STC3929-2023<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC3929-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 66001-22-13-000-2022-00418-02 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de veintis\u00e9is de abril de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 31 de marzo de 2023 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en la acci\u00f3n de tutela que Rub\u00e9n Dar\u00edo G\u00f3mez Vallejo instaur\u00f3 contra el Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda, extensiva a la Unidad de Administraci\u00f3n de Carrera Judicial, el Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira y Positiva Compa\u00f1\u00eda de Seguros S.A. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El libelista en nombre propio, exigi\u00f3 la guarda de los derechos al \u00abm\u00ednimo vital, igualdad, trabajo, estabilidad laboral reforzada, seguridad social en estado de debilidad manifiesta por razones de salud\u00bb, para que: <\/p>\n
\u00abi) Se [le] conceda la medida provisional y a su vez tutele los derechos invocados como vulnerados, y como consecuencia de ello, se suspenda los efectos del acto administrativo del nombramiento y se [le] permita continuar en el cargo que [ocupa] actualmente o, en su defecto, en otro en las mismas condiciones laborales que [se] [encuentra] en estos momentos. \u201cSiempre que la acci\u00f3n de tutela sea utilizada como mecanismo transitorio, su procedencia est\u00e1 condicionada a la existencia de un perjuicio irremediable: Ese fue precisamente el requisito impuesto por el Constituyente y no puede ni la Corte, ni ning\u00fan otro Juez pasarlo inadvertido\u201d. ACCION DE TUTELA No. 11 001 003 40 021 2020 00286 00 9. Con relaci\u00f3n al perjuicio irremediable, la jurisprudencia constitucional lo ha definido como aquel que se caracteriza por: a) Ser inminente, es decir, que se trata de una amenaza que est\u00e1 por suceder prontamente; b) Ser grave, esto es, que el da\u00f1o moral o material sea de gran intensidad en el haber jur\u00eddico de la persona; c) Porque las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio sean urgentes y d) Porque la acci\u00f3n de tutela sea impostergable a fin de garantizar el restablecimiento del orden social en toda su integridad. <\/p>\n
ii) Se ordene al Consejo Superior de la Judicatura que el cargo que [viene] ocupando, no sea publicado como vacante y de esta manera se pueda dar cumplimiento a lo establecido por los jueces de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad donde concluyen: \u201chemos concluido que en efecto usted se encuentra en un estado de debilidad manifiesta y; en consecuencia, se reconoce la estabilidad laboral reforzada relativa por encontrarse en condici\u00f3n de discapacidad e inmerso en un tratamiento m\u00e9dico, psiqui\u00e1trico y psicol\u00f3gico permanente\u201d <\/p>\n
iii) Adem\u00e1s de lo anterior, en trat\u00e1ndose de la \u00abestabilidad laboral reforzada\u00bb, la Corte Constitucional ha establecido que: La figura de estabilidad laboral reforzada tiene por titulares a: (i) mujeres embarazadas; (ii) personas con discapacidad o en condici\u00f3n de debilidad manifiesta por motivos de salud; (iii) aforados sindicales; y (iv) madres cabeza de familia. En el caso de las personas con discapacidad, es el derecho que garantiza la permanencia en el empleo, luego de haber adquirido la respectiva limitaci\u00f3n f\u00edsica, sensorial o sicol\u00f3gica, como medida de protecci\u00f3n especial y de conformidad con su capacidad laboral. Adicionalmente, la protecci\u00f3n especial de quienes por su condici\u00f3n f\u00edsica est\u00e1n en circunstancia de debilidad manifiesta se extiende tambi\u00e9n a las personas respecto de las cuales est\u00e9 probado que Rad. n\u00b0. 2020-00272-00 5 su situaci\u00f3n de salud les impide o dificulta sustancialmente el desempe\u00f1o de sus labores en las condiciones regulares, sin necesidad de que exista una calificaci\u00f3n previa que acredite una discapacidad. En este contexto, la estabilidad laboral reforzada hace ineficaz el despido o desvinculaci\u00f3n cuando la raz\u00f3n del mismo es la condici\u00f3n especial que caracteriza al trabajador. (Corte Constitucional, Sentencia SU 040 de 2018). <\/p>\n
