STC3968-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC3968-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 85001-22-08-000-2023-00023-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintis\u00e9is de abril de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintis\u00e9is (26) de abril de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 17 de marzo de 2023 por la Sala \u00danica de Decisi\u00f3n del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal, en la acci\u00f3n de tutela que Edilia el Socorro Ochoa promovi\u00f3 contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de esa ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el proceso objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
La promotora del resguardo deprec\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y seguridad jur\u00eddica, presuntamente conculcados por la autoridad judicial accionada con ocasi\u00f3n de la declaratoria de desistimiento t\u00e1cito que se orden\u00f3 en el tr\u00e1mite de reorganizaci\u00f3n empresarial por ella promovido (85001310300120190018100). <\/p>\n
En concreto cuestion\u00f3 las providencias de (i) 22 de septiembre de 2022, que declar\u00f3 terminado el proceso de reorganizaci\u00f3n en cuanto consider\u00f3 que la quejosa no cumpli\u00f3 con la orden impartida la providencia de 19 de mayo anterior, la cual se dict\u00f3 so pena de declarar el desistimiento t\u00e1cito y (ii) 23 de febrero \u00faltimo, la cual decidi\u00f3 mantener en firme la anterior decisi\u00f3n. <\/p>\n
Estos autos, aduce la promotora, est\u00e1n viciados de defecto adjetivo porque no tuvieron en cuenta que se interrumpi\u00f3 el t\u00e9rmino para que operara el desistimiento t\u00e1cito con su solicitud de 26 de mayo de 2022, en la cual pidi\u00f3 se le reconociera como promotora en aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 35 de la ley 1429 de 2010; adem\u00e1s, reproch\u00f3 que se le impusiera la carga de notificar a los auxiliares de la justicia, pues precisamente fue la inactividad del juzgado en convocarlos al proceso, lo que motiv\u00f3 su solicitud, la cual solo se resolvi\u00f3 con el auto que declar\u00f3 el desistimiento t\u00e1cito. <\/p>\n
Por lo anterior, solicit\u00f3 dejar sin efecto las providencias aqu\u00ed cuestionadas, y en su lugar continuar con el tr\u00e1mite de reorganizaci\u00f3n. <\/p>\n
LAS RESPUESTA DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Yopal realiz\u00f3 un recuento de las actuaciones surtidas en el tr\u00e1mite de reorganizaci\u00f3n, enfatiz\u00f3 que la declaratoria de desistimiento t\u00e1cito ocurri\u00f3 por el incumplimiento de la orden impartida a la aqu\u00ed accionante el 19 de mayo pasado, m\u00e1xime porque desde el 5 de noviembre de 2019 el juzgado dej\u00f3 a disposici\u00f3n de la parte los oficios para los promotores designados, sin que Edilia del Socorro los hubiere retirado para notificarlos, por tanto oper\u00f3 la cl\u00e1usula contenida en art\u00edculo 317 del CGP. <\/p>\n
2. El Instituto Financiero de Casanare solicit\u00f3 negar el resguardo, pues en su criterio el incumplimiento de la carga atribuida a la parte es evidente. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional encontr\u00f3 razonable el pronunciamiento del juzgado accionado frente a la decisi\u00f3n que confirm\u00f3 la declaratoria de desistimiento t\u00e1cito, en cuanto consider\u00f3 que (i) como era menester garantizar la imparcialidad del promotor, lo cierto es que la solicitud de la actora resultaba improcedente, por lo que no tendr\u00eda la virtualidad de interrumpir el t\u00e9rmino y que (ii) inclusive, por interpretaci\u00f3n del art\u00edculo 8 de la ley 1116 de 2006 no era necesario siquiera librar oficios para librar oficios, sino que era carga del accionante hacer todo lo pertinente. <\/p>\n
Y frente a la queja por haberle trasladado a la ahora tutelante la carga de notificar a los promotores designados, se\u00f1al\u00f3 que tal imposici\u00f3n le hab\u00eda sido trasladada y que ello se convalid\u00f3 con actuaciones subsiguientes por la quejosa de conformidad el art\u00edculo 125 del CGP. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La quejosa reproch\u00f3 la decisi\u00f3n del juez de primera instancia, insiste que ocurri\u00f3 interrupci\u00f3n del t\u00e9rmino con su solicitud, y reiter\u00f3 que se le impuso una carga que no le correspond\u00eda, como era notificar a los auxiliares de la justicia. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Cuando el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, el juez de tutela debe intervenir con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico, a condici\u00f3n de que el afectado carezca de otros medios de protecci\u00f3n judicial. Al respecto, la Corte ha manifestado que, <\/p>\n
