STC3938-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
STC3938-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2023-01423-00 (Aprobado en sesi\u00f3n del veintis\u00e9is de abril de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de abril de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por la Comunidad de Hermanas de la Caridad Dominicas de la Presentaci\u00f3n de la Sant\u00edsima Virgen contra la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva y el Juzgado Quinto de Familia de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en la salvaguarda radicada bajo el n\u00b0 2022-00160. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando a trav\u00e9s de apoderado judicial, la solicitante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por las autoridades convocadas, en el diligenciamiento del asunto antes referido. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expuso que \u00abla se\u00f1ora Delia Manjarrez Silva, [quien] es persona de la tercera edad por tener 92 a\u00f1os [a trav\u00e9s de agente oficioso], present\u00f3 acci\u00f3n constitucional [el] 11 de mayo de 2022, en contra de la Comunidad de Hermanas de la Caridad Dominicas de la Presentaci\u00f3n de la Sant\u00edsima Virgen y otros, [solicitando] el amparo de sus derechos fundamentales a la seguridad social, vida en condiciones dignas, m\u00ednimo vital y derecho de igualdad\u00bb. <\/p>\n
La demanda fue admitida por el Juzgado Quinto de Familia de Neiva el 17 de mayo de 2022, estrado que, en lo concerniente a esa entidad, tuvo por surtida la notificaci\u00f3n, mediante comunicaci\u00f3n dirigida al correo electr\u00f3nico \u00abpresentacionmanizales54@gmail.com, el cual (\u2026), no se publicita como oficial dentro de los canales de difusi\u00f3n de la comunidad, como su p\u00e1gina web, ni tampoco se encuentra dispuesto en el certificado de existencia y representaci\u00f3n legal (\u2026), ni se conoce su existencia o su utilizaci\u00f3n por parte de ninguna persona vinculada a la instituci\u00f3n\u00bb, raz\u00f3n por la que \u00abNUNCA conoci\u00f3 de la acci\u00f3n de tutela [ni] tuvo en ning\u00fan momento oportunidad para ejercer sus derechos de defensa y contradicci\u00f3n ante lo manifestado por la se\u00f1ora Manjarrez Silva\u00bb. <\/p>\n
El 24 de mayo de 2022, el juzgado declar\u00f3 improcedente el amparo, decisi\u00f3n que \u00abnuevamente\u00bb se notific\u00f3 a la comunidad religiosa al correo electr\u00f3nico antes referido, y en tal virtud \u00abse desconoci\u00f3 el contenido de la misma\u00bb. <\/p>\n
En atenci\u00f3n a la impugnaci\u00f3n presentada por la all\u00ed accionante, el 1\u00b0 de junio de 2022 el juzgado concedi\u00f3 el recurso y esa determinaci\u00f3n \u00abfue notificada a la direcci\u00f3n electr\u00f3nica presentacionmanizales54@gmail.com, incurriendo en el mismo error que ya se ha puesto de presente\u00bb. <\/p>\n
Que el 24 de junio de 2022, el Tribunal Superior de Neiva, declar\u00f3 la nulidad de lo actuado \u00aben consideraci\u00f3n de que el A-quo no dispuso la vinculaci\u00f3n y efectiva notificaci\u00f3n, al tr\u00e1mite constitucional, del ADRES, la Secretar\u00eda de Salud Departamental del Huila y el Hospital San Juan de Dios de Honda\u00bb; que en cumplimiento a tal resoluci\u00f3n, el 28 de junio de 2022 el Juzgado Quinto de Familia dispuso la vinculaci\u00f3n echada de menos por el tribunal, y \u00abuna vez m\u00e1s se concurre en error por parte del despacho de primera instancia, notificando [a la hoy accionante], al correo electr\u00f3nico [precitado]\u00bb. <\/p>\n
El 6 de julio de 2022 el juzgado profiri\u00f3 por segunda vez fallo desestimatorio del auxilio, y en raz\u00f3n a que nuevamente fue impugnado, el tribunal volvi\u00f3 a declarar nulo lo actuado a partir de la admisi\u00f3n de la demanda, esta vez porque \u00abel despacho de primera instancia no dispuso la efectiva notificaci\u00f3n de la acci\u00f3n al Fondo del Pasivo Prestacional del Sector Salud del departamento de Caldas, a cargo del Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, y a la Unidad de Pensiones y Parafiscales \u2013 UGPP\u00bb. <\/p>\n
