STC3947-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
STC3947-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2023-00424-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintis\u00e9is de abril de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de abril de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal el 14 de marzo de 2023, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Dilma de Jes\u00fas Vergel de Celis contra la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00b0 4 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, tr\u00e1mite al que fueron vinculados la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, el Juzgado Treinta y Tres Laboral del Circuito de esta ciudad y la Unidad de Pensiones y Parafiscales UGPP y citados los dem\u00e1s intervinientes en el proceso ordinario con radicado n\u00b0 2011-00064. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La solicitante por apoderado judicial invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, defensa y contradicci\u00f3n, entre otros, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial accionada, en el referido asunto. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que promovi\u00f3 juicio ordinario laboral contra el Fondo Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, con el fin de obtener el reconocimiento y pago de la pensi\u00f3n de sobrevivientes, con ocasi\u00f3n del fallecimiento de su esposo Arnulfo Celis Balaguera ocurrido el 19 de diciembre de 2003, as\u00ed como de los intereses moratorios y la indexaci\u00f3n de las mesadas pensionales causadas. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que el Juzgado Treinta y Tres Laboral del Circuito de Bogot\u00e1, en sentencia de 16 de agosto de 2011 declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de inexistencia de la obligaci\u00f3n y absolvi\u00f3 a la demandada, decisi\u00f3n que confirm\u00f3 la Sala Laboral del Tribunal Superior de esta ciudad el 14 de agosto de 2012. <\/p>\n
Adujo que la Sala de Casaci\u00f3n accionada concluy\u00f3 que su esposo Arnulfo Celis Balaguera caus\u00f3 el derecho pensional reclamado en los t\u00e9rminos del par\u00e1grafo del art\u00edculo 41 de la Convenci\u00f3n Colectiva de Trabajo al momento en que cumpli\u00f3 los 20 a\u00f1os de servicios vinculado a la Caja Agraria, encontrando de esa forma que el Tribunal err\u00f3 en su decisi\u00f3n, no obstante, consider\u00f3 que, aunque ella ten\u00eda la condici\u00f3n de c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite no pod\u00eda acceder al derecho al no acreditar la convivencia, lo que fue demostrado en el proceso, por lo que no era objeto de discusi\u00f3n en el recurso extraordinario, ya que \u00e9ste \u00abse ventil\u00f3 como un asunto puro de derecho\u00bb. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo narrado, solicit\u00f3 dejar sin efectos la sentencia SL2393-2020 de 30 de junio de 2020 y, en su lugar, ordenar a la Sala de Casaci\u00f3n accionada proferir una nueva providencia con base en los expedientes del proceso laboral con sujeci\u00f3n a lo preceptuado en los art\u00edculos 13, 29 y 48 y al principio de favorabilidad consagrado en el art\u00edculo 53 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y conforme a las pretensiones de la demanda. <\/p>\n
De manera subsidiaria, solicit\u00f3, \u00aben aras de la econom\u00eda procesal y en vista de que la Corte Suprema de Justicia se niega en algunos casos a acatar las decisiones de la Corte Constitucional, se solicita que la Corporaci\u00f3n que decida la tutela dicte la sentencia en los t\u00e9rminos anteriormente planteados y ordene su cumplimiento directamente por parte de la Entidad demandada Unidad de Gesti\u00f3n Pensional y Contribuciones Parafiscales de La Protecci\u00f3n Social UGPP\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Treinta y Tres Laboral del Circuito de Bogot\u00e1 relat\u00f3 las actuaciones del proceso cuestionado y remiti\u00f3 el link de acceso al expediente digital. <\/p>\n
