STC3970-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC3970-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-01161-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintis\u00e9is de abril de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de abril de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela impulsada por Promotora de Energ\u00eda de Colombia S.A.S. – Promoenercol S.A.S. contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial, Sala Civil-Familia, as\u00ed como frente al Juzgado Noveno Civil del Circuito, ambos de Cartagena. Al tr\u00e1mite fue vinculado Iv\u00e1n Mar\u00eda Mart\u00ednez Ibarra. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La empresa convocante deprec\u00f3, a trav\u00e9s del representante legal, el patrocinio de sus prerrogativas esenciales al debido proceso, \u00abIGUALDAD\u2026 Y\u2026 RECTA ADMINISTRACI[\u00d3]N\u00bb de justicia \u00abcon PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL\u00bb. Y en concreto, \u00ab[s]e decrete [la] nulidad\u00bb de lo rituado en tiempo reciente dentro del expediente ejecutivo n.\u00b0 \u00ab2021-00098\u00bb.<\/p>\n
2. Como sustento sostuvo que ante el Juzgado Noveno Civil del Circuito de Cartagena se surte el litigio compulsivo arriba descrito, por demanda que en su contra instaur\u00f3 Iv\u00e1n Mar\u00eda Mart\u00ednez Ibarra. <\/p>\n
Dijo haber otorgado poder especial a dos abogados para fines de ejercer la garant\u00eda de defensa, luego de enterarse de la contienda, por lo que cualquiera de los dos pod\u00eda comparecer all\u00e1. <\/p>\n
Relat\u00f3 que mediante auto de 21 de abril de 2022 el despacho dispuso \u00abinadmi[tir]\u00bb la \u00abcontestaci\u00f3n\u00bb1 que allegara, por conducto de uno de sus apoderados, respecto del libelo de ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
Expuso que con interlocutorio de 22 de junio siguiente dicho ente jurisdiccional dio por \u00abno contestada la demanda\u00bb por parte suya, por aparente falta de subsanaci\u00f3n del yerro advertido en el anterior prove\u00eddo y, por ende, opt\u00f3 por proseguir con el cobro en los t\u00e9rminos del mandamiento de pago. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que aquel pronunciamiento \u2013en cuanto desech\u00f3 el texto de contradicci\u00f3n aludido\u2013 devino confirmado por el correspondiente Tribunal Superior de Distrito Judicial, Sala Civil-Familia, en virtud de determinaci\u00f3n de 19 de diciembre postrero, en sede de apelaci\u00f3n2 por ella interpuesta como ah\u00ed enjuiciada. <\/p>\n
Critic\u00f3 la tutelante, entonces, los yerros \u00abPROCEDIMENTAL\u00bb y \u00abF[\u00c1]CTICO\u00bb en el \u00abrechaz[o] de plano [de] la contestaci\u00f3n\u00bb en comento (sobre la aparente base de que no fue enmendado el apoderamiento en lo referente a rese\u00f1ar los correos electr\u00f3nicos de los profesionales del derecho designados, como lo advirtiera el auto de inadmisi\u00f3n) pues, en estricto compendio, el ente dispensador de justicia de primer nivel quiso pasar por alto que el memorial de subsanaci\u00f3n s\u00ed le fue acopiado oportunamente, como lo demuestra la certificaci\u00f3n de la agencia postal por cuyo cauce se enviara tal documento a las \u00ab7:19 AM\u00bb del \u00faltimo d\u00eda previsto para el efecto, con \u00abacuse de recibo\u00bb. <\/p>\n
Y agreg\u00f3 que el juez de la alzada hubo de dar por sentada la remisi\u00f3n de ese texto subsanatorio, pero, lo que es peor, sin conferirle validez, al remesarse desde un correo digital distinto al reportado como de notificaciones y al no aparecer compartido a los canales de comunicaci\u00f3n del extremo ejecutante, cuando lo cierto es que ni el a la saz\u00f3n vigente decreto 806 de 2020 ni la nueva ley 2213 de 2022 sancionan la desatenci\u00f3n procesal en cita con tener por no replicado el libelo y, adem\u00e1s, sobre el pretexto de la prematura radicaci\u00f3n \u00abpor fuera del horario laboral\u00bb, m\u00e1xime si deb\u00eda entenderse colmada la impetraci\u00f3n al inicio de la jornada, 8:00 de la ma\u00f1ana. <\/p>\n
