STC3976-2023<\/p>\n
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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC3976-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-22-10-000-2023-00169-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintis\u00e9is de abril de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintis\u00e9is (26) de abril de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 3 de marzo de 2023 por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogot\u00e1, Sala Familia, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Alonso Mart\u00ednez Gonz\u00e1lez contra el Juzgado Veintid\u00f3s de Familia de Bogot\u00e1, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados Nadia Alejandra Su\u00e1rez Pe\u00f1a y las dem\u00e1s partes e intervinientes en el asunto que suscit\u00f3 la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
El promotor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su garant\u00eda constitucional al \u00abacceso a la administraci\u00f3n de justicia, m\u00ednimo vital y al debido proceso sin dilaciones injustificadas\u00bb, que dice vulnerada por la autoridad judicial acusada, por lo que pidi\u00f3 que le sean entregados los dep\u00f3sitos judiciales que se encuentran a ordenes del proceso radicado 11001311002220220009300 y adem\u00e1s, proceda con el levantamiento de las medidas cautelares sin dilaciones, por cuanto est\u00e1n cumplidos los presupuestos para ello. <\/p>\n
1. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto: <\/p>\n
1.1. Nadia Alejandra Su\u00e1rez Pe\u00f1a en representaci\u00f3n de su hijo menor de edad, promovi\u00f3 demanda de fijaci\u00f3n de cuota de alimentos (radicado 2022-00093) contra Alonso Mart\u00ednez Gonz\u00e1lez, mima que fue admitida por auto del 21 de febrero de 2022, en donde adem\u00e1s el juzgado accionado decret\u00f3 como medida cautelar el embargo y retenci\u00f3n de las sumas de dinero depositadas en una cuenta del banco Bancolombia a nombre del demandado. Posterior esto, fue fijada como alimentos provisionales a favor del menor por la suma de $500.000. <\/p>\n
1.2. El actor fue notificado de conformidad con lo establecido en el art\u00edculo 5 del Decreto 806 de 2020, quien dentro del t\u00e9rmino de traslado de la demanda guard\u00f3 silencio, situaci\u00f3n que qued\u00f3 consignado en auto del 15 de julio de 2022, en el cual adem\u00e1s, el juzgado fustigado decret\u00f3 pruebas y fij\u00f3 fecha para la realizaci\u00f3n de la audiencia de que trata el art\u00edculo 392 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
1.3. En escrito presentado el 20 de septiembre de 2022 ante la autoridad judicial accionada, las partes pusieron en conocimiento el acta de conciliaci\u00f3n extraprocesal suscrita por ellos el 5 del mismo mes y a\u00f1o, raz\u00f3n por la cual mediante prove\u00eddo del 5 de octubre de 2022 dio por terminado el proceso, ordenando el levantamiento de las medidas cautelares decretadas en su momento. <\/p>\n
1.4. En escritos radicados el 10 de octubre y 1 de noviembre de 2022, el accionante solicit\u00f3 al juzgado accionado la entrega de los dineros existentes por cuenta del proceso. Mediante auto del 24 de noviembre de 2022, la autoridad judicial fustigada orden\u00f3 la entrega de dep\u00f3sitos judiciales a la demandante al interior del proceso judicial confutado, decisi\u00f3n frente a la cual al actor en nombre propio solicit\u00f3 adicionar la providencia, tras considerar que, pese a que la solicitud de entrega de t\u00edtulos fue hecha por \u00e9l, los mismos fueron autorizados en favor de la se\u00f1ora Su\u00e1rez Pe\u00f1a. <\/p>\n
1.5. Mediante auto del 19 de enero de 2023, la c\u00e9lula judicial confutada, orden\u00f3 que, previo a dar tr\u00e1mite a la solicitud elevada por el actor, la misma se pondr\u00eda en conocimiento de la demandante para que emitiera pronunciamiento frente al mismo. Una vez vencido el t\u00e9rmino de traslado, en auto del 20 de febrero de 2022, adem\u00e1s de dejar constancia que la demandante guard\u00f3 silencio, requiri\u00f3 al hoy accionante para que realizara las solicitudes al juzgado actuando a trav\u00e9s de apoderado judicial, esto en virtud que, por la naturaleza del asunto no era posible litigar en causa propia. <\/p>\n
RESPUESTAS DEL ACCIONADO <\/p>\n