2. La Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protecci\u00f3n Social \u2013UGPP solicit\u00f3 declarar la improcedencia del amparo, argumentando que la decisi\u00f3n proferida en sede de casaci\u00f3n, se ajust\u00f3 al ordenamiento legal y al precedente jurisprudencial que regula el tema, adem\u00e1s porque la acci\u00f3n de tutela no puede ser utilizada como una tercera instancia y tampoco es un mecanismo judicial id\u00f3neo para el reconocimiento de prestaciones, m\u00e1xime cuando ya se ha pronunciado el juez competente de la causa. <\/p>\n
3. El Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del presente tr\u00e1mite por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva y se\u00f1al\u00f3 que actualmente es la UGPP, la que posee toda la informaci\u00f3n f\u00edsica y magn\u00e9tica respecto de la Caja de Cr\u00e9dito Agrario Industrial y Minero con la que contaba esta Entidad. <\/p>\n
4. De los documentos adjuntos, no se observ\u00f3 pronunciamiento por parte de los dem\u00e1s convocados. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal, declar\u00f3 la improcedencia del amparo al estimar el incumplimiento del presupuesto de la inmediatez, toda vez que la decisi\u00f3n cuestionada se profiri\u00f3 el 30 de junio de 2020, y se notific\u00f3 en edicto del 22 de julio del mismo a\u00f1o, y la solicitud de protecci\u00f3n constitucional se present\u00f3 hasta marzo de 2023, es decir, m\u00e1s de 2 a\u00f1os y 7 meses desde la presunta vulneraci\u00f3n, lapso que para el caso concreto se ofrec\u00eda desproporcionado. <\/p>\n
Con todo, se\u00f1al\u00f3 que a\u00fan si se diera por superada dicha falencia, en raz\u00f3n a que en algunos casos se ha indicado que la vulneraci\u00f3n permanece en el tiempo y se est\u00e1 frente a una situaci\u00f3n de vulnerabilidad, no advert\u00eda una circunstancia que habilitara la intervenci\u00f3n del juez de tutela, porque lo alegado en el escrito inicial ya hab\u00eda sido expuesto y analizado por la Sala de Descongesti\u00f3n accionada en la sentencia de casaci\u00f3n, la cual contiene una interpretaci\u00f3n razonable y responde a las consideraciones del caso concreto, contrario al querer de la actora, quien pretende hacer uso de la acci\u00f3n de tutela como una instancia adicional al proceso. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Fue formulada por la accionante, quien adem\u00e1s de insistir en los argumentos iniciales, manifest\u00f3 su desacuerdo frente a lo afirmado por el a quo constitucional sobre el requisito de la inmediatez, argumentando que, si bien la sentencia cuestionada fue notificada el 21 de julio de 2020, lo cierto es que el expediente entr\u00f3 al despacho de uno de los Magistrados para la elaboraci\u00f3n del salvamento de voto y solo hasta el 5 de mayo de 2022 se recibi\u00f3 en la secretar\u00eda de la Sala accionada. <\/p>\n
Por otra parte, reiter\u00f3 que en instancias nunca fue puesta en duda la convivencia con su esposo, por lo que ha debido la Corte declarar la forma o condici\u00f3n en la cual ella, en calidad de c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite, pod\u00eda acceder al derecho pensional reclamado, y en ese sentido solicit\u00f3 que se verifiquen las pruebas que obran en el expediente. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Recuerda la Sala que en l\u00ednea de principio, la acci\u00f3n de tutela no procede contra las providencias o actuaciones judiciales, pues significar\u00eda un desconocimiento de los principios contemplados en los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, no obstante, cuando los funcionarios judiciales incurran en un proceder abiertamente opuesto al ordenamiento legal, sin ninguna objetividad y, los interesados no cuenten con otro medio de defensa judicial, esta jurisdicci\u00f3n est\u00e1 llamada a intervenir en aras de evitar la vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales involucradas. <\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, Dilma de Jes\u00fas Vergel de