3. La Corte imparti\u00f3 conocimiento de la s\u00faplica supralegal de marras, librando las comunicaciones de rigor. <\/p>\n
LA INTERVENCI\u00d3N DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. El Tribunal y el Juzgado se opusieron separadamente al \u00e9xito de la clama, por no vulneraci\u00f3n. El juzgado brind\u00f3 copia magn\u00e9tica del pleito disentido. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Quien adujo ser mandatario de Iv\u00e1n Mar\u00eda Mart\u00ednez Ibarra no aport\u00f3 poder para acudir en su nombre en esta especial\u00edsima v\u00eda. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
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1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son trasgredidos o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y los particulares, cuya naturaleza residual no permite desplazar los escenarios comunes de defensa. <\/p>\n
Por lineamiento doctrinario, en lo que concierne a las actuaciones judiciales, el resguardo cabe de manera excepcional y sujeto a la consumaci\u00f3n de un irrefutable desafuero, si \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 00183-01) y, por antonomasia, de aparecer el imperativo de la inmediatez. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Es de apuntar, en consonancia, que cuando el funcionario judicial de cognici\u00f3n incurre en una gesti\u00f3n claramente opuesta al compilado normativo, por arbitraria o antojadiza, puede injerir el juez constitucional con el fin de recuperar el orden jur\u00eddico si el afectado no posee otro implemento de auxilio. <\/p>\n
En lo tocante, se ha postulado que <\/p>\n
el Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso si \u2018se detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado… (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 00183-01; reiterada en STC4269, 16 abr. 2015). <\/p>\n
En ese contexto, se ha reconocido que cuando el juzgador natural dilata alguna etapa importante del proceso, se aparta de la jurisprudencia, sin aportar argumentos valederos o, de presentarse un defecto sustantivo y\/o adjetivo, entre otros, se estructura la denominada \u00abv\u00eda de hecho\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Compete auscultar en sus cimientos el auto de 19 de diciembre de 2022, dimanado del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, Sala Civil-Familia, al interior del litigio ejecutivo n.\u00b0 \u00ab2021-00098\u00bb, al ser el que en apelaci\u00f3n acab\u00f3 por zanjar en torno a la problem\u00e1tica ahora tra\u00edda por la tutelante, ah\u00ed enjuiciada, con relaci\u00f3n a la decisi\u00f3n inicial de no acoger su escrito de excepciones de m\u00e9rito (\u00abcontestaci\u00f3n\u00bb). N\u00f3tese que, en lo medular, el referido juzgador ad-quem esgrimi\u00f3: <\/p>\n
(\u2026)Para el caso en concreto, [el despacho] a quo mediante prove\u00eddo del 21 de abril de 2022, advirti\u00f3 las falencias de la contestaci\u00f3n de la demanda, las cuales consist\u00edan en que el poder conferido por el [extremo] demandado no cumpl\u00eda con las condiciones adicionales establecidas en el art\u00edculo 5\u00ba del Decreto 806 de 2020, al no contener el correo electr\u00f3nico de los apoderados Camilo Hern\u00e1n Cuellar Rastro y Jhonattan Ruiz Fonseca, los cuales adem\u00e1s deben coincidir con el inscrito en el Registro Nacional de Abogados. Como tampoco fue aportada la constancia de env\u00edo simult\u00e1neo de contestaci\u00f3n de la demanda a la parte demandante. <\/p>\n
Entre tanto, si en el t\u00e9rmino de los 5 d\u00edas concedidos no se corrigieron los yerros consignados en la providencia, la consecuencia procesal l\u00f3gica es tener por no contestada la demanda, lo que indicar\u00eda que la decisi\u00f3n [apelada] fue acertada. <\/p>\n