iv) Se d\u00e9 cumplimiento a lo establecido en el literal D del art\u00edculo 3\u00b0 del Acuerdo No. 756 de 2000, proferido por la Honorable Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura\u00bb. <\/p>\n
En compendio adujo que, mediante Resoluci\u00f3n n\u00b0 044 de 9 de octubre de 2012 fue nombrado en provisionalidad como citador grado III del Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, ante la licencia concedida a la empleada que estaba en propiedad. <\/p>\n
Refiri\u00f3 que el 19 de diciembre de 2014 fue diagnosticado con la enfermedad de \u00abansiedad no especificada\u00bb, y el 21 de julio de 2016 se prescribi\u00f3 que ten\u00eda \u00abotros problemas de tensi\u00f3n f\u00edsica o mental relacionados con el trabajo y episodio depresivo, no especificado\u00bb, lo que conllev\u00f3 a que la Junta Regional de Calificaci\u00f3n de Invalidez de Risaralda le otorgara p\u00e9rdida de la capacidad laboral del 32.00% con fecha de estructuraci\u00f3n del 4 de abril de 2017 y de origen laboral, determinaci\u00f3n que la Junta Nacional de Calificaci\u00f3n de Invalidez ratific\u00f3 (1 mar. 2018), al paso que Positiva Compa\u00f1\u00eda de Seguros S.A. le expidi\u00f3 las respectivas \u00abrecomendaciones laborales\u00bb. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que el 7 de febrero de 2022 se acept\u00f3 la renuncia de la persona que ostentaba el cargo de citadora en propiedad, por lo que el 15 de ese mes pidi\u00f3 a la Juez Coordinadora del Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad la protecci\u00f3n laboral reforzada por las patolog\u00edas que padece, empero el 6 de mayo, se recibi\u00f3 la lista de elegibles, siendo enterado el 31 de agosto siguiente por el Comit\u00e9 de Jueces de Ejecuci\u00f3n de Penas que \u00absi bien se reconoc\u00eda en cabeza suya una estabilidad laboral reforzada, la misma era relativa y por ende se hab\u00eda realizado todas las acciones afirmativas para mantenerlo en su cargo la mayor cantidad de tiempo posible\u00bb. <\/p>\n
Sostuvo que por lo anterior, radic\u00f3 ante la misma juez coordinadora \u00absolicitud de reubicaci\u00f3n laboral\u00bb, misma que se remiti\u00f3 al Comit\u00e9 Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo Nacional – COPASST, obteniendo como respuesta que \u00aben su caso, no hab\u00eda lugar a la misma, toda vez que las recomendaciones m\u00e9dico \u2013 laborales, estaban encaminadas a adecuar la carga laboral y la realizaci\u00f3n de pausas activas, lo cual se ven\u00eda haciendo\u00bb, por lo que se \u00abnombr\u00f3 en propiedad\u00bb a Esperanza In\u00e9s Isaza Amaya (2 nov. 2022), quien se posesion\u00f3 el 9 de noviembre, raz\u00f3n por la cual desde ese momento se encuentra desvinculado de la Rama Judicial. <\/p>\n
En su criterio, se lesionaron sus garant\u00edas esenciales porque \u00abla situaci\u00f3n de salud en la que [se] encuentra, [lo] pone en un escenario de debilidad manifiesta, pues [su] diagn\u00f3stico y el porcentaje de p\u00e9rdida de capacidad laboral, [lo] marginan de la posibilidad de acceder al mercado laboral en condiciones de igualdad, lo que a su vez [le] impide el garantizar [su] subsistencia y la de [su] esposa, quien es ama de casa y depende econ\u00f3micamente de [el]\u00bb. <\/p>\n
2.- El Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda inform\u00f3 que \u00abpara el d\u00eda 2 de noviembre de 2022 no hab\u00eda vacantes disponibles para el cargo de Citador Grado III y a la fecha existen seis (6) cargos vacantes, los cuales est\u00e1n pendientes tres por nombramientos por parte de los funcionarios correspondientes y tres que no se han remitido a los respectivos despachos, ya que cuentan con tr\u00e1mites pendientes en la Unidad de Administraci\u00f3n de la Carrera Judicial\u00bb. <\/p>\n