Tras atender la orden de su superior, el 7 de septiembre de 2022 el juzgado emiti\u00f3 \u00abuna tercera sentencia\u00bb en la que nuevamente procedi\u00f3 a \u00abnegar la acci\u00f3n constitucional por improcedente\u00bb, la cual volvi\u00f3 a ser objeto de alzada formulada por la se\u00f1ora Manjarrez Silva, advirti\u00e9ndose que \u00abtodas\u00bb las decisiones en comento, \u00abfueron notificadas erradamente al correo electr\u00f3nico presentacionmanizales54@gmail.com, no pudiendo ser conocidas por la Comunidad\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, el 31 de octubre de 2022, el tribunal revoc\u00f3 el fallo de primer grado para en su lugar conceder el resguardo y resolvi\u00f3 \u00abORDENAR a la COMUNIDAD DE HERMANAS DE LA CARIDAD DOMINICAS DE LA PRESENTACI\u00d3N DE LA SANT\u00cdSIMA VIRGEN, que dentro de los quince d\u00edas (15) siguientes a la notificaci\u00f3n de esa providencia, realice los tr\u00e1mites necesarios ante la Administradora Colombiana de Pensiones \u2013Colpensiones-, en aras a efectuar el c\u00e1lculo actuarial por omisi\u00f3n de afiliaci\u00f3n, durante el lapso comprendido entre el 26-jul-1963 a 31-agos-1972, (9 a\u00f1os) y entre el 16-dic-1976 al 24- dic-2001, (25 a\u00f1os), para que con ello se pueda reconocer y liquidar en forma posterior y si a ello hay lugar, la prestaci\u00f3n pensional que se persigue en aplicaci\u00f3n a la normatividad vigente\u00bb. <\/p>\n
Esa determinaci\u00f3n volvi\u00f3 a ser notificada \u00abde manera indebida\u00bb, porque se hizo a la direcci\u00f3n electr\u00f3nica se\u00f1alada en precedencia, y \u00abfue solo hasta la fecha 16 de diciembre de 2022 que la Comunidad advirti\u00f3 su vinculaci\u00f3n al tr\u00e1mite de tutela, gracias a la notificaci\u00f3n que se realizare del incidente de desacato de la sentencia de fecha 31 de octubre de 2022, mismo que s\u00ed fue efectivamente notificado a los correos institucionales (\u2026): presentacioncali@gmail.com \u2013 info@colpresentacioneiva.edu.co\u00bb. <\/p>\n
El 16 de enero de 2023 present\u00f3 \u00absolicitud de nulidad\u00bb con soporte en la causal 8\u00aa del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, destacando que a la direcci\u00f3n que remitieron las notificaciones, \u00abno est\u00e1 identificado como un correo de comunicaci\u00f3n de notificaciones judiciales de [la] entidad\u00bb, y reproch\u00f3 \u00abfalta de diligencia al notificar, pues tan solo con una b\u00fasqueda r\u00e1pida en un motor de b\u00fasqueda de internet, se hubiese podido rastrear la p\u00e1gina web de la Comunidad, donde se evidencian sus datos de contacto, direcci\u00f3n f\u00edsica, tel\u00e9fonos y su correo principal\u00bb, empero, el juzgado la neg\u00f3 con auto del 9 de febrero de 2023. <\/p>\n
En virtud a los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n que interpuso contra ese auto, el a-quo la mantuvo con prove\u00eddo del 2 de marzo de 2023 y concedi\u00f3 el recurso subsidiario, mismo que inadmiti\u00f3 el tribunal el 22 de marzo de 2023, pretextando su improcedencia. Acot\u00f3 que, para los accionados, \u00abdebi\u00f3 resultar al menos llamativo que m\u00e1s de 12 correos enviados dentro del tr\u00e1mite de la tutela no tuvieran respuesta, que en ocasi\u00f3n a esta situaci\u00f3n era diligente realizar una b\u00fasqueda en la p\u00e1gina web, llamar a la entidad para que pudiera proporcionar un correo de notificaci\u00f3n, [aunado a que] la parte accionante conoc\u00eda el correo electr\u00f3nico de la comunidad religiosa y el cual est\u00e1 en el membrete de las respuestas entregadas con anterioridad\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende, que \u00abse declare la nulidad de todo lo actuado dentro del tr\u00e1mite constitucional de tutela [rad. 2022-00160] surtido ante el Juzgado Quinto de Familia de Neiva\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La colegiatura acusada, a trav\u00e9s de la Secretar\u00eda, envi\u00f3 el link para acceder al proceso criticado. <\/p>\n
2. El Juzgado Quinto de Familia de Neiva, igualmente remiti\u00f3 el enlace para acceder al expediente digital, y manifest\u00f3 que \u00abninguna de mis actuaciones ha violado los derechos del accionante, porque todo el tr\u00e1mite del juicio se desarroll\u00f3 dentro del marco del ordenamiento jur\u00eddico dise\u00f1ado para el acceso a la justicia\u00bb. <\/p>\n
3. El Agente Especial Liquidador del Programa de Entidad Promotora de Salud de la Caja de Compensaci\u00f3n Familiar del Huila- Comfamiliar en Liquidaci\u00f3n, dijo que \u00aba partir del 06 de septiembre de 2022 momento en el cual el Ministerio de Salud y Protecci\u00f3n Social efectu\u00f3 el traslado de los afiliados de [la entidad que representa], la accionante ya no se encuentra afiliada a nuestra entidad\u00bb, y que desde esa data, \u00abla prestaci\u00f3n de los servicios de salud se encuentra a cargo de la EPS receptora que, en el caso particular como se evidencia en la imagen adjunta es la SANITAS EPS S.A.S, entidad que debe asumir el aseguramiento y garantizar el acceso a la prestaci\u00f3n de servicios de salud\u00bb. Por ello, pidi\u00f3 que a su favor se declare \u00abfalta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva\u00bb. <\/p>\n
4. La Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protecci\u00f3n Social \u2013 UGPP, pidi\u00f3 declarar improcedente la acci\u00f3n en tanto evidenciaba \u00abcosa juzgada\u00bb, \u00abinexistencia de un perjuicio irremediable\u00bb, \u00abinexistencia de un nexo causal entre la presunta violaci\u00f3n de derechos fundamentales y el accionar de la entidad\u00bb, y que el tema escapaba a \u00abla \u00f3rbita de competencia del juez constitucional\u00bb. <\/p>\n
