STC3942-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC3942-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-01410-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintis\u00e9is de abril de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintis\u00e9is (26) de abril de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La solicitante, obrando en su propio nombre, acude al mecanismo de amparo para reclamar la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, propiedad privada, dignidad humana, igualdad, acceso a la administraci\u00f3n de justicia e \u00abinter\u00e9s superior de los adultos mayores\u00bb, presuntamente vulnerados por la corporaci\u00f3n judicial convocada. <\/p>\n
2. Expone en s\u00edntesis que, por solicitud de Oliverio Villamizar P\u00e9rez, se inici\u00f3 proceso de restituci\u00f3n de tierras respecto de un predio ubicado en el municipio de Floridablanca, del que habr\u00eda sido despojado por organizaciones violentas. <\/p>\n
Relata que, al asunto, que tramit\u00f3 en su etapa de instrucci\u00f3n el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Bucaramanga, fueron vinculadas Claudia Milena Gonz\u00e1lez Cancela y Aracely Garc\u00eda Araque; la primera de las mencionadas, defendi\u00f3 su condici\u00f3n de tercero de buena fe exenta de culpa y neg\u00f3 rotundamente la existencia de los hechos alegados por el promotor en cuanto a que habr\u00eda sido despojado de los terrenos por incidencia de grupos armados al margen de la ley. <\/p>\n
Por su parte, la segunda vinculada (hermana de la aqu\u00ed accionante), fue asistida por un defensor de oficio que no actu\u00f3 diligentemente en el sentido de ejercer oposici\u00f3n directa frente a lo expuesto por el demandante, aunque pidi\u00f3 que se le reconociera como \u00absegunda ocupante, teniendo en cuenta que no particip\u00f3 en los presuntos hechos que dieron lugar al abandono forzado del predio\u00bb. <\/p>\n
Sostiene que, su hermana Aracely no cont\u00f3 con una defensa t\u00e9cnica id\u00f3nea que propugnara por sus derechos pues, quien la represent\u00f3 \u00absiempre la mantuvo desinformada y no realiz\u00f3 los procedimientos necesarios para buscar su bienestar\u00bb. <\/p>\n
Refiere que, mediante sentencia del 5 de marzo de 2021, el Tribunal Superior de C\u00facuta, Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras, acogi\u00f3 las pretensiones del demandante y orden\u00f3, en favor de este, retornar el dominio de los predios reclamados. <\/p>\n
Acude a la presente acci\u00f3n de amparo cuestionando el fallo que dispuso la restituci\u00f3n de los terrenos, ya que considera que el tribunal, por un lado, no valor\u00f3 adecuadamente los diversos testimonios que declararon que las manifestaciones del precursor y su familia \u00abson falsas\u00bb, aun cuando en la zona hubo presencia de la guerrilla del ELN, \u00abno existe prueba (sic)\u00bb de que los ocupantes y\/o poseedores hayan tenido nexo alguno con ese grupo subversivo. <\/p>\n
Especialmente, critica no haber sido vinculada al juicio, pues, en el a\u00f1o 2011, su hermana Aracely le vendi\u00f3 la posesi\u00f3n de la casa \u00abubicada en Calle 19 #13-72, barrio Nuevo Villabel del Municipio de Floridablanca [\u2026] acuerdo contractual que se celebr\u00f3 por medio de contrato de compraventa, el cual no se elev\u00f3 a escritura p\u00fablica, pero que, desde ese momento, de buena fe y sin relaci\u00f3n alguna con los hechos denunciados, me hicieron acreedora del bien inmueble\u00bb. <\/p>\n
Al respecto, aduce que, \u00abno se le permiti\u00f3 en ninguna instancia participar del procedimiento que se adelant\u00f3, quit\u00e1ndoseme la oportunidad procesal para acceder a la administraci\u00f3n de justicia y ejercer mi derecho a la defensa y contradicci\u00f3n. Adem\u00e1s, de que no se prob\u00f3 que fu\u00e9ramos ocupantes de mala fe (\u2026) ni mi hermana ni yo hemos participado en actos que atentan contra los derechos de otras personas\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, afirma que se enter\u00f3 de la sentencia en el mes de diciembre de 2022, cuando el abogado de su hermana Aracely les comunic\u00f3 la decisi\u00f3n. <\/p>\n