(\u2026) el juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso si \u2018se detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado (…) (STC, 11 may. 2001, rad. n.\u00b0 0183, reiterada en STC4269, 16 abr. 2015). <\/p>\n
3. La jurisprudencia constitucional ha se\u00f1alado que se configura una v\u00eda de hecho, entre otras razones, cuando \u00abcuando el juez actu\u00f3 completamente al margen del procedimiento establecido\u00bb (CC, SU453-2019). <\/p>\n
Lo anterior se conoce como defecto adjetivo, y cuando sucede, el juez constitucional queda habilitado para intervenir frente a la actuaci\u00f3n judicial que se critica y con ello, reconducir el proceso de conformidad con la constituci\u00f3n y la ley. <\/p>\n
4. Del examen del expediente contentivo del proceso cuestionado se advierte de entrada que el fallador accionado incurri\u00f3 en un error judicial que amerita la intervenci\u00f3n del juez constitucional como fue trasladar la carga de notificar a los auxiliares de la justicia por \u00e9l designados al usuario de la administraci\u00f3n de justicia y luego declarar el desistimiento t\u00e1cito por incumplimiento de la parte, estando pendiente de resolverse una solicitud pendiente, sin haberse surtido adem\u00e1s frente su resoluci\u00f3n el derecho de contradicci\u00f3n. <\/p>\n
Y es que, en efecto, el art\u00edculo 49 del estatuto adjetivo se\u00f1ala que la comunicaci\u00f3n del nombramiento de auxiliar de la justicia se realizar\u00e1 mediante telegrama a trav\u00e9s de mensaje de datos a la direcci\u00f3n que figure en la lista oficial, o por otro medio m\u00e1s expedito y que de ello, el despacho o su secretario, dejar\u00e1 constancia en el expediente. <\/p>\n
Normativa a la cual debe remitirse el tr\u00e1mite de reorganizaci\u00f3n, en una interpretaci\u00f3n arm\u00f3nica del art\u00edculo 8 de la ley 1116 de 2006, vicio que resulta suficiente para zanjar esta discusi\u00f3n sin entrar en otras consideraciones, pues en efecto el desistimiento t\u00e1cito se declar\u00f3 con base en la renuencia de la parte a realizar una actuaci\u00f3n que no le corresponde, luego la causa de la inactividad deviene de una actuaci\u00f3n pendiente del juzgado. <\/p>\n
Adem\u00e1s, el art\u00edculo 317 del CGP parte del entendimiento de que se podr\u00e1 declarar el desistimiento cuando no existieren actuaciones pendientes a cargo del fallador, sino de la parte, lo que este caso resulta evidentemente imperfecto, pues al margen de la procedencia o enfoque de la solicitud de 26 de mayo de 2022, el estrado judicial accionado debi\u00f3 resolver la misma e impulsar por mandato legal la vinculaci\u00f3n de los auxiliares de la justicia que design\u00f3 en 2019. <\/p>\n
5. En consonancia con lo expuesto, la Corte revocar\u00e1 la decisi\u00f3n constitucional de primer grado para, en su lugar, acceder a la protecci\u00f3n reclamada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, revoca el fallo impugnado y, en su lugar, concede la protecci\u00f3n invocada. En consecuencia, dispone: <\/p>\n
Primero: Ordenar al Juzgado Primero Civil del Circuito de Yopal que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificaci\u00f3n de la presente decisi\u00f3n, deje sin valor y efecto el prove\u00eddo que emiti\u00f3 el 23 de febrero \u00faltimo con la cual mantuvo en firme el auto que declar\u00f3 el desistimiento t\u00e1cito en el proceso de reorganizaci\u00f3n empresarial 2019-00181, para que en un t\u00e9rmino no superior a diez (10) d\u00edas, resuelva nuevamente el recurso reposici\u00f3n presentado contra el auto que profiri\u00f3 el 22 de septiembre anterior, teniendo en cuenta lo plasmado en las precedentes consideraciones. <\/p>\n
Segundo: Con env\u00edo de copia de esta decisi\u00f3n comun\u00edquese a las partes del proceso, a los dem\u00e1s intervinientes, al juzgador a-quo constitucional y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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