Igualmente, dijo que \u00abel accionante claramente expres\u00f3 que su merma de capacidad laboral no llega ni a una tercera parte, no ha de entenderse entonces que se victimice a s\u00ed mismo como un empleado \u201cincapaz\u201d, casi con nula capacidad de realizar procesos de aprendizaje, memorizaci\u00f3n, como inequ\u00edvocamente describe en el escrito de tutela, de ser as\u00ed, tendr\u00eda un porcentaje de merma de capacidad mayor, que le permitiera el reconocimiento de la pensi\u00f3n de invalidez y de acuerdo con el conocimiento que tenemos del actor, es un hombre muy inteligente, habilidoso, colaborador, respetuoso, con liderazgo entre sus compa\u00f1eros de trabajo, tanto es as\u00ed, que en el 2022 fue elegido en todo el Distrito como representante de los empleados ante el COPASST\u00bb. <\/p>\n
La Juez Coordinadora del Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira manifest\u00f3 que \u00abse hicieron todas las gestiones a su alcance para evitar la desvinculaci\u00f3n del accionante y con ello, dejarle desprotegido en cuanto a seguridad social se refiere, por lo que no se le vulner\u00f3 derecho fundamental alguno\u00bb. <\/p>\n
La Direcci\u00f3n Ejecutiva y Seccional de Administraci\u00f3n Judicial, Positiva Compa\u00f1\u00eda de Seguros S.A. y la Unidad de Administraci\u00f3n de Carrera Judicial suplicaron su desvinculaci\u00f3n por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
Leonel Antonio Cardona Berm\u00fadez, Leidy Susana Ba\u00f1ol Betancur, Lu\u00eds Miguel Monroy Hern\u00e1ndez y Cristian Vallejo Buritica, refirieron que \u00ablas pretensiones del accionante deben ser denegadas\u00bb, por cuanto la Corte Constitucional ha expresado en diversas sentencias que \u00abno se desconoce los derechos de esta clase de trabajadores, sin embargo, precisamente la estabilidad relativa que se les ha reconocido a quienes est\u00e1n vinculados en provisionalidad, cede frente al mejor derecho que tienen las personas que ganaron un concurso de m\u00e9ritos\u00bb. <\/p>\n
Diana Marcela Mart\u00ednez Rojas, quien afirm\u00f3 ser la esposa del tutelante, acompa\u00f1\u00f3 \u00ablas manifestaciones realizadas por [su] esposo\u00bb y, as\u00ed mismo, las pruebas aportadas, donde se verifica que padece de \u00abun tumor maligno en la gl\u00e1ndula tiroides y en tratamiento oncol\u00f3gico\u00bb. <\/p>\n
Jos\u00e9 Fernando L\u00f3pez Herrera enunci\u00f3 que \u00abel peritazgo de calificaci\u00f3n de la perdida de la capacidad laboral que obra en el expediente fue realizado por [el]\u00bb. <\/p>\n
Claudia Liliana \u00c1lzate Giraldo coment\u00f3 que \u00abmediante resoluci\u00f3n n\u00b0 027 de 23 de mayo de 2022, la jueza coordinadora de los Juzgados de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, [le] reconoci\u00f3 la condici\u00f3n de ser madre cabeza de familia, disponiendo continuara ejerciendo el cargo de citadora grado III, hasta que se obtenga la resoluci\u00f3n de reconocimiento de la pensi\u00f3n de vejez\u00bb, por lo que, \u00absolicita que no se afecte [su] derecho fundamental al m\u00ednimo vital con la decisi\u00f3n que se adopte dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por el accionante\u00bb. <\/p>\n
El actor alleg\u00f3 memorial con el que ados\u00f3 \u00abvaloraci\u00f3n por especialista particular, Dr. Jos\u00e9 Fernando L\u00f3pez Herrera, en el que diagnostica una p\u00e9rdida de la incapacidad permanente parcial del accionante con 46.68 de PCL estructurada el 19 de julio del 2022\u00bb, e historia cl\u00ednica de su c\u00f3nyuge, quien \u00abse encuentra en tratamiento m\u00e9dico especialista por oncolog\u00eda\u00bb. <\/p>\n
3.- El Tribunal Superior de Pereira neg\u00f3 el auxilio por inexistencia de vulneraci\u00f3n, respecto a la \u00abreincorporaci\u00f3n y reubicaci\u00f3n rogada por el actor porque en la medida de lo posible el despacho judicial, emple\u00f3 las acciones afirmativas para preservar al actor en su puesto de trabajo, y la situaci\u00f3n especial producto de la incapacidad permanente parcial que padece, en modo alguno, conlleva dilatar la vinculaci\u00f3n en provisionalidad, sin soluci\u00f3n de continuidad, en perjuicio del mejor derecho de quien gan\u00f3 el concurso\u00bb. <\/p>\n