\u2026Ahora, si bien es cierto que el apoderado de la parte demandada alleg\u00f3 una constancia de trazabilidad de la notificaci\u00f3n electr\u00f3nica efectuada el 29 de abril de 2022, con estampa de tiempo: 07:22:24, no lo es menos, que el emisor del mensaje de datos es la direcci\u00f3n electr\u00f3nica chcuellarabogado@gmail.com, la cual no corresponde con la direcci\u00f3n electr\u00f3nica suministrada en la contestaci\u00f3n inadmitida para efectos de recibir notificaciones, esto es, jhonattanruiz@outlook.com no cumpliendo como bien lo advirti\u00f3 la [agencia] a quo, con lo establecido en el art\u00edculo 3\u00ba del Decreto 806 de 2020, modificado por la Ley 2213 de 2022[;] ello sin dejar de lado, que la comunicaci\u00f3n fue enviada por fuera del horario para la atenci\u00f3n al p\u00fablico, lo cual no satisface a plenitud los requisitos contemplados en el art\u00edculo 109 del C\u00f3digo General del Proceso\u2026 <\/p>\n
Am\u00e9n de lo anterior, se echa de menos dentro de la certificaci\u00f3n de trazabilidad expedida por el servicio de correo certificado, que la sociedad demandada le enviara igualmente copia del escrito de subsanaci\u00f3n de la contestaci\u00f3n de la demanda a la parte demandante, tal como lo ordena el art\u00edculo 6\u00ba ejusdem, que regula todo lo concerniente a la presentaci\u00f3n de los mensajes de datos y de todos sus anexos\u2026 (\u00c9nfasis). <\/p>\n
Dicho pronunciamiento denota un defecto que impone la injerencia de esta especial\u00edsima justicia supralegal, en tanto que la corporaci\u00f3n tribunalicia querellada, pese a dar por cierta \u2013a partir de la certificaci\u00f3n postal anexa al recurso dirimido\u2013, la remisi\u00f3n del memorial subsanatorio al correo electr\u00f3nico del despacho de primera instancia, acab\u00f3 por desestimar ese env\u00edo, bajo el pretexto de que se produjo: I) desde un medio digital distinto del reportado en el cuerpo documental de las exceptivas; II) por fuera del horario laboral, antes del inicio de la respectiva jornada; y III) adem\u00e1s, en omisi\u00f3n del deber paralelo de enterar en copia a la parte ejecutante. <\/p>\n
Conclusiones que para la Corte se traducen en la perpetraci\u00f3n del defecto procedimental aducido por la ac\u00e1 quejosa, pero en la modalidad de exceso ritual manifiesto, toda vez que, de un lado, el colegiado de Cartagena bien pudo, a la luz del art\u00edculo 109 -inc. 4\u00b0- del C\u00f3digo General del Proceso3 por \u00e9l invocado, tener por presentada la subsanaci\u00f3n a las 8:00 a.m. del respectivo d\u00eda -29 abr. 2022-, \u00faltimo en el conteo de los cinco (5) otorgados en el auto de inadmisi\u00f3n para el efecto4, mas no desechar lac\u00f3nicamente el env\u00edo en cuesti\u00f3n con el pretexto de que hubo de incoarse previo a la apertura del juzgado. Por otro costado, porque la pretermisi\u00f3n de los compromisos procesales de enviar en copia los memoriales a la contraparte y hacerlo desde un canal digital distinto del rese\u00f1ado como medio de enteramiento, tampoco daba lugar a infligir semejante castigo, m\u00e1xime si esas desatenciones no configuran o desembocan motivo de rechazo del derecho de contradicci\u00f3n, a la postre consolidado con la determinaci\u00f3n de dar por no contestado el libelo compulsivo, a\u00fan a pesar de que, sin embargo, el extremo contendor descorri\u00f3 traslado de tal \u00abcontesta\u00bb. <\/p>\n
Es que, no obstante, la negligencia venida de esbozar a lo sumo era susceptible de alg\u00fan tipo de llamado de advertencia por parte del juzgador de conocimiento, pero no deb\u00eda originar la tama\u00f1a penalidad de desechar las excepciones de m\u00e9rito, con m\u00e1s apoyo si sobre ese texto de defensa en s\u00ed no constat\u00f3 falencia alguna y, en \u00faltimas, a riesgo de repetir, el rechazo no tiene respaldo normativo. Es inaceptable irrogar sanciones que no se desprenden del tenor de las normas y menos para socavar garant\u00edas superiores tales como las del debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
