STC3899-2023<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC3899-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 41001-22-14-000-2023-00051-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintis\u00e9is de abril de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se resuelve la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 17 de marzo de 2023 por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, en la tutela que Olga Lucia Ib\u00e1\u00f1ez Plazas instaur\u00f3 contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de Garz\u00f3n (Huila), extensiva a Antonio Pizo Herrera y dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 2022-00068. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La libelista reclam\u00f3 la guarda del derecho al debido proceso, para que se ordenara \u00abdejar sin efecto la providencia del 8 de febrero de 2023, que decidi\u00f3 no reponer el mandamiento de pago, se declare el incumplimiento de los requisitos formales del t\u00edtulo ejecutivo, la inexistencia de una obligaci\u00f3n calara expresa y exigible y la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, procediendo entonces a revocar el mandamiento de pago, ordenando al Juzgado Primero Civil del Circuito de Garz\u00f3n que disponga la terminaci\u00f3n y archivo del proceso\u00bb. <\/p>\n
En sustento manifest\u00f3 que el juzgado censurado libr\u00f3 mandamiento de pago en su contra y a favor de Andr\u00e9s Antonio Pizo Herrera (26 sep. 2022), auto que recurri\u00f3 sin \u00e9xito pues, en auto del 8 de febrero de este a\u00f1o, y sin pronunciarse sobre todos y cada uno de los argumentos de la reposici\u00f3n, lo mantuvo inc\u00f3lume, pasando por alto que el t\u00edtulo ejecutivo (acta de conciliaci\u00f3n que puso fin a un proceso) carec\u00eda de los requisitos formales, ya que, entre otros defectos, no tiene la constancia de ejecutoria que exige el art\u00edculo 114, n\u00fam. 2\u00ba del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
En su opini\u00f3n, se quebrant\u00f3 la garant\u00eda invocada, al emitirse \u00abun mandamiento de pago sin que exista t\u00edtulo ejecutivo conformado en debida forma, reconociendo la calidad de acreedor o beneficiario de una obligaci\u00f3n a quien no lo ostenta, y pasando por alto la exigencia legal de existir una obligaci\u00f3n clara, expresa y exigible\u00bb. <\/p>\n
2.- El Juzgado Primero Civil del Circuito de Garz\u00f3n, Huila, defendi\u00f3 su proceder. <\/p>\n
Andr\u00e9s Pizo Herrera se opuso a la queja superlativa y afirm\u00f3, que \u00abla accionante pretende tergiversar la verdad argumentando que ella no hab\u00eda asumido esa responsabilidad, cuando en la misma acta quedo estipulado las condiciones y se firm\u00f3 por todas las partes\u00bb y, ahora \u00abpretende mediante un mecanismo constitucional se le resuelva a su voluntad negar la existencia y el acuerdo del acta proferida que presta merito ejecutivo, la cual cumple los requisitos de ley. Raz\u00f3n por la cual busca a toda costa salir librada presentando mecanismos que no son los id\u00f3neos para resolver el caso, ya que para eso existe el proceso ordinario y las etapas procesales para ejercer el derecho a la defensa\u00bb. <\/p>\n
3.- El Tribunal Superior de Neiva declar\u00f3 improcedente el resguardo, por cuanto \u00abla accionante aun cuenta con la oportunidad de solicitar por otros medios, la protecci\u00f3n de sus derechos e intereses\u00bb, como en efecto lo hizo, dado que, \u00abla parte ejecutada, present\u00f3 excepciones en el proceso ejecutivo, d\u00e1ndole as\u00ed tr\u00e1mite a sus etapas subsiguientes, lo mencionado, hace que el proceso actualmente se encuentre vigente\u00bb. Agreg\u00f3 que la actora tampoco acredit\u00f3 la existencia del perjuicio irremediable aducido. <\/p>\n
4. La impulsora refut\u00f3. Para ello insisti\u00f3 en sus primigenias alegaciones y se acogi\u00f3 a lo expresado en el \u00absalvamento de voto\u00bb mencionado. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Liminarmente, se anuncia el decaimiento de la salvaguarda y la consecuente ratificaci\u00f3n del veredicto de primer grado, porque que la gestora pretende a trav\u00e9s de este remedio subsanar su incuria dentro del escenario natural y, resultar prematuro su ejercicio, <\/p>\n
En efecto, del infolio adosado se evidencia que, frente al orden de apremito expedida el 26 de septiembre de 2022, Ib\u00e1\u00f1ez Plazas interpuso recurso horizontal y las excepciones de \u00abCOBRO DE LO NO DEBIDO\u00bb; \u00abFRAUDE PROCESAL\u00bb; e \u00abIMPOSIBILIDAD DE REALIZAR EL PAGO DE UNA OBLIGACI\u00d3N QUE NO EXISTE\u00bb. <\/p>\n
