STC3926-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC3926-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba. 08001-22-13-000-2023-00106-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintis\u00e9is de abril de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de abril de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla el 13 de marzo de 2023, que concedi\u00f3 el amparo invocado por Pedro Jos\u00e9 contra el Juzgado Quinto de Familia de la misma ciudad. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a la se\u00f1ora Milena Sof\u00eda, a la Procuradur\u00eda Judicial Delegada ante el Tribunal para Asuntos de Familia y a los dem\u00e1s intervinientes del proceso de radicado 2021-003901. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso e igualdad, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas se establecen los siguientes hechos relevantes: <\/p>\n
2.1. Ante el Juzgado Quinto de Familia de Barranquilla se adelant\u00f3 el proceso de aumento de cuota alimentaria promovido por Milena Sof\u00eda, madre del menor de edad Juan Camilo, contra el tutelante, aduciendo que las necesidades del alimentado aumentaron y que $300.000 no era suficiente, aportando una relaci\u00f3n de los gastos mensuales, referentes a actividades recreativas, servicios p\u00fablicos, gastos educativos extracurriculares, transporte, meriendas, cuidado mensual, utensilios de aseo, medicina prepagada y alimentaci\u00f3n, por $2\u00b4791.000, m\u00e1s la anualidad escolar. En soporte, alleg\u00f3 constancia del centro educativo en el cual se encontraba el ni\u00f1o y la afiliaci\u00f3n a salud. <\/p>\n
2.2. El demandado contest\u00f3 la demanda y manifest\u00f3 que estaba dispuesto a hacer un incremento moderado en justicia y equidad, pero no en la forma pretendida por la demandante, dado que \u00abtiene otras obligaciones por las cuales debe responder, entre las cuales est\u00e1 la de apoyar a sus padres en parte de la manutenci\u00f3n y gastos como medicinas y dem\u00e1s que, por su edad, deben recibir\u00bb, aunado a que la se\u00f1ora Milena Sof\u00eda tambi\u00e9n laboraba y percib\u00eda \u00abingresos superiores a los dos millones de pesos, con los cuales debe contribuir y hacer que los gastos sean equilibrados y\/o asumidos en partes iguales\u00bb. Dijo que, si bien trabajaba como m\u00e9dico, deb\u00eda asumir los gastos de su manutenci\u00f3n, la cuota mensual del veh\u00edculo, m\u00e1s los gastos de mantenimiento y parqueo de este. Para el efecto, aport\u00f3 una declaraci\u00f3n de su progenitora, que indica que el demandando viv\u00eda en su casa y le suministraba $1\u00b4190.000 mensuales, el contrato de compraventa de un veh\u00edculo por $64\u00b4000.000, pagaderos en 80 cuotas, y una certificaci\u00f3n de la prestaci\u00f3n de servicios de alimentaci\u00f3n por $545.000. <\/p>\n
2.3. El 29 de septiembre de 2022, el Juzgado decret\u00f3 las pruebas y, mediante sentencia del 1\u00b0 de febrero de 2023, increment\u00f3 la obligaci\u00f3n alimentaria de $300.000 mensuales a $1.531.110, cuota que deb\u00eda aumentarse anualmente, de acuerdo con el IPC. <\/p>\n
2.4. El promotor aduce que la autoridad accionada incurri\u00f3 en defecto f\u00e1ctico, porque err\u00f3 al valorar los medios de prueba allegados. Al respecto, destac\u00f3 que, en la audiencia, la madre del menor hizo referencia a unos gastos, pero no los soport\u00f3, aunado a que \u00aben la parte final de este interrogatorio entra el abogado de la se\u00f1ora Milena Sof\u00eda para refrescar y apoyar la informaci\u00f3n que ella no hab\u00eda dicho\u00bb y, en ese momento, \u00abel juez ordena a la madre del menor ponerse de pie para realizar el juramento, por lo cual considera que esa manera de proceder hace que el interrogatorio est\u00e9 viciado\u00bb2. <\/p>\n
