STC3895-2023<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
STC3895-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 66001-22-13-000-2023-00108-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sesi\u00f3n de veintis\u00e9is de abril de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 28 de marzo de 2023 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en la tutela que Mario Alberto Restrepo Zapata instaur\u00f3 contra el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, la Procuradora General de la Naci\u00f3n y el Consejo Superior de la Judicatura, extensiva al Defensor del Pueblo y dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 66682-31-13-001-2022-00399-00 <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El libelista, en nombre propio, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de la prerrogativa al \u00abdebido proceso\u00bb, para que se ordenara: <\/p>\n
i.- \u00ab(\u2026) inmediatamente a la juez tutelada aplicar CGP, numeral 5 del art 366 CGP y conceder mi alzada inmediatamente (\u2026) frente al auto que fij\u00f3 y liquid\u00f3 costas, amparado sentencia (\u2026) C-089 de 2002 MP Eduardo Montealegre Lynett\u00bb. <\/p>\n
ii.- Al Consejo Superior de la Judicatura \u00ab(\u2026) manifestar si el Acuerdo PSAA 16-10554 de 5 agosto de 2016, art 2,4 y 5 y 1 se aplica a acciones populares para la fijaci\u00f3n de las agencias en derecho teniendo en cuenta sus topes m\u00ednimos y m\u00e1ximos all\u00ed consignados, o por el contrario no aplica dicho acuerdo en acciones populares y de ser as\u00ed, consignar a en derecho el por qu\u00e9 no aplica. (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
iii.- A la Procuradora General de la Naci\u00f3n \u00ab(\u2026) que consigne en derecho si el acuerdo del CSJ referido arriba aplica en acciones populares al momento de fijar agencias en derecho o no a fin de garantizar art 29 CN (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
En compendio adujo que en la acci\u00f3n popular que promovi\u00f3 contra el establecimiento de comercio muebles Punto Arte (n\u00b0 2022-00399-00), el juzgado acusado \u00ab(\u2026) se neg\u00f3 rotundamente a conceder el recurso de apelaci\u00f3n frente al auto que fija y liquida agencias en derecho\u00bb y, con ello, desconoce \u00abel CGP, aplicable por remisi\u00f3n expresa art 44 ley 472 de 1998 y olvidando que las agencia sen derecho se fijan como lo manda el CGP, seg\u00fan remisi\u00f3n expresa art 38 DE LA LEY 472 DE 1998\u00bb. <\/p>\n
2.- El Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal remiti\u00f3 enlace del expediente reprochado y afirm\u00f3 que \u00abno ha vulnerado los derechos fundamentales del se\u00f1or Mario Restrepo, por cuanto se le garantiz\u00f3 el debido proceso y dio tr\u00e1mite a los recursos por \u00e9l deprecados\u00bb y, que, \u00abpor los mismos hechos el se\u00f1or MARIO RESTREPO interpuso acci\u00f3n de tutela en contra de este Despacho, la cual correspondi\u00f3 por reparto al Dr. EDDER JIMMY SANCHEZ CALAMB\u00c1S, con Radicado 2023-00043, proceso dentro del cual se profiri\u00f3 Sentencia el 23 de febrero del presente a\u00f1o declarando improcedente el amparo invocado, por lo que la presente acci\u00f3n se torna temeraria y por ende el accionante debe ser merecedor de las sanciones correspondientes\u00bb. <\/p>\n
La Procuradur\u00eda Regional de Instrucci\u00f3n de Risaralda solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n, porque lo aducido en la demanda le es ajeno y su participaci\u00f3n est\u00e1 limitada solo a emitir los conceptos de rigor. <\/p>\n
3.- El Tribunal Superior de Pereira declar\u00f3 inviable el resguardo, porque no reviste relevancia constitucional, habida cuenta que \u00ab(\u2026) la finalidad \u00fanica y principal, radica en que se modifique el monto de las costas procesales liquidadas y aprobadas a su favor. Tr\u00e1tese de una \u201c(\u2026) controversia estrictamente monetaria con connotaciones particulares o privadas (\u2026)\u00bb, precisando que, \u00abla simple invocaci\u00f3n del derecho al debido proceso, o como sucede en este amparo, el de la doble instancia, es insuficiente para concluir que cumple el presupuesto de la relevancia constitucional. Se requiere el concurso de una evidente arbitrariedad judicial que amerite la intervenci\u00f3n del juez de tutela en procura de proteger los derechos. Es un juicio de validez, no de correcci\u00f3n, por manera que las controversias legales, como la interpretaci\u00f3n de normas procesales, son irrelevantes en sede de tutela\u00bb. <\/p>\n