3. En consecuencia, pide que se declare la nulidad o \u00abdejar sin efectos la sentencia proferida el 5 de marzo de 2021 dentro del expediente radicado [2017-0111-01] en aras de que se me permita hacerme parte dentro del proceso en calidad de segunda ocupante de buena fe, en relaci\u00f3n con la compraventa celebrada con el se\u00f1or Hip\u00f3lito Cancela Quintero, y as\u00ed exponer la situaci\u00f3n que ha causado perjuicios en mi contra tras haberme notado en todas las visitas realizadas por los despachos sin haberme involucrado como parte dentro del proceso (\u2026) dejar sin efectos las \u00f3rdenes impartidas por el despacho accionado en relaci\u00f3n con el desalojo en contra m\u00eda y de mi hermana (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Juez Primera Civil del Circuito Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras de Bucaramanga hizo un recuento del tr\u00e1mite que le correspondi\u00f3 adelantar en el radicado 2017-00111 e indic\u00f3 que, luego de la sustanciaci\u00f3n del proceso, y ante la presencia de una opositora a la restituci\u00f3n, el 17 de enero de 2018 remiti\u00f3 las diligencias al Tribunal Superior de C\u00facuta, para lo de su competencia. <\/p>\n
2. El magistrado ponente de la sentencia recriminada, integrante de la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de C\u00facuta solicit\u00f3 se declare la improcedencia del amparo por incumplimiento del requisito de la inmediatez, \u00abpues ya han pasado holgadamente m\u00e1s de dos (2) a\u00f1os desde el proferimiento de la sentencia de 5 de marzo de 2021, que se aduce como determinante de la alegada vulneraci\u00f3n, modulada en providencia de 3 de agosto de 2022, hace m\u00e1s de 8 meses, sin que aplique en este caso el eventual estado de vulnerabilidad (\u2026)\u00bb. De otro lado, defendi\u00f3 la decisi\u00f3n que adopt\u00f3 en el asunto y se\u00f1al\u00f3 que, \u00ab(\u2026) los planteamientos expuestos en la mentada decisi\u00f3n no fueron edificados sobre apreciaciones sesgadas ni subjetivas o voluntariosas y much\u00edsimo menos comportan manifestaciones carentes de cualquier soporte, sencillamente no hubo v\u00eda de hecho\u00bb. <\/p>\n
3. La representante judicial de la Unidad Administrativa Especial de Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas en primer lugar aclar\u00f3 que, en relaci\u00f3n con Mar\u00eda Elena Garc\u00eda Araque, no tiene registrada petici\u00f3n alguna, \u00abpor lo cual esta tutela debe declararse improcedente\u00bb. <\/p>\n
4. La directora jur\u00eddica de la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas describi\u00f3 sus facultades y competencia en los tr\u00e1mites de restituci\u00f3n, que consiste en \u00abconducir a las v\u00edctimas de abandono y despojo a trav\u00e9s de la gesti\u00f3n administrativa para la restituci\u00f3n de sus tierras y territorios, a la realizaci\u00f3n de sus derechos sobre estos y as\u00ed aportar a la construcci\u00f3n de la paz en Colombia\u00bb y precis\u00f3 que, si bien es cierto dicha entidad adelanta la etapa administrativa en la cual se determina la naturaleza jur\u00eddica del predio y la relaci\u00f3n con el solicitante \u00abes en la etapa judicial donde se reconoce el derecho a la restituci\u00f3n de los solicitantes y\/o la buena fe exenta de culpa de los terceros intervinientes, as\u00ed como el reconocimiento de la compensaci\u00f3n o medidas similares de los opositores, lo cual, est\u00e1 en cabeza de la autoridad judicial\u00bb. <\/p>\n
5. La Procuradur\u00eda Provincial de Instrucci\u00f3n de C\u00facuta, la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Presidencia del Consejo Superior de la Judicatura, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la Rep\u00fablica y los Ministerios del Trabajo y de Justicia, solicitaron cada uno ser desvinculados del presente tr\u00e1mite tutelar por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, preliminarmente, si la demanda satisface el requisito de la subsidiariedad, y de superarse lo anterior, si la autoridad judicial convocada, vulner\u00f3 las prerrogativas denunciadas por la quejosa al no notificarla y\/o vincularla al proceso de restituci\u00f3n de tierras radicado n\u00ba 2017-00111, promovido por el Oliverio Villamizar P\u00e9rez, respecto de un inmueble del cual aduce ser poseedora de buena fe, impidi\u00e9ndole ejercer el contradictorio. <\/p>\n
2. De la subsidiariedad. <\/p>\n