De otra parte, indica que, pese a que \u00e9l relat\u00f3 su situaci\u00f3n laboral y econ\u00f3mica, allegando un contrato laboral, y declaraciones que daban cuenta de su lugar de trabajo y sus condiciones de vida, as\u00ed como de la forma en que colabora con los gastos de la casa de sus padres, pues vive con ellos, el Juez \u00abobvi\u00f3 las pruebas presentadas\u00bb, dejando de valorar \u00abtodos los elementos probatorios de manera proporcional y equilibrada\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. El Juzgado Quinto de Familia de Barranquilla manifest\u00f3 que no vulner\u00f3 derecho alguno y que aplic\u00f3 el principio de equidad en procura de garantizar las necesidades del ni\u00f1o, pues un fallo en igualdad de condiciones implicar\u00eda que \u00ablos dos padres iban a dar lo mismo perjudicando al menor, en cambio en equidad, busca que los padres otorguen alimentos conforme sus ganancias, tal como lo ha dejado por sentado la Corte Constitucional\u00bb. <\/p>\n
2. El apoderado del tutelante en el juicio rebatido coadyuv\u00f3 los argumentos del tutelante. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional concedi\u00f3 el amparo rogado, al establecer que \u00abla sentencia contaba con defectos protuberantes en relaci\u00f3n a su fundamento probatorio\u00bb, en particular, porque: i) no se tuvo en cuenta, al momento de fijar la capacidad econ\u00f3mica del demandado, las deducciones de ley a las cuales es sometida la base salarial; ii) la accionante relat\u00f3 que conviv\u00eda con 3 adultos, su hijo y 2 sobrinos, raz\u00f3n por la cual frente al costo de los servicios p\u00fablicos se debi\u00f3 deducir lo pertinente y no tener en cuenta solo a los 3 adultos; iii) no se aludi\u00f3 a los ingresos de la actora de $ 1\u00b4500.000; iv) el juzgado de instancia se\u00f1al\u00f3 que el excedente era aportado por los adultos con los que conviv\u00eda la demandante, sin que en ning\u00fan momento la declarante hubiera realizado afirmaci\u00f3n alguna en tal sentido; v) los rubros que se tuvieron en cuenta para establecer la cuota no tienen soporte; vi) si bien es cierto que algunos temas derivan de la elemental l\u00f3gica, conforme al nivel socioecon\u00f3mico de los padres, hay conceptos que podr\u00edan ser probados sin mayor esfuerzo; y vii) aunque hay otros gastos que cuentan con un m\u00ednimo soporte documental, como recreaci\u00f3n, educaci\u00f3n, transporte y medicina pre-pagada, dichas evidencias no fueron valoradas en la decisi\u00f3n. <\/p>\n
En consecuencia, orden\u00f3 al Juzgado Quinto de Familia del Circuito de Barranquilla que dice una nueva providencia, \u00aben la cual valore la totalidad de los elementos probatorios obrantes en el plenario y se tomen en consideraci\u00f3n los argumentos expuestos en el presente fallo\u00bb. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 el Juzgado Quinto de Familia del Circuito de Barranquilla, argumentado que, en el caso objeto de estudio, s\u00ed se valoraron las pruebas allegadas, de conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 165 del C\u00f3digo General del Proceso y procurando la protecci\u00f3n de los derechos del ni\u00f1o. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el asunto sub examine, corresponde a la Sala establecer si se vulneraron las garant\u00edas fundamentales del actor, con ocasi\u00f3n del presunto defecto f\u00e1ctico en que incurri\u00f3 la autoridad judicial atacada, por haber valorado incorrectamente los medios suasorios arrimados a la causa. <\/p>\n
2. De manera preliminar, resulta indispensable puntualizar que la acci\u00f3n de tutela es improcedente para reabrir los asuntos ya decididos en los respectivos procesos judiciales, pues, de interpretarse en ese sentido las reglas que regulan este mecanismo, no solo se desconocer\u00eda la instituci\u00f3n de la cosa juzgada, sino que se quebrantar\u00edan los principios de la autonom\u00eda e independencia de los jueces. <\/p>\n
3. Analizada la decisi\u00f3n adoptada, se observa que el Juzgado Quinto de Familia de Barranquilla dict\u00f3 fallo de \u00fanica instancia en el proceso de aumento de cuota alimentaria promovido por Milena Sof\u00eda, en nombre de su hijo menor de edad, contra el tutelante, en audiencia del 1\u00ba de febrero de 2023. <\/p>\n
