STC3964-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC3964-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 50001-22-13-000-2023-00022-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintis\u00e9is de abril de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintis\u00e9is (26) de abril de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 9 de marzo de 2023 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, en la acci\u00f3n de tutela instaurada por John Jairo Hern\u00e1ndez Valencia contra el Juzgado Tercero de Familia de esa ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el proceso objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor deprec\u00f3 el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y a la igualdad, presuntamente conculcados por la autoridad judicial accionada con ocasi\u00f3n del tr\u00e1mite de exoneraci\u00f3n de cuota de alimentos que \u00e9l promovi\u00f3 contra sus hijos Brahiam Esney y John Sebasti\u00e1n Hern\u00e1ndez, y que actualmente cursa bajo el radicado 2022-00274. <\/p>\n
2. Lo anterior con fundamento en los siguientes hechos: <\/p>\n
2.1. El 30 de agosto de 2021 el accionante promovi\u00f3 demanda de exoneraci\u00f3n de cuota de alimentos en contra de sus hijos Brahiam Esney y John Sebasti\u00e1n Hern\u00e1ndez, asunto que fue radicado bajo el n\u00famero 50-2014-00440-00, para lo cual aport\u00f3 la respectiva demanda y poder con un anexo en formato Pdf, el cual indicaba que del correo \u00abjhon.hernandez17@gmail.com\u00bb, el 18 de agosto de 2021, se remiti\u00f3 email a su apoderada con el asunto \u00abPODER EXONERACI\u00d3N\u00bb. <\/p>\n
2.2. El juez convocado inadmiti\u00f3 la demanda mediante auto de 25 de noviembre siguiente para que, entre otras cosas, el quejoso allegara poder seg\u00fan el art\u00edculo 5\u00b0 del Decreto 806 de 2020. <\/p>\n
2.3. Con posterioridad, el despacho accionado argument\u00f3 que Hern\u00e1ndez Valencia no subsan\u00f3 la demanda en los t\u00e9rminos y forma se\u00f1alados en auto de fecha 25 de noviembre de 2021, y de conformidad con lo previsto por el art\u00edculo 90 del estatuto adjetivo procedi\u00f3 a rechazar la demanda de exoneraci\u00f3n de cuota de alimentos. <\/p>\n
2.4. Por preferencia, el quejoso decidi\u00f3 presentar nuevamente la referida demanda, si\u00e9ndole asignado ante el mismo estrado judicial que profiri\u00f3 el rechazo el radicado 2022-00274. <\/p>\n
A su escrito agreg\u00f3 un mensaje de datos entre \u00e9l y su apoderada en donde remit\u00eda (con un archivo adjunto) el poder para su representaci\u00f3n en el tr\u00e1mite de exoneraci\u00f3n de cuota de alimentos. <\/p>\n
2.5. Nuevamente esta autoridad judicial profiri\u00f3 auto inadmisorio de fecha 28 de septiembre de 2022, esta vez advirti\u00f3 que se echaba de menos \u00abla evidencia de la trazabilidad de haber obtenido el poder mediante mensaje de datos, o en su defecto, dar estricto cumplimiento al art\u00edculo 74 del C.G. del P., atendiendo que, revisada la trazabilidad del poder, no se observa el contenido del archivo que se anuncia como poder\u00bb (se destaca). <\/p>\n
2.6. Hern\u00e1ndez Valencia el 3 de octubre pasado, a trav\u00e9s de correo electr\u00f3nico, present\u00f3 archivo en formato .EML, con el prop\u00f3sito de acreditar que de su e-mail envi\u00f3 un documento intitulado \u00abPODER EXONERACI\u00d3N ALIMENTOS\u00bb, as\u00ed mismo, manifest\u00f3 al juzgado que las reglas procesales vigentes para validar la suficiencia del poder no exig\u00edan que contenga firma magn\u00e9tica o manuscrita. <\/p>\n
