STC3934-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC3934-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 25000-22-13-000-2022-00526-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintis\u00e9is de abril de dos mil veintitr\u00e9s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintis\u00e9is (26) de abril de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 10 de noviembre de 2022 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, que concedi\u00f3 el amparo reclamado por Edgar \u00c1lvarez D\u00e1vila contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de Girardot. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a los dem\u00e1s intervinientes del asunto objeto de censura. <\/p>\n
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I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor demand\u00f3 la salvaguarda de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente conculcados por la autoridad accionada, en el juicio de impugnaci\u00f3n de actas de asamblea de radicado 25307310300120200007000. <\/p>\n
2. Del escrito de tutela y las pruebas allegadas se establece que Alba Yolanda G\u00f3mez Revollo y otros promovieron el mencionado proceso contra el Condominio Campestre el Pe\u00f1\u00f3n, cuyo tramite correspondi\u00f3 al Juzgado accionado, que dict\u00f3 sentencia el 16 de diciembre de 2020, en la que decret\u00f3 la nulidad de las decisiones adoptadas en la asamblea cuestionada y en las actas del Consejo de Administraci\u00f3n y orden\u00f3 a la Secretar\u00eda de Gobierno de Girardot inscribir a los representas que se encontraban inscritos antes de la reuni\u00f3n del 6 de julio de 2020 y al administrador convocar a asamblea general virtual. <\/p>\n
Esa decisi\u00f3n fue confirmada el 2 de julio de 2021 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, decisi\u00f3n que fue recurrida en casaci\u00f3n. <\/p>\n
Por auto del 9 de junio de 2022, el Juzgado de primera instancia decret\u00f3 las medidas cautelares solicitadas por los demandantes Alba Yolanda G\u00f3mez Revollo y Hern\u00e1n Francisco Hern\u00e1ndez1. Contra esa providencia el Condominio Campestre el Pe\u00f1\u00f3n P.H., Wilson Torres Ladino y el tutelante formularon recurso de apelaci\u00f3n y, el 22 de julio de 2022, el Juzgado, previo a resolver los recursos interpuestos, se corrigi\u00f3 el numeral cuarto del auto del 9 de junio de 2022. <\/p>\n
El 26 de agosto de 2022 se emitieron siete providencias2, entre ellas la \u00abNo. 01\u00bb, mediante la cual se concedi\u00f3 la alzada impetrada por al aqu\u00ed accionante contra la decisi\u00f3n del 9 de junio de 2022. <\/p>\n
Frente a las decisiones del 26 de agosto se presentaron recursos, entre los que se destaca el de reposici\u00f3n promovido por el condominio Campestre El Pe\u00f1\u00f3n contra el auto \u00abNo. 01\u00bb y los de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n radicados por el aqu\u00ed accionante contra el \u00abNo. 03\u00bb, que acept\u00f3 una revocatoria del poder y el desistimiento del recurso de apelaci\u00f3n del Condominio sobre el auto \u00abNo. 02\u00bb. <\/p>\n
El 28 de septiembre de 20223, el accionante descorri\u00f3 el traslado del recurso de reposici\u00f3n impetrado por el Condominio Campestre El Pe\u00f1\u00f3n contra la providencia \u00abNo. 01\u00bb. <\/p>\n
El 26 de octubre de 20224, el Juzgado advirti\u00f3 la omisi\u00f3n del traslado de los recursos presentados por Edgar \u00c1lvarez \u00c1vila y el Condominio demandado, por lo que libr\u00f3 orden para que se realizara la correspondiente fijaci\u00f3n en lista. Materializado lo anterior, el expediente entr\u00f3 al despacho el 18 de noviembre de 2022. <\/p>\n
3. La parte actora sostuvo que el expediente \u00ab lleva desde el 7 de junio hasta la fecha, sin enviar el proceso al tribunal, procediendo a dar largas al proceso (\u2026) pues, con ello da tiempo para que el administrador subido por el juez (\u2026) puede hacer la asamblea ordinaria del pr\u00f3ximo a\u00f1o\u00bb; a\u00f1adi\u00f3 que \u00abla medida cautelar que el juez DECLARO es la misma que fue REVOCADA por el TRIBUNAL SUPERIOR DE CUNDINAMARCA este a\u00f1o 2022, pero que \u00e9l se\u00f1or juez revivi\u00f3\u00bb, lo cual, en su criterio, constituye prevaricato. <\/p>\n
4. Pidi\u00f3 conforme a lo narrado que se ordene al Juzgado accionado enviar el proceso al Tribunal \u00abpara que proceda con su estudio\u00bb. <\/p>\n
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II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
