STC3904-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC3904-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2023-01516-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintis\u00e9is de abril de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de abril de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela formulada por Luc\u00eda Coral Rosero contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal y la Sala Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Buga, tr\u00e1mite al que fueron citadas las partes e intervinientes en los procesos penales N\u00ba 76111220400220140033001 y 76111220400320210013101. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La solicitante por apoderado judicial invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, defensa y \u00abfavorabilidad\u00bb, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales accionadas en los procesos relacionados. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que en calidad de Juez Segunda Laboral del Circuito de Buenaventura, entre el a\u00f1o 1996 y julio de 1997, profiri\u00f3 once sentencias en las que le impuso al Fondo de Pasivos Social de la Empresa de Puertos de Colombia -Foncolpuertos- el pago de distintas acreencias laborales en favor de los all\u00ed demandantes, que fueron revocadas por los Tribunales Superiores de Bogot\u00e1, Cundinamarca y Buga, al resolver el grado jurisdiccional de consulta, pues consideraron que sus fallos carecieron de sustento probatorio y desconocieron las normas aplicables. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, por lo anterior, se inici\u00f3 actuaci\u00f3n penal en su contra, tr\u00e1mite en el que se le recibi\u00f3 la indagatoria y se \u00abdecret\u00f3 la conexidad\u00bb con otros procesos, y el 30 de abril de 2007 al resolver su situaci\u00f3n jur\u00eddica fue sindicada por prevaricato por acci\u00f3n y peculado por apropiaci\u00f3n en favor de terceros, se resolvi\u00f3 no imponerle medida de aseguramiento y practicar otras pruebas. <\/p>\n
Resalt\u00f3 que, si bien se hab\u00eda ordenado el cierre de la investigaci\u00f3n, el 19 de marzo de 2008 se declar\u00f3 la nulidad de la actuaci\u00f3n desde la definici\u00f3n de su situaci\u00f3n jur\u00eddica y se \u00abdecret\u00f3 la conexidad de m\u00faltiples radicados\u00bb, adem\u00e1s, nuevamente se le escuch\u00f3 en indagatoria y su situaci\u00f3n jur\u00eddica se resolvi\u00f3 con la imposici\u00f3n de medida de aseguramiento. <\/p>\n
Sostuvo que el asunto fue reasignado a la Fiscal\u00eda Treinta y Cuatro Delegada ante el Tribunal Superior de Bogot\u00e1, quien el 18 de diciembre de 2019 calific\u00f3 el sumario con resoluci\u00f3n acusatoria por el delito de peculado por apropiaci\u00f3n en favor de terceros en concurso homog\u00e9neo y sucesivo, providencia que recurri\u00f3 en reposici\u00f3n y en subsidio, apelaci\u00f3n. <\/p>\n
El primer recurso se defini\u00f3 negativamente, pero al desatarse el segundo, con resoluci\u00f3n de 18 de diciembre de 2020, se declar\u00f3 la \u00abextinci\u00f3n de la acci\u00f3n penal por prescripci\u00f3n respecto de dos asuntos que fueron objeto de conexidad\u00bb y se confirm\u00f3 en lo restante. <\/p>\n
Indic\u00f3 que el juzgamiento se asign\u00f3 a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, autoridad que el 25 de febrero de 2021 corri\u00f3 el traslado del art\u00edculo 400 de la Ley 600 de 2000 para que se realizaran \u00ablas solicitudes probatorias y de nulidad\u00bb, oportunidad en la que la defensa y la UGPP pidieron distintas pruebas, tras lo cual se fij\u00f3 el 22 de junio de 2021 para adelantar la audiencia preparatoria. <\/p>\n
Asegur\u00f3 que en esa diligencia las partes ratificaron sus solicitudes probatorias, no obstante, de manera \u00absorpresiva\u00bb, dispuso la suspensi\u00f3n de la audiencia, sin que se le permitiera sustentar la conducencia, pertinencia y utilidad de las pruebas peticionadas y, luego, con auto de 26 de julio de 2021 el Tribunal Superior accedi\u00f3 a algunas de las pruebas reclamadas por la UGPP y desestim\u00f3 todas las pretendidas por ella. <\/p>\n
Expres\u00f3 que recurri\u00f3 el anterior pronunciamiento, pero sus recursos se negaron mediante autos de 11 de agosto de 2021 y 25 de enero de 2023. <\/p>\n