2.7. Considerada defectuosa la subsanaci\u00f3n, la judicatura accionada rechaz\u00f3 la demanda con auto de 16 de noviembre de 2022 porque \u00abno se alleg\u00f3 trazabilidad de haber obtenido el poder mediante mensaje de datos o haberse dado cumplimiento al art\u00edculo 74 del C. G. del P., as\u00ed mismo, el poder anexo no est\u00e1 suscrito por el demandante, de conformidad con lo previsto por el art\u00edculo 90 del C. G. del P.\u00bb (se destaca). <\/p>\n
2.8. Contra esa determinaci\u00f3n el aqu\u00ed quejoso formul\u00f3 reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n, frente a la cual resolvi\u00f3 el juzgado accionado: <\/p>\n
Frente a la manifestaci\u00f3n que indica la apoderada que no se tuvo en cuenta que al subsanar los yerros advertidos por el despacho, se remiti\u00f3 en los documentos adjuntos archivo en formato de mensaje de datos; n\u00f3tese que en ninguno de los anexos allegados en p\u00e1g. 11 a 41-005EscritoSubsanacion, aparece la trazabilidad al poder exigida en el auto inadmisorio y con la interposici\u00f3n del recurso es que aporta un pantallazo enviado desde el correo del demandante el 21\/11\/2022 a las 14:39, es decir, despu\u00e9s de haberse rechazado la demanda por falta de trazabilidad en el poder a fin de evitar su autenticaci\u00f3n en notar\u00eda, sumado a que, en ese mensaje no se indica para que juzgado va dirigido, ni la clase de proceso y no aparece en el cuerpo del mensaje de datos el escrito visto en p\u00e1g. 8 y 9 -008EscritoSubsanacion, desconociendo lo establecido por el inciso 1\u00b0 del art\u00edculo 74 del C.G del P., pues, si bien es cierto, la Ley 2213 de 2022, flexibiliz\u00f3 la actuaci\u00f3n judicial en cuanto al uso de las tecnolog\u00edas, ello no significa que se hubiese modificado la ritualidad para el otorgamiento del poder especial para procesos judiciales, el cual, debe contener informaci\u00f3n que inequ\u00edvocamente demuestre la voluntad del poderdante, como lo es, el objeto para el cual fue otorgado y las facultades que se otorgan al apoderado, ya que, la posibilidad de que el poder se pueda conferir por correo electr\u00f3nico no significa que no se deban establecer las facultades y los asuntos \u201cdeterminados y claramente identificados\u201d. (se destaca). <\/p>\n
Adem\u00e1s, neg\u00f3 conceder la apelaci\u00f3n toda vez que el tr\u00e1mite de exoneraci\u00f3n de cuota de alimentos cursa en \u00fanica instancia. <\/p>\n
3. En consecuencia, el censor cuestion\u00f3 la providencia proferida el 15 de febrero \u00faltimo, pues en su criterio adolece de defecto adjetivo, v\u00eda de hecho que se configur\u00f3 al \u00abinadmitir la demanda, a pesar de haber sido subsanada dentro del t\u00e9rmino de ley y de haber aportado un archivo en formato EML que cumple con los requisitos exigidos por la ley, es un acto contrario al derecho y al procedimiento judicial\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, adem\u00e1s, el referido auto constituye un defecto sustantivo, porque el juez inadmiti\u00f3 la demanda argumentando que no se hab\u00eda presentado poder en debida forma, desconociendo que la Ley 2213 de 2022 establece de manera expresa que los poderes pueden ser otorgados por medios electr\u00f3nicos y que los mensajes de datos tienen el mismo valor probatorio que los documentos f\u00edsicos. <\/p>\n
Finalmente, precis\u00f3 la existencia del defecto f\u00e1ctico en torno a la valoraci\u00f3n de las pruebas presentadas, en particular, la trazabilidad del poder obtenido a trav\u00e9s de mensaje de datos en formato .EML. Por tanto, pidi\u00f3 dejar sin efectos el auto de 15 de febrero \u00faltimo. <\/p>\n
LAS RESPUESTA DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. La Defensor\u00eda de Familia asignada a los juzgados de Familia de Villavicencio defendi\u00f3 la prosperidad del amparo. Precis\u00f3 que el despacho accionado se equivoca al exigir del accionante el poder en un solo mensaje de datos y no como archivo anexo, pues la ley 2213 de 2022 no requiere tal formalidad, sino que por el contrario busca agilizar los procesos judiciales. <\/p>\n