3.1. En la diligencia se recibi\u00f3 el interrogatorio de parte de la madre del ni\u00f1o, en el cual manifest\u00f3, entre otros, que en su casa viv\u00edan 3 adultos, su hijo y 2 sobrinos, que era esteticista, ganaba m\u00e1s o menos $1\u00b4500.000 mensuales (variable), el ni\u00f1o tomaba clase de taekwondo que costaban $195.000 mensuales, contaba con un refuerzo acad\u00e9mico en el hogar por $150.000 mensuales, pagaba de pensi\u00f3n escolar $238.800 y una matr\u00edcula anual de $769.000, meriendas semanales, por las que ella gastaba aproximadamente $200.000 semanales, comida de $133.000 mensuales (suma que se tom\u00f3 de dividir el costo mensual entre 3 residentes de la casa), servicios p\u00fablicos mensuales $158.000 (realizando la misma operaci\u00f3n), medicina prepagada $237.000, odontolog\u00eda $25.000, transporte $400.000 y vestuario anual, incluyendo uniformes $2\u00b4300.0003. <\/p>\n
Por su parte, el padre dijo en su interrogatorio que: i) no conoc\u00eda \u00aben absoluto\u00bb los gastos de su hijo; ii) devengaba $3\u00b4150.000; iii) no ten\u00eda m\u00e1s hijos; iv) que de \u00e9l depend\u00edan econ\u00f3micamente sus padres. <\/p>\n
3.2. Al dictar sentencia, el Juzgado precis\u00f3 que el problema jur\u00eddico a resolver estaba referido a si se daban las circunstancias para acceder al aumento de cuota de alimentaria a favor del menor de edad, en aras de garantizar su derecho a los alimentos necesarios y congruos. <\/p>\n
Al respecto, indic\u00f3 que el v\u00ednculo entre el alimentante y el alimentado estaba acreditado por el registro civil de nacimiento. Igualmente, sobre la capacidad econ\u00f3mica del alimentante, se acredit\u00f3, por parte de su empleador, Bienestar IPS, que este devengaba, como m\u00e9dico, $3.310.2354. <\/p>\n
En lo referente a las obligaciones del demandado frente a sus padres, indic\u00f3 que esa deuda alimentaria no estaba probada, a la luz de lo previsto en el art\u00edculo 421 del C\u00f3digo Civil, pues no hab\u00eda demanda o conciliaci\u00f3n que la acreditara, sin perjuicio de la colaboraci\u00f3n que \u00e9l pudiera brindarles, como un buen hijo, de manera que dicha argumentaci\u00f3n no pod\u00eda ser tenida en cuenta para disminuir su capacidad econ\u00f3mica para dar alimentos al menor. <\/p>\n
En cuanto a los ingresos del alimentante, sostuvo que considerar\u00eda tendr\u00eda en cuenta \u00abel salario base del se\u00f1or Pedro Jos\u00e9, teniendo en cuenta que ese salario, ya tiene los descuentos de ley\u00bb5. <\/p>\n
Precis\u00f3 que ambos padres tienen obligaciones con los hijos, no obstante, en este caso el ni\u00f1o vive con su progenitora, sumado a que \u00ablos alimentos no se deben en igualdad, (\u2026) debe ser proporcional a lo ganado, en beneficio evidente del menor y teniendo en cuenta lo que son los alimentos congruos\u00bb6; con ese fundamento estableci\u00f3 que la capacidad del padre para sufragar los alimentos necesarios y congruos era del 50% de sus ingresos, esto es, $1.650.000, y la de la madre de $750.000\u00bb7. <\/p>\n
El juez enfatiz\u00f3 que al menor de edad se le deb\u00edan no solo los alimentos necesarios sino los congruos, entendidos estos, a la luz de lo previsto en el art\u00edculo 413 del C\u00f3digo Civil, como \u00ablos que habilitan al alimentado para subsistir modestamente de un modo correspondiente a su posici\u00f3n social\u00bb y que, aunque el padre dijo que no conoc\u00eda sus gastos s\u00ed sab\u00eda de su estilo de vida, pues refiri\u00f3 sus clases de taekwondo y que \u00abel ni\u00f1o pasea, entre otros aspectos\u00bb. <\/p>\n