5. La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud \u2013 ADRES, la Direcci\u00f3n Territorial de Salud de Caldas, EPS Sanitas S.A.S., la Administradora Colombiana de Pensiones \u2013 Colpensiones, y la E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva, solicitaron su desvinculaci\u00f3n aduciendo \u00abpor falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si las autoridades judiciales convocadas vulneraron las prerrogativas invocadas por la entidad demandante, al no efectuar en debida forma su notificaci\u00f3n dentro de la salvaguarda n\u00b0 2022-00160, promovida en su contra por Delia Manjarrez Silva. <\/p>\n
2. De la procedencia excepcional de la tutela contra tutela. <\/p>\n
Esta Corporaci\u00f3n se ha pronunciado en punto a la posibilidad de acudir a esta justicia especial en aras de controvertir decisiones emanadas de otras acciones de igual naturaleza, afirmando, que: <\/p>\n
En este sentido, es jurisprudencia que \u201c\u2026por regla de principio, la tutela contra tutela no est\u00e1 consagrada en la ley y, por consiguiente, es improcedente\u201d, empero, por v\u00eda de excepci\u00f3n, y \u201cen presencia de una vulneraci\u00f3n del debido proceso y, en particular, cuando se omite la integraci\u00f3n del contradictorio, ser\u00eda admisible la acci\u00f3n de amparo, para restablecer el statu quo lesivo del derecho fundamental.\u201d (sentencia de 4 de septiembre de 2008, exp. 2008-01366-00, reiterada el 6 de julio de 2012, exp. 00084-01). <\/p>\n
(\u2026) La conformaci\u00f3n del contradictorio, seg\u00fan lo dispuesto por el art\u00edculo 13 del Decreto 2591 de 1991, no se satisface, \u00fanicamente, con el llamado a la autoridad p\u00fablica que presumiblemente ha violado las prerrogativas superiores; sino que es forzoso convocar, en protecci\u00f3n del debido proceso y el acceso a la administraci\u00f3n de justicia, a quien tenga un \u201cinter\u00e9s leg\u00edtimo\u201d en el resultado del juicio constitucional, categor\u00eda que, por supuesto involucra, trat\u00e1ndose de un asunto judicial, a las partes comprometidas en el pleito, as\u00ed como a los terceros \u2013en un sentido amplio m\u00e1s all\u00e1 del estricto molde procesal- cuyos derechos ciertamente resulten afectados, positiva o negativamente, con la eventual orden de tutela. <\/p>\n
En armon\u00eda con lo anterior, la Corte Constitucional precis\u00f3, en auto 364 de 2010, que \u201c\u2026el juez constitucional, al momento de ejercer su competencia, est\u00e1 obligado a integrar en debida forma el contradictorio, vinculando al proceso de tutela no solo a quienes hayan sido demandados sino tambi\u00e9n a las personas que tengan un inter\u00e9s leg\u00edtimo en la actuaci\u00f3n y puedan resultar afectadas con las decisiones que all\u00ed se adopten. A juicio de la Corte, si ese presupuesto no se satisface, carece de sentido un pronunciamiento de fondo, ya que \u2018la falta u omisi\u00f3n en la notificaci\u00f3n de las decisiones proferidas en el tr\u00e1mite de una acci\u00f3n de tutela a una parte o a un tercero con inter\u00e9s leg\u00edtimo en la misma, surge como una irregularidad que no s\u00f3lo vulnera el debido proceso sino que puede llegar a constituirse en una verdadera denegaci\u00f3n de justicia, a m\u00e1s de comprometer otros derechos de quienes no pudieron intervenir en el tr\u00e1mite de la misma por desconocimiento de tal actuaci\u00f3n judicial\u2019. As\u00ed, por ejemplo, cuando la providencia mediante la cual se admite una acci\u00f3n de tutela y se da inicio al tr\u00e1mite de la misma, deja de notificarse a las partes o terceros con inter\u00e9s leg\u00edtimo, tal omisi\u00f3n tiene implicaciones para quienes no fueron vinculados, pues \u00e9stos no tuvieron la posibilidad de intervenir en la misma, pudiendo resultar afectados con la decisi\u00f3n, sin haber sido o\u00eddos previamente. M\u00e1s grave a\u00fan es la situaci\u00f3n de tales sujetos cuando no se les comunican las decisiones adoptadas en el proceso, pues pueden ver seriamente comprometidos sus derechos e intereses sin conocimiento de causa y sin oportunidad de reivindicaci\u00f3n\u201d (resaltado adrede). <\/p>\n
El incumplimiento del deber de citaci\u00f3n a la tutela de los \u201cterceros con inter\u00e9s leg\u00edtimo genera un vicio constitutivo de nulidad. As\u00ed, en m\u00faltiples providencias, la Sala ha indicado que \u201c\u2026se incurri\u00f3 en causal de nulidad\u2026 toda vez que a\u2026, quien puede resultar afectada con la decisi\u00f3n que aqu\u00ed se adopte no se vincul\u00f3 al tr\u00e1mite\u2026 el Juez de tutela debe garantizar a los terceros determinados o determinables, con inter\u00e9s leg\u00edtimo en un juicio su derecho de defensa\u2026\u201d (auto de 12 de agosto de 2011, exp. 00401-01, reiterado el 21 de noviembre del mismo a\u00f1o, exp. 01473-01 y el 5 de julio de 2012, exp. 00036-01)\u00bb (CSJ STC, 16 may. 2013, exp. 01030-00). <\/p>\n