2. El Juzgado Tercero de Familia de Villavicencio defendi\u00f3 la legalidad de sus actuaciones y para tal efecto precis\u00f3 que <\/p>\n
(\u2026) por un lado el poder presentado en forma primigenia \u2026no est\u00e1 suscrito por el se\u00f1or JOHN JAIRO HERN\u00c1NDEZ VALENCIA en su condici\u00f3n de demandante dentro del proceso mencionado, y por otros, con el pantallazo visto \u2026 no se demuestra la trazabilidad exigida, ni en archivos EML, ni en PDF, ello con el fin de evitar la autenticaci\u00f3n en Notaria como lo exige la norma procesal vigente (se destaca). <\/p>\n
Agreg\u00f3 que \u00abno hay convencimiento que el escrito de poder que presenta con la demanda (no firmado ni con autenticaci\u00f3n en Notaria) sea el conferido indicado con el pantallazo\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional declar\u00f3 improcedente el resguardo invocado, si bien no aval\u00f3 del todo las exigencias del fallador tutelado, s\u00ed censur\u00f3 que el actor no aportase constancia de haber usado el correo registrado de la abogada y agreg\u00f3 que la subsanaci\u00f3n con el archivo .EML no fue oportuna. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El quejoso reiter\u00f3 los argumentos expuestos en su escrito genitor. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Cuando el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, el juez de tutela debe intervenir con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico, a condici\u00f3n de que el afectado carezca de otros medios de protecci\u00f3n judicial. Al respecto, la Corte ha manifestado que, <\/p>\n
(\u2026) el juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso si \u2018se detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado (…) (STC, 11 may. 2001, rad. n.\u00b0 0183, reiterada en STC4269, 16 abr. 2015). <\/p>\n
3. La jurisprudencia constitucional ha se\u00f1alado que se configura una v\u00eda de hecho, entre otras razones, cuando \u00abcuando el juez actu\u00f3 completamente al margen del procedimiento establecido\u00bb (CC, SU453-2019). <\/p>\n
Lo anterior se conoce como defecto adjetivo, y cuando sucede, el juez constitucional queda habilitado para intervenir frente a la actuaci\u00f3n judicial que se critica y con ello, reconducir el proceso de conformidad con la constituci\u00f3n y la ley. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Del examen del expediente contentivo del proceso cuestionado se establecen las siguientes actuaciones con relevancia para la presente decisi\u00f3n: <\/p>\n
2.1. El auto de 15 de febrero \u00faltimo, aqu\u00ed acusado, confirm\u00f3 la orden de rechazo de la demanda de exoneraci\u00f3n de cuota de alimentos interpuesta por el actor contra sus hijos Brahiam Esney y John Sebasti\u00e1n Hern\u00e1ndez, y que actualmente cursa bajo el radicado 2022-00274, [pues] \u00absi bien es cierto, la Ley 2213 de 2022, flexibiliz\u00f3 la actuaci\u00f3n judicial en cuanto al uso de las tecnolog\u00edas, ello no significa que se hubiese modificado la ritualidad para el otorgamiento del poder especial para procesos judiciales, el cual, debe contener informaci\u00f3n que inequ\u00edvocamente demuestre la voluntad del poderdante\u00bb. <\/p>\n
Lo anterior en l\u00ednea de sostener su argumentaci\u00f3n de rechazo plasmada en el auto del 16 de noviembre \u00faltimo, fundada en que \u00abno se alleg\u00f3 trazabilidad de haber obtenido el poder mediante mensaje de datos o haberse dado cumplimiento al art\u00edculo 74 del C. G. del P., as\u00ed mismo, el poder anexo no est\u00e1 suscrito por el demandante, de conformidad con lo previsto por el art\u00edculo 90 del C. G. del P.\u00bb (se destaca). <\/p>\n
