STC3898-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC3898-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-01422-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintis\u00e9is de abril de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de abril de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Johanna Alexandra Hern\u00e1ndez Bejarano contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y el Juzgado 15 Civil del Circuito de esta ciudad, a cuyo tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 protecci\u00f3n de su prerrogativa al debido proceso, que dice vulnerada por las sedes judiciales accionadas, por lo que pidi\u00f3 \u00abdejar sin valor ni efecto la sentencia de segunda instancia proferida\u2026 el\u2026 14 de julio de 2022\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. William Humberto Mart\u00ednez Valbuena promovi\u00f3 acci\u00f3n ejecutiva contra Johanna Alexandra Hern\u00e1ndez Bejarano y la Cooperativa Colombiamia (Coopcolombiamia), libr\u00e1ndose orden de pago el 31 de agosto de 2018. <\/p>\n
2.2. Notificados los demandados, formularon las excepciones de m\u00e9rito denominadas \u00abfalta de legitimaci\u00f3n de ambas partes, inexistencia de la obligaci\u00f3n y falsedad ideol\u00f3gica que conllevar\u00eda a fraude procesal\u00bb, que fueron desechadas con sentencia del 10 de febrero de 2021, decisi\u00f3n que apelaron los enjuiciados, siendo confirmada por el Tribunal criticado con providencia del 26 de julio de 2022. <\/p>\n
2.3. En s\u00edntesis, expres\u00f3 la gestora del resguardo que las sedes judiciales acusadas desconocieron que en el decurso procesal se demostr\u00f3 que \u00abel t\u00edtulo valor base de ejecuci\u00f3n fue suscrito por [ella] \u00fanica y exclusivamente en su condici\u00f3n de representante legal de\u2026 Coopcolombiamia\u2026 en el a\u00f1o 2011 a la Cooperativa Valmar como\u2026 \u201cgarant\u00eda\u201d de una negociaci\u00f3n relacionada con el endoso de unas libranzas comercializadas por la primera y cobradas por la segunda\u00bb, lo que la exoneraba de responsabilidad. <\/p>\n
2.4. Agreg\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026 pese a que la sentencia de segunda instancia\u2026 data del\u2026 14 de julio de 2022, debe tenerse presente que al no existir otro medio de defensa judicial con el cual restablecer la violaci\u00f3n del derecho\u2026 al debido proceso, para el presente caso procede el an\u00e1lisis de fondo de las decisiones judiciales que pusieron fin al debate procesal civil. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 el libelo de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado 15 Civil del Circuito de Bogot\u00e1 precis\u00f3 que el prove\u00eddo de 10 de febrero de 2021 \u00abfue debidamente fundamentado conforme a las reglas propias del proceso, sin dilaci\u00f3n alguna, aplicando coherentemente los principios constitucionales, analizando \u00edntegramente las pruebas aportadas al proceso en su oportunidad procesal y respetando el derecho de contradicci\u00f3n y defensa que le asiste a las partes\u00bb. <\/p>\n
2. La Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 manifest\u00f3 que, \u00ab[a]unque se considera que no se incurri\u00f3 en un defecto superlativo\u2026, estar\u00e1 atento a la decisi\u00f3n que en este caso se profiera\u00bb. <\/p>\n
3. Al momento de someterse al conocimiento de la Sala el presente asunto, no se hab\u00edan recibido respuestas adicionales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n
De la misma forma, se ha se\u00f1alado que, en l\u00ednea de principio, esta acci\u00f3n no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre camino el amparo para restablecer los derechos fundamentales conculcados, siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa judicial, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual de la tutela y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. Revisada la demanda de tutela, verifica la Sala que la actora cuestion\u00f3 la sentencia de 21 de julio de 2022, que confirm\u00f3 la dictada el 10 de febrero de 2021, que desestim\u00f3 las excepciones de m\u00e9rito que ella formul\u00f3 en el juicio criticado y orden\u00f3 continuar con la ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
3. En este orden de ideas, concluye la Corte que la solicitud de resguardo carece del prenotado requisito de inmediatez, teniendo en cuenta que entre la data en que se dict\u00f3 el referido fallo de segunda instancia (21 de julio de 2022) y la de interposici\u00f3n de la demanda de amparo bajo an\u00e1lisis, 11 de abril de 2023, transcurri\u00f3 un lapso que supera el de seis (6) meses, fijado por la consistente jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n, como razonable y proporcional para que la persona afectada en sus prerrogativas b\u00e1sicas ejerza esta acci\u00f3n constitucional, sin que la foliatura reporte la existencia de alg\u00fan motivo que justifique la anotada tardanza en acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
Frente al requisito de inmediatez, la Sala ha dicho que: <\/p>\n
(\u2026) \u201cno puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante\u201d (prove\u00eddo de 2 de agosto de 2007, exp. 00188-01, reiterado el 30 de agosto de 2012, exp. 01254-01). <\/p>\n
Reiterando que \u201cel ejercicio de la acci\u00f3n de tutela debe ser oportuno y congruente con el prop\u00f3sito que persigue, que no es otro que brindar soluci\u00f3n \u2018a situaciones presentes que a\u00fan pueden ser susceptibles de tal remedio, y no denunciar hechos cuyos efectos se han materializado\u2026\u2019 (Sentencia de 17 de julio de 2006, exp. No. 11001-0204-000-2006-00826-01)\u201d (Sentencia de 8 de agosto de 2012, exp. 00189-01); o lo que es igual, \u201cla presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela debe realizarse dentro de un t\u00e9rmino razonable, que permita la protecci\u00f3n inmediata del derecho fundamental a que se refiere el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica\u201d, en aras de \u201cpreservar el car\u00e1cter expedito de la tutela para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que se consideran vulnerados con la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de la autoridad p\u00fablica\u201d (Sentencia de 2 de agosto de 2007, exp. 00188-01, reiterada el 26 de abril de 2012, exp. 00221-01) (CSJ STC, 30 ene. 2013, rad. 2012-00274-01, CSJ STC 5977, 15 de mayo de 2015). <\/p>\n
Entonces, la inexistencia de otros mecanismos ordinarios de defensa judicial para la salvaguarda de la garant\u00eda fundamental que invoca la demandante resulta insuficiente para justificar la tardanza que se suscit\u00f3 en la formulaci\u00f3n del mecanismo constitucional, pues en ella radicaba la carga de la presentaci\u00f3n oportuna del resguardo. <\/p>\n
4. Lo anterior es suficiente para denegar la protecci\u00f3n pedida, sin que se imponga analizar de fondo la situaci\u00f3n planteada, porque el incumplimiento del presupuesto de inmediatez impide tal estudio. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, declara improcedente, el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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