Celis acude a este mecanismo excepcional en busca de la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que considera vulnerados con la sentencia SL2393-2020 proferida por la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00ba 4 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral el 30 de junio de 2020, a trav\u00e9s de la cual dispuso no casar la decisi\u00f3n del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 y pese a determinar que el ad quem hab\u00eda errado en su decisi\u00f3n, no otorg\u00f3 el reconocimiento de la pensi\u00f3n de sobrevivientes reclamada, al considerar que, aun cuando la demandante ten\u00eda la condici\u00f3n de c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite no pod\u00eda acceder al derecho, al no acreditar la convivencia con el causante como lo exige la ley. <\/p>\n
3. De manera preliminar debe se\u00f1alarse que si bien la acci\u00f3n de tutela fue formulada en marzo de 2023, es decir transcurridos alrededor de 2 a\u00f1os y 7 meses despu\u00e9s de notificada la decisi\u00f3n que resolvi\u00f3 el recurso de casaci\u00f3n, lo cierto es que el presupuesto temporal que ha establecido la jurisprudencia para la procedencia del amparo se tiene por superado, teniendo en cuenta que la controversia recae sobre derechos pensionales que revelan el car\u00e1cter de irrenunciables e imprescriptibles, cuya presunta afectaci\u00f3n se considerar\u00e1 actual (CSJ. STC6492-2021 reiterada en la STC7852-2022). <\/p>\n
4. Ahora bien, analizados los aspectos que fundamentan la inconformidad de la peticionaria se anticipa la confirmaci\u00f3n de la providencia impugnada, teniendo en cuenta que una vez examinados los argumentos expuestos por la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00b0 4 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, no se identific\u00f3 el ejercicio de una actividad judicial arbitraria susceptible de ser remediada a trav\u00e9s de esta v\u00eda extraordinaria, como pasa a exponerse. <\/p>\n
4.1 En efecto, en la decisi\u00f3n cuestionada la Sala accionada indic\u00f3 que la recurrente bas\u00f3 su ataque en acreditar el error del Tribunal Superior, al considerar que su esposo no dej\u00f3 causada la pensi\u00f3n convencional que se pretend\u00eda sustituir, con el argumento de que el par\u00e1grafo primero del art\u00edculo 41 de la Convenci\u00f3n Colectiva de Trabajo vigente en la entidad empleadora a la fecha de desvinculaci\u00f3n, exig\u00eda para su causaci\u00f3n 20 a\u00f1os de servicios y 55 de edad. <\/p>\n
En ese orden, plante\u00f3 como problema jur\u00eddico, determinar si el fallador de segunda instancia err\u00f3 al considerar que Arnulfo Celis Balaguera no caus\u00f3 la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n convencional para negar la procedencia de la sustituci\u00f3n prestacional solicitada por la demandante. <\/p>\n
Luego de estudiar el texto convencional acusado, se\u00f1al\u00f3 que el par\u00e1grafo primero permit\u00eda concluir que el \u00fanico requisito necesario para la estructuraci\u00f3n del derecho era acreditar 20 a\u00f1os de servicios a la Caja Agraria, porque el cumplimiento de la edad constitu\u00eda una condici\u00f3n propia de exigibilidad de la prestaci\u00f3n, fundamento que se acompasaba con lo ense\u00f1ado por esa Corporaci\u00f3n en casos similares, sentencias SL289-2018, SL 3565-2019, SL 820-2019 y SL 3280-2019. <\/p>\n
En ese orden, concluy\u00f3 que Arnulfo Celis Balaguera caus\u00f3 el derecho pensional en los t\u00e9rminos del acuerdo convencional, al momento en que cumpli\u00f3 los 20 a\u00f1os de servicios vinculado a la Caja Agraria y determin\u00f3 que el Tribunal incurri\u00f3 en error. <\/p>\n
Posteriormente, se refiri\u00f3 al r\u00e9gimen legal aplicable para efectos del reconocimiento de la sustituci\u00f3n pensional y se\u00f1al\u00f3 que la disposici\u00f3n aplicable para su procedencia era el art\u00edculo 13 de la Ley 797 de 2003, vigente al momento del fallecimiento del causante y no la Ley 12 de 1975 como lo hab\u00eda afirmado la demandante. <\/p>\n