La inobservancia de este requisito se presenta, no solo por haber dejado de emplear los medios de defensa ordinarios previstos en la ley, lo cual constituye incuria, sino tambi\u00e9n porque a\u00fan existan otros mecanismos judiciales tendientes a solucionar la afectaci\u00f3n de los derechos cuya tutela reclama, o incluso porque el interesado haya acudido a esta senda constitucional en planteamiento de un debate que no propuso con antelaci\u00f3n frente al funcionario competente. <\/p>\n
En virtud de la \u00faltima modalidad mencionada, se ha dicho en precedencia que este resguardo no puede emplearse de manera alternativa o supletoria en la soluci\u00f3n de las controversias, ni su presentaci\u00f3n ante el juez de amparo puede ser coet\u00e1neo con los procedimientos ordinarios estatuidos legalmente y mucho menos surgir en forma paralela a \u00e9stos, tampoco ser tomado como un recurso adicional de los que el propio ordenamiento ha dotado a los sujetos intervinientes en las actuaciones administrativas o judiciales. <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
3.1. En el asunto que se somete a examen, la acci\u00f3n constitucional resulta improcedente dada la preterici\u00f3n del requisito de procedibilidad que viene de rese\u00f1arse, por cuanto se evidencia que la aqu\u00ed demandante tiene a su alcance otro medio de defensa apto para el pleno ejercicio de las garant\u00edas que estima conculcadas. <\/p>\n
En efecto, es claro que la promotora del amparo, fund\u00f3 su reclamo en que no fue notificada del inicio de la causa de restituci\u00f3n de tierras, incoada por Oliverio Villamizar P\u00e9rez, lo que deriv\u00f3 en el proferimiento de una providencia contraria a sus intereses (pues compr\u00f3 a su hermana la posesi\u00f3n del inmueble en cuesti\u00f3n), entre otras situaciones que alega vulneraron sus garant\u00edas y frente a las cuales no pudo ejercer el derecho de contradicci\u00f3n. <\/p>\n
En tal virtud, atendiendo que la censura se centr\u00f3 en ese punto, no es la acci\u00f3n constitucional el mecanismo procedente para dirimir su inconformidad, pues el legislador dise\u00f1\u00f3 para tal efecto el recurso extraordinario de revisi\u00f3n1, que, a voces del numeral 7\u00ba del art\u00edculo 355 del C\u00f3digo General del Proceso, procede por \u00ab[e]star el recurrente en alguno de los casos de indebida representaci\u00f3n o falta de notificaci\u00f3n o emplazamiento, siempre que no haya sido saneada la nulidad\u00bb, siempre que atienda la oportunidad legal establecida en el art\u00edculo 356 ejusdem. <\/p>\n
Establece el citado ordenamiento en su art\u00edculo 133, numeral 8\u00ba, que una de las causales en las que procede la declaratoria de nulidad de la actuaci\u00f3n se configura cuando, \u00ab\u2026no se practica en legal forma la notificaci\u00f3n del auto admisorio de la demanda a personas determinadas, o el emplazamiento de las dem\u00e1s personas aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas como partes, o de aquellas que deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes, cuando la ley as\u00ed lo ordena, o no se cita en debida forma al Ministerio P\u00fablico o a cualquier otra persona o entidad que de acuerdo con la ley debi\u00f3 ser citado\u00bb. <\/p>\n
Por su parte, el inciso 2\u00ba del art\u00edculo 134 ib\u00eddem, se\u00f1ala que \u00ab(\u2026) [l]a nulidad por indebida representaci\u00f3n o falta de notificaci\u00f3n o emplazamiento en legal forma, (\u2026) podr\u00e1 tambi\u00e9n alegarse (\u2026) mediante el recurso de revisi\u00f3n, si no se pudo alegar por la parte en las anteriores oportunidades (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Entonces, la v\u00eda ordinaria prevista, seg\u00fan el contexto jur\u00eddico tra\u00eddo a colaci\u00f3n, para exponer su s\u00faplica es la consagrada en la referida normativa que reglamenta la forma en que debe alegarse la indebida notificaci\u00f3n cuando ya se encuentra ejecutoriada la sentencia que puso fin al proceso y la parte no ha convalidado la nulidad. <\/p>\n
Esta Corporaci\u00f3n en un caso similar precis\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) a fin de lograr el prop\u00f3sito aqu\u00ed perseguido, o sea, que se declare la nulidad de la sentencia \u2026el ordenamiento legal consagra medios concretos de resguardo que le permiten a la (\u2026) quejosa controvertir, a trav\u00e9s de alternas sendas jur\u00eddicas, los hechos en que soporta la queja constitucional, espec\u00edficamente el recurso de revisi\u00f3n \u2026con que puede poner en conocimiento del juez natural las irregularidades aqu\u00ed planteadas; luego, no es dable pretender el reemplazo de los instrumentos legales mediante esta excepcional v\u00eda, porque el juez de tutela no puede actuar como si fuera el competente, seg\u00fan aqu\u00ed se persigue\u00bb (CSJ STC, 13 feb. y 12 dic. 2013, rads. 00211-00 y 02757-00, reiterado en STC1702-2016, 15 feb. 2016, rad. 2015-00505-01). <\/p>\n