Sostuvo que la actuaci\u00f3n descrita vulner\u00f3 sus derechos y garant\u00edas procesales, pues se desconoci\u00f3 que la decisi\u00f3n se emiti\u00f3 irregularmente, esto es, a trav\u00e9s de \u00abauto interlocutorio\u00bb y no en audiencia como correspond\u00eda, porque si bien al proceso se le aplica la Ley 600 de 2000, tambi\u00e9n deb\u00eda observarse la \u00abLey 906 del a\u00f1o 2004, (\u2026) comoquiera que la audiencia se materializo bajo los principios de la virtualidad y cuando ello ocurre por el principio de favorabilidad, prescrito en el inciso 3 del art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de Colombia debe aplicarse de manera irrestricta\u00bb. <\/p>\n
2. Como consecuencia de lo expuesto, solicit\u00f3 anular \u00abLA ACTUACION A PARTIR DE LA AUDIENCIA PREPARATORIA, CON EL FIN DE CONVALIDAR DE MANERA LEGAL EL PROCEDIMIENTO\u00bb y, como medida provisional, suspender la \u00abDILIGENCIA DE AUDIENCIA P\u00daBLICA, PROGRAMADA mediante auto de fecha 24 de febrero de 2023, DIAS 26; 27 Y 28 DE ABRIL DE 2023 a las 09:00 AM, que fueron prove\u00edda (sic) por el Magistrado Ponente doctor JUAN CARLOS SANTACRUZ L\u00d3PEZ, dentro del proceso No. 76111220400220140033001\u00bb (May\u00fascula fija en texto). <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, se orden\u00f3 el traslado a los accionados para que ejercieran su derecho a la defensa, as\u00ed como la citaci\u00f3n a las partes e intervinientes en los procesos mencionados. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. Fiscal Treinta y Cuatro Delegada ante el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 relat\u00f3 los antecedentes del asunto reprochado y advirti\u00f3 que en sus actuaciones respet\u00f3 los derechos de la solicitante, por lo cual no procede el amparo solicitado. <\/p>\n
2. La Sala de Casaci\u00f3n Penal expres\u00f3 que dentro del proceso 2014-00330-01 seguido a la actora por los delitos de peculado por apropiaci\u00f3n agravado y peculado por apropiaci\u00f3n, emiti\u00f3 la sentencia SP578-2019, con la cual confirm\u00f3 la condena proferida en primera instancia. Advirti\u00f3 que deb\u00eda convocarse a los sujetos intervinientes en el radicado 2021-00131-01. En escrito separado, se\u00f1al\u00f3 que en el ese \u00faltimo radicado emiti\u00f3 el prove\u00eddo AP103-2023 materia de queja, providencia con la que no quebrant\u00f3 las garant\u00edas de la censora. <\/p>\n
3. La Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protecci\u00f3n Social \u2013UGPP- pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n, dado que no est\u00e1 en sus competencias acceder a lo reclamado por la solicitante. <\/p>\n
4. La Sala Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Buga relat\u00f3 advirti\u00f3 estarse a las decisiones con las cuales neg\u00f3 las pruebas que solicit\u00f3 la actora en el proceso reprochado. <\/p>\n
5. Al momento de registrar el proyecto de fallo, no se hab\u00edan efectuado pronunciamientos por parte de los involucrados en la presente queja constitucional. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. S\u00f3lo las providencias judiciales arbitrarias con directa repercusi\u00f3n en las garant\u00edas fundamentales de las partes o de terceros, son susceptibles de cuestionamiento por v\u00eda de tutela, siempre y cuando, claro est\u00e1, su titular haya agotado los medios legales ordinarios dispuestos para hacerlos prevalecer dentro del correspondiente asunto y acuda a esta jurisdicci\u00f3n oportunamente. <\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, Luc\u00eda Coral Rosero reprocha, la negativa de las pruebas que solicit\u00f3 en el proceso penal seguido en su contra con radicado N\u00ba 76111220400320210013101, toda vez que considera que esa decisi\u00f3n debi\u00f3 adoptarse en audiencia, permiti\u00e9ndosele la sustentaci\u00f3n de \u00abla conducencia, pertinencia y utilidad\u00bb de las mismas. <\/p>\n
3. Visto lo anterior, debe anotarse que, como la etapa controvertida fue clausurada con la providencia AP103-2023 de 25 de enero de 2023, mediante la cual la Sala de Casaci\u00f3n Penal confirm\u00f3, en sede de apelaci\u00f3n, el auto de 26 de julio de 2021, con el que la Sala Penal del Tribunal Superior de Buga resolvi\u00f3, no decretar las pruebas solicitadas por la peticionaria, esta determinaci\u00f3n es la que se estudiar\u00e1 en este asunto, a fin de establecer los reproches materia de tutela. <\/p>\n
4. Fijado lo anterior, debe advertirse, que, estudiado el pronunciamiento proferido en segunda instancia, no se constata irregularidad que imponga la intervenci\u00f3n de esta especial jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