Al respecto, indic\u00f3 que seg\u00fan lo estipulado en el canon 13 de la Ley 797 de 2003, es requisito que la c\u00f3nyuge acredite la convivencia con el pensionado por un lapso no inferior a 5 a\u00f1os, con el fin de consolidar su derecho a la sustituci\u00f3n pensional y, cit\u00f3 la sentencia SL1576-2019 para explicar que esa Corporaci\u00f3n ha establecido que la convivencia tiene lugar cuando entre las personas en relaci\u00f3n existi\u00f3 en vida un v\u00ednculo din\u00e1mico y actuante de solidaridad y acompa\u00f1amiento espiritual y econ\u00f3mico, sustentado en lazos afectivos, morales, de socorro y ayuda mutua. <\/p>\n
Al referirse al caso estudiado, se\u00f1al\u00f3, <\/p>\n
(\u2026) En el presente asunto, la controversia se centr\u00f3 en el asunto espec\u00edfico de la determinaci\u00f3n de la norma aplicable para estudiar la procedencia de la sustituci\u00f3n, por lo que la demandante prescindi\u00f3 de la prueba de los requisitos legales que deb\u00eda satisfacer para obtener la prestaci\u00f3n demandada. <\/p>\n
Ahora bien, al margen de la disposici\u00f3n invocada, correspond\u00eda a la demandante la asunci\u00f3n de la carga de la prueba en cuanto a la procedencia de su pretensi\u00f3n, lo que no sucedi\u00f3. <\/p>\n
Por eso, se requerir\u00e1 la satisfacci\u00f3n de un est\u00e1ndar probatorio de prueba necesaria, siendo tal aquella de cuya demostraci\u00f3n depende la causaci\u00f3n del efecto jur\u00eddico pretendido, de modo tal que, de no darse, no es posible la consolidaci\u00f3n del derecho subjetivo reclamado. <\/p>\n
Esto, tra\u00eddo al caso en examen, implica que, para obtener el reconocimiento de la sustituci\u00f3n pensional, la demandante deber\u00e1 demostrar el cumplimiento del requisito de convivencia exigido por el art\u00edculo 13 de la Ley 797 de 2003, como regla de carga probatoria, y el juez conceder\u00e1 la pretensi\u00f3n cuando encuentre acreditada la satisfacci\u00f3n de dicho requisito sin que haya lugar a dudas razonables, como regla de juicio al amparo de lo dispuesto por el art\u00edculo 61 del C\u00f3digo Procesal del Trabajo y la Seguridad Social\u00bb. <\/p>\n
Asimismo, explic\u00f3 que, si el demandante no satisface la carga que le fija el est\u00e1ndar, o el juez tiene dudas razonables, la consecuencia procesal ser\u00e1 la negaci\u00f3n de la pretensi\u00f3n, habida cuenta que el requisito exigido para su procedencia no se acredit\u00f3. <\/p>\n
Destac\u00f3 que, revisado el expediente, se encontraba demostrada la existencia del v\u00ednculo conyugal entre Dilma de Jes\u00fas Vergel de Celis y Arnulfo Celis Balaguera, seg\u00fan certificado civil de matrimonio obrante en el plenario, -circunstancia que no se discut\u00eda-, no obstante, determin\u00f3 que, adem\u00e1s, se requer\u00eda acreditar la convivencia de acuerdo con el literal a) del art\u00edculo 13 de la Ley 797 de 2003, lo que no ocurri\u00f3. <\/p>\n
Igualmente, agreg\u00f3: <\/p>\n
\u00abPor otra parte, a folio 180 del expediente, se encuentra una certificaci\u00f3n expedida por el Juzgado Quinto Penal del Circuito de C\u00facuta, del 7 de febrero de 1997, mediante la cual se establece que el se\u00f1or Celis Balaguera se encontraba privado de la libertad, como responsable de la comisi\u00f3n de un delito, por 45 meses, efectivos desde el 21 de febrero de 1996. <\/p>\n
Siendo este el \u00fanico material probatorio existente en el expediente, la Sala considera que es razonable establecer que la se\u00f1ora Vergel de Celis no cumpli\u00f3 con la obligaci\u00f3n de acreditar el requisito de convivencia exigido, toda vez que, considerando la condici\u00f3n objetiva del se\u00f1or Celis Balaguera, y sin que hubiese prueba en el expediente que la acredite m\u00e1s all\u00e1 de la privaci\u00f3n de la libertad, ni con posterioridad al cumplimiento de la pena que le fuera impuesta\u00bb. <\/p>\n
