STC3960-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2023-00292-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintis\u00e9is de abril de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de abril de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal el 23 de febrero de 2023, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Mar\u00eda Aracely Alzate de Arbel\u00e1ez contra la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00b0 4 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medell\u00edn y el Juzgado Trece Laboral del Circuito de esa ciudad y citadas las partes e intervinientes en el proceso ordinario con radicado n\u00b0 2017-00865, seguido contra Porvenir SA. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La solicitante a trav\u00e9s de apoderado judicial invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al m\u00ednimo vital, seguridad social, tutela judicial efectiva, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, seguridad jur\u00eddica, debido proceso, dignidad humana y trabajo, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial accionada, en el referido asunto. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que promovi\u00f3 juicio ordinario laboral contra la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesant\u00edas Porvenir SA, con el fin de obtener el reconocimiento y pago de la pensi\u00f3n de sobreviviente, con ocasi\u00f3n del fallecimiento de su hijo Leonel Jimmy Arbel\u00e1ez Alzate ocurrido el 22 de marzo de 2009, as\u00ed como el retroactivo, intereses moratorios e indexaci\u00f3n. <\/p>\n
Sostuvo que el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Medell\u00edn en sentencia de 18 de marzo de 2019 accedi\u00f3 a las pretensiones y conden\u00f3 a la demandada al pago de la prestaci\u00f3n a partir del 11 de octubre de 2014, determinaci\u00f3n que revoc\u00f3 la Sala Laboral del Tribunal Superior de esa ciudad el 10 de julio de 2020, al considerar que no se hab\u00eda demostrado la condici\u00f3n de beneficiaria de la pensi\u00f3n de sobrevivientes, al no acreditarse la dependencia econ\u00f3mica de su hijo fallecido. <\/p>\n
Inconforme con ese pronunciamiento, interpuso recurso extraordinario de casaci\u00f3n y, la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00b0 4 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral mediante sentencia SL2774-2022 de 19 de julio de 2022 dispuso no casar el fallo de segundo grado, decisi\u00f3n que tuvo un salvamento de voto. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que la Sala de Casaci\u00f3n accionada incurri\u00f3 en defecto f\u00e1ctico, al desconocer las pruebas aportadas al expediente y negarse a extraer de ellas lo referente a su condici\u00f3n de beneficiaria de la pensi\u00f3n de sobrevivientes por el fallecimiento de su hijo, misma que fue aceptada incluso por Porvenir SA, adem\u00e1s, reproch\u00f3 que hubiera descartado la confesi\u00f3n como medio de prueba v\u00e1lido. <\/p>\n
Asimismo, expuso que dicha autoridad incurri\u00f3 en defecto sustantivo, al desconocer las reglas de derecho que han sido definidas en materia de pensi\u00f3n de sobrevivientes cuando el fondo de pensiones ha reconocido y pagado la devoluci\u00f3n de saldos a quien considera beneficiario y, en violaci\u00f3n directa de la Constituci\u00f3n, al negar el reconocimiento del derecho pensional, dej\u00e1ndola en total desamparo pese a cumplir con la carga que le exigen para adquirir el mismo. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo narrado, solicit\u00f3 dejar sin efecto la sentencia SL2774-2022 y, en su lugar, ordenar a la Sala de Casaci\u00f3n accionada proferir una nueva providencia que case la sentencia del Tribunal Superior de Medell\u00edn y acceda a las pretensiones de la demanda inicial. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala Laboral del Tribunal Superior de Medell\u00edn, solicit\u00f3 negar la protecci\u00f3n constitucional, argumentando que esa Corporaci\u00f3n no ha vulnerado derecho fundamental alguno a la peticionaria. <\/p>\n
2. El Juzgado Trece Laboral del Circuito de Medell\u00edn, indic\u00f3 que, al momento de proferir sentencia de primera instancia, tuvo en cuenta las normas y jurisprudencia aplicables al caso y efectu\u00f3 un an\u00e1lisis en conjunto de la prueba legal y oportunamente aportada al proceso, la cual fue analizada conforme los criterios que orientan la sana cr\u00edtica, en ese orden, solicit\u00f3 declarar la improcedencia de la acci\u00f3n por la ausencia de vulneraci\u00f3n por ese despacho. <\/p>\n