3. Visto lo anterior, se advierte que el fallador incurri\u00f3 en un desafuero que amerita la intervenci\u00f3n del juez constitucional como pasar\u00e1 a explicarse, previo a conceder el resguardo invocado. <\/p>\n
3.1. El art\u00edculo 11 del C\u00f3digo General del Proceso proscribe al juez exigir o cumplir formalidades innecesarias, mandato que en su calidad de principal\u00edstica advierte de entrada el criterio interpretativo con el cual deben revisarse las normas adjetivas. <\/p>\n
En complemento de esta regulaci\u00f3n, la Ley 2213 de 2022 en su art\u00edculo segundo se\u00f1al\u00f3 que en la funci\u00f3n de administrar justicia tambi\u00e9n se deb\u00eda evitar exigir y cumplir formalidades presenciales o similares, que no sean estrictamente necesarias; y por tanto, \u00ablas actuaciones no requerir\u00e1n de firmas manuscritas o digitales, presentaciones personales o autenticaciones adicionales\u00bb. <\/p>\n
ART\u00cdCULO 5\u00b0. PODERES. Los poderes especiales para cualquier actuaci\u00f3n judicial se podr\u00e1n conferir mediante mensaje de datos, sin firma manuscrita o digital, con la sola antefirma, se presumir\u00e1n aut\u00e9nticos y no requerir\u00e1n de ninguna presentaci\u00f3n personal o reconocimiento. <\/p>\n
En el poder se indicar\u00e1 expresamente la direcci\u00f3n de correo electr\u00f3nico del apoderado que deber\u00e1 coincidir con la inscrita en el Registro Nacional de Abogados. <\/p>\n
Los poderes otorgados por personas inscritas en el registro mercantil deber\u00e1n ser remitidos desde la direcci\u00f3n de correo electr\u00f3nico inscrita para recibir notificaciones judiciales. <\/p>\n
3.3. De la lectura del art\u00edculo se logra determinar con precisi\u00f3n y claridad que (i) el poder no requiere firma manuscrita, (ii) que se podr\u00e1 conferir por mensaje de datos y (iii) que, en todo caso, este se presume aut\u00e9ntico. <\/p>\n
3.4. Por lo anterior, esta sala har\u00e1 dos precisiones frente a los dos elementos jur\u00eddicos de los requisitos antes precisados, pasando por explicar (i) qu\u00e9 se entiende por mensaje de datos y (ii) en qu\u00e9 consiste la autenticidad del documento. <\/p>\n
4. Los administradores de justicia tienen el deber de procurar el uso de las tecnolog\u00edas de la informaci\u00f3n y la comunicaci\u00f3n (TIC) en la actividad judicial (regla 95 de la Ley Estatutaria de la Administraci\u00f3n de Justicia -n.\u00b0 270- y primer p\u00e1rrafo del canon 103 del C\u00f3digo General del Proceso), como ha reconocido de manera consolidada esta Sala de Casaci\u00f3n Civil (CSJ SC2420-2019, rad. 2017-01497, 4 jul. 2019, reiterada en SC4253-2019, rad. 2019-01228, 8 oct. 2019). Precisamente, en cumplimiento de ese mandato se permite que el poder judicial sea conferido por mensaje de datos sin requisitos innecesarios adicionales. <\/p>\n
4.1. Si bien el C\u00f3digo General del Proceso fue concebido para que los tr\u00e1mites se desarrollaran principalmente de forma presencial, respald\u00f3 de manera decidida el uso de las TIC en la administraci\u00f3n de justicia porque, adem\u00e1s de consagrar el referido imperativo, permiti\u00f3 realizar actuaciones judiciales \u00aba trav\u00e9s de mensajes de datos\u00bb y remiti\u00f3 a las disposiciones compatibles de la ley 527 de 1999 (art. 103). <\/p>\n
4.2. La ley 1564 de 2012 tambi\u00e9n aval\u00f3 la posibilidad de empoderar a profesionales del derecho para fines espec\u00edficos mediante escrito \u00abpresentado personalmente por el poderdante ante juez, oficina judicial de apoyo o notario\u00bb o \u00abpor mensaje de datos con firma digital\u00bb, radicar demandas \u00aben mensaje de datos\u00bb y comunicarse tanto las autoridades judiciales entre s\u00ed como con las partes \u00aba trav\u00e9s de mensajes de datos\u00bb (arts. 74, 82 y 111). <\/p>\n