1.1. Al resolver la reposici\u00f3n, el despacho convocado confirm\u00f3 la decisi\u00f3n (8 feb. 2023), al apreciar, frente a lo relativo a que \u00abEL DOCUMENTO PRESENTADO NO CONTIENE UNA OBLIGACI\u00d3N CLARA, EXPRESA Y EXIGIBLE\u00bb que: i) El acta de conciliaci\u00f3n b\u00e1culo del cobro \u00abno requiere constancia de ejecutoria, porque la decisi\u00f3n queda en firma al momento de su pronunciamiento\u00bb; y, ii) Dicho documento \u00abtiene la fuerza vinculante de una sentencia judicial (rei iudicata) y presta m\u00e9rito ejecutivo (art. 66, Ley 446 de 1998) [de ah\u00ed que] para el despacho no existe la menor duda que se cumple con las exigencias que regula el art\u00edculo 422 del CGP\u00bb, por lo que, si la querellante cre\u00e9 que tales razonamientos no daban respuesta efectiva a los \u00abreparos planteados\u00bb, pod\u00eda y no lo hizo, acudir al mecanismo que la codificaci\u00f3n adjetiva pone a su alcance en el art\u00edculo 287, a fin de que la funcionaria de instancia zanjara los puntos no solventados y que eran \u00abobjeto de pronunciamiento\u00bb, de ah\u00ed que deba soportar los efectos adversos de su omisi\u00f3n. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Colegiatura tiene dicho que <\/p>\n
(\u2026.) el descuido en el empleo de los medios de protecci\u00f3n que existen hacia el interior de las actuaciones judiciales, impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los mecanismos de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria (\u2026). STC6663-2018, citada en STC3496-2022 y en la STC371-2023. <\/p>\n
Ello, en virtud de que, <\/p>\n
(\u2026) [e]ste mecanismo, por lo excepcional, am\u00e9n de su naturaleza subsidiaria, no deviene como un recurso alterno o suplementario y su invocaci\u00f3n resulta leg\u00edtima en la medida en que el afectado no cuente con recursos legales para evitar la vulneraci\u00f3n de la que se duele. Contrario a ello, esto es, si existen tales medios surge inane la utilizaci\u00f3n de la tutela; consecuencia similar emerge cuando el interesado teniendo dichos recursos los ha menospreciado o no ha hecho uso de ellos, dado que en tal hip\u00f3tesis culmina invocando su propia negligencia o incuria, lo que no es permitido y menos a trav\u00e9s de la acci\u00f3n constitucional que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala. (STC7966-2018, citada en STC7199-2022 y en la STC1032-2023). <\/p>\n
1.2. Ahora, esa circunstancia no representa ninguna afectaci\u00f3n a los prop\u00f3sitos de la quejosa dentro de la Litis cuestionada porque, a m\u00e1s de que est\u00e1n pendientes de ser analizados los medios exceptivos propuestos con la contestaci\u00f3n al libelo, en los que discute la \u00abinexistencia\u00bb de la acreencia por desatenci\u00f3n de las exigencias del art\u00edculo 422 del C\u00f3digo General del Proceso, esta Corte ha pregonado que, aunque la norma prev\u00e9 la revisi\u00f3n del \u00abt\u00edtulo ejecutivo\u00bb con antelaci\u00f3n a la \u00abemisi\u00f3n de la orden de apremio\u00bb, tambi\u00e9n puede efectuarse en la sentencia en cualquiera de las instancias, etapa que aqu\u00ed a\u00fan no se ha surtido. <\/p>\n
En efecto, en la STC18432-2016, de 15 de diciembre de 2016, reiterada en STC 2725 de 2020 (rad. 2020-00675-00) y STC1463-2022, (rad. 2022-00361), precis\u00f3: <\/p>\n
(\u2026) en lo que ata\u00f1e con el control que oficiosamente ha de realizarse sobre el t\u00edtulo ejecutivo que se presenta ante la jurisdicci\u00f3n en pro de soportar los diferentes recaudos, ha de predicarse que, si bien el precepto 430 del C\u00f3digo General del Proceso estipula, en uno de sus segmentos, en concreto en su inciso segundo, que \u00ab[l]os requisitos formales del t\u00edtulo ejecutivo s\u00f3lo podr\u00e1n discutirse mediante recurso de reposici\u00f3n contra el mandamiento ejecutivo. No se admitir\u00e1 ninguna controversia sobre los requisitos del t\u00edtulo que no haya sido planteada por medio de dicho recurso. En consecuencia, los defectos formales del t\u00edtulo ejecutivo no podr\u00e1n reconocerse o declararse por el juez en la sentencia o en el auto que ordene seguir adelante la ejecuci\u00f3n, seg\u00fan fuere el caso\u00bb, lo cierto es que ese fragmento tambi\u00e9n debe armonizarse con otros que obran en esa misma regla, as\u00ed como tambi\u00e9n con otras normas que hacen parte del entramado legal, verbigracia, con los c\u00e1nones 4\u00ba, 11, 42-2\u00ba y 430 inciso 1\u00ba ej\u00fasdem, am\u00e9n del mandato constitucional enantes aludido\u201d. <\/p>\n
\u201cPor ende, mal puede olvidarse que, as\u00ed como el legislador estipul\u00f3 lo utsupra preceptuado, asimismo en la \u00faltima de las citadas regulaciones, puntualmente en su inciso primero, determin\u00f3 que \u00ab[p]resentada la demanda acompa\u00f1ada de documento que preste m\u00e9rito ejecutivo, el juez librar\u00e1 mandamiento ordenando al demandado que cumpla la obligaci\u00f3n en la forma pedida, si fuere procedente, o en la que aquel considere legal\u201d. <\/p>\n