No obstante, advirti\u00f3, que \u00abaun cuando sea inviable disponer la reincorporaci\u00f3n del gestor al cargo que desempe\u00f1aba, habida cuenta del nombramiento en propiedad realizado y la reubicaci\u00f3n inmediata de la vacante existente, pues la ocupa Claudia Liliana \u00c1lzate Giraldo, se estima que el accionante amerita una medida de protecci\u00f3n especial\u00bb. <\/p>\n
En consecuencia, orden\u00f3 al \u00abConsejo Seccional de la Judicatura de Risaralda incluir al accionante en las listas de personas que gozan de este derecho relativo para ser nombrado en un cargo similar vacante, siempre y cuando, no est\u00e9 ocupado en provisionalidad, ni existan listas de elegibles y persistan los problemas de salud. El nombramiento con ocasi\u00f3n de esta orden, en modo alguno, ser\u00e1 sin soluci\u00f3n de continuidad; siempre prevalecer\u00e1 la designaci\u00f3n en propiedad por concurso de m\u00e9ritos\u00bb. <\/p>\n
4.- Contra la anterior decisi\u00f3n, el precursor asever\u00f3 que \u00abse present\u00f3 falta de valoraci\u00f3n probatoria por el a quo, porque nada dijo respecto al nuevo dictamen en el que se dice que tiene una incapacidad del 46.68% y tampoco en torno al estado de salud de su esposa, quien depende de [el] y su seguridad social depende del trabajo que desempe\u00f1aba en la Rama Judicial; se presenta una orden judicial contradictoria ya que no se entiende c\u00f3mo es posible que reconozca y ampare su estabilidad laboral relativa, pero niega la acci\u00f3n de tutela y no ampara los derechos fundamentales m\u00e1s importantes como la vida, el m\u00ednimo vital y la salud; hay una actuaci\u00f3n irregular por parte de la Juez Coordinadora del Centro de Servicios, pues, una vez reconocida la existencia de la estabilidad laboral reforzada debi\u00f3 expedir el acto administrativo y enviarlo al Consejo Seccional de la Judicatura para que el cargo no hubiese sido ofertado y la garant\u00eda laboral del actor se hubiese respetado pero opt\u00f3 fue en acudir a dependencias que no eran las competentes para decidir\u00bb. <\/p>\n
Tambi\u00e9n, aleg\u00f3 que \u00abse afect\u00f3 el derecho a la igualdad, pues la juez reconoci\u00f3 la condici\u00f3n de mujer cabeza de familia a Claudia Liliana Giraldo \u00c1lzate y se le permiti\u00f3 ejercer el cargo sin darle prioridad a la lista de elegibles, haciendo un ejercicio de ponderaci\u00f3n que fue omitido en su caso, desconoci\u00e9ndose que su situaci\u00f3n es mucho m\u00e1s gravosa y delicada que la de Claudia, lo que muestra que actu\u00f3 con parcialidad, mala intenci\u00f3n, diferenciaci\u00f3n negativa, desviaci\u00f3n del poder para retirar un trabajador enfermo de forma r\u00e1pida, decisi\u00f3n que contiene una falsa motivaci\u00f3n, lo que camina en una l\u00ednea muy delgada de un posible prevaricato\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, arguy\u00f3, que se \u00abvulner\u00f3 el decreto 2591 de 1991 y el precedente constitucional por parte del a quo constitucional\u00bb, en tanto, \u00abpese a que [su] tutela inclu\u00eda una medida provisional, el Tribunal decidi\u00f3 inicialmente no asumir el conocimiento y la remiti\u00f3 al Consejo de Estado, conllevando a que la Corte Constitucional le hiciera un llamado de atenci\u00f3n y le orden\u00f3 darle tramite, por lo que se debe hacer un alto en este punto y revisar el actuar de los Magistrados del Tribunal que demoraron en darle curso a su escrito\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Examinado el escrito de impugnaci\u00f3n, la Sala advierte que la sentencia de primera instancia ser\u00e1 refrendada. <\/p>\n
En efecto, el asunto que se somete a estudio de la Sala es relativo a la desvinculaci\u00f3n de un empleado judicial que desempe\u00f1aba un cargo p\u00fablico de carrera en provisionalidad, quien adujo encontrarse en situaci\u00f3n de vulnerabilidad manifiesta y por ende, que contaba con \u00abuna estabilidad laboral reforzada\u00bb. <\/p>\n