4.2. Con fundamento en esas consideraciones, determin\u00f3 que si bien se demostr\u00f3 el error en el que incurri\u00f3 el Tribunal Superior de Bogot\u00e1, no casar\u00eda la decisi\u00f3n recurrida, en raz\u00f3n a que la conclusi\u00f3n a la que llegaba esa Corporaci\u00f3n era la misma, aunque sustentada en otras razones, como quiera que Dilma de Jes\u00fas Vergel de Celis \u00abprescindi\u00f3 de demostrar los presupuestos f\u00e1cticos de su pretensi\u00f3n, al punto que el juzgado, a efectos del decreto de pruebas, se limit\u00f3 a la documental, descartando los testimonios al asumir que la controversia era una \u00abde puro derecho\u00bb y la se\u00f1ora Vergel de Celis no acredit\u00f3 el requisito de convivencia exigido por el literal b) del art\u00edculo 13 de la Ley 797 de 2003 para obtener el reconocimiento pensional demandando\u00bb. <\/p>\n
5. De las anteriores consideraciones, se\u00f1ala la Sala que tal y como se anunci\u00f3, la sentencia constitucional impugnada habr\u00e1 de ser confirmada, como quiera que no se evidenci\u00f3 desafuero o arbitrariedad manifiesta que revele los defectos alegados por Dilma de Jes\u00fas Vergel de Celis y que imponga la intervenci\u00f3n de esta especial jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
Lo anterior teniendo en cuenta que, la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00b0 4 fundament\u00f3 su decisi\u00f3n en el razonable entendimiento de las normas aplicables al caso concreto, las pruebas aportadas y la jurisprudencia de esa Corporaci\u00f3n que rige la materia, lo que le llev\u00f3 a concluir que si bien Tribunal Superior de Bogot\u00e1 err\u00f3 en su pronunciamiento, lo cierto era que la sentencia recurrida no pod\u00eda ser casada, porque la demandante no acredit\u00f3 el requisito de convivencia exigido por el literal b) del art\u00edculo 13 de la Ley 797 de 2003 para obtener el reconocimiento del derecho pensional, carga probatoria que no cumpli\u00f3, sumado a que la Sala de Casaci\u00f3n tampoco encontr\u00f3 prueba en el expediente que diera cuenta de ella. <\/p>\n
6. As\u00ed las cosas, las divergencias exteriorizadas por Dilma de Jes\u00fas Vergel de Celis a trav\u00e9s del presente medio residual y subsidiario, frente a lo decidido en la sentencia objeto de su inconformidad, no resultan suficientes para que acuda al juez constitucional, con el fin de discutir los fundamentos de la autoridad judicial en el \u00e1mbito de sus competencias o para reabrir un debate ya definido por el juzgador correspondiente. (CSJ. STC 15 feb. 2011, exp. 01404, reiterada en la STC 1212-2022). <\/p>\n
N\u00f3tese que los cuestionamientos de la actora no tienen la entidad suficiente para disponer la modificaci\u00f3n de la sentencia cuestionada, pues en estrictez, ante su expectativa de que en esta sede se efect\u00fae la valoraci\u00f3n de las pruebas allegadas en el tr\u00e1mite ordinario o se determine si las mismas fueron apreciadas correctamente, se destaca que la Sala ha reiterado en m\u00faltiples oportunidades, que es en este punto donde m\u00e1s se demuestra la autonom\u00eda e independencia del Juez, ya que es \u00e9l, quien puede apreciar y valorar el material probatorio de la forma m\u00e1s id\u00f3nea, fundament\u00e1ndose en el principio de la sana cr\u00edtica, a\u00fan m\u00e1s, cuando dicha valoraci\u00f3n est\u00e1 lejos de ser caprichosa o injusta. (CSJ. STC de 25 de enero de 2012, exp. 2011-02659-00, reiterada en STC8884-2020, STC 2462-2021, STC859-2022 y STC2622-2022). <\/p>\n
7. Por \u00faltimo, se destaca que esta Sala en pronunciamientos recientes se ha referido al respeto por las decisiones judiciales, m\u00e1xime cuando se trata de organismos de cierre, salvo cuando aparezcan visibles las causales de procedibilidad del amparo. Postura que se ha venido acogiendo con m\u00e1s firmeza a partir de los precedentes STC13814-2021, STC13815-2021, STC13816-2021, STC2310-2022 y, STC3514-2022 entre otros. <\/p>\n
8. De conformidad con lo expuesto, la sentencia impugnada ser\u00e1 confirmada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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