3. La directora de Acciones Constitucionales del Fondo de Pensiones y Cesant\u00edas Porvenir SA, aleg\u00f3 falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, manifestando que la entidad llamada a atender las pretensiones de la reclamante es la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00ba 4 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral. <\/p>\n
4. BBVA Seguros de Vida Colombia SA, solicit\u00f3 declarar la improcedencia del amparo, ante la inexistencia de vulneraci\u00f3n de los derechos invocados por la actora. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal, neg\u00f3 la solicitud de amparo al considerar que la Sala de Descongesti\u00f3n n.\u00b0 4 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, no incurri\u00f3 en defecto f\u00e1ctico ni en una violaci\u00f3n directa de la Constituci\u00f3n, al no dar por probada la dependencia econ\u00f3mica de la accionante respecto de su hijo fallecido y, en consecuencia, haber negado la pensi\u00f3n de sobreviviente. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, pese a que la reclamante plante\u00f3 algunas discrepancias probatorias, no demostraban que las conclusiones de la Corporaci\u00f3n accionada fueran arbitrarias. <\/p>\n
En relaci\u00f3n a lo afirmado por la accionante, en cuanto a que no se tuvo en cuenta la \u00abconfesi\u00f3n\u00bb de Porvenir SA, en la que acept\u00f3 que ella depend\u00eda econ\u00f3micamente de su hijo, circunstancia que tambi\u00e9n se desprend\u00eda del hecho que se hubiera realizado la devoluci\u00f3n de saldos, se\u00f1al\u00f3 que nunca fue reconocido por la entidad administradora de pensiones, pues aunque el 25 de noviembre de 2009 le indic\u00f3 a la reclamante que le iba a devolver los saldos por ser beneficiaria, de tal hecho no se derivaba que la entidad hubiera estudiado y acreditado la dependencia econ\u00f3mica. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Fue formulada por la accionante, quien adem\u00e1s de insistir en los argumentos iniciales, afirm\u00f3 que el a quo constitucional err\u00f3 al avalar el razonamiento efectuado en sede de casaci\u00f3n, en el sentido de no aceptar la confesi\u00f3n de Porvenir SA sobre su calidad de beneficiaria, esto es, que esa entidad dio por demostrada v\u00eda administrativa su dependencia econ\u00f3mica de su hijo fallecido, lo que sacaba del debate probatorio esa circunstancia en el proceso ordinario tramitado. <\/p>\n
Reiter\u00f3 que el error que se le endilga a la sentencia de la Sala de Descongesti\u00f3n es haber exigido la prueba de un hecho que ya hab\u00eda sido aceptado por el fondo privado, que neg\u00f3 el derecho a la pensi\u00f3n de sobrevivientes por cuanto su hijo no dej\u00f3 la densidad de semanas en los t\u00e9rminos de ley, pero expresamente acept\u00f3 que ella era beneficiaria al depender econ\u00f3micamente de \u00e9ste, situaci\u00f3n que acept\u00f3 expresamente el juez de casaci\u00f3n, pero le rest\u00f3 trascendencia al considerar, equivocadamente, que deb\u00eda verificar el cumplimiento de los dos requisitos para acceder al derecho. <\/p>\n
Destac\u00f3 que la Sala de Casac\u00f3n Laboral permanente en sentencia SL857-2021 de 24 de enero de 2021, acept\u00f3 la posibilidad de tener por demostrada una condici\u00f3n f\u00e1ctica por el reconocimiento del fondo de pensiones de la prestaci\u00f3n que se exige, criterio pac\u00edfico del que se aleja la accionada, sobre la exoneraci\u00f3n de probar hechos que fueron aceptados por la entidad pensional en sede administrativa. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Recuerda la Sala que en l\u00ednea de principio, la acci\u00f3n de tutela no procede contra las providencias o actuaciones judiciales, pues significar\u00eda un desconocimiento de los principios contemplados en los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, no obstante, cuando los funcionarios judiciales incurran en un proceder abiertamente opuesto al ordenamiento legal, sin ninguna objetividad y, los interesados no cuenten con otro medio de defensa judicial, esta jurisdicci\u00f3n est\u00e1 llamada a intervenir en aras de evitar la vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales involucradas. <\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, Mar\u00eda Aracely Alzate de Arbel\u00e1ez acude a este mecanismo excepcional en busca de la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que considera vulnerados con la sentencia SL2774-2022 proferida por la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00ba 4 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral el 19 de julio de 2022, a trav\u00e9s de la cual dispuso no casar la del Tribunal Superior de Medell\u00edn que revoc\u00f3 el fallo de primera instancia en el que se hab\u00eda otorgado el reconocimiento de la pensi\u00f3n de sobrevivientes, en el juicio ordinario que promovi\u00f3 contra Porvenir SA. <\/p>\n