2.- Esta prerrogativa fue creada por la jurisprudencia constitucional y propende por la especial protecci\u00f3n de los trabajadores que se encuentran en situaci\u00f3n de debilidad manifiesta, asegur\u00e1ndoles el goce efectivo del derecho fundamental a la igualdad material, que en el \u00e1mbito laboral representa una garant\u00eda de permanencia en el empleo como medida para impedir que sean v\u00edctimas de actos de discriminaci\u00f3n, siempre que no se configure ninguna causal objetiva que conlleve la desvinculaci\u00f3n. <\/p>\n
Se ha reconocido que las mujeres en estado de embarazo y en per\u00edodo de lactancia, las personas con limitaciones por causa de afectaciones significativas de su salud sean discapacitadas o no, los trabajadores con fuero sindical y los enfermos de VIH\/SIDA \u00abson sujetos que gozan de estabilidad laboral reforzada\u00bb, a favor de los cuales obra la presunci\u00f3n de que el despido o la terminaci\u00f3n de la relaci\u00f3n laboral ha ocurrido por raz\u00f3n de la desmejora de su salud y, en consecuencia, de la disminuci\u00f3n de su capacidad laboral (CC. T-936-09). <\/p>\n
Sin embargo, y en eso ha sido enf\u00e1tica la jurisprudencia, no es suficiente la presencia de una enfermedad o de una discapacidad para obtener por v\u00eda del amparo la \u00abprotecci\u00f3n\u00bb de dicho atributo, pues la prosperidad de la \u00abacci\u00f3n de tutela\u00bb depende de que se demuestre que \u00abla desvinculaci\u00f3n laboral se debi\u00f3 a esa particular condici\u00f3n de debilidad, es decir al embarazo, discapacidad, enfermedad, etc. En otras palabras, debe existir un nexo causal entre la condici\u00f3n que consolida la debilidad manifiesta y la desvinculaci\u00f3n laboral\u00bb (CC. T-077 de 2014). <\/p>\n
Tambi\u00e9n, y respecto de la solicitud dirigida a obtener el reintegro de un trabajador con discapacidad, se ha dicho que por no existir ning\u00fan mecanismo especial, preferente y sumario que garantice la celeridad en el restablecimiento de sus derechos, resulta excepcionalmente procedente \u00abla acci\u00f3n de tutela\u00bb. <\/p>\n
En este sentido se ha pronunciado la Corte Constitucional al afirmar, que <\/p>\n
la acci\u00f3n de tutela [es] procedente para ordenar el reintegro al trabajo (\u2026) de los trabajadores con limitaciones f\u00edsicas, sensoriales o ps\u00edquicas, despedidos sin autorizaci\u00f3n de la oficina del trabajo as\u00ed mediare una indemnizaci\u00f3n. Lo anterior, con el fin de proteger los derechos fundamentales de las personas en situaci\u00f3n de debilidad y evitar que los trabajadores despedidos bajo estas circunstancias deban adelantar un proceso engorroso que no sea id\u00f3neo o eficaz para la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales. (CC T-002\/11, reiterada en CSJ STP 1869-2015). <\/p>\n
No obstante, con fundamento en la jurisprudencia constitucional, esta Corporaci\u00f3n ha dicho que si bien se ha tenido como criterio sospechoso de discriminaci\u00f3n la terminaci\u00f3n del contrato laboral cuando el trabajador se encuentra en condiciones de discapacidad, a efecto de obtener el reintegro, \u00e9ste adquiere una carga probatoria consistente en demostrar la existencia de un nexo causal entre el despido y su estado de salud, ya que, <\/p>\n
La sola terminaci\u00f3n del contrato de trabajo de un empleado en estado de discapacidad no implica necesariamente discriminaci\u00f3n, pues se requiere que exista un nexo causal entre la discapacidad y la terminaci\u00f3n del contrato, esto es, que se presente una relaci\u00f3n de causa a efecto entre la condici\u00f3n f\u00edsica del trabajador y la ruptura del v\u00ednculo laboral. <\/p>\n
<\/p>\n