Y en otra ocasi\u00f3n se expuso: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) es evidente que concurre la causal de improcedencia contemplada en el Art. 6\u00ba, numeral 1\u00ba del Decreto 2591 de 1991, pues el ordenamiento jur\u00eddico consagra medios ordinarios de defensa, ciertamente eficaces, que le permiten a la accionante controvertir mediante otro mecanismo legal, concretamente (\u2026) el recurso de revisi\u00f3n, los hechos que soportan la queja constitucional, de manera que puede poner en conocimiento del juez competente las irregularidades aqu\u00ed planteadas, entre ellas, la indebida notificaci\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 24 sep. 2008, rad. 00144-01, reiterada en STC2435-2015, 5 mar.) (Negrillas de la Corte). <\/p>\n
3.2. De otra parte, dada la idoneidad de la herramienta judicial rese\u00f1ada, la cual no acredit\u00f3 la accionante haber utilizado, no procede la salvaguarda ni siquiera en pos de la protecci\u00f3n transitoria; en tal sentido, en otro pronunciamiento en esta misma sede, dijo la Sala, <\/p>\n
\u00abEn cierre, no es posible acceder al amparo, ni siquiera de manera transitoria, porque el recurso de revisi\u00f3n al que se ha hecho referencia, se muestra id\u00f3neo para solventar las quejas de la accionante, en la medida en que fue justamente dise\u00f1ado para analizar vicisitudes como las que en su demanda de amparo expone, sin que se evidencie la necesidad de intervenir anticipadamente en tal determinaci\u00f3n, pues la promotora de la acci\u00f3n no se encuentra en ninguna situaci\u00f3n calamitosa, de tal magnitud, que no pueda acudir a la justicia ordinaria en pos de una soluci\u00f3n a sus reparos\u00bb (CSJ STC15701-2016, 26 oct., rad. 00378-01). <\/p>\n
Recu\u00e9rdese que, atendido el car\u00e1cter residual de la tutela, en ning\u00fan momento se puede entender como un mecanismo instituido para reemplazar los instrumentos establecidos por el legislador para la efectiva y adecuada defensa de las garant\u00edas procesales de los intervinientes en un proceso, pues considerar tal posici\u00f3n conllevar\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
De ah\u00ed que, resulte claro, que si no se han agotado todos los recursos que brinda el ordenamiento procesal, por medio de la queja constitucional no se puede proveer la soluci\u00f3n de una cuesti\u00f3n que corresponde dirimir al juez ordinario. <\/p>\n
En definitiva, la inobservancia del criterio de procedibilidad resaltado emerge suficiente para declarar la inviabilidad del auxilio. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
La presente demanda desatiende el car\u00e1cter subsidiario, ya que frente a la reclamaci\u00f3n que plantea la gestora del amparo, esto es, la indebida notificaci\u00f3n o falta de enteramiento del tr\u00e1mite de restituci\u00f3n de tierras en cuesti\u00f3n, existe un mecanismo procesal pertinente \u2013 recurso de revisi\u00f3n \u2013 a trav\u00e9s del cual puede alegar tal irregularidad. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, DECLARA IMPROCEDENTE el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 El art\u00edculo 92 de la Ley 1448 de 2011 – Por la cual se dictan medidas de atenci\u00f3n, asistencia y reparaci\u00f3n integral a las v\u00edctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones. \u2013 que regula el tr\u00e1mite del proceso de restituci\u00f3n de tierras despojadas, contempla el recurso de revisi\u00f3n de la sentencia: \u00abART\u00cdCULO 92. RECURSO DE REVISI\u00d3N DE LA SENTENCIA. Contra la sentencia se podr\u00e1 interponer el recurso de revisi\u00f3n ante la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, en los t\u00e9rminos de los art\u00edculos 379 y siguientes del C\u00f3digo de Procedimiento Civil [hoy 355 del C\u00f3digo General del Proceso]. <\/p>\n
<\/p>\n
La Corte Suprema de Justicia proferir\u00e1 los autos interlocutorios en un t\u00e9rmino no mayor de diez (10) d\u00edas y decisi\u00f3n en un t\u00e9rmino m\u00e1ximo de dos (2) meses\u00bb. <\/p>\n
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