edtima de la autoridad judicial. De all\u00ed que esta Corporaci\u00f3n ha insistido en que este mecanismo solo puede abrirse, trat\u00e1ndose de providencias judiciales, en casos de indiscutible arbitrariedad. Igualmente, la hom\u00f3loga Constitucional, mediante sentencia de unificaci\u00f3n, ha puntualizado que este mecanismo no es una instancia o recurso adicional \u201cpara discutir los asuntos de \u00edndole probatorio o de interpretaci\u00f3n de la ley que dieron origen a la controversia judicial\u201d (se enfatiza, SU-128 de 2021). <\/p>\n
<\/p>\n
2.- Bajo esa mirada, se advierte que lo resuelto por el Tribunal obedece a una hermen\u00e9utica razonable de los principios y reglas de la ejecuci\u00f3n de las obligaciones, as\u00ed como de las circunstancias particulares del caso; tesitura que, por no revelarse caprichosa o descabellada, se comparta o no, debe ser respetada. Adem\u00e1s, los yerros denunciados no tornan arbitrario lo decidido. <\/p>\n
2.1.- En efecto, revisada la providencia criticada se advierte que el juez plural descart\u00f3 el m\u00e9rito ejecutivo del pagar\u00e9 porque concluy\u00f3, en apretada s\u00edntesis, que exist\u00edan serias dudas acerca de que fuera el resultado del pr\u00e9stamo que el ejecutante, afirma, le hizo a la demandada, por la suma de $335.000.000. <\/p>\n
Para ello advirti\u00f3, que la orden de seguir adelante con la ejecuci\u00f3n depend\u00eda de la certeza de la exigibilidad de la obligaci\u00f3n ejecutiva; e igualmente, que en asuntos donde se cuestionaba la existencia del negocio causal del t\u00edtulo, como en el caso, en el que la ejecutada aleg\u00f3 que \u201cnunca ni en ning\u00fan lugar he celebrado un negocio con el demandante, el t\u00edtulo que se presenta para el cobro es producto de una estafa\u201d, dicha certeza pod\u00eda derruirse o ponerse en tela de juicio a trav\u00e9s de una prueba indirecta, como la indiciaria. Con mayor raz\u00f3n, si la ejecutada estaba imposibilitada para demostrar directamente la alegada ausencia del negocio subyacente, ya que se trataba de una negaci\u00f3n indefinida. <\/p>\n
Sobre el particular expuso: <\/p>\n
En aplicaci\u00f3n de la regla general de distribuci\u00f3n de carga probatoria -art. 167 del CGP- el deudor demandado tiene la carga de afirmar y probar los hechos que se constituyan en una excepci\u00f3n al cobro ejecutivo, derrotando probatoriamente la certeza que en principio ofrece el t\u00edtulo. <\/p>\n
Para este caso conviene distinguir dos tipos de excepciones derivadas del negocio causal: <\/p>\n
Por un lado, las excepciones que reconocen el surgimiento de una obligaci\u00f3n causal del t\u00edtulo, pero afirman la existencia de un hecho, un acto o una omisi\u00f3n que impide, modifica o extingue la obligaci\u00f3n. <\/p>\n
Bajo ese supuesto, al demandante le basta presentar el t\u00edtulo. El demandado tiene la carga de probar las condiciones del negocio, la relaci\u00f3n causal con el t\u00edtulo ejecutivo y el hecho o el acto que resolvi\u00f3 la obligaci\u00f3n en el contexto del negocio: por ejemplo, las condiciones de modo, tiempo, lugar del pago, la compensaci\u00f3n etc. <\/p>\n
Otro caso son las excepciones que desconocen de plano la existencia de cualquier negocio que se corresponda con el t\u00edtulo, de manera indefinida: por ejemplo \u201cnunca ni en ning\u00fan lugar he celebrado un negocio con el demandante, el t\u00edtulo que se presenta para el cobro es producto de una estafa\u201d <\/p>\n
Enseguida, mencion\u00f3 que: <\/p>\n
En el marco de las excepciones del proceso ejecutivo, el juez civil debe valorar las afirmaciones y las pruebas de la excepci\u00f3n que afirma que el t\u00edtulo es el producto de la comisi\u00f3n de un delito (en indagaci\u00f3n previa por la Fiscal\u00eda), seg\u00fan su vocaci\u00f3n para generar dudas sobre la certeza que en principio el t\u00edtulo ofrece sobre la existencia y la validez de la obligaci\u00f3n que en \u00e9l se expresa. <\/p>\n
Bajo este supuesto, como la excepci\u00f3n de la parte demandada se basa en la negaci\u00f3n indefinida de cualquier relaci\u00f3n causal que justifique el t\u00edtulo, las excepciones pueden tipificarse en los numerales 12 y 13 del art. 784 del C\u00f3digo de Comercio. (\u2026) <\/p>\n