En complemento, al margen de que se surtiera o no el env\u00edo de la misiva de subsanaci\u00f3n tan puesta de relieve, no cabe duda que el auto inadmisorio del ente judicial de primer grado tambi\u00e9n supuso un excesivo rigor en contra de los intereses de la compa\u00f1\u00eda promotora del resguardo (cuesti\u00f3n que al igual pod\u00eda verificar el Tribunal, en el caso eventual de que considerara insuficiente la certificaci\u00f3n postal adosada en el recurso de alzada), con m\u00e1s veras si en la misma \u00abcontestaci\u00f3n\u00bb qued\u00f3 indicado el correo electr\u00f3nico para notificaciones, con lo que ha de asumirse como satisfecha la carga procesal del a la saz\u00f3n vigoroso art\u00edculo 3\u00b0 del decreto 806 de 2020, con todo y el incumplimiento del imperativo del precepto 5\u00b0 ib\u00eddem y, asimismo, la muestra de existencia y representaci\u00f3n de aquella persona jur\u00eddica ya obraba en las foliaturas de la ejecuci\u00f3n, en los anexos del escrito iniciador de la contienda. Agr\u00e9guese que la falta de se\u00f1alamiento del canal virtual en el poder especial para excepcionar tampoco encierra causal de inadmisi\u00f3n a la luz del canon 96 de la codificaci\u00f3n adjetiva, del descrito decreto 806, ni de la ley 2213 de 2022, con mayor soporte si en tal hip\u00f3tesis, rec\u00e1lquese, bastaba con hacer prevenci\u00f3n o llamado de atenci\u00f3n al respecto. <\/p>\n
Y por las anteriores circunstancias, el hecho de que se enviara la \u00abcontesta\u00bb al juzgado por virtud de un correo electr\u00f3nico diferente del ah\u00ed relacionado, de ninguna manera era motivo para inadmitir ni para dar por no replicada la demanda ejecutiva, si de presente se coloca que cual lo expuso la Sala en un asunto con alguna simetr\u00eda \u2013en fallo de tutela ulterior a los autos ahora criticados, pero que vale la pena rememorar a fines de hacer resaltar el desacierto aqu\u00ed atisbado\u2013, en el que dijo, como juez constitucional, que flu\u00eda razonable la decisi\u00f3n de admitir la contestaci\u00f3n de libelo verbal incorporada desde un correo distinto, bajo las siguientes aserciones: <\/p>\n
[E]ncuentra la Corte que la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, habida cuenta que el Tribunal accionado, en la providencia criticada de 30 de noviembre de 2022, consider\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026es evidente que el auto censurado debe ser revocado, por cuanto rechazar la contestaci\u00f3n de la demanda por no haber sido remitida desde el correo de la apoderada, constituye no solo un exceso ritual manifiesto, sino, adem\u00e1s, se erige como una clara violaci\u00f3n al derecho al acceso a la administraci\u00f3n de justicia protegido por la constituci\u00f3n Nacional y la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica de 1969. <\/p>\n
En efecto, ni el C\u00f3digo General del Proceso, ni el otrora decreto 806 de 2020, ni la actual y vigente ley 2213 de 2022, han previsto la sanci\u00f3n de tener por no contestada la demanda por haberse remitido de un correo diferente al aportado por la parte. Simplemente se ha indicado que las notificaciones se seguir\u00edan surtiendo v\u00e1lidamente al correo inicialmente aportado. Por ello, darle un alcance y de contera una sanci\u00f3n procesal con tan vastas repercusiones, respecto al derecho de defensa, es por lo menos, insostenible desde la perspectiva del derecho sustancial. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Por lo expuesto, no puede el juez, de forma caprichosa, acudir a presupuestos que no se encuentran listados en el C\u00f3digo General del Proceso o en norma especial (ley 2213 de 2022) para tener por no contestada la demanda\u2026 <\/p>\n