1. El Juzgado Veintid\u00f3s de Familia de Bogot\u00e1, remiti\u00f3 de manera digitalizada el proceso judicial confutado v\u00eda tutela. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo declar\u00f3 improcedente la acci\u00f3n de tutela puesto que la misma no super\u00f3 el requisito de subsidiariedad, toda vez que el actor acudi\u00f3 a esta acci\u00f3n tuitiva como mecanismo principal, sin acreditar el agotamiento de todos los mecanismos de defensa previstos en el ordenamiento, ya que no evidenci\u00f3 que interpusiera recurso de reposici\u00f3n en contra del auto del 20 de febrero de 2023, el cual resultaba procedente de conformidad con lo establecido en el art\u00edculo 318 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El gestor del resguardo adujo que su inconformidad radica en que la solicitud de entrega de t\u00edtulos, la cual fue realizada sin contar con abogado, fue atendida por el juzgado accionado, m\u00e1xime cuando el proceso estar terminado, siendo su \u00fanica pretensi\u00f3n que le entreguen los dep\u00f3sitos judiciales existentes por cuenta de las medidas cautelares decretadas. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Revisada la petici\u00f3n de amparo, encuentra la Sala que carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, habida cuenta que esta Corporaci\u00f3n se ha pronunciado sobre la necesidad de comparecer a juicios de alimentos, a trav\u00e9s de apoderado judicial, sobre lo cual precis\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
\u2026ninguna irregularidad se desprende de la decisi\u00f3n antes rese\u00f1ada, pues, contrario a lo aseverado por el quejoso, s\u00ed resultaba forzosa su intervenci\u00f3n a trav\u00e9s de apoderado judicial. <\/p>\n
En efecto, para juicios como el aqu\u00ed reprochado [ejecutivo de alimentos] no est\u00e1 prevista la posibilidad de gestionar actuaciones procesales en causa propia, esto es, sin contar con la asistencia de un abogado. <\/p>\n
Ese criterio ha sido esbozado por esta Sala en m\u00faltiples oportunidades; as\u00ed, ha indicado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [L]a determinaci\u00f3n cuestionada, se ciment\u00f3 en una interpretaci\u00f3n razonable de las normas que regulan la materia, particularmente, de los art\u00edculos 63 del Estatuto Procesal Civil, 24 y 39 del Decreto 196 de 1971, en el entendido que para intervenir en esta clase de asuntos se \u2018requer\u00eda del derecho de postulaci\u00f3n\u2019 por cuanto no se encontraba dentro de \u2018las excepciones para litigar en causa propia\u2019 sin ser abogado; luego, no merece reproche desde la \u00f3ptica iusfundamental para que deba proceder la inaplazable intervenci\u00f3n del juez constitucional (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201cSobre el tema, la Sala ha sostenido que \u2018(\u2026) en relaci\u00f3n con el derecho de postulaci\u00f3n exigido para el asunto como el censurado, esta Corporaci\u00f3n ha advertido que seg\u00fan la regulaci\u00f3n de la jurisdicci\u00f3n de familia, se trata de un tr\u00e1mite de \u00fanica instancia \u2018por raz\u00f3n de su naturaleza, seg\u00fan el art\u00edculo 50, literal i), del Decreto 2272 de 1989, y no de \u2018m\u00ednima cuant\u00eda\u2019, como sostiene el recurrente. (\u2026) Ilustra lo dicho por esta Sala en pret\u00e9rita ocasi\u00f3n, al se\u00f1alar que: \u2018De all\u00ed que se explique que la intervenci\u00f3n judicial procesal se halle restringida por el estatuto de la abogac\u00eda (D. 196 de 1971) a los abogados titulados, dej\u00e1ndose excepciones que, por este car\u00e1cter, son de interpretaci\u00f3n restrictiva (\u2026) Unas de ellas se refiere al litigio \u2018en causa propia sin ser abogado inscrito\u2019, las que se limitan al derecho de petici\u00f3n y acciones p\u00fablicas, a los procesos de m\u00ednima cuant\u00eda, a la conciliaci\u00f3n y a los procesos laborales de \u00fanica instancia y actos de oposici\u00f3n (art. 28 ib\u00eddem). Porque entiende el legislador que son actuaciones que por la simplificaci\u00f3n de su tr\u00e1mite, su escaso valor o urgencia, se estima suficiente o necesario que sean la misma persona interesada la que previa evaluaci\u00f3n de la situaci\u00f3n, pueda determinar la asunci\u00f3n de su propia defensa (\u2026) Luego, mal puede decirse que, por extensi\u00f3n, tambi\u00e9n pueda ejercerse la profesi\u00f3n (\u2026), en procesos de \u00fanica instancia ante jueces del circuito o similares (como el de familia), porque no est\u00e1 autorizado por la ley\u2019 (sentencia de 15 de febrero de 1995, radicaci\u00f3n 1986). (Sentencia de 9 de noviembre de 2011, Exp. 2011-00285)\u201d (sentencia de 18 de marzo de 2013, exp No 2013-00393-01, reiterada en fallo de 19 de noviembre de 2013 exp. No 00217-02) (\u2026)\u201d1. <\/p>\n