Lo anterior se afirma porque la Sala de Casaci\u00f3n Penal en la providencia cuestionada, tras relatar lo ocurrido en el tr\u00e1mite penal y en la audiencia preparatoria, destac\u00f3 que el recurso de apelaci\u00f3n a su cargo se formul\u00f3 contra el auto de 26 de julio de 2021, con el que se negaron las pruebas solicitadas por la aqu\u00ed accionante, posteriormente determin\u00f3 que deb\u00eda establecerse la procedencia de \u00abdecretar la nulidad de la decisi\u00f3n que resolvi\u00f3 las peticiones probatorias presentadas por la defensa, por violaci\u00f3n del debido proceso\u00bb como lo plante\u00f3 la recurrente. <\/p>\n
Para lo anterior, comenz\u00f3 por referir lo se\u00f1alado por la jurisprudencia frente a las peticiones de nulidad y la oportunidad que tienen los sujetos procesales para solicitar la pr\u00e1ctica de pruebas en el marco de la Ley 600 de 2000 -(CSJ. AP1612, 22 jul. 2020, rad. 53116 y CSJ, AP. 6 de octubre de 2015, rad 45228)-. <\/p>\n
Respecto de lo primero, explic\u00f3 que para la procedencia de la nulidad del proceso en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 310 de la Ley 600 de 2000, se requer\u00eda la concurrencia de lo siguiente, \u00ab(i) la indicaci\u00f3n de la causal taxativa prevista en la ley; (ii) que la irregularidad no haya sido ocasionada o convalidada por quien la alega; (iii) el vicio debe haber sido de la suficiente entidad para afectar las garant\u00edas esenciales de las partes o trastocar las bases fundamentales del proceso, [y] (iv) que la nulidad es el \u00fanico medio para la protecci\u00f3n de las garant\u00edas que fueron conculcadas con la irregularidad alegada\u00bb, asimismo, si se alegaba la vulneraci\u00f3n del debido proceso, correspond\u00eda indicar si la afectaci\u00f3n \u00abrecay\u00f3 sobre la estructura de la actuaci\u00f3n o si se origina en el quebrantamiento de las garant\u00edas de las partes, a partir de qu\u00e9 momento se constituy\u00f3 la irregularidad y demostrar el perjuicio irreparable que conllev\u00f3 su ocurrencia\u00bb. <\/p>\n
Y, sobre la oportunidad, advirti\u00f3 que la pr\u00e1ctica de pruebas en la fase de juzgamiento exige que se hayan reclamado en el traslado contemplado en el art\u00edculo 400 de la Ley 600 de 2000, y que sean procedentes, conforme a los principios de \u00abconducencia, pertinencia y utilidad\u00bb. <\/p>\n
A la luz de lo expuesto y para el caso concreto, consider\u00f3 que \u00abel a quo no incurri\u00f3 en ninguna irregularidad, pues (\u2026) le concedi\u00f3 la oportunidad a los sujetos procesales, incluido el defensor de LUC\u00cdA CORAL ROSERO, para que propusieran las postulaciones probatorias que consideraran necesarias [como en efecto lo hizo], sin que sea posible como equivocadamente lo entiende el recurrente, que se habilite un nuevo escenario para solicitar y sustentar ese tipo de pretensiones, pues se insiste, en la audiencia preparatoria se decide si se practican o no las mismas, tal como lo establece el art\u00edculo 401 ej\u00fasdem\u00bb. <\/p>\n
Enseguida, se\u00f1al\u00f3 que si bien no fueron materia del recurso los motivos por los cuales se negaron las pruebas pretendidas por la solicitante, revisados los mismos se establec\u00eda que el Tribunal Superior de Buga expuso en su decisi\u00f3n razones suficientes para no decretar tales elementos probatorios, pues argument\u00f3 lo siguiente, <\/p>\n
(\u2026) 38.1.- En lo que respecta a los testimonios, no se advirti\u00f3 su pertinencia o qu\u00e9 aspectos relacionados con los hechos objeto de investigaci\u00f3n se pretende demostrar con los mismos. <\/p>\n
38.2.- Sobre las pruebas documentales manifest\u00f3 que estaban encaminadas a definir el perfil econ\u00f3mico de la acusada, lo cual resulta impertinente y superfluo pues ese aspecto no es objeto de controversia en estas diligencias, donde se investiga la posible comisi\u00f3n del delito de peculado por apropiaci\u00f3n a favor de terceros. <\/p>\n
38.4.- La procesada cuenta con la posibilidad de rendir su declaraci\u00f3n al inicio del juicio oral, conforme con lo se\u00f1alado en el art\u00edculo 403 de la Ley 600 de 2000\u00bb. <\/p>\n
Posteriormente, en cuanto al reclamo sobre la imposibilidad de sustentar las peticiones probatorias en la audiencia preparatoria se\u00f1al\u00f3 que no correspond\u00eda a la realidad, y anot\u00f3, <\/p>\n
\u00abrevisada la audiencia celebrada el 22 de junio de 2021, se observa que el magistrado ponente indic\u00f3 que suspender\u00eda la diligencia para estudiar las solicitudes probatorias y de conexidad, luego de lo cual proceder\u00eda a emitir la decisi\u00f3n que resuelva tales postulaciones y, acto seguido, les pregunt\u00f3 a las partes si exist\u00eda alg\u00fan motivo de inconformidad frente a ello. La defensa, aun contando con la posibilidad, no present\u00f3 objeciones y guard\u00f3 silencio. Lo anterior quiere decir que, el recurrente convalid\u00f3 la actuaci\u00f3n del a quo por lo que ahora no puede pregonar la vulneraci\u00f3n de garant\u00edas fundamentales dentro de un acto en el que, en la oportunidad respectiva, no exterioriz\u00f3 su desacuerdo\u00bb. <\/p>\n