De existir tal nexo causal, la terminaci\u00f3n del contrato deviene inconstitucional e ilegal, con las consecuencias que ello genera. Por el contrario, si no existe nexo causal entre una y otra o, dicho de otro modo, si la terminaci\u00f3n del contrato de trabajo no se debi\u00f3 a la condici\u00f3n de discapacidad, la ruptura no es digna de reproche constitucional (CC T-594\/12, citada en STC6507-2015 y STC10954-2015). <\/p>\n
3.- De otro lado, se afirma que la forma en que el derecho a la estabilidad laboral reforzada aplica no es uniforme, depende de la naturaleza del v\u00ednculo que tiene el trabajador con su empleador, por lo que el grado de protecci\u00f3n que requiere cada caso depender\u00e1 de ello. <\/p>\n
Con lo anterior como corolario, se reitera que en el asunto tratado el accionante desempe\u00f1aba \u00abun empleo p\u00fablico de carrera en provisionalidad\u00bb, en ese sentido, es necesario revisar las implicaciones de esa situaci\u00f3n para resolver el caso concreto. <\/p>\n
4.- Hay que referirse entonces, a los concursos de m\u00e9ritos, que son el mecanismo dispuesto constitucionalmente para la provisi\u00f3n en carrera de los empleos p\u00fablicos. Con ellos, se miden las capacidades, la preparaci\u00f3n y las aptitudes generales y espec\u00edficas de los distintos aspirantes a un cargo, con el fin de escoger entre ellos a quien mejor pueda desempe\u00f1arlo dentro de criterios de imparcialidad y objetividad. <\/p>\n
Lo anterior significa, que, tales medios de selecci\u00f3n deben seguir un orden y un procedimiento de conformidad con las convocatorias pertinentes. Todo ello con el fin de preservar los principios de publicidad y transparencia de las actuaciones de la administraci\u00f3n; de conferir vigencia al principio de buena fe y la confianza leg\u00edtima; y de garantizar el principio de la igualdad y el acceso a los cargos p\u00fablicos de las personas que participen y superen las respectivas pruebas. <\/p>\n
En ocasiones, por la forma en la que funciona la administraci\u00f3n nacional, los nombramientos provisionales perduran en el tiempo, y de tal hecho surgen prerrogativas a favor de quienes tienen ese tipo de v\u00ednculo, entre las que se encuentra una estabilidad laboral relativa, e inclusive en los casos de sujetos de especial protecci\u00f3n, una estabilidad laboral reforzada, con unos matices que devienen de la naturaleza del nombramiento. <\/p>\n
Con todo, los derechos del personal que cumpli\u00f3 con los requisitos para acceder a la carrera administrativa deben prevalecer conforme a los criterios expuestos en la sentencia de unificaci\u00f3n SU-691 de 23 de noviembre de 2017, lo que no quiere decir, que las personas en una situaci\u00f3n de vulnerabilidad se encuentren plenamente desprotegidas, sino que su protecci\u00f3n llega hasta donde el respeto por las reglas de la carrera lo permitan. <\/p>\n
Por ello, cuando las personas que est\u00e1n nombradas en provisionalidad se encuentran en unas circunstancias de especial vulnerabilidad, se deben tener especiales consideraciones respecto a su situaci\u00f3n (T-373 de 2017), al punto que podr\u00eda ser la tutela un mecanismo definitivo para la protecci\u00f3n de sus derechos. <\/p>\n
5.- En ese contexto se enmarca el litigio que ahora se analiza, Ruben Dar\u00edo G\u00f3mez Vallejo estima que fue desvinculado de su trabajo a pesar de que se encontraba en una situaci\u00f3n de vulnerabilidad por sus quebrantos de salud y seg\u00fan \u00e9l los mismos provienen del trabajo que desempe\u00f1aba, pero en realidad su desvinculaci\u00f3n provino de la materializaci\u00f3n de los derechos de carrera de Esperanza In\u00e9s Isaza Amaya. <\/p>\n
Para resolver la controversia se debe se\u00f1alar, en primer lugar, que hasta el momento se encuentra definida \u00abla perdida de la capacidad laboral de G\u00f3mez Vallejo en un porcentaje del 32.00% con fecha de estructuraci\u00f3n del 4 de abril de 2017\u00bb por parte de la Junta Nacional de Calificaci\u00f3n de Inv\u00e1lidez, por lo que el dictamen aportado por el memorialista en el tr\u00e1mite de este resguardo, en el que el galeno Jos\u00e9 Fernando L\u00f3pez Herrera calific\u00f3 \u00abuna incapacidad permanente parcial con 46.68 de PCL estructurada el 19 de julio del 2022\u00bb, no est\u00e1 debidamente avalado por las autoridades competentes, esto es, la Junta Regional de Calificaci\u00f3n de Inv\u00e1lidez de Risaralda y la Junta Nacional de Calificaci\u00f3n de Inv\u00e1lidez, por lo que deber\u00e1 el petente requerir la nueva calificaci\u00f3n para constatar si la misma vari\u00f3 con el pasar del tiempo, (art\u00edculo 41 de la Ley 100 de 1993, modificado por el art\u00edculo 142 del Decreto-Ley 019 de 2012). <\/p>\n