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1. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Girardot inform\u00f3 que el accionante present\u00f3 similar ruego que se tramit\u00f3 bajo radicado 2022-00379 y se neg\u00f3 por improcedente. Destac\u00f3 que el proceso cuestionado es complejo y que no existe mora judicial injustificada, pues frente al auto del 9 de junio de 2022, que decret\u00f3 las medidas cautelares solicitadas, se interpusieron diversos recursos y peticiones frente a las cuales el 26 de agosto de 2022 se emitieron 7 providencias, entre ellas, la que concedi\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n contra el referido auto, pero, a su turno, algunas de las decisiones del 26 de agosto fueron susceptibles de recursos de reposici\u00f3n y de apelaci\u00f3n, incluido el interpuesto por el Condominio Campestre el Pe\u00f1\u00f3n contra el auto que concedi\u00f3 la alzada. <\/p>\n
Explic\u00f3 que, encontr\u00e1ndose al despacho para resolver, se advirti\u00f3 que \u00abpor un error involuntario de la Secretar\u00eda\u00bb de los recursos no se hab\u00eda corrido traslado, lo cual se surti\u00f3 del 27 al 31 de octubre de 2022. <\/p>\n
Por otra parte, el Juzgado detall\u00f3 la carga laboral asignada, refiriendo que tiene \u00ab5 procesos de alt\u00edsima complejidad (2 relacionados con el Lago Grande el Pe\u00f1\u00f3n Inn, 1 ejecutivo en contra de cincuenta 50 EPS, y 2 divisorios relacionados con bienes de COSTA CARIBE con casi 4.500 demandados)\u00bb y acciones constitucionales que le impiden la agilidad en la sustanciaci\u00f3n de los procesos ordinarios, m\u00e1xime que en el asunto aqu\u00ed censurado \u00aby lo poco pac\u00edfico que ha sido su trasegar\u00bb, est\u00e1n involucrados m\u00e1s de 950 predios que conforman el Condominio Campestre el Pe\u00f1\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El Condominio Campestre el Pe\u00f1\u00f3n afirm\u00f3 que la presente acci\u00f3n se basa en los mismos hechos y pretensiones de la tramitada bajo el n\u00famero 2022-00379, en la cual se descart\u00f3 la mora judicial. Afirm\u00f3 que el accionante les falta al respeto y realiza se\u00f1alamientos \u00abtemerarios, graves, groseros, desmedidos, arbitrarios\u00bb sin pruebas. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional concedi\u00f3 el amparo y orden\u00f3 al Juzgado accionado tramitar, \u00abconforme a derecho y las realidades del expediente civil la alzada esgrimida por el actor\u00bb, en consideraci\u00f3n a que la apelaci\u00f3n hab\u00eda sido concedida desde el 26 de agosto de 2022 y tres meses despu\u00e9s \u00aba\u00fan no ha sido gestionada\u00bb, conforme lo dispone el art\u00edculo 324 del C\u00f3digo General del Proceso, morosidad judicial que obliga a la incursi\u00f3n del fallador constitucional. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
En el sub examine, el gestor pretende el amparo de sus derechos fundamentales, que considera vulnerados con ocasi\u00f3n de la mora presentada por el juzgado accionado en enviar el expediente al superior para desatar el recurso de apelaci\u00f3n por \u00e9l interpuesto frente al auto del 9 de junio de 2022, frente a lo cual el Tribunal accedi\u00f3, ordenando surtir el tr\u00e1mite pertinente. <\/p>\n
1. En relaci\u00f3n con la \u00abmora judicial\u00bb, la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n tiene establecido que los escenarios que abren paso a este excepcional medio de defensa constitucional son aquellos que denotan una abierta y ostensible par\u00e1lisis, esto es, los que sean producto de \u00abun comportamiento desidioso, ap\u00e1tico o negligente de la autoridad vinculada, y no cuando \u00e9sta obedece a circunstancias objetiva y razonablemente justificadas\u00bb (Se subraya) (CSJ STC abr. 29 de 2011, rad. 00094-01, reiterado entre otros, en STC5633-2021). Sobre el particular, la Sala ha determinado que <\/p>\n
(\u2026) la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso por mora judicial se circunscribe a la verificaci\u00f3n objetiva de su calificaci\u00f3n entre justificada e injustificada, pues si existe alguna de las causales de justificaci\u00f3n, tales como la fuerza mayor, el caso fortuito, la culpa del tercero o cualquier otra circunstancia objetiva y razonable que permita establecer que la mora es aceptable, no podr\u00e1 predicarse la violaci\u00f3n del derecho al debido proceso. Se insiste, la protecci\u00f3n efectiva del derecho opera cuanto la mora judicial es injustificada. (Ver en CSJ STC195-2021 y CSJ STC15542-2022 entre otras). <\/p>\n