\u201cDe ese modo las cosas, todo juzgador, no cabe duda, est\u00e1 habilitado para volver a estudiar, incluso ex officio y sin l\u00edmite en cuanto ata\u00f1e con ese preciso t\u00f3pico, el t\u00edtulo que se presenta como soporte del recaudo, pues tal proceder ha de adelantarlo tanto al analizar, por v\u00eda de impugnaci\u00f3n, la orden de apremio impartida cuando la misma es de ese modo rebatida, como tambi\u00e9n a la hora de emitir el fallo con que finiquite lo ata\u00f1edero con ese escrutinio judicial, en tanto que ese es el primer aspecto relativamente al cual se ha de pronunciar la jurisdicci\u00f3n, ya sea a trav\u00e9s del juez a quo, ora por el ad quem\u201d. <\/p>\n
\u201cEse entendido hace arribar a la convicci\u00f3n de que el fallador mal puede ser un convidado de piedra del litigio, sino que, en cambio, antes que otra cosa, tiene que erigirse dentro del juicio en un defensor del bien superior de la impartici\u00f3n de justicia material. <\/p>\n
Por tanto, as\u00ed la cita jurisprudencial que a continuaci\u00f3n se transcribe haya sido proferida bajo el derogado C\u00f3digo de Procedimiento Civil, la misma cobra plena vitalidad para predicar que del mismo modo, bajo la vigencia del C\u00f3digo General del Proceso: [T]odo juzgador, sin hesitaci\u00f3n alguna, [\u2026] s\u00ed est\u00e1 habilitado para estudiar, aun oficiosamente, el t\u00edtulo que se presenta como soporte del pretenso recaudo ejecutivo, pues tal proceder ha de adelantarlo tanto al analizar, por v\u00eda de impugnaci\u00f3n, la orden de apremio dictada cuando la misma es rebatida, y ello indistintamente del preciso trasfondo del reproche que haya sido efectuado e incluso en los eventos en que las connotaciones jur\u00eddicas de aquel no fueron cuestionadas, como tambi\u00e9n a la hora de emitir el fallo de fondo con que finiquite lo ata\u00f1edero con ese escrutinio judicial, en tanto que tal es el primer t\u00f3pico relativamente al cual se ha de pronunciar a fin de depurar el litigio de cualesquiera irregularidad sin que por ende se pueda pregonar extralimitaci\u00f3n o desafuero en sus funciones, m\u00e1xime cuando el proceso perennemente ha de darle prevalencia al derecho sustancial (art\u00edculo 228 Superior) \u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) De modo que la revisi\u00f3n del t\u00edtulo ejecutivo por parte del juez, para que tal se ajuste al canon 422 del C\u00f3digo General del Proceso, debe ser preliminar al emitirse la orden de apremio y tambi\u00e9n en la sentencia que, con posterioridad, decida sobre la litis, inclusive de forma oficiosa\u2026\u00bb. CSJ. STC4808 de de abril de 2017, exp. 11001-02-03-000-2017-00694-00, reiterada en STC4053 de 22 de marzo de 2018, exp. 68001-22-13-000-2018-00044-01. <\/p>\n
1.2.1.- Bajo ese panorama, como se anticip\u00f3 en l\u00edneas precedentes, el auxilio deviene presuroso, toda vez que la lid objetada se halla en curso, estando pendiente de resoluci\u00f3n las excepciones de m\u00e9rito presentadas por Olga Lucia, sin que pueda hacer uso de este especial instrumento para suplir las v\u00edas establecidas por el legislador para hacer valer sus pedimentos, como quiera que no fue ese el fin para el cual fue instituido. <\/p>\n
Ello, en virtud de que <\/p>\n
(\u2026) la acci\u00f3n de tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para (\u2026) reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente\u2026 para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso\u2019, pues, reit\u00e9rase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley. (Se enfatiza CSJ STC1423-2020, STC16601-2022, y STC605-2023). <\/p>\n
3.- Ergo, se convalidar\u00e1 el prove\u00eddo opugnado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
AUSENCIA JUSTIFICADA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC3899-2023 HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada ponente STC3899-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 41001-22-14-000-2023-00051-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintis\u00e9is de abril de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1 D.C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se resuelve la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 17 de marzo de 2023 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[61],"tags":[],"class_list":["post-72558","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-abril-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/72558","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=72558"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/72558\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=72558"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=72558"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=72558"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}