En similar sentido ha se\u00f1alado que, \u00abs\u00f3lo en el evento de flagrantes violaciones al debido proceso, por omitir vincular a interesado o indebida notificaci\u00f3n de las partes es posible estudiar el reclamo contra un auxilio anterior\u00bb (CSJ STC6262-2015, 22 may., rad. 01042-00, citada en STC4314-2018, 4 abr., rad. 00734-00 y STC4470-2020, 15 jul., 00014-01, entre otras). Se subraya. <\/p>\n
Sobre el particular, la Corte Constitucional precis\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Para establecer la procedencia de la acci\u00f3n de tutela, cuando se trata de un proceso de tutela, se debe comenzar por distinguir si \u00e9sta se dirige contra la sentencia proferida dentro de \u00e9l o contra una actuaci\u00f3n previa o posterior a ella. (\u2026) Si la acci\u00f3n de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la de que no procede (\u2026) regla no admite ninguna excepci\u00f3n cuando la sentencia ha sido proferida por la Corte Constitucional, (\u2026). <\/p>\n
(\u2026) [s]i la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la Rep\u00fablica, la acci\u00f3n de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se est\u00e9 ante el fen\u00f3meno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, adem\u00e1s de cumplir con los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acci\u00f3n de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisi\u00f3n adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situaci\u00f3n de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situaci\u00f3n. <\/p>\n
(\u2026) Si la acci\u00f3n de tutela se dirige contra actuaciones del proceso de tutela diferentes a la sentencia, se debe distinguir si \u00e9stas acaecieron con anterioridad o con posterioridad a la sentencia. <\/p>\n
(\u2026) Si la actuaci\u00f3n acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en la omisi\u00f3n del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los terceros que ser\u00edan afectados por la demanda de tutela, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela, la acci\u00f3n de tutela s\u00ed procede, incluso si la Corte Constitucional no ha seleccionado el asunto para su revisi\u00f3n (CC SU-627\/15). Se resalta. <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
Con observancia en las anteriores premisas, revisados los fundamentos de la queja constitucional y la informaci\u00f3n que reposa en las piezas procesales pertinentes, la Sala otorgar\u00e1 la protecci\u00f3n deprecada, al advertir vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales de quien fuera demandada en la acci\u00f3n de tutela n\u00b0 2022-00160, tramitada en primer grado por el Juzgado Quinto de Familia de Neiva, y en sede de impugnaci\u00f3n por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de esa ciudad, en tanto los falladores de instancia incurrieron en yerro procedimental absoluto y desconocimiento del precedente jurisprudencial. <\/p>\n
3.1. En efecto, la reclamaci\u00f3n de la ac\u00e1 querellante, consiste en que no fue notificada de la salvaguarda que promovi\u00f3 en su contra la se\u00f1ora Manjarrez Silva, y no obstante ello, se tramit\u00f3 y profiri\u00f3 sentencia desfavorable a sus intereses, por lo que tal alegato se subsume en una de las hip\u00f3tesis de procedencia de tutela contra tutela que describe la jurisprudencia en cita. <\/p>\n
Ciertamente, en el caso sub j\u00fadice, la Corte evidencia que los falladores de dicha querella y ahora accionados, en las sendas oportunidades en que tuvieron conocimiento de las diligencias -habida cuenta las nulidades declaradas por el ad quem-, para \u00abnotificar\u00bb la admisi\u00f3n de la demanda, las concesiones de impugnaci\u00f3n y los fallos proferidos en ambas instancias, remitieron comunicaciones a la Comunidad de las Hermanas de la Caridad Dominicas de la Presentaci\u00f3n de la Sant\u00edsima Virgen, pero a la direcci\u00f3n de correo electr\u00f3nico suministrado por la accionante, cuando en realidad este no correspond\u00eda al registrado y por ende habilitado por la entidad sin \u00e1nimo de lucro para recibir notificaciones. <\/p>\n
N\u00f3tese que desde que el Juzgado Quinto de Familia de Neiva admiti\u00f3 la demanda el 17 de mayo de 2022, hasta el fallo proferido por el tribunal en sede de impugnaci\u00f3n el 31 de octubre de 2022, las notificaciones de las decisiones que deb\u00eda conocer la congregaci\u00f3n religiosa que fung\u00eda como codemandada, se hizo a trav\u00e9s de mensajes dirigidos al correo electr\u00f3nico presentacionmanizales54@gmail.com, siendo que en la p\u00e1gina web de la comunidad, as\u00ed como en las misivas enviadas a la actora -allegadas como anexos de la demanda tutelar-, pod\u00eda verificarse, entre otros datos de contacto de las distintas sedes, que recib\u00eda notificaciones en las direcciones virtuales presentacioncali@gmail.com y info@colpresentacioneiva.edu.co. <\/p>\n
