STC3974-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC3974-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 25000-22-13-000-2023-00087-01 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de abril de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 10 de marzo de 2023 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, en la acci\u00f3n de tutela instaurada por Luz \u00c1ngela Luque G\u00f3mez contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Zipaquir\u00e1, a cuyo tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
La accionante reclama la protecci\u00f3n de su derecho fundamental al debido proceso y \u00abderecho de acci\u00f3n por configuraci\u00f3n de defecto sustantivo por desconocimiento de la norma sustantiva\u00bb, presuntamente conculcado por la autoridad acusada, en el marco del proceso ejecutivo a continuaci\u00f3n de proceso declarativo de enriquecimiento sin causa que adelant\u00f3 en vida su padre Jos\u00e9 Luis Antonio Luque contra H\u00e9ctor Gonzalo Romero Sierra, radicado 25899310300220150018800. <\/p>\n
Solicita en consecuencia, que se ordene \u00aba la Se\u00f1ora Juez 2\u00ba Civil del Circuito de Zipaquir\u00e1, que se modifique o adicione el mandamiento de pago librado por medio de la providencia de fecha 28 de mayo de 2021, en el sentido de indicar que dicho procedimiento se debe adelantar bajo la l\u00ednea procesal contemplada en el art\u00edculo 468 del C\u00f3digo General del Proceso, esto es, bajo las DISPOSICIONES ESPECIALES PARA LA EFECTIVIDAD DE LA GARANT\u00cdA REAL\u00bb y, en consecuencia, se decrete la medida cautelar solicitada. <\/p>\n
As\u00ed mismo, deprec\u00f3 libre mandamiento de pago por los intereses legales y moratorios sobre el valor de la condena al interior del proceso declarativo, as\u00ed como por las costas de este, desde su causaci\u00f3n y hasta que se efect\u00fae su pago. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto, los siguientes: <\/p>\n
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1. El 18 de diciembre de 2020, inici\u00f3 ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Zipaquir\u00e1 \u00abdemanda para que por la v\u00eda EJECUTIVA PARA LA EFECTIVIDAD DE LAGARANT\u00cdA REAL\u00bb con la finalidad de ejecutar las obligaciones establecidas en la sentencia de segunda instancia del 30 de enero de 2018 proferida dentro del proceso declarativo de enriquecimiento sin causa radicado 2015-00188-00, siendo demandante Jos\u00e9 Luis Antonio Luque Pach\u00f3n y demandado H\u00e9ctor Gonzalo Romero Sierra. Tr\u00e1mite al cual se alleg\u00f3 hipoteca abierta sin l\u00edmite de cuant\u00eda instrumentada mediante la Escritura P\u00fablica No. 3127 del 24 de noviembre de 2009 corrida en la Notar\u00eda Treinta del C\u00edrculo de Bogot\u00e1. <\/p>\n
1.2. Narra que el estrado judicial accionado libr\u00f3 mandamiento de pago el 28 de mayo de 2021, sin determinarse de manera clara que la acci\u00f3n se ejerc\u00eda para hacer efectiva una garant\u00eda real constituida por el demandado para garantizar el pago de cualquier obligaci\u00f3n, aunado a que no hubo pronunciamiento frente a los intereses moratorios, as\u00ed como tampoco decret\u00f3 la medida cautelar incoada. <\/p>\n
1.3. Manifiesta que solicit\u00f3 aclaraci\u00f3n y adici\u00f3n del auto que libr\u00f3 orden de apremio, la cual fue resuelta negativamente en providencia del 10 de diciembre de 2021, bajo el argumento que no era procedente la misma, decisi\u00f3n frente a la cual interpuso recurso de apelaci\u00f3n el cual fue negado mediante auto del 12 de agosto de 2022, por ser improcedente tras no estar dentro de la taxatividad del art. 321 del C.G.P. <\/p>\n
