STC3949-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC3949-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2023-01441-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintis\u00e9is de abril de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de abril de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Germ\u00e1n Eduardo Rodr\u00edguez Rodr\u00edguez contra la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y el Juzgado Diecis\u00e9is de Familia de esta ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el liquidatorio radicado bajo el n\u00b0 2018-00936. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en su propio nombre, el solicitante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales convocadas. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expuso que dentro del proceso de liquidaci\u00f3n de sociedad conyugal promovido en su contra por Elvia In\u00e9s Uma\u00f1a Amaya, en audiencia de inventarios realizada ante el Juzgado Diecis\u00e9is de Familia el 5 de noviembre de 2021, propuso \u00abobjeci\u00f3n a las partidas 1, 2 y 3\u00bb, el cual, \u00aba pesar de las pruebas presentadas, inclusive algunas de ellas decretadas de oficio\u00bb, se resolvi\u00f3 \u00aben escueta providencia del 12 de mayo de 2022 (\u2026), admitiendo que las partidas (\u2026) No. 1 y No. 2, correspond\u00edan a bienes de la sociedad conyugal\u00bb. <\/p>\n
Que el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra la anterior decisi\u00f3n, el tribunal lo desat\u00f3 \u00aben auto del 15 de diciembre de 2022 (\u2026), confirmando lo resuelto por el juez\u00bb, determinaci\u00f3n esta que considera lesiva a sus intereses, pues en su sentir existen \u00abrazones v\u00e1lidas por las cuales las dos partidas (predio \u201cRubymar\u201d partida No. 1) y (predio \u201cEl Zulia\u201d, partida No. 2), no hacen parte de la sociedad conyugal, como equivocadamente se resolvi\u00f3 en la providencia del juzgado, confirmada por el tribunal\u00bb. <\/p>\n
Que los predios en comento, \u00abfueron adquiridos como resultado de las sucesiones de mis padres y de mi hermano, como antecesores [suyos]\u00bb, en tanto que \u00abrecib\u00ed por herencia derechos sociales en la sociedad \u201cGanader\u00eda Rubymar Ltda.\u201d- respecto de la finca \u201cRubymar\u201d-, [e igualmente] en la sociedad \u201cInversiones Agropecuarias El Bosque Ltda.\u201d \u2013 respecto de la finca \u201cEl Zulia\u201d-, constitu\u00ed (\u2026) la sociedad familiar \u201cRodr\u00edguez Uma\u00f1a y C\u00eda., S. en C., y solicit\u00e9 que en cumplimiento de un convenio firmado por la otra heredera, mi hermana Mar\u00eda Teresa Rodr\u00edguez de V\u00e9lez, que se le transfiriera el dominio de la[s] finca[s] a la sociedad \u201cRodr\u00edguez Uma\u00f1a y C\u00eda. S. en C.\u201d; pero [como esta], (\u2026) entr\u00f3 en problemas financieros, de com\u00fan acuerdo entre los socios se design\u00f3 un liquidador independiente, quien procedi\u00f3 a disolver y liquidar la sociedad y entregar en daci\u00f3n en pago al suscrito\u00bb. <\/p>\n
3. Se infiere que lo pretendido es que se invalide lo resuelto sobre la objeci\u00f3n a la audiencia de inventarios y aval\u00faos, y se ordene reconsiderar la exclusi\u00f3n de las partidas 1 y 2 que relacion\u00f3 su contraparte. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Secretar\u00eda de la colegiatura acusada, remiti\u00f3 el link para acceder al respectivo expediente. <\/p>\n
2. El Juez Diecis\u00e9is de Familia de Bogot\u00e1, present\u00f3 informe de las actuaciones surtidas en el asunto objeto del actual cuestionamiento. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, vulner\u00f3 las prerrogativas fundamentales invocadas por el accionante, al resolver, en segundo grado, la objeci\u00f3n formulada a los inventarios y aval\u00faos presentados dentro del liquidatorio n\u00b0 2018-00936, o si, por el contrario, tal determinaci\u00f3n denota razonabilidad que impida la intervenci\u00f3n del fallador constitucional. <\/p>\n