3.2. Bajo tal panorama, es preciso recordar que, en materia de notificaci\u00f3n de las actuaciones surtidas en la acci\u00f3n de tutela, el art\u00edculo 16 del Decreto 2591 de 1991 dispone: \u00ab[l]as providencias que se dicten se notificar\u00e1n a las partes o intervinientes, por el medio que el juez considere m\u00e1s expedito y eficaz\u00bb. <\/p>\n
Por su parte, el art\u00edculo 5\u00ba del Decreto 306 de 1992 (compilado en el Decreto 1069 de 2015), establece: \u00ab[d]e conformidad con el art\u00edculo 16 del Decreto 2591 de 1991 todas las providencias que se dicten en el tr\u00e1mite de una acci\u00f3n de tutela se deber\u00e1n notificar a las partes o a los intervinientes. Para este efecto son partes la persona que ejerce la acci\u00f3n de tutela y el particular, la entidad o autoridad p\u00fablica contra la cual se dirige la acci\u00f3n de tutela de conformidad con el art\u00edculo 13 del Decreto 2591 de 1991\u00bb, y a\u00f1ade que \u00ab[e]l juez velar\u00e1 porque de acuerdo con las circunstancias, el medio y la oportunidad de la notificaci\u00f3n aseguren la eficacia de la misma y la posibilidad de ejercer el derecho de defensa\u00bb. En el mismo sentido, el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991 consagra que el fallo proferido en la salvaguarda, \u00abse notificar\u00e1 por telegrama o por otro medio expedito que asegure su cumplimiento, a m\u00e1s tardar al d\u00eda siguiente de haber sido proferido\u00bb. <\/p>\n
3.3. Sobre la importancia de la notificaci\u00f3n de las decisiones judiciales proferidas en la acci\u00f3n de tutela, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que: <\/p>\n
(\u2026) En auto 091 de 2002, esta Corte argument\u00f3 que no basta con la remisi\u00f3n del telegrama para considerar efectuada la notificaci\u00f3n de las decisiones proferidas en sede de tutela, sino que es necesario dejar constancia de que la persona notificada recibi\u00f3 efectivamente la comunicaci\u00f3n. <\/p>\n
As\u00ed mismo, en auto 013 de 1994 se sostuvo que para entenderse surtida la notificaci\u00f3n en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, no basta con el env\u00edo del telegrama -que contiene el oficio del despacho judicial por medio del cual se comunica a los interesados, accionante y accionado, la decisi\u00f3n adoptada por la autoridad judicial competente-, por tanto, \u00e9sta s\u00f3lo se surte cuando el interesado la conoce mediante la recepci\u00f3n del telegrama. <\/p>\n
Concluye esta Sala, que s\u00f3lo se entiende legalmente surtida la notificaci\u00f3n de las distintas actuaciones en sede de tutela, cuando las partes y los intervinientes tienen pleno conocimiento de las decisiones definitivas emanadas de la autoridad judicial\u00bb (CC A-132\/07). Se subraya. <\/p>\n
Sobre el papel del juzgador excepcional en el diligenciamiento de dicho acto procesal, se\u00f1al\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el juez de tutela debe cuidar siempre que esa diligencia, lejos de ser un acto meramente formal, cumpla en realidad con su cometido. El simple env\u00edo del telegrama a una de las partes por s\u00ed s\u00f3lo no satisface la exigencia de enterarla sobre el contenido de la sentencia, si no se demuestra que efectivamente ha llegado a conocimiento de aquella. El juez debe ser diligente y buscar el mecanismo id\u00f3neo para que la notificaci\u00f3n [ya que] en la medida en que la notificaci\u00f3n se surta de manera efectiva, se garantiza el principio de la doble instancia, por cuanto el interesado (demandante, demandado, Defensor del Pueblo) podr\u00e1 impugnar el fallo dentro de los tres d\u00edas siguientes al acto de notificaci\u00f3n\u00bb (CC A-130\/04). Subrayado fuera del texto. <\/p>\n
En similares t\u00e9rminos, enfatizando sobre las consecuencias jur\u00eddicas de una indebida notificaci\u00f3n en el tr\u00e1mite de la tutela, la Corte Constitucional sostuvo que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) respecto de la notificaci\u00f3n del auto admisorio, es necesario que las personas directamente interesadas en el proceso lo conozcan -lo que incluye, al accionante, al accionado y a los terceros vinculados por la autoridad judicial- a fin de que puedan comprender la decisi\u00f3n judicial con la que se inicia el tr\u00e1mite constitucional, los efectos que tiene y en raz\u00f3n a ello, actuar dentro del mismo seg\u00fan sus intereses. <\/p>\n