4.3. Como estableci\u00f3 la Sala en STC 3134, 29 mar. 2023, rad. 2023-00018 y reitera en esta oportunidad, la noci\u00f3n de \u00abmensaje de datos\u00bb (que no puede equipararse a mensaje de correo electr\u00f3nico) hace parte de la estructura del C\u00f3digo General del Proceso para que jueces y usuarios del servicio de justicia pudieran actuar por medio de las TIC. De ah\u00ed que ese concepto fuera retomado por el decreto 806 de 2020, por supuesto, con un enfoque adicional: hacer a un lado algunas formalidades (como la firma digital o presentaciones personales, por ejemplo) con miras a cumplir su finalidad de \u00abimplementar el uso de las tecnolog\u00edas de la informaci\u00f3n y las comunicaciones en las actuaciones judiciales y agilizar el tr\u00e1mite de los procesos judiciales ante la jurisdicci\u00f3n ordinaria\u2026\u00bb, \u00abflexibilizar la atenci\u00f3n a los usuarios del servicio de justicia y contribuir a la pronta reactivaci\u00f3n de las actividades econ\u00f3micas que dependen de este\u00bb, todo para hacer frente a las circunstancias ocasionadas por la pandemia del virus Covid-19 (art. 1\u00ba). <\/p>\n
4.4. Por esa raz\u00f3n, el art\u00edculo 5\u00ba del citado decreto estableci\u00f3 que \u00ab[l]os poderes especiales para cualquier actuaci\u00f3n judicial se podr\u00e1n conferir mediante mensaje de datos, sin firma manuscrita o digital, con la sola antefirma, se presumir\u00e1n aut\u00e9nticos y no requerir\u00e1n de ninguna presentaci\u00f3n personal o reconocimiento\u00bb (se destaca). <\/p>\n
4.5. Esto traduce que, a diferencia del criterio plasmado por el juzgado accionado, debe considerarse que el poder tiene un autor conocido (pues a eso apunta la presunci\u00f3n de autenticidad prevista en la citada norma) y ser\u00e1 eficaz, siempre que, adem\u00e1s de otorgarse a un profesional del derecho, se confiera por mensaje de datos y tenga la antefirma del otorgante, sin necesidad de presentaci\u00f3n personal, reconocimiento notarial, firma manuscrita o digital, o env\u00edo desde el correo electr\u00f3nico del poderdante al del apoderado. De ah\u00ed que resulte innecesario exigir la prueba de la \u00abtrazabilidad\u00bb, para emplear una palabra de la decisi\u00f3n que motiv\u00f3 el amparo constitucional. <\/p>\n
4.6. En consecuencia, la Sala reitera que la noci\u00f3n de \u00abmensaje de datos\u00bb es mucho m\u00e1s amplia que la de \u00abmensaje de correo electr\u00f3nico\u00bb, aspecto que es relevante y, por tanto, se desarrolla a continuaci\u00f3n. <\/p>\n
4.7. El mandato 28 del C\u00f3digo Civil impone entender las \u00abpalabras de la ley\u2026 en su sentido natural y obvio, seg\u00fan el uso general de las mismas\u00bb, a menos que \u00abel legislador las haya definido expresamente para ciertas materias\u00bb, caso en que \u00abse les dar\u00e1 en estas su significado legal\u00bb. <\/p>\n
4.8. El sentido natural y obvio de \u00abmensaje\u00bb, seg\u00fan la definici\u00f3n de la Real Academia Espa\u00f1ola1, corresponder\u00eda al recado que una persona env\u00eda a otra o a la informaci\u00f3n remitida a un destinatario; es decir, el sentido coloquial de esa expresi\u00f3n tiene tres elementos: informaci\u00f3n, remitente y destinatario. <\/p>\n
4.9. No obstante, \u00abmensaje de datos\u00bb est\u00e1 lejos de ser una locuci\u00f3n natural, obvia o coloquial que permita adoptar su definici\u00f3n com\u00fan pues, adem\u00e1s de que ha sido empleada en varias oportunidades por el legislador nacional (arts. 82, 74, 103 y 111 del CGP, 5\u00ba 6\u00ba, 8\u00ba y 11 del decreto 806 de 2020, 5\u00ba, 6\u00ba, 8\u00ba y 11 de la ley 2213 de 2022) posee una definici\u00f3n legal que debe primar: <\/p>\n