En ese sentido, refiri\u00f3 que se alleg\u00f3 un cuadro explicativo de los gastos del menor, que inclu\u00edan los costos contemplados en el art\u00edculo 24 del C\u00f3digo de Infancia y Adolescencia, ratificado por la demandante en su interrogatorio de parte, bajo la gravedad del juramento, los cuales fueron acreditados con algunos de los documentos allegados por la actora en la audiencia y adjuntados al proceso de oficio en la diligencia8, de lo cual estableci\u00f3 que los gastos mensuales del ni\u00f1o eran de $2.219.0009, teniendo en cuenta que deb\u00edan prorratearse en 12 cuotas mensuales algunos de los costos que se reportaron en forma anual, los cuales distribuy\u00f3 \u00abde manera equitativa\u00bb10, en un 69% a cargo del padre, es decir, $1.531.110, y el 31% restante para la madre, equivalente a $687.790, tomando en cuenta lo devengado por cada uno de ellos frente a los costos totales. <\/p>\n
Finalmente, en lo atinente a los derechos sobre visitas y custodias a favor del ni\u00f1o, afirm\u00f3 que se abstendr\u00eda de decidir sobre lo alegado en ese sentido, por \u00abno tener los elementos probatorios suficientes para ello\u00bb11, pues existe una denuncia de car\u00e1cter penal sobre un presunto abuso al menor de edad por parte del progenitor, de la cual no se ha establecido si est\u00e1 o no en curso. <\/p>\n
3.3. Frente a lo resuelto, el abogado de la actora pidi\u00f3 aclaraci\u00f3n, para que se indicara si la cuota alimentaria quedaba fijaba en forma porcentual o una suma fija mensual, frente a lo cual el Juez aclar\u00f3 que la mensualidad definida era de $1\u00b4531.110. <\/p>\n
El padre, por su parte, cuestion\u00f3 que, si la madre de su hijo devengaba $1\u00b4500.000, no era posible establecer que los gastos mensuales del ni\u00f1o pudieran ser mayores, pues ello evidenciar\u00eda que ten\u00eda ingresos adicionales. Pregunt\u00f3 que, si para acreditar sus gastos mensuales de manutenci\u00f3n deb\u00eda entonces pagar arriendo fuera del hogar de sus padres, lo cual lo afectaba por los costos que eso implicar\u00eda. El juez tuvo esa solicitud como una aclaraci\u00f3n de sentencia y, en ese sentido, aclar\u00f3 que algunos costos se dividieron entre las personas que viv\u00edan en el hogar de la madre del ni\u00f1o, que los alimentos del menor ten\u00edan prelaci\u00f3n de cr\u00e9dito y que los padres asum\u00edan unas obligaciones, raz\u00f3n por la cual pod\u00edan aportar el 50% de los ingresos para garantizar los derechos de sus hijos, m\u00e1xime que \u00e9l no ten\u00eda m\u00e1s hijos. <\/p>\n
4. De lo transcrito, aunque se compartan o no todos los argumentos expuestos por el Juzgador de instancia, lo cierto es que la decisi\u00f3n cuestionada no podr\u00eda recibirse como irrazonable, al ser proferida motivadamente, con base en las pruebas obtenidas, esto es, lo expuesto en los interrogatorios de parte y los documentos allegados por la demandante en la audiencia, incorporados de oficio en la diligencia, aspecto que no fue rebatido en su oportunidad por la parte interesada. <\/p>\n
4.1. Adicionalmente, debe reiterarse el criterio expuesto por la Sala en la sentencia CSJ STC2785-2023, en la cual se indic\u00f3 que en el <\/p>\n
contexto de garantizar el derecho de alimentos desarrollado en el art\u00edculo 24 de la ley 1098 de [2006], los jueces deben interpretar de manera integral las necesidades de los menores y fijar conforme a la sana cr\u00edtica y a cada caso concreto las necesidades del alimentado (\u2026) con unas necesidades espec\u00edficas que objetivamente no se observan rebatidas por la tutelante. <\/p>\n
2.4. Por el contrario, se observa que tanto la Comisar\u00eda como el Juzgado cuestionado han dado cumplimiento a sus deberes de \u00abadoptar con premura las \u00f3rdenes necesarias para procurar el goce de los derechos fundamentales del infante, m\u00e1s a\u00fan, trat\u00e1ndose de los alimentos, ya que estos son indispensables para \u2018el sustento, habitaci\u00f3n, vestido, asistencia m\u00e9dica, recreaci\u00f3n, educaci\u00f3n o instrucci\u00f3n y, en general, todo lo que es necesario para el desarrollo integral de los ni\u00f1os, las ni\u00f1as y los adolescentes\u00bb, conforme lo ha precisado la jurisprudencia de esta Sala (CSJ, STC6823-2021). <\/p>\n