Esto, porque si bien la queja constitucional tambi\u00e9n se dirigi\u00f3 contra el Juzgado Diecis\u00e9is de Familia de la misma ciudad, el examen se circunscribir\u00e1 a la providencia dictada por su superior funcional, en la medida en que corresponde a la definici\u00f3n del caso ac\u00e1 debatido, puesto que \u00abes inane detenerse [al an\u00e1lisis de la providencia inicial cuando \u00e9sta] al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may. 2014, rad. 00834-00, citada entre otras en STC2485-2023, 15 mar., rad. 00938-00). <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Conforme a la decantada jurisprudencia de esta Corte, en l\u00ednea de principio la salvaguarda no procede contra esta clase de actuaciones, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
Tambi\u00e9n, es imprescindible que cuando se trate de desafuero procesal, \u00e9ste sea determinante o influya en la decisi\u00f3n; que el actor identifique los hechos generadores de la vulneraci\u00f3n; que la providencia criticada no sea sentencia de tutela; y, finalmente, que se haya configurado alguno de los defectos de orden sustantivo, org\u00e1nico, procedimental, f\u00e1ctico, error inducido, o se trate de una decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, desconocimiento del precedente jurisprudencial o se haya violado directamente la Constituci\u00f3n. <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
Analizados los argumentos de la presente reclamaci\u00f3n con observancia en las piezas procesales adosadas al expediente, la Corte desestimar\u00e1 el resguardo implorado, porque para proferir la providencia censurada, la colegiatura acusada -actuando en sala unitaria de decisi\u00f3n-, no incurri\u00f3 en yerro espec\u00edfico de procedibilidad que justifique quebrantarla a trav\u00e9s de este mecanismo supralegal. <\/p>\n
3.1. En efecto, para que el ad quem resolviera \u00abconfirmar\u00bb el auto proferido el 12 de mayo de 2022, mediante el cual el Juzgado Diecis\u00e9is de Familia de Bogot\u00e1 defini\u00f3 las objeciones planteadas por el all\u00ed demandado, en el sentido de \u00abtener la inclusi\u00f3n de las partidas relacionadas como activos dentro del liquidatorio [n\u00b0 2018-00936], esto es, la partida primera y segunda\u00bb, se vali\u00f3 de una motivaci\u00f3n que obedece a un criterio jur\u00eddicamente razonable. <\/p>\n
En ese sentido, partiendo de la aserci\u00f3n de que en este asunto estaba demostrado que \u00ablos bienes que componen las partidas 1\u00aa y 2\u00aa del escrito de inventario allegado por la actora, fueron adquiridos por el apelante en vigencia de la sociedad conyugal\u00bb, y que por tanto el problema jur\u00eddico se encaminaba a determinar si \u00abtal adquisici\u00f3n fue a t\u00edtulo oneroso\u00bb, en tanto el c\u00f3nyuge adujo \u00abque lo fue en daci\u00f3n en pago, esto es, que los recibi\u00f3 para solventar una deuda que una sociedad ten\u00eda para con \u00e9l\u00bb, preliminarmente concluy\u00f3 que, \u00abefectivamente tales rubros pertenece al haber com\u00fan de los consortes\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed, frente a la alegaci\u00f3n del se\u00f1or Rodr\u00edguez en cuanto a que los referidos bienes ra\u00edces ingresaron a su patrimonio por el modo previsto en el art\u00edculo 673 del C\u00f3digo Civil, esto es, sucesi\u00f3n por causa de muerte, a juicio de la sala enjuiciada, \u00abpor ninguna parte de las pruebas allegadas puede evidenciarse semejante situaci\u00f3n y, por el contrario, bien puede verse de las copias de las escrituras correspondientes y de los folios de matr\u00edcula inmobiliaria que, efectivamente, la consecuci\u00f3n de los inmuebles se dio para la cancelaci\u00f3n de una deuda que las empresas propietarias de los mismos, ten\u00edan para con [el objetante]\u00bb. <\/p>\n
Tras lo anterior, de la revisi\u00f3n a los documentos adosados al plenario, seguidamente, el tribunal asegur\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abLo dicho significa que los predios a los que se alude entraron a formar parte de la sociedad conyugal, sin que importe que la adquisici\u00f3n se haya originado por la partici\u00f3n que el apelante haya tenido en una sociedad, pues lo que interesa, para su calificaci\u00f3n jur\u00eddica, es el t\u00edtulo por el que aparece en cabeza del respectivo c\u00f3nyuge, al momento de la disoluci\u00f3n de aquella. <\/p>\n