\u00ab[l]a informaci\u00f3n generada, enviada, recibida, almacenada o comunicada por medios electr\u00f3nicos, \u00f3pticos o similares, como pudieran ser, entre otros, el Intercambio Electr\u00f3nico de Datos (EDI), Internet, el correo electr\u00f3nico, el telegrama, el t\u00e9lex o el telefax\u00bb (literal a del canon 2\u00ba de la ley 527 de 1999, se destaca). <\/p>\n
4.10. Seg\u00fan el criterio hermen\u00e9utico del precepto 28 del C\u00f3digo Civil, por mensaje de datos no puede entenderse solamente la informaci\u00f3n remitida a un destinatario (equivalente a un mensaje de correo electr\u00f3nico), sino que debe acogerse el sentido legal que le otorga el literal a) del art\u00edculo 2\u00ba de la ley 527 de 1999: informaci\u00f3n generada, enviada, recibida, almacenada o comunicada con un soporte electr\u00f3nico, digital, \u00f3ptico o similar. As\u00ed las cosas, mensaje de datos no es solamente el que se env\u00eda a un destinatario o que circula por medio de las TIC sino cualquier dato, declaraci\u00f3n o informaci\u00f3n que repose en un continente tecnol\u00f3gico. Es decir, el concepto de mensaje de datos es comprensivo tanto de la informaci\u00f3n que se env\u00eda como de la que no circula, siempre que repose en un continente digital, electr\u00f3nico o similar <\/p>\n
4.11. La raz\u00f3n del legislador patrio para definir de esa forma el \u00abmensaje de datos\u00bb no fue caprichosa, sino que estuvo justificada en la armonizaci\u00f3n del derecho. La ley 527 de 1999 fue resultado de que el Congreso de la Rep\u00fablica aprobara con ligeros ajustes la Ley Modelo de la Comisi\u00f3n de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI o UNCITRAL) sobre Comercio Electr\u00f3nico de 19962, como tambi\u00e9n han hecho m\u00e1s de 70 Estados que la han incorporado a su derecho interno3. <\/p>\n
4.12. Ello explica que el art\u00edculo 3\u00ba de la ley 527 de 1999 ordene su interpretaci\u00f3n atendiendo \u00absu origen internacional, la necesidad de promover la uniformidad de su aplicaci\u00f3n y la observancia de la buena fe\u00bb, as\u00ed como dirimir los asuntos no regulados con los principios que la inspiran, tales como la equivalencia funcional y la neutralidad tecnol\u00f3gica. <\/p>\n
4.13. El principio de la equivalencia funcional consiste en que si bien los documentos f\u00edsicos, las firmas manuscritas y el original tangible no son id\u00e9nticos a sus equivalentes electr\u00f3nicos, s\u00ed cumplen las mismas funciones y, por tanto, ameritan igual eficacia jur\u00eddica. La neutralidad tecnol\u00f3gica, por su parte, admite las diversas tecnolog\u00edas disponibles para enviar, generar, recibir, almacenar o comunicar documentos, firmas, originales electr\u00f3nicos o mensajes de datos y, generalmente, proscribe acoger una sola de ellas en particular, porque los avances tecnol\u00f3gicos pueden hacerla caduca con el paso del tiempo o que no est\u00e9 disponible para todos los usuarios de la administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
4.14. Precisamente la Gu\u00eda de Incorporaci\u00f3n al Derecho Interno de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Comercio Electr\u00f3nico explica: <\/p>\n
El concepto de \u201cmensaje de datos\u201d no se limita a la comunicaci\u00f3n sino que pretende tambi\u00e9n englobar cualquier informaci\u00f3n consignada sobre un soporte inform\u00e1tico que no est\u00e9 destinada a ser comunicada. As\u00ed pues, el concepto de \u201cmensaje\u201d incluye el de informaci\u00f3n meramente consignada. <\/p>\n