\u2026As\u00ed las cosas, la Sala concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo de la peticionaria no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plante\u00f3 la tutelante es una diferencia de criterio acerca de la valoraci\u00f3n efectuada en el prove\u00eddo censurado; en cuyo caso tales inferencias no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb\u2026 (Subrayas ajenas. CSJ STC1259-2023, 15 feb., rad. 00292-00). <\/p>\n
De forma que la colegiatura judicial encartada incurri\u00f3 en un serio defecto de rango procedimental, por exceso ritual manifiesto, al pretender cercenar la premisa de contradicci\u00f3n de la compa\u00f1\u00eda promotora del ruego de amparo \u2013ejecutada en el certamen sub examine\u2013, sin miramiento de sus precisas particularidades. <\/p>\n
Acerca de tal defecto, se ha delineado: <\/p>\n
(\u2026)En la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, art\u00edculos 29 y 228, se encuentran los fundamentos del defecto procedimental ya que en estos se consagran los derechos al debido proceso, al acceso a la administraci\u00f3n de justicia y a la prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal. <\/p>\n
La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha concluido que dicho defecto se concretiza en dos escenarios: i) el absoluto, que se presenta cuando el operador judicial desconoce o se aparta del procedimiento legalmente establecido, y ii) el exceso ritual manifiesto, el cual tiene lugar cuando el goce efectivo de los derechos de los individuos se obstaculiza por un extremo rigor en la aplicaci\u00f3n de las normas procesales. <\/p>\n
4.2. El defecto procedimental absoluto se presenta cuando el operador judicial \u201c(i) sigue un tr\u00e1mite totalmente ajeno al asunto sometido a su competencia; (ii) pretermite etapas sustanciales del procedimiento establecido, vulnerando el derecho de defensa y contradicci\u00f3n de una de las partes o (iii) pasa por alto realizar el debate probatorio, natural en todo proceso, vulnerando el derecho de defensa y contradicci\u00f3n de los sujetos procesales al no permitirles sustentar o comprobar los hechos de la demanda o su contestaci\u00f3n, con la consecuente negaci\u00f3n de sus pretensiones en la decisi\u00f3n de fondo y la violaci\u00f3n a los derechos fundamentales\u201d. <\/p>\n
4.3. De igual manera, esta Corporaci\u00f3n ha se\u00f1alado que para acreditar la configuraci\u00f3n de este defecto se deben verificar ciertas condiciones as\u00ed: \u201ci) [Q]ue no haya posibilidad de corregir la irregularidad por ninguna otra v\u00eda, de acuerdo con el car\u00e1cter subsidiario de la acci\u00f3n de tutela; (ii) que el defecto procesal tenga una incidencia directa en el fallo que se acusa de ser vulneratorio de los derechos fundamentales; (iii) que la irregularidad haya sido alegada al interior del proceso ordinario, salvo que ello hubiera sido imposible, de acuerdo con las circunstancias del caso espec\u00edfico; y (iv) que como consecuencia de lo anterior se presente una vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales\u201d (\u00c9nfasis. CC T-008\/19; reiterada en CSJ STC4307, 8 jul. 2020, rad. 00161-01). <\/p>\n
En sinton\u00eda, visto est\u00e1 que <\/p>\n
el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto \u201cocurre cuando el funcionario utiliza o concibe los procedimientos como un obst\u00e1culo para la eficacia del derecho sustancial, \u2026 (i) se deja de inaplicar normas procesales que se oponen a la vigencia de derechos constitucionales en un caso concreto; (ii) se exige cumplir requisitos formales de manera irreflexiva, aunque pueda tratarse de cargas imposibles de cumplir, siempre que esta circunstancia est\u00e9 comprobada; (iii) se incurre en un rigorismo procedimental en la apreciaci\u00f3n de las pruebas; (iv) o se omite el decreto oficioso de pruebas cuando a ello hay lugar\u201d\u2026 (T-204\/18; citada en STC16410, 7 dic. 2022, rad. 00243-02). <\/p>\n
<\/p>\n