El convencimiento del juez debe conformarse en esta clave: \u00bfde la prueba en su conjunto, el t\u00edtulo y los dem\u00e1s medios de prueba, resulta incuestionada la certeza que el t\u00edtulo en principio ofrece sobre la existencia de un negocio causal subyacente? <\/p>\n
Si la parte demandada con sus argumentos y sus pruebas logra relativizar esa certeza, generar dudas razonables sobre la correspondencia del t\u00edtulo con un negocio causal existente, la ejecuci\u00f3n debe cesar, por decaer la fuerza ejecutiva del t\u00edtulo. Un juez s\u00f3lo debe disponer seguir adelante con la ejecuci\u00f3n cuando no le quepa ninguna duda sobre la correspondencia del t\u00edtulo con la obligaci\u00f3n causal. (\u2026) <\/p>\n
Se insiste, el juez civil no tiene competencia para indagar y menos definir si se cometi\u00f3 un delito, si hubo estafa, falsedad, abuso, pero s\u00ed puede valorar los hechos que se afirman como constitutivos de esas conductas en tanto afecten la exigibilidad del t\u00edtulo, su correspondencia con una obligaci\u00f3n causal cierta. <\/p>\n
Despu\u00e9s, indic\u00f3 que <\/p>\n
Para este efecto, como en otros casos donde se cuestiona la correspondencia de lo expresado en un documento con una situaci\u00f3n f\u00e1ctica contraria carente de prueba directa, cobran especial relevancia los indicios. <\/p>\n
El t\u00edtulo sigue siendo una prueba fuerte de la obligaci\u00f3n que el demandado tiene la carga de derrotar; sin embargo, dada la negaci\u00f3n indefinida de la defensa -en ning\u00fan tiempo ni lugar contrat\u00e9 con el demandado-, su carga consiste en generar dudas razonables sobre la correlaci\u00f3n de la obligaci\u00f3n literal del t\u00edtulo, con la existencia de una obligaci\u00f3n causal correlativa concreta que este expresa (se destaca). <\/p>\n
Luego, al descender al caso concreto, reiter\u00f3 que <\/p>\n
\u201c[l]a parte demandada alega que el demandante Arias Figueroa y el se\u00f1or Ayala Becerra, se pusieron de acuerdo para simular un supuesto mutuo, consiguiendo con enga\u00f1os el poder general y creando el pagar\u00e9 objeto de cobro sin que existiera ning\u00fan tipo de negocio causal subyacente. En s\u00edntesis: se alega que la creaci\u00f3n del pagar\u00e9 y su cobro son actos delictivos para defraudar a la demandada\u201d. <\/p>\n
Seguidamente, tras acotar que \u201cel pagar\u00e9 fue creado con fecha del 1 de febrero de 2021, y su fecha de reconocimiento de firma y contenidos fue realizado varios meses despu\u00e9s, tanto por demandante como por el apoderado general de la demandada, ante la Notar\u00eda 31 Encargada el d\u00eda 31 de agosto de 2021, d\u00eda antes de la presentaci\u00f3n del poder para demandar (1-09-2021)\u201d, analiz\u00f3 las probanzas recaudadas, as\u00ed: i) las declaraciones de las partes; ii) el testimonio de Jos\u00e9 Gabriel Ayala Becerra, quien suscribi\u00f3 el pagar\u00e9 en nombre de la ejecutada; iii) las versiones de los testigos Robert \u00c1vila Cuadrado, Leyder Andr\u00e9s G\u00f3mez Paut y William Anybel Brook, cercanos a la ejecutada; iv) las piezas relativas a las investigaci\u00f3n penal que se le adelanta a Ayala Becerra por los hechos soporte de la acci\u00f3n cambiaria, y otros relativos a \u00abla apropiaci\u00f3n indebida de una camioneta; a la falsificaci\u00f3n de unos t\u00edtulos ejecutivos sin causa por valor de $35.000.000 (proceso radicado 05001 40 03 009 2021 00434 00), y $100.000.000, a cargo de la demandada y a favor de Jos\u00e9 Gabriel Ayala Becerra\u00bb; y v) finalmente, el poder general con estribo en el cual el tercero sign\u00f3 en nombre de la demandada el pagar\u00e9 base de la acci\u00f3n, del que resalt\u00f3 que \u00abel notario no verific\u00f3 regularmente a la otorgante del poder con sus datos biom\u00e9tricos, por no haberle tomado huellas y por fallas en la actualizaci\u00f3n del sistema\u00bb. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, puntualiz\u00f3: <\/p>\n
A partir de los elementos probatorios que han sido relacionados, la Sala concluye en este caso se probaron las siguientes circunstancias que, analizadas en su conjunto, generan dudas razonables sobre la correspondencia del pagar\u00e9 objeto de cobro con un negocio causal real y subyacente: <\/p>\n