4.15. Vistas las cosas de esta manera, \u00abmensaje de datos\u00bb es concepto legal (las leyes 527 de 1999, 1564 de 2012,decreto 806 de 2020, ley 2213 de 2023, entre otras disposiciones) tomado de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Comercio Electr\u00f3nico que, se repite, cobija la informaci\u00f3n enviada, generada, recibida, almacenada o comunicada en formatos electr\u00f3nicos, \u00f3pticos o similares, como es el caso del poder arrimado en formato \u00abpdf\u00bb dentro del proceso cuestionado por el aqu\u00ed accionante, de ah\u00ed que si el decreto 806 de 2020 y la ley 2213 de 2023 -art. 5\u00ba de ambas regulaciones- permiten conferir poder por mensaje de datos que, adem\u00e1s, se presumir\u00e1 aut\u00e9ntico, resulte excesivo exigir requisitos adicionales para demostrar la autor\u00eda del documento. <\/p>\n
4.16. Esta interpretaci\u00f3n resulta acorde con el art\u00edculo 3\u00ba de la ley 527 de 1999 que impone su aplicaci\u00f3n de acuerdo con su origen internacional (al ser producto del trabajo de una comisi\u00f3n de las Naciones Unidas), procurando su aplicaci\u00f3n uniforme (es decir, atendiendo las recomendaciones compatibles de su gu\u00eda para la incorporaci\u00f3n al derecho interno) y el postulado de la buena fe (que por mandato del art\u00edculo 83 constitucional se presume a favor de los particulares que act\u00faan ante las autoridades p\u00fablicas). <\/p>\n
5. Ahora bien, sin precisar su contenido el juzgado accionado en reiteradas ocasiones solicit\u00f3 probar la \u00abtrazabilidad\u00bb del poder por medios tecnol\u00f3gicos. <\/p>\n
El concepto de trazabilidad hace referencia, en general, al origen de algo. Esto se traduce a que, en materia documental, la trazabilidad que exigi\u00f3 el juzgado convocado se refiere a la autor\u00eda del poder, es decir, a qui\u00e9n confiri\u00f3 su voluntad para ser representado en juicio. <\/p>\n
La autenticidad es un atributo de los documentos que, de acuerdo con el art\u00edculo 244 del C\u00f3digo General del Proceso, se cumple \u00abcuando existe certeza sobre la persona que lo ha elaborado, manuscrito, firmado, o cuando exista certeza respecto de la persona a quien se atribuya el documento\u00bb, el cual se presume tanto a favor de los \u00abdocumentos p\u00fablicos y los privados emanados de las partes o de terceros, en original o en copia, elaborados, firmados o manuscritos, y los que contengan la reproducci\u00f3n de la voz o de la imagen, se presumen aut\u00e9nticos, mientras no hayan sido tachados de falso o desconocidos\u00bb, as\u00ed como \u00ablos memoriales presentados para que formen parte del expediente, incluidas las demandas, sus contestaciones, los que impliquen disposici\u00f3n del derecho en litigio y los poderes en caso de sustituci\u00f3n\u00bb y los \u00abt\u00edtulos ejecutivos\u00bb, no s\u00f3lo en los tr\u00e1mites civiles, sino tambi\u00e9n \u00aben todos los procesos y en todas las jurisdicciones\u00bb. <\/p>\n
Esto quiere decir que documento aut\u00e9ntico es el que tiene un autor conocido, condici\u00f3n que, en l\u00edneas generales, se cumple cuando se aporte un documento a un proceso judicial, porque por mandato expreso de la ley, ese atributo se presume. <\/p>\n
Como si lo anterior fuera insuficiente, la ley 2213 de 2022, en su art\u00edculo 5\u00ba, tambi\u00e9n presume la autenticidad del poder en mensaje de datos. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, requisitos como la mencionada \u00abtrazabilidad\u00bb, por regla general no pueden ser exigidos respecto del poder conferido por mensaje de datos porque, vale la pena insistir, la ley presume expresamente su autenticidad o, lo que es igual, su origen. <\/p>\n
En consecuencia, es evidente que el Juzgado Tercero de Familia de Villavicencio: <\/p>\n