4.- El actor refut\u00f3 el anterior desenlace, esbozando que \u00ab(\u2026) no existe claro matiz econ\u00f3mico, como (\u2026) lo cree el juzgador ac\u00e1 lo que existe es la inaplicaci\u00f3n de lo que la ley manda art 365 6-5 CGP, como se consign\u00f3 en tutela por la CSJ SCL STL 14482-2018, rad 80957 MP Clara C. Due\u00f1as, adem\u00e1s se desconoce tutela (\u2026) STL 10011-2018 Jorge Luis Quiroz alem\u00e1n que ordena, manda, impone conceder la alzada frente al auto que fija y liquida agencias en derecho, como lo manda art 366-1 CGP aplicable por remisi\u00f3n expresa art 44 ley especial 472 de 1998\u00bb, por lo que insisti\u00f3 en que se reconozcan las aspiraciones del escrito inicial y en \u00abla intervenci\u00f3n de la Procuradora GRAL, Naci\u00f3n, Margarita Cabello Blanco como a saciedad lo he solicitado infructuosamente, pues no soy abogado, pero como ciudadano con derechos civiles y constitucionales pido me garantice ART. 29 CN\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- De entrada, se advierte el decaimiento de la salvaguarda y, por ende, la convalidaci\u00f3n del veredicto de primer grado, pero por las razones que a continuaci\u00f3n se exponen. <\/p>\n
1.1.- El art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991, consagra, que \u00ab[c]uando sin motivo expresamente justificado, la misma acci\u00f3n de tutela sea presentada contra la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se despachar\u00e1n o decidir\u00e1n desfavorablemente todas las solicitudes\u00bb. <\/p>\n
(\u2026) la acci\u00f3n de tutela est\u00e1 sujeta al principio de la unicidad de su promoci\u00f3n, que proh\u00edbe que la id\u00e9ntica queja constitucional sea presentada en varias oportunidades y por la misma persona o su representante, o que su reiterada invocaci\u00f3n se realice sin motivo expresamente justificado; precepto que tipifica una forma de temeridad en esta materia y que conlleva a examinar si la nueva protecci\u00f3n es igual a la anterior, vale decir, si entre ambas existe identidad de hechos y derechos, as\u00ed como de las partes, sin importar que tengan algunas diferencias incidentales; y por \u00faltimo, si la repetici\u00f3n del amparo obedece a motivo justificado, como ser\u00eda, por ejemplo, la ocurrencia de sucesos nuevos o distintos que comporten una verdadera variaci\u00f3n de la situaci\u00f3n f\u00e1ctica inicial (STC-01841-00, 21 oct. 2009; STC6467-2018; STC8587-2020 y STC2025-2023). <\/p>\n
1.2.- En el sub lite, se vislumbra que Restrepo Zapata ya hab\u00eda interpuesto frente al Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de cabal el amparo n.\u00b02023-00043 con ocasi\u00f3n de la \u00abacci\u00f3n popular\u00bb n.\u00b0 66682-31-13-001-2022-00399. <\/p>\n
En efecto, de conformidad con la prueba allegada al paginario, se extrae que en aquella oportunidad denunci\u00f3 el presunto quebrantamiento del \u00abdebido proceso\u00bb, en raz\u00f3n a que \u00abla tutelada se niega rotundamente a reponer las agencias en derecho y a fijar 2 DOS SMMLV tal como lo ven\u00eda haciendo desde el a\u00f1o 2018 en acciones populares ante la orden dada por el tribunal ssc de Pereira, que a su vez se le orden\u00f3 cumplir la tutela CSJ STL10011-2018, MP Jorge Luis Quiroz Alem\u00e1n \u00bb y, por tanto, exigi\u00f3 que se \u00abordene a la sede judicial accionada reconocer agencias en derecho en la suma de 2 SMLMV\u00bb. <\/p>\n
El Tribunal Superior de Pereira desestim\u00f3 el ruego (23 feb. 2023) y esta Sala confirm\u00f3 esa providencia (STC2733-2023, mar. 23), al colegir que, \u00abel yerro denunciado carece de relevancia constitucional, y en todo caso, no hay arbitrariedad que deba ser conjurada a trav\u00e9s de este sendero (\u2026). En el caso, la discusi\u00f3n planteada por Mario Restrepo es estrictamente legal y econ\u00f3mica, pues se duele de la interpretaci\u00f3n dada al art\u00edculo 365 del C\u00f3digo General del Proceso, y de que, en lugar de 2 smlmv le hayan reconocido $1.0005.350. Protestas que al no revelar entidad iusfundamental, descartan la injerencia del juez de tutela (\u2026)\u00bb y, porque, \u00ab(\u2026) Con todo, la tasaci\u00f3n objetada no es arbitraria ni caprichosa\u00bb. <\/p>\n