2. Rem\u00e1rquese que el Tribunal fustigado al proveer como lo hizo inobserv\u00f3, sumido en apego incondicional a las formas, las especificidades del juicio compulsivo sujeto al presente examen supralegal, en el que \u2013vistos como quedaron los aconteceres\u2013 no hab\u00eda raz\u00f3n para truncar el estudio del escrito de excepciones de fondo elevado por la aqu\u00ed querellante, en calidad de demandada. Situaci\u00f3n que conlleva, ergo, a acceder a su pliego de salvaguarda y, por ende, disponer los correctivos necesarios. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, concede el amparo deprecado por Promotora de Energ\u00eda de Colombia S.A.S. – Promoenercol S.A.S. <\/p>\n
Por consecuencia, se ordena al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, Sala Civil-Familia, que, en un lapso no mayor a diez (10) d\u00edas, contado a partir del momento en que reciba el expediente del litigio de ejecuci\u00f3n n.\u00b0 \u00ab2021-00098\u00bb y, luego de dejar sin valor ni efecto el auto de 19 de diciembre de 2022, as\u00ed como las actuaciones que del mismo dependan, vuelva a dirimir sobre el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por la tutelante contra la providencia de 22 de junio previo, acorde a las motivaciones vertidas en la considerativa de este veredicto. <\/p>\n
A su turno, el Juzgado Noveno Civil del Circuito \u00eddem deber\u00e1 enviar el descrito dossier al Tribunal, m\u00e1ximo un (1) d\u00eda siguiente a la notificaci\u00f3n, a fin de que esta \u00faltima corporaci\u00f3n pueda impartir cumplimiento a lo ac\u00e1 ordenado. <\/p>\n
Comun\u00edquese del modo m\u00e1s \u00e1gil. Oportunamente, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para lo de su atribuci\u00f3n, de no impugnarse. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de la Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Escrito de excepciones de m\u00e9rito. <\/p>\n
2\u0002 Recurso subsidiario de reposici\u00f3n resuelta en adversidad por el juzgado, en auto de 23 de noviembre tambi\u00e9n de 2022. <\/p>\n
3\u0002 Regla que, en lo pertinente, prev\u00e9: \u00ab[l]os memoriales, incluidos los mensajes de datos, se entender\u00e1n presentados oportunamente si son recibidos antes del cierre del despacho del d\u00eda en que vence el t\u00e9rmino\u00bb (Se destac\u00f3). <\/p>\n
4\u0002 Si en cuenta se tiene que el auto de inadmisi\u00f3n fue notificado en estado de 22 de abril de 2022, de donde el lapso para subsanar, cual lo indicara el despacho a-quo en el auto que concedi\u00f3 la apelaci\u00f3n -luego de desestimar la reposici\u00f3n principal- \u00abempezaba a correr a partir del d\u00eda lunes 25 (\u2026) y finalizaba el 29 del mismo mes y a\u00f1o\u00bb; d\u00eda en el que se remiti\u00f3 la correspondencia, conforme lo sent\u00f3 el mismo tribunal con soporte en la certificaci\u00f3n de la agencia de correo contratada para el env\u00edo. <\/p>\n
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STC3970-2023 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC3970-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-01161-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintis\u00e9is de abril de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de abril de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se decide la acci\u00f3n de tutela impulsada por Promotora de Energ\u00eda de Colombia […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[61],"tags":[],"class_list":["post-72628","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-abril-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/72628","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=72628"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/72628\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=72628"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=72628"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=72628"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}