LAS RESPUESTA DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Zipaquir\u00e1, manifest\u00f3 que el proceso referenciado por la actora correspond\u00eda a la ejecuci\u00f3n de una sentencia que fue proferida al interior de la acci\u00f3n de enriquecimiento sin causa radicado 2015-00188-00, de Jos\u00e9 Antonio Pach\u00f3n Luque Pach\u00f3n contra H\u00e9ctor Gonzalo Romero Sierra, el cual se surt\u00eda de conformidad con las previsiones del art\u00edculo 306 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Aunado a lo anterior, indic\u00f3 que la accionante no hab\u00eda comunicado el fallecimiento del demandante, as\u00ed como tampoco hab\u00eda demostrado su calidad de sucesora procesal dentro del proceso ejecutivo en tr\u00e1mite, arguyendo adem\u00e1s que, contra el mandamiento de pago no se interpuso recurso de reposici\u00f3n, pero si de apelaci\u00f3n de manera directa, siendo este rechazado mediante prove\u00eddo del 22 de agosto de 2022, por lo que la accionante ha contado con otros mecanismos para hacer valer sus derechos sin que los hubiese ejercido. <\/p>\n
2. H\u00e9ctor Gonzalo Romero Sierra, dio respuesta a la acci\u00f3n de tutela indicando que no aprecia vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales de la actora, aunado a que la presente acci\u00f3n constitucional no cumple con el presupuesto de la inmediatez, toda vez que el auto mediante el cual se neg\u00f3 la alzada data del 12 de agosto de 2022 y la acci\u00f3n de tutela fue interpuesta el 17 de febrero de 2023, esto es, pasados 6 meses. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca declar\u00f3 improcedente la queja constitucional, por no atender el postulado de la inmediatez por cuanto la misma fue presentada cuando ya hab\u00eda transcurrido el t\u00e9rmino indicado por la jurisprudencia para tal fin. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 la actora quien manifest\u00f3 que, con base en el fundamento utilizado por el a quo, es menester tener en cuenta que los t\u00e9rminos \u00abse cuentan a partir de la ejecutoria de la providencia y se ponen en conocimiento de las partes a partir de su notificaci\u00f3n por estado\u00bb, indicando que para el presente caso, si bien la providencia que neg\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n fue proferido el 12 de agosto de 2022, este fue notificado el 16 del mismo mes y a\u00f1o, quedando ejecutoriada 3 d\u00edas despu\u00e9s, por lo que considera que es esta \u00faltima fecha la que se debe tener en cuenta para contabilizar los 6 meses para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades, en determinadas hip\u00f3tesis, por los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y, por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Descendiendo al sub examine, la reclamante, en concreto, critic\u00f3 el auto de 12 de agosto de 2022 con el cual el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Zipaquir\u00e1 neg\u00f3 la concesi\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n en contra del auto que libr\u00f3 mandamiento de pago al interior del proceso ejecutivo radicado 2015-00188-00, que Jos\u00e9 Luis Antonio Luque Pach\u00f3n inici\u00f3 contra H\u00e9ctor Gonzalo Romero Sierra, pues en su sentir, con dicha negativa continua la vulneraci\u00f3n de su derecho al debido proceso, por el despacho accionado continua sin dar aplicaci\u00f3n a las disposiciones sustanciales relacionadas con la naturaleza y los alcances legales de las hipotecas abiertas sin l\u00edmite de cuant\u00eda, situaci\u00f3n que no permite el adecuado ejercicios de los derechos del acreedor. <\/p>\n
\u2026la legitimaci\u00f3n por activa en la acci\u00f3n de tutela se refiere al titular de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados o amenazados. Sin embargo, tanto las normas como la jurisprudencia, consideran v\u00e1lidas tres v\u00edas procesales adicionales para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela: (i) a trav\u00e9s del representante legal del titular de los derechos fundamentales presuntamente conculcados (menores de edad, incapaces absolutos, interdictos y personas jur\u00eddicas); (ii) por intermedio de apoderado judicial (abogado titulado con poder o mandato expreso); y, (iii) por medio de agente oficioso (C.C. T-878 de 2007). <\/p>\n