Por tanto, debi\u00f3 el petente, para actuar v\u00e1lidamente en las diligencias atacadas, conferir, como ya se dijo, poder a un profesional del derecho, o deprecar, de ser el caso, amparo de pobreza, en procura de lograr la asignaci\u00f3n de un mandatario por parte del juzgado, pues, se reitera, no le era dable participar directamente. <\/p>\n
Se destaca, el decurso confutado no es de \u00fanica instancia en raz\u00f3n de su cuant\u00eda, lo es en virtud de su propia naturaleza, por cuanto as\u00ed lo previ\u00f3 no solo el derogado Decreto 2272 de 1989, sino tambi\u00e9n el numeral 7\u00b0 del art\u00edculo 21 del C\u00f3digo General del Proceso, actualmente vigente, el cual se\u00f1ala: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Competencia de los jueces de familia en \u00fanica instancia. Los jueces de familia conocen en \u00fanica instancia de los siguientes asuntos: (\u2026) 7. De la fijaci\u00f3n, aumento, disminuci\u00f3n y exoneraci\u00f3n de alimentos, de la oferta y ejecuci\u00f3n de los mismos y de la restituci\u00f3n de pensiones alimentarias (\u2026)\u201d. (CSJ STC5247-2018; criterio reiterado en CSJ STC13227-2018). <\/p>\n
Bajo esa perspectiva, es claro que la decisi\u00f3n del juzgado accionado, resulta acorde con la normatividad que rige la materia, lo que descarta la vulneraci\u00f3n de los derechos, cuya protecci\u00f3n reclam\u00f3 el actor. <\/p>\n
3. De otro lado, considera la Corte que la salvaguarda fundamental deviene improcedente habida cuenta que, como lo esgrimi\u00f3 el tutelante, aquel solicit\u00f3, actuando en nombre propio, la entrega de los dep\u00f3sitos judiciales constituidos por cuenta del proceso confutado. Que mediante prove\u00eddo del 24 de noviembre de 2022, el juzgado accionado dispuso entregar a la demandante los dineros obrantes en el tr\u00e1mite judicial, decisi\u00f3n frente a la cual el accionante present\u00f3 solicitud de adici\u00f3n, en la cual pretendi\u00f3 nuevamente la entrega de los dep\u00f3sitos judiciales a su nombre puesto que fue \u00e9l quien los solicit\u00f3 y s\u00f3lo fueron reconocidos en favor de la demandante, reclamo por el cual, mediante auto del 20 de febrero de 2023, notificado en estado 27 del 21 de febrero de 20232, la c\u00e9lula judicial confutada, requiri\u00f3 al actor para que las solicitudes las realizara a trav\u00e9s de apoderado judicial por cuanto, en atenci\u00f3n a la naturaleza del asunto no es posible litigar en causa propia, decisi\u00f3n que cobr\u00f3 ejecutoria, sin que el tutelante lo hubiese censurado a trav\u00e9s de reposici\u00f3n, siendo ese el mecanismo propicio para cuestionar la inviabilidad de dicha medida. <\/p>\n
De ese modo el reclamo actual resulta improcedente, toda vez que el descuido en el empleo de los medios de protecci\u00f3n que existen hacia el interior de las actuaciones judiciales impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los mecanismos de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria. <\/p>\n
Entonces, si el querellante desperdici\u00f3 \u00ablas diferentes oportunidades procesales\u00bb: <\/p>\n
(\u2026) es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, tal y como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 118 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil -, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela. (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 00241-01, criterio reiterado, entre muchas otras, en STC, 5 abr. 2011, rad. 00015-01). <\/p>\n
4. Lo consignado impone la confirmaci\u00f3n del fallo de tutela de primera instancia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma la sentencia impugnada. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 CSJ STC 29 de noviembre de 2013, exp. 25000-22-13-000-2013-00334-01, reiterada en exp. 50001-22-14-000-2016-00060-01. <\/p>\n