En ese sentido, la Sala destac\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026el constituyente de 1991 consagr\u00f3 como sujetos de especial protecci\u00f3n, por parte del Estado, a los ni\u00f1os, las ni\u00f1as y los adolescentes, autorizando la protecci\u00f3n integral, el inter\u00e9s superior12 y la prevalencia de sus garant\u00edas13 respecto de los dem\u00e1s sujetos de derecho, incluidos los de su n\u00facleo familiar, lo cual tiene su fuente en la trascendencia que revisten para la sociedad, am\u00e9n del momento de formaci\u00f3n en que se encuentren, que exige medidas adecuadas para permitir el desarrollo de una identidad propia, que contribuya dentro de su individualidad a la existencia, consolidaci\u00f3n y desarrollo de los cometidos del Estado y la comunidad, por tanto existen intereses superiores14 que claman por su salvaguarda\u2026 <\/p>\n
A lo cual debe a\u00f1adirse que el precepto 11 del mismo estatuto ense\u00f1a que el juzgador, \u00abal interpretar la ley procesal\u2026[,] deber\u00e1 tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial\u00bb; que las eventuales dudas que surjan en esa empresa \u00abdeber\u00e1n aclararse mediante la aplicaci\u00f3n de los principios constitucionales y generales del derecho procesal garantizando en todo caso el debido proceso, el derecho de defensa, la igualdad de las partes y los dem\u00e1s derechos constitucionales fundamentales\u00bb; y que ha de abstenerse \u00abde exigir y de cumplir formalidades innecesarias\u00bb. <\/p>\n
3.1. Luego, no se precisa vulnerado el derecho al debido proceso al decretar el embargo del salario y otros emolumentos laborales de la tutelante, en aras de garantizar la protecci\u00f3n de los menores a su derecho fundamental a sus alimentos. <\/p>\n
4.2. As\u00ed las cosas, debe precisarse que el juez de constitucional no est\u00e1 llamado a \u00abintervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados\u00bb y tampoco est\u00e1 facultado para realizar, bajo ese pretexto, una \u00abrevisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb. <\/p>\n
Asimismo, esta Corte tiene sentado que este mecanismo constitucional no es el indicado para obtener un nuevo estudio de las probanzas consideradas, pues esa actividad corresponde al juez natural, sin que pueda el de tutela anteponer su propio criterio ni desvirtuar las apreciaciones motivadas a las que arrib\u00f3 el operador judicial cognoscente, por cuanto ello vulnerar\u00eda los principios de autonom\u00eda e independencia15, sumado que convertir\u00eda este instrumento en una tercera instancia, lo cual es inviable. <\/p>\n
4.3. A lo anterior se suma que, frente a la sentencia, aunque el demandando solicit\u00f3 aclaraci\u00f3n, no lo hizo sobre el valor del salario tenido en cuenta, aspecto que se cuestion\u00f3 en la sentencia del a quo constitucional, ni solicit\u00f3 correcci\u00f3n alguna, en caso de considerar que los c\u00e1lculos aritm\u00e9ticos realizados para establecer la suma fija -que no porcentual-no correspondieran con las cantidades establecidas o con los porcentajes aludidos en el fallo del 50% y el 69%, bajo los cuales se defini\u00f3 la cuota alimentaria. Tampoco su apoderado present\u00f3 reproche alguno frente a la toma del juramento de la demandante, cuando ya hab\u00eda empezado la diligencia, ni formul\u00f3 la nulidad que alega en esta instancia por esa causa o por los eventuales vicios de las pruebas consideraciones, todo lo cual impide pronunciarse sobre el efecto, pues la tutela no es una instancia adicional para resolver asuntos que pudieron plantearse en el respectivo juicio. <\/p>\n
5. De otro lado, deviene imperioso recordarle al tutelante que el fallo emitido en la controversia objeto de reproche no es una determinaci\u00f3n irreversible o inmutable, en tanto no hace tr\u00e1nsito a cosa juzgada material, \u00abde manera que nada le impide acudir nuevamente ante el juez de conocimiento a solicitar la revisi\u00f3n de la cuota alimentaria cuestionada\u00bb (STC287-2021), allegando las pruebas necesarias, de manera que el cuenta con otros medios de defensa para reclamar lo pretendido. <\/p>\n