Adicionalmente, la Sala de Casaci\u00f3n Penal puntualiz\u00f3 que no se daban los presupuestos contenidos en el art\u00edculo 310 de la Ley 600 de 2000 para invalidar la actuaci\u00f3n, toda vez que la apelante no indic\u00f3 \u00abla causal taxativa prevista en la ley con la que fundamenta su pretensi\u00f3n; la trascendencia de la irregularidad con la entidad suficiente de afectar las garant\u00edas fundamentales o las bases del proceso y los motivos por la que por los que se debe acudir a este remedio procesal extremo\u00bb. <\/p>\n
Para concluir, advirti\u00f3 que proced\u00eda la confirmaci\u00f3n de la decisi\u00f3n cuestionada materia de apelaci\u00f3n, toda vez que el Tribunal Superior de Buga, <\/p>\n
\u00ab(i) corri\u00f3 en debida forma el t\u00e9rmino de 15 d\u00edas para que los sujetos procesales postularan las peticiones probatorias que pretend\u00edan hacer valer en el juicio oral, y no es la audiencia del art\u00edculo 401 de la Ley 600 de 2000 el escenario para que los postulantes expongan las razones de pertinencia, conducencia y utilidad de la prueba, porque en esa diligencia se decide el decreto o no de las mismas; (ii) se pronunci\u00f3 sobre las solicitudes de pruebas de la defensa, (iii) el recurrente convalid\u00f3 la actuaci\u00f3n cuando no present\u00f3 ning\u00fan reparo en el momento en que le indicaron que sus solicitudes probatorias ser\u00edan resueltas conforme como las present\u00f3 durante el traslado del art\u00edculo 400 ib\u00eddem y; (iv) el defensor dej\u00f3 de sustentar los presupuestos establecidos en el precepto 310 ej\u00fasdem para invalidar la actuaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
5. De acuerdo con lo expuesto, no se establece desafuero o arbitrariedad en los razonamientos de la Sala de Casaci\u00f3n Penal, pues esa autoridad defini\u00f3 el asunto bajo su conocimiento atendiendo a las normas y jurisprudencia aplicable y teniendo en cuenta la argumentaci\u00f3n de la recurrente, aqu\u00ed accionante, quien no logr\u00f3 probar que se le hubiese cercenado su derecho a sustentar las peticiones probatorias en la audiencia preparatoria, pues, incluso, frente a la pregunta sobre sus posibles inconformidades en dicha audiencia, guard\u00f3 silencio. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, el hecho que la accionante a trav\u00e9s del presente medio residual y subsidiario no comparta los razonamientos y conclusiones de la autoridad accionada, no resulta suficiente para que acuda al juez constitucional, con el fin de discutir los fundamentos de la determinaci\u00f3n proferida por la autoridad judicial en el \u00e1mbito de su competencia o para reabrir un debate ya definido por el juzgador correspondiente, m\u00e1xime cuando como quedo explicado no se advierte arbitrariedad en la providencia cuestionada (CSJ. STC825-2020, reiterada en STC2260-2022, entre otras). <\/p>\n
6. En consecuencia, el amparo no prospera. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, resuelve Negar la acci\u00f3n de tutela promovida por Luc\u00eda Coral Rosero contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal y la Sala Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Buga. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito, y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC3904-2023 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada ponente STC3904-2023 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2023-01516-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintis\u00e9is de abril de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de abril de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela formulada por Luc\u00eda Coral Rosero […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[61],"tags":[],"class_list":["post-72563","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-abril-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/72563","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=72563"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/72563\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=72563"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=72563"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=72563"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}