3. Analizada la inconformidad de la peticionaria se anticipa la confirmaci\u00f3n de la providencia impugnada, teniendo en cuenta que una vez examinados los argumentos expuestos por la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00b0 4 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, no se identific\u00f3 el ejercicio de una actividad judicial arbitraria susceptible de ser remediada a trav\u00e9s de esta v\u00eda extraordinaria, como pasa a exponerse. <\/p>\n
3.1 En efecto, la Sala accionada plante\u00f3 como problema jur\u00eddico, determinar si el Tribunal Superior de Medell\u00edn err\u00f3 al considerar que Mar\u00eda Aracely Alzate de Arbel\u00e1ez no ten\u00eda derecho a la pensi\u00f3n de sobrevivientes, porque no acredit\u00f3 el requisito de la dependencia econ\u00f3mica en relaci\u00f3n con su hijo fallecido. <\/p>\n
Enseguida, expuso que el cuestionamiento de la recurrente consist\u00eda en que el Tribunal se hab\u00eda equivocado al negar la prestaci\u00f3n reclamada, pues desconoci\u00f3 que Porvenir SA, acept\u00f3 su calidad de beneficiaria durante el proceso administrativo, al punto, que le otorg\u00f3 la devoluci\u00f3n de saldos por el fallecimiento de su hijo. <\/p>\n
En ese orden, se\u00f1al\u00f3 que la controversia se centraba en el segundo requisito exigido por los aludidos preceptos, consistente en la necesaria dependencia econ\u00f3mica que deb\u00eda acreditar la demandante respecto de su hijo, y se\u00f1al\u00f3 que dentro de las pruebas acusadas se encontraba la comunicaci\u00f3n de 25 de noviembre de 2009 a trav\u00e9s de la cual Porvenir SA neg\u00f3 el reconocimiento de la pensi\u00f3n, y tras reproducir el contenido de dicho escrito, indic\u00f3, <\/p>\n
(\u2026) Para la recurrente, en esta comunicaci\u00f3n se reconoci\u00f3 su calidad de beneficiaria de la prestaci\u00f3n, lo que ser\u00eda un motivo suficiente para otorgar la pensi\u00f3n de sobrevivientes, pues la \u00fanica raz\u00f3n que adujo el fondo para negar el derecho fue el incumplimiento del requisito de fidelidad al sistema el cual se declar\u00f3 inconstitucional, y por tanto no proced\u00eda. <\/p>\n
Para reforzar lo anterior, acusa la demanda inicial y su contestaci\u00f3n, indicando que se deriva una confesi\u00f3n que, en su sentir, no valor\u00f3 el juzgador. <\/p>\n
Pues bien, de entrada, se indica que en este caso la recurrente no tiene la raz\u00f3n. En efecto, Porvenir S.A. acept\u00f3 la calidad de Mar\u00eda Aracely Alzate de Arbel\u00e1ez como madre del fallecido en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 46 de la Ley 100 de 1993 modificado por el 12 de la Ley 797 de 2003, es decir, como miembro del grupo familiar del causante. <\/p>\n
Sin embargo, la entidad no concedi\u00f3 el derecho por el incumplimiento de uno de los requisitos y, en aras de resolver el pleito planteado ante la justicia ordinaria laboral, era obligaci\u00f3n del juez estudiar si la demandante acreditaba todas las exigencias que contempla la norma para otorgar la pensi\u00f3n reclamada\u00bb. <\/p>\n
Asimismo, explic\u00f3 lo se\u00f1alado por esa Sala en sentencia SL857-2021, sobre el deber del fallador de segundo grado de estudiar los supuestos de hecho de la norma pensional para advertir si est\u00e1n acreditados objetivamente en el proceso, donde se indic\u00f3 que el ad quem no pod\u00eda simplemente otorgar el derecho pensional solicitado, sin hacer el an\u00e1lisis de las disposiciones llamadas a aplicar acorde con la situaci\u00f3n f\u00e1ctica planteada, y en relaci\u00f3n con lo anterior, consider\u00f3, <\/p>\n
(\u2026) As\u00ed las cosas, el Tribunal actu\u00f3 de forma acertada al se\u00f1alar que, en primer lugar, el fondo demandando no pod\u00eda negar la pretensi\u00f3n con fundamento en el requisito de la fidelidad y, posteriormente, evaluar si acredit\u00f3 la dependencia econ\u00f3mica respecto del afiliado fallecido. <\/p>\n