No desconoce la Sala lo dispuesto en los art\u00edculos 1782, 1783, 1788 y 1792 del C.C., solo que la situaci\u00f3n jur\u00eddica de los inmuebles de que aqu\u00ed se trata no se enmarca en alguna de las hip\u00f3tesis que en ellos se contemplan, porque no fueron adquiridos a t\u00edtulo gratuito (por sucesi\u00f3n por causa de muerte); tampoco aparece por parte alguna subrogaci\u00f3n que pudiera dar lugar a la exclusi\u00f3n a la que aspira el descontento; menos a\u00fan puede hablarse de capitulaciones matrimoniales, porque ellas ni siquiera se han mencionado y mucho menos se trata de alg\u00fan aumento material que acrezca alg\u00fan bien propio del citado; tampoco los predios fueron donados a don GERM\u00c1N y, por \u00faltimo, afirmar que los t\u00edtulos de adquisici\u00f3n de los bienes es anterior a la sociedad ri\u00f1e con todo el material probatorio obrante en el expediente, del cual se desprende que las daciones en pago se produjeron en vigencia de la misma\u00bb. <\/p>\n
3.2. Seg\u00fan lo que acaba de verse, los argumentos de la autoridad judicial accionada, no se muestran caprichosos o antojadizos, es decir, no revelan arbitrariedad o desmesura que sea capaz de desencadenar amenaza o vulneraci\u00f3n a la garant\u00eda esencial invocada. <\/p>\n
Por tanto, la posici\u00f3n expresada por el accionante frente a la providencia confutada, es solo una divergencia conceptual frente a la cual la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n ha reiterado que \u00abno constituye v\u00eda de hecho las meras discrepancias que se tengan con las interpretaciones normativas y las apreciaciones probatorias en las decisiones judiciales, por ser ello de competencia de los jueces [cognoscentes]\u00bb (CSJ STC, 21 jul. 1995, exp. 2397, citada en STC932-2023, 8 feb., rad. 2022-00313-01, entre otras). <\/p>\n
En ese mismo sentido esta Sala ha enfatizado que mientras la actuaci\u00f3n reprochada cuente con el suficiente soporte jur\u00eddico, la tutela no se abre paso, porque: \u00abindependientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis (\u2026)\u00bb (CSJ STC, 11 dic. 2009, exp. 02212-00, citada, entre otras, en STC2063-2023, 8 mar., rad. 00801-00). <\/p>\n
Recu\u00e9rdese que la tutela procede solo cuando lo actuado se encuentre afectado por errores superlativos y desprovistos de fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite, pues este mecanismo \u00abno est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, citada, entre otras, en STC2485-2023, 15 mar., rad. 00938-00). <\/p>\n
En relaci\u00f3n con la valoraci\u00f3n probatoria criticada por el demandante, la Sala ha venido sosteniendo que: <\/p>\n
\u00abel campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia\u00bb (CSJ STC, 24 jun. 2004, exp. 00142-01, citada entre otras en STC3437-2023, 13 abr., rad. 01235-00). <\/p>\n
En consecuencia, como ya se hab\u00eda anticipado, la decisi\u00f3n recriminada no constituye defecto espec\u00edfico de procedibilidad alguno, y, en particular, no configura el de orden f\u00e1ctico, en tanto no se produjo \u00abomisi\u00f3n probatoria arbitraria, irracional o caprichosa para no dar por probado un hecho o la circunstancia que de ella emerge clara y objetivamente (dimensi\u00f3n negativa), ni el juzgador apreci\u00f3 pruebas determinantes para la definici\u00f3n del caso que no debiera admitir ni valorar (dimensi\u00f3n positiva)\u00bb (CC T-576\/93, T-442\/94, T-538\/94, T-239\/96 y T-567\/98, reiterada en SU-241\/15); por el contrario, en el caso sub j\u00fadice, la valoraci\u00f3n se hizo sin desconocer las reglas de la sana cr\u00edtica. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Por lo discurrido, se desestimar\u00e1 el auxilio solicitado, comoquiera que la determinaci\u00f3n censurada a trav\u00e9s de este excepcional instrumento, no es producto de un subjetivo criterio que conlleve desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico y, por ende, tenga la aptitud para lesionar las prerrogativas fundamentales invocadas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo pretendido con la acci\u00f3n de la referencia. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo ac\u00e1 resuelto a las partes por un medio expedito, y de no ser impugnado, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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