STC3966-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC3966-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2023-00413-011 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintis\u00e9is de abril de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Decide la Corte las impugnaciones presentadas por Paula Goseth Mej\u00eda Aguirre, Helicol S.A., Erika Milena Jim\u00e9nez Ortiz y Luis Eduardo Mayorga P\u00e9rez contra la sentencia proferida por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 el 7 de marzo de 2023, contra la Superintendencia de Sociedades -Delegatura de procedimientos de Insolvencia-, con ocasi\u00f3n del tr\u00e1mite de reorganizaci\u00f3n empresarial que actualmente cursa Helicol S.A, al cual fueron vinculadas todas las partes e intervinientes. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Paula Goseth Mej\u00eda Aguirre, Erika Milena Jim\u00e9nez Ortiz y Luis Eduardo Mayorga P\u00e9rez en acciones independientes, acumuladas con auto de 3 de marzo de 2023, deprecaron la protecci\u00f3n a sus derechos fundamentales al trabajo, m\u00ednimo vital y debido proceso, presuntamente conculcados por la autoridad jurisdiccional accionada en el tr\u00e1mite de reorganizaci\u00f3n al que fue sometida la empresa Helicol S.A., empleadora de los ac\u00e1 accionantes. <\/p>\n
Los promotores cuestionan el tr\u00e1mite de reorganizaci\u00f3n al que fue sometida su empleadora en el marco de la Ley 1116 de 2006, y en concreto, el reconocimiento de la acreencia laboral en favor de Fernando Pe\u00f1a Baquero por la suma de $12.113.302.650 pesos, con base en una liquidaci\u00f3n parcial en la que se incluyeron conceptos no reconocidos en el proceso ejecutivo laboral que a este tr\u00e1mite se acumul\u00f3. <\/p>\n
En consecuencia, solicitan ordenar a la Superintendencia de Sociedades revocar la providencia adoptada el 3 de noviembre \u00faltimo, puesto que el juez de organizaci\u00f3n reconoci\u00f3 un valor a Pe\u00f1a Baquero que no fue fijado en el proceso laboral, lo que no solo es irregular de cara al debido proceso, sino que pone en grave riesgo la estabilidad financiera de la empresa y sus salarios, pues ellos tienen un v\u00ednculo laboral con Helicol, como jefe comercial, coordinadora financiera y jefe de control de Calidad Alta fija, respectivamente, de conformidad con los contratos de trabajo aportados al expediente. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1.Helicol S.A. relat\u00f3 las actuaciones surtidas en el proceso de reorganizaci\u00f3n empresarial establecido en la ley 1116 de 2016, se\u00f1al\u00f3 que se han cometido algunas irregularidades en dicho tr\u00e1mite, coadyuv\u00f3 las pretensiones de los quejosos, pues se\u00f1ala se pone en riesgo su estabilidad laboral al reconocer acreencias fuera del debido proceso. <\/p>\n
2.La Superintendencia cuestionada defendi\u00f3 la legalidad de sus actuaciones, para ello precis\u00f3 que <\/p>\n
(\u2026) tuvo en cuenta la cuant\u00eda relacionada en la liquidaci\u00f3n provisional aportada por el acreedor Fernando Pe\u00f1a Baquero dentro del proceso ejecutivo 2018-028, para reconocer el cr\u00e9dito dentro del pasivo del proceso de reorganizaci\u00f3n de Helicol, dicha liquidaci\u00f3n obra en la p\u00e1gina 822 del memorial 2019-01-483970 e incluye como conceptos: (i) los salarios devengados entre el 31 de enero de 2002 y el 30 de junio de 2018, (ii) primas, (iii) vacaciones, (iv) cesant\u00edas, (v) intereses a las cesant\u00edas, (vi) bonificaciones y auxilios de la convenci\u00f3n, (vii) costas procesales, es decir, que en ning\u00fan momento se reconocieron los conceptos de los cuales fue absuelto Helicol en la sentencia laboral de primera instancia, esto es: a) intereses moratorios, b) horas extras y c) vi\u00e1ticos. <\/p>\n
3. Fernando Pe\u00f1a Baquero pidi\u00f3 desestimar la queja constitucional propuesta, toda vez que su acreencia est\u00e1 sustentada en un mandamiento de pago de 23 de octubre de 2018 proferido por el juzgado de ejecuci\u00f3n laboral, con respaldo en las decisiones que reconocieron su v\u00ednculo laboral con la empresa en reorganizaci\u00f3n. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