Adem\u00e1s, no se demostr\u00f3 por parte de G\u00f3mez Vallejo que su desvinculaci\u00f3n haya sido por \u00absu estado de salud\u00bb, quedando solo en suposiciones, y por el contrario, cobr\u00f3 fuerza que la misma se origina por una causal objetiva, cual es, el nombramiento en propiedad de quien cumpli\u00f3 con los requisitos del concurso de m\u00e9ritos para el efecto. <\/p>\n
6.- Con todo, se observa conforme lo puntuliz\u00f3 el a quo constitucional que el nominador, consecuente con la situaci\u00f3n especial del empleado, una vez allegada la lista de elegibles, aplaz\u00f3 el nombramiento en propiedad desde el 6 de mayo al 2 de noviembre de 2022, siendo el cargo que ocupaba el sedicente el \u00faltimo en el que se hizo la designaci\u00f3n en propiedad, ante la inexistencia de vacante semejante o equivalente en esa dependencia judicial, qued\u00e1ndole irrealizable desconocer el \u00abprincipio del m\u00e9rito\u00bb que rige el acceso a la funci\u00f3n p\u00fablica. <\/p>\n
De igual modo, el estrado atendi\u00f3 la actual l\u00ednea jurisprudencial que rige este tipo de eventos, entre ellas, la T- 065 de 2022 que se\u00f1al\u00f3, <\/p>\n
Trat\u00e1ndose de los servidores p\u00fablicos que ocupan en provisionalidad un cargo de carrera, la Corte ha manifestado que gozan de una estabilidad laboral relativa, lo que implica que \u00fanicamente pueden ser removidos por causales legales que deben expresarse de manera clara en el acto de desvinculaci\u00f3n. De esta manera, la Corte ha reiterado que \u201cla terminaci\u00f3n de una vinculaci\u00f3n en provisionalidad porque la plaza respectiva debe ser provista con una persona que gan\u00f3 el concurso no desconoce los derechos de esta clase de funcionarios, pues precisamente la estabilidad relativa que se le ha reconocido a quienes est\u00e1n vinculados bajo esta modalidad, cede frente al mejor derecho que tienen las personas que ganaron un concurso p\u00fablico de m\u00e9ritos.\u201d Sobre este punto, en la sentencia SU-446 de 2011, la Corte se\u00f1al\u00f3 que: <\/p>\n
<\/p>\n
\u201cla situaci\u00f3n de quienes ocupan en provisionalidad cargos de carrera administrativa, encuentra protecci\u00f3n constitucional, en la medida en que, en igualdad de condiciones pueden participar en los concursos y gozan de estabilidad laboral, condicionada al lapso de duraci\u00f3n del proceso de selecci\u00f3n y hasta tanto sean reemplazados por quien se haya hecho acreedor a ocupar el cargo en virtud de sus m\u00e9ritos evaluados previamente.\u201d <\/p>\n
<\/p>\n
Sin embargo, teniendo en cuenta que dentro de las personas que ocupan un cargo de carrera en provisionalidad, pueden haber sujetos de especial protecci\u00f3n constitucional, como las madres y padres cabeza de familia, quienes est\u00e9n pr\u00f3ximos a pensionarse, o personas que se encuentran en situaci\u00f3n de discapacidad o en debilidad manifiesta por causa de una enfermedad, la Corte ha reconocido que \u201cantes de proceder al nombramiento de quienes superaron el concurso de m\u00e9ritos, los funcionarios que se encuentren en provisionalidad deber\u00e1n ser los \u00faltimos en removerse y en todo caso, en la medida de las posibilidades, deben vincularse nuevamente de manera provisional en cargos vacantes de la misma jerarqu\u00eda o equivalencia de los que se ven\u00edan ocupando, siempre y cuando demuestren una de esas condiciones especiales al momento de su desvinculaci\u00f3n y al momento del posible nombramiento\u201d. <\/p>\n