En esta ocasi\u00f3n, Restrepo Zapata persiste en la guarda de id\u00e9ntico atributo b\u00e1sico, con los mismos supuestos f\u00e1cticos a los all\u00e1 esgrimidos, sin que se alteren aspectos medulares del petitum; de donde es l\u00f3gico inferir, contrario a lo afirmado por el a quo constitucional, que los participantes, objeto y causa (hechos) son equivalentes, sin que circunstancias sobrevinientes modifiquen la conclusi\u00f3n de la incursi\u00f3n en una repetici\u00f3n \u00abindebida\u00bb, ya que no demostr\u00f3 una causa que \u00abjustifique\u00bb tal obrar, habida cuenta que, lo realmente perseguido en aquel momento como ahora, es obtener la revisi\u00f3n de la liquidaci\u00f3n de las agencias en derecho (21 jul. 2022), porque en su sentir, \u00ablas agencias en derecho se fijan como lo manda el CGP\u00bb. <\/p>\n
Si bien, esta vez trae como argumento novedoso, que el funcionario recriminado \u00ab(\u2026) se neg\u00f3 rotundamente a conceder el recurso de apelaci\u00f3n frente al auto que fija y liquida agencias en derecho\u00bb, se observa que esas actuaciones datan del 5 y 29 de agosto de 2022, por lo que pudo y debi\u00f3 esgrimirlas en la \u00abacci\u00f3n de tutela\u00bb n.\u00b02023-00043. <\/p>\n
Debe tener en cuenta el precursor que no puede ejercer la \u00abacci\u00f3n de tutela\u00bb de manera reiterada e irrazonable, sin que haya variado la situaci\u00f3n f\u00e1ctica originalmente expuesta, m\u00e1xime cuando una y otra vez han de resolverse en igual sentido, como en el presente caso, en el que no de aplicarse la \u00abtemeridad\u00bb, igualmente resultar\u00eda improcedente la s\u00faplica superlativa porque los pronunciamientos refutados en el actual socorro (5 y 29 ag. 2022), no fueron producto de criterios subjetivos u ostensiblemente alejados del ordenamiento jur\u00eddico o de la realidad procesal, dado que el juzgado criticado observ\u00f3 las normas que gobiernan el asunto, esto es, los art\u00edculos 36 y 37 de la ley 472 de 1998 y no emerge defecto alguno que estructure \u00abv\u00eda de hecho\u00bb como lo sugiere el promotor. <\/p>\n
1.3.- Ahora, los anhelos tendientes a que \u00abse ordene al tutelado Consejo Superior Judicatura manifestar si el acuerdo psaa16-10554 de 5 agosto de 2016, art 2,4 y 5 y 1 se aplica a acciones populares para la fijaci\u00f3n de las agencias en derecho (\u2026)\u00bb , y \u00abse ordene a la Procuradora General Naci\u00f3n, margarita cabello, a fin que consigne en derecho si el acuerdo del CSJ referido arriba aplica en acciones populares al momento de fijar agencias en derecho o no a fin de garantizar art 29 CN (\u2026)\u00bb, escapan del \u00e1mbito supralegal, siendo a Mario Alberto a quien incumbe requerir directamente ante dichos organismos los pedimentos y\/o inquietudes que aqu\u00ed trae, para que, en el marco de sus funciones analicen y emprendan, de ser viables, las gestiones correspondientes (CSJ STC1423-2020, STC14451-2022 Y STC 2033-2023). <\/p>\n
1.4.- Frente a lo manifestado en el escrito de impugnaci\u00f3n, relacionado con la aplicaci\u00f3n de las sentencias STL 14482-2018 y STL 10011-2018, se advierte que no es viable atender tal pedimento, en tanto, cada caso tiene particularidades que lo diferencia de los dem\u00e1s y de \u00e9ste, luego no conducen a solventar de manera id\u00e9ntica, m\u00e1s a\u00fan cuando las determinaciones adoptados en sede constitucional son \u00abinter partes [y] (\u2026) no [tienen] la virtualidad de extender sus efectos a la situaci\u00f3n que [se] plantea en relaci\u00f3n con [el interesado] en este tr\u00e1mite\u00bb (CSJ STC, 22 may. 2009, rad. 00124-01, reiterada en STC15739-2022), de conformidad con lo reglado en el numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 48 de la Ley 270 de 1996. <\/p>\n
2. Como colof\u00f3n, se acompa\u00f1ar\u00e1 la directriz de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocidas. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese por el medio m\u00e1s expedito y, oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
AUSENCIA JUSTIFICADA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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