Declar\u00f3 improcedente el resguardo invocado por los accionantes, en tanto estos no son parte del proceso de reorganizaci\u00f3n cuestionado, siendo evidente su falta de legitimaci\u00f3n en la causa para promover la presente acci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
1. Paola Goseth Mej\u00eda Aguirre reproch\u00f3 que la decisi\u00f3n de primera instancia desconoci\u00f3 sin justificaci\u00f3n las irregularidades procesales que, aduce, se han cometido por la Superintendencia de Sociedades imponi\u00e9ndole la carga de soportar un perjuicio irremediable para ella y su familia, pues su trabajo con Helicol S.A. es su \u00fanica fuente de ingresos. <\/p>\n
2. Helicol S.A. impugn\u00f3 la decisi\u00f3n de primera instancia, sosteniendo que a los demandantes s\u00ed les asiste inter\u00e9s leg\u00edtimo como colaboradores de la empresa, pues podr\u00eda verse afectado su m\u00ednimo vital, y se pondr\u00eda en riesgo su trabajo. <\/p>\n
3. Erika Jim\u00e9nez Ortiz afirm\u00f3 que, si el proceso de reestructuraci\u00f3n no es exitoso, debido a los errores del juez del concurso no se podr\u00e1 cumplir con el objetivo de la ley 1116 de 2006, cual es preservar empresas viables y normalizar sus relaciones comerciales y crediticias, lo que implica que se pondr\u00eda en grave riesgo su trabajo, afectando as\u00ed su m\u00ednimo vital. <\/p>\n
4. Luis Eduardo Mayorga P\u00e9rez, se\u00f1al\u00f3 que el juzgado no tuvo en cuenta que la afectaci\u00f3n al debido proceso de Helicol por un proceso de reestructuraci\u00f3n empresarial mal llevado lo involucra al ser trabajador de la compa\u00f1\u00eda, pues si la empresa desaparece su trabajo se perder\u00eda. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad p\u00fablica o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n
En trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Examinada la documental allegada al tr\u00e1mite tuitivo, especialmente las actuaciones surtidas en el proceso de insolvencia criticado, advierte la Sala el fracaso de la solicitud de amparo, porque es evidente que los quejosos, carecen de legitimaci\u00f3n para cuestionar por esta v\u00eda las actuaciones surtidas en el mentado juicio, por no ser parte ni intervinientes en dicho asunto. <\/p>\n
En efecto, verificado el expediente se observa que la defensa de los accionantes principales y la empresa Helicol en la impugnaci\u00f3n radica en que se ver\u00edan afectados los derechos al trabajo y al m\u00ednimo vital de Paula Goseth Mej\u00eda Aguirre, Erika Milena Jim\u00e9nez Ortiz y Luis Eduardo Mayorga P\u00e9rez como trabajadores si se comenten errores tal como el acusado en esta tutela contra la empresa en tr\u00e1mite de reestructuraci\u00f3n, no en su calidad de extremos activos o pasivos de dicho proceso. <\/p>\n
En un caso con alguna simetr\u00eda al aqu\u00ed propuesto, la Sala precis\u00f3 que: <\/p>\n
\u2018al ser evidente que la promotora de la queja carece de atribuci\u00f3n para adelantar por este medio la defensa de los derechos fundamentales reclamados dentro de un juicio donde no ostent\u00f3 la calidad de parte ni de tercero, emerge ostensible la improcedencia de la protecci\u00f3n impetrada, no siendo menester adentrarse en el contenido de la queja por cuanto lo primero excluye lo segundo\u2019 (sentencia de 26 de noviembre de 2010, exp. 11001-22-03-000-2010-01168-01, reiterada en fallo de 26 de julio de 2012, exp. No. 13001-22-13-000-2012-00198-01) (CSJ STC, 24 oct. 2012, rad. 00171-01; reiterada en STC2689-2015, 11 mar. 2015, rad. 00421-00). <\/p>\n
Lo anterior resulta suficiente para denegar el resguardo invocado, as\u00ed como para derruir los argumentos propuestos en las impugnaciones relacionadas supra. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, confirma la providencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 En el paginario del ep\u00edgrafe vienen acumuladas las acciones de tutela (impugnaciones) con radicados n.\u00b0 11001-22-03-000-2023-00419-01 y n.\u00b0 11001-22-03-000-2023-00420-01. <\/p>\n
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