Una vez efectuado ese an\u00e1lisis, el Tribunal concluy\u00f3 que la citada sujeci\u00f3n econ\u00f3mica no se demostr\u00f3, y lo cierto es que la Sala, no encuentra errada, il\u00f3gica ni descabellada esta conclusi\u00f3n. Se recuerda que la sentencia de segunda instancia viene precedida de la presunci\u00f3n de acierto y legalidad, propia de este tipo de providencias, basada en la necesidad social de que imperen los principios de certeza y confianza leg\u00edtima que generan las decisiones tomadas por un funcionario p\u00fablico que est\u00e1 investido de jurisdicci\u00f3n y competencia, en ejercicio de facultades y deberes de orden legal y constitucional. <\/p>\n
Obviamente, esa presunci\u00f3n puede ser destruida por la parte que est\u00e9 asistida de inter\u00e9s jur\u00eddico econ\u00f3mico para que se le conceda el recurso extraordinario, siempre que acierte en el planteamiento y en la demostraci\u00f3n de sus inconformidades, mediante un ejercicio que debe comenzar por la identificaci\u00f3n de los pilares sobre los que se encuentra construido el pronunciamiento que se propone combatir, de lo cual depender\u00e1 la v\u00eda y modalidad de ataque que ha de seleccionar, dada la exigencia del numeral 5 del art\u00edculo 90 del C\u00f3digo Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social\u00bb. <\/p>\n
Posteriormente, hizo referencia al cuestionamiento planteado por la actora frente a la interpretaci\u00f3n dada por el Tribunal Superior al art\u00edculo 78 de la Ley 100 de 1993, destacando que dicha Corporaci\u00f3n no hab\u00eda errado al afirmar que la devoluci\u00f3n de saldos en el R\u00e9gimen de Ahorro Individual se hac\u00eda no solo a quien tiene la calidad de beneficiario pensional sino tambi\u00e9n a los herederos del afiliado, aserci\u00f3n que soport\u00f3 citando la sentencia SL1260-2022, para luego puntualizar que siguiendo dicha jurisprudencia, no era de recibo el argumento de la demandante, en tanto que, \u00abpor el solo hecho de que el fondo demandado se refiriera a la madre del causante como beneficiaria de la devoluci\u00f3n de saldos, no significa que el juez quede exonerado de analizar si cumpl\u00eda o no con el requisito de la dependencia econ\u00f3mica, para conceder la pensi\u00f3n reclamada\u00bb. <\/p>\n
En punto al interrogatorio de parte y la declaraci\u00f3n de Eulalia del Carmen Mar\u00edn V\u00e1squez, como pruebas acusadas, sostuvo que el primero solo se hab\u00eda anunciado y, la segunda no era prueba h\u00e1bil para acudir en casaci\u00f3n. De esa forma indic\u00f3 que al no haberse acreditado alguno de los errores de hecho con las pruebas admisibles en casaci\u00f3n, esa Sala no estaba habilitada para estudiar si fue acertada la valoraci\u00f3n realizada por el ad quem respecto de dicha prueba. <\/p>\n
Finalmente, destac\u00f3, <\/p>\n
\u00abPor \u00faltimo, conviene recordar que a la luz del art\u00edculo 61 del C\u00f3digo Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, en los juicios del trabajo, los juzgadores pueden formar libremente su convencimiento \u00ab[\u2026] inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos que informan la cr\u00edtica de la prueba y atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito y a la conducta procesal observada por las partes\u00bb (CSJ SL15058-2017). <\/p>\n
As\u00ed, la apreciaci\u00f3n probatoria efectuada por el juzgador para lograr la libre formaci\u00f3n de su convencimiento no fue contraevidente o arbitraria, toda vez que realiz\u00f3 un an\u00e1lisis conjunto de las pruebas que consider\u00f3 relevantes en instancia, y concluy\u00f3 que, con tales medios, no se logr\u00f3 establecer que la demandante, depend\u00eda econ\u00f3micamente de su hijo fallecido\u00bb. <\/p>\n
3.2 Con fundamento en ese an\u00e1lisis, determin\u00f3 que resultaban suficientes para desestimar los cargos y dispuso no casar la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medell\u00edn el 10 de julio de 2020. <\/p>\n
4. Tal y como se anunci\u00f3, la sentencia constitucional impugnada habr\u00e1 de ser confirmada, como quiera que en las consideraciones de la Sala accionada no se evidenci\u00f3 desafuero o arbitrariedad manifiesta que revele los defectos f\u00e1ctico y sustantivo, alegados por Mar\u00eda Aracely Alzate de Arbel\u00e1ez y que imponga la intervenci\u00f3n de esta especial jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