a) Desconoci\u00f3 la presunci\u00f3n de autenticidad prevista expresamente en el art\u00edculo 5\u00ba de la Ley 2213 de 2022 y que cobijaba el poder aportado en mensaje de datos, sin que fueran necesarios requisitos adicionales y; <\/p>\n
b) Desconoci\u00f3 el deber previsto en la parte final del art\u00edculo 11 del C\u00f3digo General del Proceso, que impone a los jueces abstenerse de exigir o cumplir formalidades innecesarias (como la de requerir allegar cadenas de correos electr\u00f3nicos que permitan establecer una autor\u00eda o \u00abtrazabilidad\u00bb que se presume por mandato legal). <\/p>\n
Esto es as\u00ed en tanto como se observa de una revisi\u00f3n minuciosa del expediente, el poder fue aportado en debida forma, adem\u00e1s de contener \u00e9ste datos completos, esto es indicaci\u00f3n de las partes, proceso al que se dirige, autoridad, suscriptor (que con la mera antefirma es suficiente), almacenado o generado en un mensaje de datos s\u00ed fue aportado, como consta en (i) folio 14, archivo 001ExoneracionAlimentos.pdf y (ii) en el folio 7, archivo 005EscritoSubsanacion.pdf., es decir, su autenticidad resultaba indiscutible, siendo superfluo, adem\u00e1s de alejado de la ley exigir la referida trazabilidad. <\/p>\n
6. En conclusi\u00f3n, el imperio de las fuentes jur\u00eddicas aplicables a la controversia -al que por mandato del art\u00edculo 230 constitucional est\u00e1n sometidas la Sala y la entidad judicial accionada- impon\u00eda tramitar sin m\u00e1s exigencias la demanda de exoneraci\u00f3n de cuota de alimentos, en raz\u00f3n a que el poder fue allegado en mensaje de datos que se presume aut\u00e9ntico a la luz del art\u00edculo 5\u00ba de la pluricitada norma. <\/p>\n
7. Por lo expuesto, al no haber dado curso legal al tantas veces mencionado mandato, vulner\u00f3 las prerrogativas superiores invocadas por el actor, lo que impone dejar sin valor ni efecto el auto de 15 de febrero de 2022 con que se resolvi\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n interpuesto contra el prove\u00eddo de 16 de noviembre anterior, para que en su lugar vuelva a ser analizado teniendo en cuenta las precedentes consideraciones. <\/p>\n
8. En consonancia con lo expuesto, la Corte revocar\u00e1 la decisi\u00f3n constitucional de primer grado para, en su lugar, acceder a la protecci\u00f3n reclamada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, revoca el fallo impugnado y, en su lugar, concede la protecci\u00f3n invocada. En consecuencia, dispone: <\/p>\n
Primero: Ordenar al Juzgado Tercero de Familia de Santa Villavicencio que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificaci\u00f3n de la presente decisi\u00f3n, deje sin valor y efecto el prove\u00eddo que emiti\u00f3 el 15 de febrero de 2023, dentro del proceso de exoneraci\u00f3n de cuota de alimentos que adelanta contra sus hijos Brahiam Esney y John Sebasti\u00e1n Hern\u00e1ndez, y que actualmente cursa bajo el radicado 2022-00274, en un t\u00e9rmino no superior a diez (10) d\u00edas, resuelva nuevamente el recurso reposici\u00f3n presentado contra el auto que profiri\u00f3 el 10 de octubre anterior, teniendo en cuenta lo plasmado en las precedentes consideraciones. <\/p>\n
Segundo: Con env\u00edo de copia de esta decisi\u00f3n comun\u00edquese a las partes del proceso, a los dem\u00e1s intervinientes, al juzgador a-quo constitucional y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 https:\/\/dle.rae.es\/mensaje. <\/A><\/p>\n 2\u0002 Su contenido, junto con la gu\u00eda de incorporaci\u00f3n al derecho interno, pueden consultarse en https:\/\/uncitral.un.org\/sites\/uncitral.un.org\/files\/media-documents\/uncitral\/es\/05-89453_s_ebook.pdf. <\/A><\/p>\n