4. En el caso que concita la atenci\u00f3n de la Sala, anticipa la Corte la improcedencia del resguardo impetrado, comoquiera que la accionante Luz Angela Luque G\u00f3mez carece de legitimaci\u00f3n para controvertir por esta v\u00eda la precitada actuaci\u00f3n surtida en el juicio objeto de censura, pues, dentro del dossier no existe prueba que permita si quiera inferir que posterior al deceso de Jos\u00e9 Luis Antonio Luque Pach\u00f3n, la actora hubiese puesto en conocimiento dicha situaci\u00f3n al juzgado accionado, acreditando su calidad de sucesora procesal al interior del tr\u00e1mite iniciado por el se\u00f1or Luque Pach\u00f3n, hecho que incluso fue indicado por la autoridad judicial fustigada en la r\u00e9plica a la acci\u00f3n de tutela allegada, por lo cual, no est\u00e1 habilitada para cuestionar las decisiones all\u00ed adoptadas. <\/p>\n
Es de advertirse que en el caso de que se hubiese proferido una decisi\u00f3n arbitraria o adelantado una actuaci\u00f3n que transgreda el debido proceso, son las partes las legitimadas para deprecar el resguardo, en tanto que: <\/p>\n
\u2026al ser evidente que la promotora de la queja carece de atribuci\u00f3n para adelantar por este medio la defensa de los derechos fundamentales reclamados dentro de un juicio donde no ostent\u00f3 la calidad de parte ni de tercero, emerge ostensible la improcedencia de la protecci\u00f3n impetrada, no siendo menester adentrarse en el contenido de la queja por cuanto lo primero excluye lo segundo\u2019 (sentencia de 26 de noviembre de 2010, exp. 11001-22-03-000-2010-01168-01, reiterada en fallo de 26 de julio de 2012, exp. No. 13001-22-13-000-2012-00198-01) (CSJ STC 24 oct. 2012, rad. 00171-01, reiterado en STC2689-2015, 11 mar. 2015, rad. 00421-00). <\/p>\n
Lo expuesto impide abordar las quejas de la actora, ya que, se insiste, las mismas le corresponde elevarlas exclusivamente a las partes del referido decurso. <\/p>\n
5. Si lo anterior no fuera suficiente, de los elementos de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias anticipa la Corte la improcedencia del resguardo impetrado, comoquiera que carece de actualidad, pues entre la providencia censurada, esto es el auto que neg\u00f3 la concesi\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n en contra del auto que lib\u00f3 mandamiento de pago proferido por el juzgado accionado el 12 de agosto de 2022 y la interposici\u00f3n de la tutela el 15 de febrero de 2023, transcurrieron m\u00e1s de seis meses, lapso fijado por la jurisprudencia de la Sala, como razonado y proporcional para activar este mecanismo excepcional, sin que fuera demostrado ning\u00fan motivo que justifique esa tardanza. <\/p>\n
Respecto a dicho presupuesto: <\/p>\n
\u2026si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan ampl\u00edo que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados. En este orden de ideas un lapso de tiempo como el que aqu\u00ed ha transcurrido, (algo m\u00e1s de dos a\u00f1os), adem\u00e1s de excesivo, pone de manifiesto la ausencia de apremio en la interposici\u00f3n del amparo y el \u00e1nimo, simplemente, de reabrir una cuesti\u00f3n oportunamente decidida por la jurisdicci\u00f3n. En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante (CSJ, STC 2 ago. 2007, rad. 2007-00188-01, reiterada en STC, 14 sep. 2007, rad. 01316-00). <\/p>\n
6. Lo consignado impone respaldar la decisi\u00f3n de primer grado, por las consideraciones consignadas supra. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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