Igualmente ha reconocido la importancia de notificar la primera actuaci\u00f3n procesal incluso cuando se presenten dificultades asociadas a la ubicaci\u00f3n de las personas interesadas, a la existencia de zonas geogr\u00e1ficas de dif\u00edcil acceso o al desconocimiento del lugar de residencia. En esa direcci\u00f3n, mediante Auto 252 de 2007 se analiz\u00f3 el tr\u00e1mite de una acci\u00f3n de tutela en la que fue incumplido el deber de notificaci\u00f3n de la providencia de admisi\u00f3n, debido a que la parte accionada se encontraba en una zona rural apartada. En esa oportunidad, este tribunal decret\u00f3 la nulidad de todo lo actuado, pues precis\u00f3 que la notificaci\u00f3n eficaz de la decisi\u00f3n de admisi\u00f3n es un aspecto central para garantizar el derecho de defensa y de acceso a la administraci\u00f3n de justicia. La dificultad de cumplir ese requisito no puede servir de base para continuar con el tr\u00e1mite y, posteriormente, negar la protecci\u00f3n de los derechos invocados. (\u2026). <\/p>\n
(\u2026) el juez constitucional tiene la obligaci\u00f3n de notificar tanto a las partes como a los terceros interesados, todas las providencias judiciales que se generen en el transcurso del tr\u00e1mite de tutela, incluyendo el auto que la admite. Dicha obligaci\u00f3n impone al juez el deber de escoger una v\u00eda de comunicaci\u00f3n eficaz, es decir, que pueda garantizar -en atenci\u00f3n a las circunstancias particulares de cada caso concreto- la transmisi\u00f3n efectiva y fidedigna del contenido de la providencia judicial; de manera que, de no realizarse la notificaci\u00f3n de alguna providencia o existir duda sobre su eficacia, el tr\u00e1mite estar\u00eda viciado de una irregularidad que afecta su validez, pues se genera una vulneraci\u00f3n del debido proceso\u00bb (CC A-397\/18). Se destaca. <\/p>\n
3.4. As\u00ed las cosas, la fallida notificaci\u00f3n en este caso, adquiere relevancia si se tiene en cuenta que la decisi\u00f3n de segundo grado revoc\u00f3 la decisi\u00f3n del a-quo para, en su lugar, conceder el resguardo y consecuentemente impartir \u00f3rdenes concretas y directas a la demandada que no pudo intervenir, pues, se repite, no recibi\u00f3 el requerimiento para pronunciarse, aportar y solicitar pruebas, es decir, no le fue posible ejercer su leg\u00edtimo derecho al debido proceso que implica las prerrogativas de defensa y contradicci\u00f3n de cara a los hechos y pretensiones de la all\u00ed demandante. <\/p>\n
De lo anterior emerge la estructuraci\u00f3n de la causal de nulidad consagrada en el numeral 8\u00b0 del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, seg\u00fan la cual, \u00abel proceso es nulo, en todo o en parte, (\u2026): Cuando no se practica en legal forma la notificaci\u00f3n del auto admisorio de la demanda a personas determinadas, o el emplazamiento de las dem\u00e1s personas aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas como partes (\u2026)\u00bb, disposici\u00f3n que deviene aplicable por la expresa remisi\u00f3n que prev\u00e9 el art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, compilado en el Decreto 1069 de 2015 (art\u00edculo 2.2.3.1.1.3). <\/p>\n
En el mismo sentido, esta Corporaci\u00f3n ha indicado que, una preterici\u00f3n de tal naturaleza compromete relevantes prerrogativas que envuelven el debido proceso, bajo el entendido que este corresponde a \u00abun conjunto de garant\u00edas fundamentales que deben respetarse en todo procedimiento, tr\u00e1mite, juicio o actuaciones administrativas, asisti\u00e9ndole el derecho a las partes, y dem\u00e1s personas que tengan inter\u00e9s leg\u00edtimo de intervenir a elevar solicitudes, aducir pruebas y controvertir las allegadas, postulados estos que est\u00e1n consagrados como derecho fundamental en el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica\u00bb (CSJ SC, 5 may. 2011 rad. 00063-01, citada en STC6081-2021, 28 may., rad. 00009-01). <\/p>\n
En esa misma l\u00ednea, esta Corporaci\u00f3n se\u00f1al\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abla informalidad en esta clase de procesos no puede tenerse como patente de corso para soslayar la normatividad antes citada, pues aunque el art\u00edculo 16 del citado decreto [2591 de 1991] prescribe que \u201c[l]as providencias que se dicten se notificar\u00e1n a las partes o intervinientes, por el medio que el juez considere m\u00e1s expedito y eficaz\u201d, tal mandato no ordena desconocer las normas que reglamentan la pr\u00e1ctica de cada uno de esos medios, m\u00e1xime cuando el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 1992 es di\u00e1fano en se\u00f1alar, que \u201c[p]ara la interpretaci\u00f3n de las disposiciones sobre tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela previstas por el Decreto 2591 de 1991 se aplicar\u00e1n los principios generales del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, en todo aquello en que no sean contrarios a dicho decreto\u201d\u00bb (CSJ STC1134-2017, 2 feb. 2017, rad. 00124-00, citada en STC10435-2020, 25 nov., rad. 03099-00). <\/p>\n