1. A pesar de haber sido requerido para el efecto en el interrogatorio, el demandante no est\u00e1 en condiciones de evidenciar objetivamente (con certificados bancarios, tributarios o contables) que dispone del capital para realizar ese tipo de transacciones. <\/p>\n
2. A pesar de haber sido requerido para el efecto en el interrogatorio, el demandante no est\u00e1 en condiciones de evidenciar que efectivamente hubo un movimiento de dinero de su patrimonio al patrimonio de la demandada. <\/p>\n
3. Las condiciones que se afirman sobre las supuestas entregas de sumas millonarias de dinero en efectivo, a trav\u00e9s de un tercero y a favor de una persona que ni siquiera se conoce, hacen dudar de la credibilidad del negocio. <\/p>\n
4. Ayala Becerra, amigo cercano y compa\u00f1ero prestamista y jugador de cartas del demandante seg\u00fan su propio dicho, est\u00e1 involucrado en una investigaci\u00f3n penal por delitos cometidos contra la demandada, por estafa, abuso de confianza, falsedad en documento privado y fraude procesal, por \u00e9ste y otros asuntos similares que implican supuestas falsificaciones de otros t\u00edtulos valores, entre otras situaciones de abuso. <\/p>\n
5. En la propia versi\u00f3n del negocio que da Ayala Becerra, amigo personal del demandante, no hay razones plausibles que justifiquen el otorgamiento del poder general con base en el cual se cre\u00f3 el t\u00edtulo. La escritura p\u00fablica no cuenta con todos los elementos de seguridad que prev\u00e9 la ley para evitar fraude o suplantaci\u00f3n. A pesar de ello, el demandante no consider\u00f3 importante verificar el poder, o enterarse a quien prestaba el dinero realmente, lo que resulta tambi\u00e9n sospechoso. <\/p>\n
6. Las condiciones personales de la demandada hacen dudoso que se haya visto involucrada en el negocio que se afirma por el demandante: seg\u00fan los testigos, es una persona solvente, que cuenta con el apoyo de su familia, que se dedica a ayudar a los otros, que no presta dineros. Adem\u00e1s, debe tenerse presentes las condiciones especiales de la pasiva, para el caso concreto, teniendo en cuenta que se trata de una persona de la tercera edad. <\/p>\n
Para finalizar, concluyendo que: <\/p>\n
Por lo anterior, con base en lo dispuesto en el art\u00edculo 784.12 del C\u00f3digo de Comercio, en tanto existen dudas razonables sobre la concordancia del pagar\u00e9 presentado con un negocio causal existente -lo que la parte demandada calific\u00f3 como \u201cinexistencia de obligaci\u00f3n, falta de consentimiento, falta de objeto y falta de causa\u201d del negocio causal\u201d-, esta Sala acoger\u00e1 las excepciones negando continuar la ejecuci\u00f3n con base en el t\u00edtulo presentado y ordenando el levantamiento de las medidas cautelares decretadas el 9 de noviembre de 2021. Lo anterior, sin perjuicio de la posibilidad que tiene el demandante de acreditar debidamente la existencia del cr\u00e9dito en un proceso declarativo. <\/p>\n
Como puede verse, la determinaci\u00f3n del Tribunal est\u00e1 soportada en argumentos serios y objetivos, lo que descarta la necesidad de la intervenci\u00f3n constitucional. Otra cosa es que esa tesitura no se comparta, sin que ello, como arriba se indic\u00f3, habilite la intromisi\u00f3n. <\/p>\n
2.2.-Ahora, los defectos alegados en el escrito de tutela no tienen la virtualidad para destrozar la presunci\u00f3n de acierto y legalidad del veredicto confutado, en la medida en que no se estructuran. <\/p>\n
As\u00ed, no es cierto, como lo alega el peticionario, que la Corporaci\u00f3n enjuiciada haya resuelto la controversia al margen de las normas sustanciales aplicables al caso o de la finalidad del juicio ejecutivo (defecto sustancial y desconocimiento del precedente). F\u00edjese, en primer lugar, que cuestionado como fue el negocio subyacente al t\u00edtulo valor invocado, el art\u00edculo numeral 12 del art\u00edculo 784 del estatuto mercantil1, facult\u00f3 al juzgador a analizar sus pormenores y, por ende, si en realidad existi\u00f3 o no. En segunda medida, si bien la finalidad del proceso ejecutivo es la satisfacci\u00f3n de las obligaciones claras, expresas y exigibles, no por eso le son