Aplicado lo anterior al caso concreto, la Sala no advierte un actuar negligente, desidioso o ap\u00e1tico de la autoridad de conocimiento, pues el presunto retraso en el tr\u00e1mite de la alzada que fue concedida el 26 de agosto de 2022, a la fecha de la interposici\u00f3n de este amparo (27 de octubre de 2022), obedece a los recursos posteriores interpuestos, por los cuales la decisi\u00f3n no hab\u00eda cobrado ejecutoria, sumado a la complejidad del proceso, las numerosas partes e intervenciones y la carga laboral expuesta por el Juez censurado, por lo que el amparo propuesto no es procedente. <\/p>\n
Sobre el particular, resulta pertinente se\u00f1alar que, en el tr\u00e1mite de esta instancia, se emitieron varios autos el 25 de noviembre de 20225, incluido el que resolvi\u00f3 -confirmando- la reposici\u00f3n interpuesta por el apoderado del Condominio Campestre el Pe\u00f1\u00f3n contra la providencia \u00abNo. 01\u00bb del 26 de agosto de 2022, que concedi\u00f3 la alzada contra el auto del 9 de junio, mediante el cual se decretaron unas medidas cautelares, pronunciamiento necesario, previo a enviar el expediente al ad quem para desatar la apelaci\u00f3n concedida. <\/p>\n
Ahora bien, enviado el asunto al Tribunal, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el fallo constitucional de primera instancia, el Tribunal lo devolvi\u00f3 el l7 de enero del presente a\u00f1o, absteni\u00e9ndose de tramitar la apelaci\u00f3n ordenada en su decisi\u00f3n contra el auto del 9 de junio de 2022, advirtiendo que el prove\u00eddo del 25 de noviembre que desat\u00f3 la reposici\u00f3n contra el auto que concedi\u00f3 la alzada \u00abno ha cobrado firmeza\u00bb, raz\u00f3n por la cual orden\u00f3 al Juzgado que, \u00abprevio a remitirlo nuevamente al Tribunal, espere a que cobre firmeza la decisi\u00f3n de conceder la alzada y proceda a surtir el traslado en la forma prevista en el citado precepto 326, en concordancia con el 110 del estatuto procesal vigente\u00bb, a lo cual se dio cumplimiento el 31 de enero posterior, corriendo el traslado dispuesto por el superior, siendo remitido el asunto al Tribunal el 3 de marzo siguiente. <\/p>\n
De manera que la presunta mora no est\u00e1 acreditada, pues en el tr\u00e1mite se han formulado diversos recursos que requieren de tr\u00e1mite, sin que se encuentre demostrada la actuaci\u00f3n desidiosa, ap\u00e1tica o negligente de la autoridad de conocimiento. <\/p>\n
2. Por \u00faltimo, resulta pertinente se\u00f1alar que, si el actor estima que los intervinientes han incurrido en conductas reprochables \u00aby cuenta con los elementos y argumentos necesarios para sostener su denuncia, est\u00e1 facultado para radicar en forma directa la noticia criminal o sancionatoria respectiva, haci\u00e9ndose por supuesto responsable de su gesti\u00f3n y consecuencias\u00bb. (CSJ STC13871-2016, reiterada en CSJ STC6149-2022). <\/p>\n
3. En atenci\u00f3n a las consideraciones precedentes, se revocar\u00e1 la sentencia proferida por el a quo constitucional. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia, en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, REVOCA la sentencia impugnada y, en su lugar, NIEGA el amparo propuesto. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Documento 09, Cuaderno Principal 3, Cuaderno Primera Instancia, expediente 2020-00070. Ordenar a la Secretar\u00eda de Gobierno de Girardot que inscriba el acta de la asamblea ordinaria del 26 de marzo de 2022 y la del Consejo de Administracion del 1\u00ba de abril siguiente, dejar sin valor todos los actos proferidos despu\u00e9s del 8 de abril de 2022 que sean contrarios a la orden anterior, entre otras. <\/p>\n
3\u0002 Documento 04, Cuaderno principal 4, Cuaderno Primera instancia, ibidem. <\/p>\n
4\u0002 Documento 07, ibidem. <\/p>\n
5\u0002 \u0002 Documento 15, ibidem. <\/p>\n
<\/p>\n
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STC3934-2023 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente STC3934-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 25000-22-13-000-2022-00526-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del veintis\u00e9is de abril de dos mil veintitr\u00e9s). Bogot\u00e1, D. C., veintis\u00e9is (26) de abril de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[61],"tags":[],"class_list":["post-72593","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-abril-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/72593","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=72593"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/72593\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=72593"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=72593"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=72593"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}