3.5. Ahora, obs\u00e9rvese que la anomal\u00eda antes descrita, no se subsan\u00f3 al resolverse la solicitud de nulidad incoada por la entidad afectada, puesto que, con interlocutorio del 9 de febrero de 2023, el despacho de primer grado la deneg\u00f3 bajo el argumento de que \u00abla notificaci\u00f3n se hizo al correo electr\u00f3nico suministrado por el accionante en su escrito de tutela\u00bb, y que tal direcci\u00f3n se utiliz\u00f3 por el tribunal \u00abpara notificar las providencias por [este] expedidas\u00bb. <\/p>\n
Significa lo anterior, que pese a las m\u00faltiples oportunidades que tuvieron los juzgadores de instancia para verificar la idoneidad del mecanismo de notificaci\u00f3n empleado, no se percataron de que este no era el adecuado, emergiendo de ello que su actuaci\u00f3n lejos estuvo de mostrarse efectiva, pues sabido es que la omisi\u00f3n de su notificaci\u00f3n o la realizaci\u00f3n defectuosa de ese acto procesal, deja en entredicho la firmeza de lo resuelto. <\/p>\n
3.6. Conforme a lo esbozado, tanto el juzgado como el tribunal accionados, incurrieron en defectos procedimental absoluto y desconocimiento del precedente jurisprudencial, que afectan las prerrogativas superiores al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, haciendo imperiosa la intervenci\u00f3n del sentenciador excepcional a fin de restablecer los derechos conculcados. <\/p>\n
Ello, por haber actuado al margen del procedimiento en lo relacionado con la aplicaci\u00f3n restrictiva del medio empleado para la vinculaci\u00f3n y notificaci\u00f3n de lo decidido al interior del proceso de tutela, y por disponer la materializaci\u00f3n de dicho acto procesal, sin tener en cuenta las normas especiales (Decreto 2591 de 1991) y generales (estatuto adjetivo), pese a los constantes y reiterados pronunciamientos jurisprudenciales constitucionales y de esta Corporaci\u00f3n abordando dicha tem\u00e1tica. <\/p>\n
Sobre el primer yerro, se precisa que para cumplir el objetivo de llevar pleno conocimiento de las decisiones proferidas en sede de tutela garantizando el debido proceso, se requiere que el juez aplique lo previsto en el art\u00edculo 2.2.3.1.1.3 del Decreto 1069 de 2015, seg\u00fan el cual \u00abpara la interpretaci\u00f3n de las disposiciones sobre tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela previstas por el Decreto 2591 de 1991 se aplicar\u00e1n los principios generales del C\u00f3digo General del Proceso, en todo aquello en que no sean contrarios a dicho Decreto\u00bb. <\/p>\n
No obstante, en este caso se inobserv\u00f3 lo preceptuado en el canon 11 del C\u00f3digo General del Proceso, seg\u00fan el cual, para la interpretaci\u00f3n de la ley procesal, \u00abel juez deber\u00e1 tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial\u00bb, y que las posibles dudas que surjan \u00abdeber\u00e1n aclararse mediante la aplicaci\u00f3n de los principios constitucionales y generales del derecho procesal garantizando en todo caso el debido proceso, el derecho de defensa, la igualdad de las partes y los dem\u00e1s derechos constitucionales fundamentales\u00bb. <\/p>\n
En cuanto a la configuraci\u00f3n del defecto procedimental, esta Corte ha compartido lo que al respecto tiene dicho el precedente constitucional, en el sentido de que tiene ocurrencia cuando el juez: \u00ab(i) aplica disposiciones procesales que se oponen a la vigencia de derechos constitucionales en un caso concreto; (ii) exige el cumplimiento de requisitos formales de manera irreflexiva, aunque en determinadas circunstancias puedan constituir cargas imposibles de cumplir para las partes, siempre que esa situaci\u00f3n se encuentre comprobada; [y] (iii) incurre en un rigorismo procedimental en la apreciaci\u00f3n de las pruebas\u00bb (CC T-031\/16), y en suma cuando \u00abpor un apego extremo y una aplicaci\u00f3n mec\u00e1nica de las formas, renuncia conscientemente a la verdad jur\u00eddica objetiva patente en los hechos, deriv\u00e1ndose de su actuar una inaplicaci\u00f3n de la justicia material y del principio de la prevalencia del derecho sustancial\u00bb (CC T-234\/17). Subraya la Sala. <\/p>\n