6. En atenci\u00f3n a las consideraciones precedentes, se revocar\u00e1 la sentencia emitida por el a quo constitucional y se negar\u00e1 el amparo reclamado. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, REVOCA la sentencia impugnada y, en su lugar, se NIEGA la salvaguarda deprecada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 En virtud del Acuerdo 034 de 16 de diciembre de 2020, proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, se profieren dos (2) versiones de esta providencia con id\u00e9ntico tenor, una reemplazando los nombres y datos e informaciones (familiares) para efectos de publicaci\u00f3n y otra con la informaci\u00f3n real y completa de las partes para efectos de notificaci\u00f3n. <\/p>\n
3\u0002 Frente a ello se allegaron al expediente, con ocasi\u00f3n de lo dicho en audiencia, los siguientes soportes: pantallazo de una transferencia exitosa por $769.031, por concepto de pensi\u00f3n al Colegio Nazareth Olaya, y otra por $238.800 de mensualidad escolar; imagen de una transferencia exitosa al Club Deportivo Taekwondo por $195.000 del 3 de diciembre de 2022; fotos de los recibos -parcial- de luz, agua y gas; una imagen de transferencia exitosa de $350.000 del 3 de diciembre de 2022 (Documento denominado PAGO DEL TRANSPORTE); dos recibos de caja de Tiendas ARA, por $199.780 y $200.480 (Los archivos se denominan Tirillas de Meriendas); carn\u00e9 de afiliaci\u00f3n a Coomeva-Prepagada y el pago mensual por $237.405 de febrero de 2023. <\/p>\n
4\u0002 Archivo 5 Videos 2:26 \u201cAudiencia con todas las etapas y fallo\u201d. <\/p>\n
5\u0002 Archivo 5 Videos 2:30 \u201cAudiencia con todas las etapas y fallo\u201d. <\/p>\n
6\u0002 Archivo 5 Videos 2:33 \u201cAudiencia con todas las etapas y fallo\u201d. <\/p>\n
7\u0002 Archivo 5 Videos 2:33 \u201cAudiencia con todas las etapas y fallo\u201d. <\/p>\n
8\u0002 Sin que frente a ello el demandando expusiera reparo en la diligencia, en la cual estuvo asistido por su apoderado. <\/p>\n
9\u0002 Archivo 5 Videos 2:40:25 \u201cAudiencia con todas las etapas y fallo\u201d. <\/p>\n
10\u0002 Archivo 5 Videos 2:40:00 \u201cAudiencia con todas las etapas y fallo\u201d. <\/p>\n
11\u0002 Archivo 5 Videos 2:35 \u201cAudiencia con todas las etapas y fallo\u201d. <\/p>\n
12\u0002 Art\u00edculo 8 de la Ley 1098 de 2006. Inter\u00e9s superior de los ni\u00f1os, las ni\u00f1as y los adolescentes. \u00abSe entiende por inter\u00e9s superior del ni\u00f1o, ni\u00f1a y adolescente, el imperativo que obliga a todas las personas a garantizar la satisfacci\u00f3n integral y simult\u00e1nea de todos sus derechos humanos, que son universales, prevalentes e interdependientes\u00bb. <\/p>\n
13\u0002 Canon 9\u00ba \u00eddem. <\/p>\n
14\u0002 CSJ STC, 4 oct. 2007, rad. 2007-00091-01. <\/p>\n
15\u0002 CSJ STC de 25 de enero de 2012, rad. 2011-02659-00, reiterado en CSJ STC7213-2020. <\/p>\n
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STC3926-2023 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente STC3926-2023 Radicaci\u00f3n n\u00ba. 08001-22-13-000-2023-00106-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del veintis\u00e9is de abril de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de abril de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[61],"tags":[],"class_list":["post-72585","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-abril-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/72585","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=72585"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/72585\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=72585"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=72585"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=72585"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}