STC3922-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC3922-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 13001-22-13-000-2023-00101-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintis\u00e9is de abril de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintis\u00e9is (26) de abril de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena el 21 de marzo de 2023, que neg\u00f3 la tutela promovida, mediante apoderado, por Luis Alfredo Burgos Pab\u00f3n contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de Simit\u00ed. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a los intervinientes en el proceso de resoluci\u00f3n del contrato de compraventa de radicado 13744318900120190026700. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El actor reclama la salvaguarda de sus garant\u00edas fundamentales al debido proceso, defensa, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y a la vida. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas, se establecen los siguientes hechos relevantes: <\/p>\n
2.1. Eliserio Zambrano Guerrero, Mar\u00eda Ferney Zambrano Guerrero, Alejandrina Zambrano Guerrero y Nelson Guerrero promovieron un proceso de resoluci\u00f3n de contrato de promesa de compraventa contra el tutelante. <\/p>\n
2.2. Despu\u00e9s de algunos aplazamientos de la audiencia de instrucci\u00f3n y juzgamiento, el 5 de diciembre de 2022, el Juzgado dict\u00f3 sentencia, mediante la cual declar\u00f3 la nulidad absoluta del contrato de promesa de compraventa celebrado entre las partes. <\/p>\n
3. El actor cuestiona que, en dicha diligencia, el Juzgado neg\u00f3 la solicitud de aplazamiento de la audiencia, afirmando que ve\u00eda con \u00abdesconcierto que esta ha sido la estrategia de cada uno de los apoderados del demandado, quienes no han permitido evacuar debidamente las pruebas decretadas en el proceso\u00bb, lo cual no era real, porque \u00ablas dos \u00fanicas solicitudes de aplazamiento fueron sustentadas en hechos de fuerza mayor y\/o hechos irresistibles y debidamente acreditadas\u00bb. En ese aspecto, tambi\u00e9n aduce que no pudo \u00abcontar con la asistencia en la defensa de sus derechos e intereses\u00bb, pues, por la \u00abinasistencia de su apoderada en tal diligencia, la defensa que se ten\u00eda preparada para desvirtuar los falsos hechos que se ventilaron en la demanda, fracas\u00f3, inclusive con \u00e9l mismo presente en dicha audiencia\u00bb. <\/p>\n
De otro lado, afirma que fue una arbitrariedad tener \u00abpor cierto los hechos susceptibles de confesi\u00f3n\u00bb, por la inasistencia al interrogatorio de parte, dado que \u00abYA HAB\u00cdA DECLARADO DENTRO DEL PROCESO\u00bb, aunado a que, para decidir el asunto, no se realiz\u00f3 una adecuada valoraci\u00f3n de las pruebas aportadas y se desconocieron las mejoras realizadas al predio objeto de la litis, destacando que era poseedor del bien desde hac\u00eda 13 a\u00f1os. <\/p>\n
4. Por lo expuesto, pidi\u00f3 dejar sin efectos la sentencia emitida el 5 de diciembre de 2022 y que se ordene realizar nuevamente la audiencia de tr\u00e1mite y juzgamiento. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTA RECIBIDA <\/p>\n
El Juzgado Primero Civil del Circuito de Simit\u00ed-Bol\u00edvar defendi\u00f3 la legalidad de sus actuaciones y sostuvo que la tutela era improcedente, porque el recurso interpuesto fue rechazado por el Tribunal, por falta de sustentaci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena Bogot\u00e1 neg\u00f3 el amparo rogado, por carecer del requisito de subsidiariedad, dado que la apoderada del tutelante, si bien recurri\u00f3 el fallo cuestionado, no sustent\u00f3 la apelaci\u00f3n, raz\u00f3n por la cual se declar\u00f3 inadmisible, sumado a que no se hab\u00eda acreditado la existencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La parte actora insisti\u00f3 en los argumentos del escrito inicial. Adicionalmente, advirti\u00f3 que fue la negligencia de su apoderada la que le impidi\u00f3 ejercer su derecho defensa en el respectivo juicio, y que s\u00ed se configur\u00f3 un perjuicio en su contra, pues el desalojo ordenado se materializ\u00f3. <\/p>\n
<\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, el actor reclama la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales, presuntamente vulnerados con la sentencia proferida el 5 de diciembre de 2022, que declar\u00f3 de oficio la nulidad absoluta del contrato de promesa de compraventa celebrado entre las partes, dispuso las restituciones mutuas y conden\u00f3 al se\u00f1or Burgos Pab\u00f3n a cancelar a los demandantes $434.758.000, por concepto de los frutos dejados de percibir, as\u00ed como a la devoluci\u00f3n del bien. <\/p>\n
2. Revisadas las actuaciones, la Sala advierte la improcedencia de la acci\u00f3n constitucional, por desatenci\u00f3n del presupuesto de subsidiariedad, dado que la parte desperdici\u00f3 las oportunidades que tuvo a su alcance, para exponer los reparos que invoca en esta instancia, dado que, aunque la apoderada del tutelante formul\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n en la diligencia contra el fallo de primera instancia, no lo sustent\u00f3 en el t\u00e9rmino otorgado, raz\u00f3n por la cual el Tribunal lo declar\u00f3 inadmisible el 15 de diciembre de 2022, decisi\u00f3n que no fue recurrida. <\/p>\n
Tales omisiones imposibilitan el uso de esta senda constitucional, si se tiene en cuenta que es un mecanismo residual, que no puede ser usado como una instancia adicional, de manera que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los recursos ordinarios de defensa \u00abconstituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, (\u2026) [quedando las partes] sujetas a las consecuencias de las decisiones (\u2026) adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria\u00bb (ver, recientemente, en CSJ STC4031-2020). <\/p>\n
3. De otro lado, resulta pertinente se\u00f1alar que, si tutelante consideraba que su abogada no le prestaba una buena asesor\u00eda, pudo reemplazarla, a lo cual se suma que los argumentos relacionados con la presunta falta o indebida de defensa t\u00e9cnica no viabilizan la procedencia de la tutela, dado que, como lo ha recordado esta Corporaci\u00f3n, ello <\/p>\n
(\u2026) no conlleva la vulneraci\u00f3n de garant\u00edas fundamentales, pues, (\u2026) seg\u00fan las pruebas aportadas a la actuaci\u00f3n, el convocante estuvo asistido dentro del proceso por un abogado y el hecho de no estar conforme con su actuar, no lo legitima para controvertir las decisiones judiciales o justificar las omisiones por \u00e9l presentadas (\u2026). No obstante, en caso de considerarse un proceder negligente (\u2026) por parte del profesional del derecho designado, existen v\u00edas para denunciar tal situaci\u00f3n, a las que puede acudir directamente quien se considere afectado (CSJ STC, 22 ene. 1999, rad. 5715, CSJ STC3925-2017 reiterado en CSJ STC13941-2021, CSJ STC11762-2022 y en CSJ STC13829-2022). <\/p>\n
4. Por lo anterior, se ratificar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
<\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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