extra\u00f1as las discusiones sobre la existencia y validez del t\u00edtulo. Por el contrario, ellas se encuentran autorizadas expresamente por el numeral primero del art\u00edculo 161 del C\u00f3digo General del Proceso, al decir que \u00ab[e]l proceso ejecutivo no se suspender\u00e1 porque exista un proceso declarativo iniciado antes o despu\u00e9s de aqu\u00e9l, que verse sobre la validez o la autenticidad del t\u00edtulo ejecutivo, si en \u00e9ste es procedente algar los mismos hechos como excepci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Tampoco es verdad que la decisi\u00f3n se haya tomado sin apoyo probatorio (defecto f\u00e1ctico), o con base en suposiciones (indebida motivaci\u00f3n). Obs\u00e9rvese que el Tribunal consider\u00f3 que era inviable seguir adelante la ejecuci\u00f3n porque estim\u00f3, apoyado en la apreciaci\u00f3n de la prueba indiciaria, que no pod\u00eda concluirse que el pagar\u00e9 pretendido fuera el resultado de una relaci\u00f3n contractual celebrada entre las partes y, por tanto, fuera susceptible de ser cobrado por la v\u00eda ejecutiva; tesitura que es admisible a la luz del ordenamiento jur\u00eddico porque, de un lado, los indicios, al tenor del precepto 165 del C\u00f3digo General del Proceso son medios de pruebas, y por otro, ciertamente, las obligaciones que son susceptibles de hacer valer por ese sendero son aquellas respecto de las cuales no existe duda alguna. <\/p>\n
Lo anterior, a su vez, descarta la infracci\u00f3n del debido proceso, la presunci\u00f3n de inocencia y la buena fe, ya que, se repite, lo dirimido es el resultado de un an\u00e1lisis que no es irrazonable, as\u00ed que, aunque pudiera discreparse de \u00e9l, por los argumentos planteados por el promotor o por existir otras alternativas interpretativas, no abre paso a la acci\u00f3n de tutela. Recu\u00e9rdese, al respecto, que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01, reiterada, entre otras, en STC2096-2023). <\/p>\n
3.- En suma, como la sentencia mediante la cual el Tribunal convocado termin\u00f3 la ejecuci\u00f3n impulsada por el actor responde no es irrazonable, ni est\u00e1 afectada por alg\u00fan yerro que imponga desconocerla a trav\u00e9s de este sendero, la protecci\u00f3n invocada se desestimar\u00e1. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n, NIEGA la tutela instada por Jhojan Andr\u00e9s Arias Figueroa. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los participantes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el paginario a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, de no impugnarse esta resoluci\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZMAN ALVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZAL\u00c9Z NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 \u00abContra la acci\u00f3n cambiara, solo podr\u00e1n oponerse las siguientes excepciones: \u00ab[l]as derivadas del negocio jur\u00eddico que dio origen a la creaci\u00f3n o transferencia del t\u00edtulo, contra el demandante que haya sido parte en el respectivo negocio o contra cualquier otro demandante que no sea tenedor de buena fe exenta de culpa (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
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STC3894-2023 OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado ponente STC3894-2023 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2023-01464-00 (Aprobado en sesi\u00f3n del veintis\u00e9is de abril de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1 D.C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se resuelve la acci\u00f3n de tutela que Jhojan Andr\u00e9s Arias Figueroa le […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[61],"tags":[],"class_list":["post-72553","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-abril-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/72553","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=72553"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/72553\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=72553"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=72553"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=72553"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}