Lo anterior teniendo en cuenta que, la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00b0 4 fundament\u00f3 su decisi\u00f3n en el razonable entendimiento de las normas aplicables al caso concreto, las pruebas aportadas y la jurisprudencia de esa Corporaci\u00f3n que rige la materia, determinando que el Tribunal Superior de Medell\u00edn actu\u00f3 de forma acertada al se\u00f1alar, de una parte que, Porvenir SA no pod\u00eda negar la pretensi\u00f3n con fundamento en el requisito de la fidelidad y, de otra, al concluir que la demandante no acredit\u00f3 la dependencia econ\u00f3mica en relaci\u00f3n con su hijo fallecido, por lo que el fallador cumpli\u00f3 con la obligaci\u00f3n de estudiar los supuestos de hecho de la norma pensional aplicable, en aras de determinar si se encontraban acreditados en el proceso. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, las divergencias exteriorizadas por Mar\u00eda Aracely Alzate de Arbel\u00e1ez a trav\u00e9s del presente medio residual y subsidiario, frente a lo decidido en la sentencia objeto de su inconformidad, no resultan suficientes para que acuda al juez constitucional, con el fin de discutir los fundamentos de la autoridad judicial en el \u00e1mbito de sus competencias o para reabrir un debate ya definido por el juzgador correspondiente. (CSJ. STC 15 feb. 2011, exp. 01404, reiterada en la STC 1212-2022). <\/p>\n
N\u00f3tese que los cuestionamientos de la actora no tienen la entidad suficiente para disponer la modificaci\u00f3n de la sentencia cuestionada, pues en estrictez, ante su expectativa de que en esta sede se efect\u00fae la valoraci\u00f3n de las pruebas allegadas en el tr\u00e1mite ordinario o se determine si las mismas fueron apreciadas correctamente, se destaca que la Sala ha reiterado en m\u00faltiples oportunidades, que es en este punto donde m\u00e1s se demuestra la autonom\u00eda e independencia del Juez, ya que es \u00e9l, quien puede apreciar y valorar el material probatorio de la forma m\u00e1s id\u00f3nea, fundament\u00e1ndose en el principio de la sana cr\u00edtica, a\u00fan m\u00e1s, cuando dicha valoraci\u00f3n est\u00e1 lejos de ser caprichosa o injusta. (CSJ. STC de 25 de enero de 2012, exp. 2011-02659-00, reiterada en STC8884-2020, STC 2462-2021, STC859-2022 y STC2622-2022). <\/p>\n
5. Ahora bien, en relaci\u00f3n con lo manifestado por la peticionaria en la impugnaci\u00f3n sobre la sentencia SL857-2021 de 24 de enero de 2021, en la que, seg\u00fan afirm\u00f3, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral Permanente acept\u00f3 la posibilidad de tener por demostrada una condici\u00f3n f\u00e1ctica por el reconocimiento del fondo de pensiones de la prestaci\u00f3n que se exige, resulta ser un hecho nuevo no expuesto en la demanda de tutela, situaci\u00f3n que, por lo tanto, no pudo ser controvertida por los implicados, raz\u00f3n por la cual un pronunciamiento de esta instancia frente al mismo implicar\u00eda la vulneraci\u00f3n del debido proceso y del derecho de defensa de la aqu\u00ed accionada. <\/p>\n
6. Por \u00faltimo, se destaca que esta Sala en pronunciamientos recientes se ha referido al respeto por las decisiones judiciales, m\u00e1xime cuando se trata de organismos de cierre, salvo cuando aparezcan visibles las causales de procedibilidad del amparo. Postura que se ha venido acogiendo con m\u00e1s firmeza a partir de los precedentes STC13814-2021, STC13815-2021, STC13816-2021, STC2310-2022 y, STC3514-2022 entre otros. <\/p>\n
7. De conformidad con lo expuesto, la sentencia impugnada ser\u00e1 confirmada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC3960-2023 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada Ponente Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2023-00292-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintis\u00e9is de abril de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de abril de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[61],"tags":[],"class_list":["post-72618","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-abril-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/72618","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=72618"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/72618\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=72618"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=72618"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=72618"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}