Respecto a la omisi\u00f3n de materializar la notificaci\u00f3n en comento sin tener en cuenta los pronunciamientos jurisprudenciales que tratan espec\u00edficamente el tema, se ha dicho que: \u00abla importancia de seguir el precedente radica en dos razones, a saber: La primera, en la necesidad de garantizar el derecho a la igualdad y los principios de seguridad jur\u00eddica, cosa juzgada, buena fe, confianza leg\u00edtima y de racionabilidad, pues la actividad judicial se encuentra regida por estos principios constitucionales (\u2026). La segunda, en el car\u00e1cter vinculante de las decisiones judiciales (\u2026)\u00bb, y, \u00ab[e]n s\u00edntesis, el desconocimiento del precedente se configura cuando el funcionario judicial se aparta de las sentencias emitidos por los tribunales de cierre (precedente vertical) o los dictados por ellos mismos (precedente horizontal) al momento de resolver asuntos que presentan una situaci\u00f3n f\u00e1ctica similar a los decididos en aquellas providencias, sin exponer las razones jur\u00eddicas que justifique el cambio de jurisprudencia\u00bb (T-459\/17). <\/p>\n
4. Consideraci\u00f3n adicional. <\/p>\n
Por cuanto revisada la respectiva p\u00e1gina web, se establece que mediante auto del 28 de febrero de 2023, notificado por estado el 14 de marzo de la misma anualidad dentro del expediente T9205882, la Corte Constitucional no seleccion\u00f3 para revisi\u00f3n el fallo de tutela cuya notificaci\u00f3n ac\u00e1 se echa de menos, se hace necesario advertir que ello no impide la prosperidad del amparo, ya que la actuaci\u00f3n adelantada a partir de la indebida notificaci\u00f3n deviene viciada y, por tanto, no surte los efectos jur\u00eddicos de cosa juzgada constitucional, pues ello ocasion\u00f3 que se truncara la posibilidad de que se produjera la segunda instancia. <\/p>\n
La postura anterior est\u00e1 contenida en sentencia de unificaci\u00f3n, en la que el \u00f3rgano de cierre de esta especial jurisdicci\u00f3n, determin\u00f3: \u00ab[s]i la actuaci\u00f3n acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en la omisi\u00f3n del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los terceros que ser\u00edan afectados por la demanda de tutela, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela, la acci\u00f3n de tutela s\u00ed procede, incluso si la Corte Constitucional no ha seleccionado el asunto para su revisi\u00f3n\u00bb (CC SU-627\/15), y se ratifica luego al sostener que \u00abla acci\u00f3n de tutela procede contra las actuaciones de los jueces de tutela acaecidas con posterioridad a la sentencia, as\u00ed la Corte Constitucional no haya seleccionado el asunto para su revisi\u00f3n, pues la cosa juzgada no puede entenderse en t\u00e9rminos absolutos, toda vez que existen ciertas circunstancias, que requieren la intervenci\u00f3n del juez constitucional para revertir o detener situaciones fraudulentas y graves\u00bb (CC T-286\/18). <\/p>\n
En definitiva, toda vez que la interesada no tuvo la oportunidad real y efectiva de controvertir lo resuelto en la tutela adelantada en su contra, se conculcaron sus prerrogativas fundamentales, y ello implica la prosperidad del mecanismo jur\u00eddico invocado en aras a salvaguardarlas. <\/p>\n
Por consiguiente, se otorgar\u00e1 el auxilio y con ello la declaratoria de invalidez de lo actuado en el resguardo cuestionado y la orden para que se rehaga el mismo, desde su inicio, con la vinculaci\u00f3n de la ac\u00e1 accionante, as\u00ed como de todas las personas naturales o jur\u00eddicas que pudieren llegar a tener un inter\u00e9s leg\u00edtimo en el asunto. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: CONCEDER el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia invocadas por la accionante. <\/p>\n
SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTO todo lo actuado dentro de la acci\u00f3n de tutela n\u00ba 2022-00160-00\/04. <\/p>\n
TERCER0: ORDENAR al Juzgado Quinto de Familia de Neiva, que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta sentencia, proceda a notificar -en debida forma- la admisi\u00f3n de la demanda a todas las personas con inter\u00e9s en las resultas del asunto, en particular a la Comunidad de Hermanas de la Caridad Dominicas de la Presentaci\u00f3n de la Sant\u00edsima Virgen, y rehaga el correspondiente tr\u00e1mite procesal. <\/p>\n
CUART0: COMUNICAR lo ac\u00e1 resuelto a las partes por un medio expedito, y de no ser impugnado, en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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STC3938-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA STC3938-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2023-01423-00 (Aprobado en sesi\u00f3n del veintis\u00e9is de abril de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de abril de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[61],"tags":[],"class_list":["post-72597","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-abril-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/72597","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=72597"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/72597\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=72597"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=72597"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=72597"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}