Siendo as\u00ed, se insiste, no se encuentra irregularidad alguna en torno a lo definido, comoquiera que la decisi\u00f3n responde a la postura vigente por la Corte Constitucional, m\u00e1xime, cuando se aprecia en la p\u00e1gina web del ADRES que a la fecha el libelista aparece activo como beneficiario en el r\u00e9gimen contributivo y su esposa Diana Marcela Mart\u00ednez Rojas como cotizante desde el 1\u00b0 de marzo de 2019, por lo que no se entrev\u00e9 la desprotecci\u00f3n o debilidad alegada. <\/p>\n
7.- Por otro lado, en torno a las manifestaciones del actor en el escrito de impugnaci\u00f3n, respecto a que \u00abse le vulner\u00f3 el derecho a la igualdad porque en el caso de la se\u00f1ora Claudia Liliana Giraldo \u00c1lzate, quien ejerce el mismo cargo de citador que ten\u00eda, s\u00ed se le permiti\u00f3 continuar ejerciendo la labor sin darle prelaci\u00f3n a la lista de elegibles, pese a que su situaci\u00f3n es mucho m\u00e1s gravosa por ser cabeza de hogar, tener una p\u00e9rdida de su capacidad laboral y una esposa enferma, no se le dio la misma oportunidad\u00bb y, \u00abel Tribunal Superior de Pereira no cumpli\u00f3 los t\u00e9rminos para resolver la acci\u00f3n de tutela\u00bb, tales declaraciones, constituyen nuevas alegaciones de las cuales no tuvieron conocimiento los convocados a este tr\u00e1mite, por tanto, no pueden ser analizadas en esta instancia, ya que afectar\u00eda la garant\u00eda de defensa de quienes no tuvieron la oportunidad de controvertir concretamente dichos aspectos. <\/p>\n
Esta Colegiatura, al respecto, ha esbozado que, <\/p>\n
(\u2026) [E]s cierto que, en sede de tutela, est\u00e1 establecida la facultad \u2013 deber del fallador de sentenciar extra y ultra petita cuando, en el tr\u00e1mite ante \u00e9l ventilado, se advierta la necesidad de reparar o evitar la trasgresi\u00f3n o amenaza de los bienes jur\u00eddicos superiores (\u2026). Tambi\u00e9n lo es que lo anterior no puede convertirse en patente de corzo cuando de hechos nuevos se trata, como quiera que \u00e9sta tampoco es extra\u00f1a a las reglas del debido proceso, entre las cuales se destaca el derecho de los convocados a la defensa (\u2026). STC175-2017, 19 en. 2017, rad. 2016-02054-01, STC8838-2021 y STC2341-2022. <\/p>\n
8.- Ahora bien, en torno a las expresiones del precursor en cuanto a que, a su juicio, la Juez Coordinadora del Centro de Servicios de los Juzgados de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, expidi\u00f3 actos administrativos irregulares y \u00abcamina en una l\u00ednea muy delgada en un posible prevaricato\u00bb, es a \u00e9l, si a bien lo tiene, a quien corresponde denunciar tal situaci\u00f3n ante las autoridades competentes, para que se investigue al respecto. <\/p>\n
9.- Corolario de lo reflexionado, se impone la convalidaci\u00f3n de la directriz confutada. <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por mandato de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZMAN ALVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZAL\u00c9Z NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
AUSENCIA JUSTIFICADA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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STC3929-2023 HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada ponente STC3929-2023 Radicaci\u00f3n n\u00ba 66001-22-13-000-2022-00418-02 (Aprobado en Sala de veintis\u00e9is de abril de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 31 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[61],"tags":[],"class_list":["post-72588","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-abril-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/72588","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=72588"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/72588\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=72588"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=72588"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=72588"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}