STC3977-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC3977-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-01405-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintis\u00e9is de abril de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintis\u00e9is (26) de abril de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Tecnidid\u00e1cticos Ind. S.A.S. contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn y el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Envigado, a cuyo tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a los actualmente intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos esenciales al debido proceso, defensa, contradicci\u00f3n y \u00abacceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, presuntamente conculcados por las sedes judiciales acusadas al denegar el mandamiento de pago en el juicio ejecutivo que instaur\u00f3. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, \u00abse deje[n] sin efectos el auto del 30 de septiembre de\u2026 (2022)[,] expedido por el JUZGADO [encausado]\u2026[,] [y] la decisi\u00f3n del 23 de enero del 2023[,] donde confirma el TRIBUNAL [convocado]\u00bb; y ordenar al primero \u00abla admisi\u00f3n (sic) de la demanda\u2026, y se proceda con la ejecuci\u00f3n debida de la obligaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2. Los siguientes son los hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente caso: <\/p>\n
2.1. La accionante inco\u00f3 demanda ejecutiva contra Inversiones Gaviria Gonz\u00e1lez S.A.S., pretendiendo, con apoyo en el aducido incumplimiento de un contrato de arrendamiento suscrito entre ellas (la primera como arrendataria y la segunda como arrendadora), \u00abpor perjuicio compensatorio\u00bb, el pago de $60.000.000, por la inversi\u00f3n inicial realizada por parte de ella, \u00abnecesaria [para] la adecuaci\u00f3n para la ejecuci\u00f3n del objeto de contrato comercial\u00bb; $45.000.000, por \u00abcl[\u00e1]usula penal\u00bb; y $561.000.000, como \u00abindemnizaci\u00f3n frente a los meses faltantes para el vencimiento del contrato, esto es[,] 35 meses, debido a 11 meses x $15.000.000[,] 1 a\u00f1o, total $ 165.000.000[;] 12 meses x $16.000.000[,] 2 a\u00f1o, total $192.000.000[;] 12 meses x $17.000.000[,] 3 a\u00f1o, total $ 204.000.000\u00bb. <\/p>\n
2.2. El 1\u00ba de septiembre de 2022 el Juzgado acusado inadmiti\u00f3 el libelo y el d\u00eda 30 siguiente deneg\u00f3 la orden de apremio, al advertir la carencia de documento contentivo de obligaci\u00f3n clara, expresa y exigible a cargo de la ejecutada, comoquiera que la misma actora reconoci\u00f3 que aqu\u00e9lla le entreg\u00f3 el predio objeto del convenio pero, a muto proprio, sin mediar ning\u00fan tipo de decisi\u00f3n judicial, ella resolvi\u00f3 devolverlo a quienes se lo requirieron manifestando ser sus propietarios, de donde el aducido incumplimiento no proven\u00eda de la arrendadora sino de actos de un tercero. Determinaci\u00f3n que con prove\u00eddo del 14 de diciembre \u00faltimo confirm\u00f3 el Tribunal convocado. <\/p>\n
2.3. En sede tutela, en concreto, la actora sostuvo que all\u00ed se incurri\u00f3 en defectos f\u00e1ctico, sustantivo, procedimental y de carencia de motivaci\u00f3n, porque los juzgadores no efectuaron \u00abun estudio previo de cada una de las pruebas aportadas\u00bb, resolviendo de fondo el caso, irregularmente, mediante un \u00abauto interlocutorio\u00bb, cuando han debido proceder con \u00abla admisi\u00f3n de la demanda (sic)\u00bb. <\/p>\n
Resalt\u00f3 que el \u00abpago reclamado se encuentra suscrito en un contrato de arrendamiento comercial celebrado entre las partes, pues el mismo tiene m\u00e9rito ejecutivo, as\u00ed se deja plasmado en [su] cl\u00e1usula vig\u00e9sima segunda\u2026, siendo as\u00ed una obligaci\u00f3n clara[,] expresa y actualmente exigible, pues la misma se encuentra debidamente determinada, especificada y patente\u00bb; que \u00abtanto en la en la demanda como en la subsanaci\u00f3n\u2026 expuso que, si bien se realiz\u00f3 la entrega del\u2026 inmueble al due\u00f1o directo al poco tiempo del uso y goce de la propiedad\u2026[,] [fue] debido a la presi\u00f3n ejercida por los due\u00f1os y la forma en la que se realiz\u00f3 dicha solicitud, esto sin mediar soluci\u00f3n alguna\u2026 [a]l poner en conocimiento a la parte arrendadora (Inversiones Gaviria Gonz\u00e1lez S.A.S.)[,] misma que siempre estuvo al tanto de la situaci\u00f3n y no realiz[\u00f3] intervenci\u00f3n alguna frente la solicitud presentada por el due\u00f1o, tal y como se puede corroborar en los pantallazos de WhatsApp anexados como prueba\u00bb; y que \u00abtanto en la narraci\u00f3n de los hechos como en las pruebas aportadas, se puede identifica[r] (I) que el contrato celebrado fue con\u2026 [I]nversiones Gaviria Gonz\u00e1lez S.A.S.[,] (II) que dada[s] las conversaciones con [\u00e9sta]\u2026 se identifica que el mismo NO [ha] intervenido frente a dicha solicitud por el propietario, por el contrario[,] no respet[\u00f3] lo pactado en el contrato de arrendamiento comercial, [y] (III)\u2026 en las pruebas no se evidencia que se haya llevado a cabo un proceso de restituci\u00f3n[,] por el contrario[,] el due\u00f1o [le] realiza la solicitud directamente\u2026[,] desconociendo el contrato existente entre las partes[,] ya que dicha sociedad realiz[\u00f3] uso de lo no autorizado[,] como fue el arrendamiento de dicho inmueble\u00bb. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 el libelo de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el canon 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
La Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn indic\u00f3 que remiti\u00f3 el enteramiento de la admisi\u00f3n del tr\u00e1mite tutelar al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Envigado porque desde \u00abel\u2026 31 de enero de 2023 [l]e realiz\u00f3 la devoluci\u00f3n digital [del asunto fustigado]\u00bb; y dicho estrado judicial limit\u00f3 su intervenci\u00f3n a proporcionar el link de acceso a tal paginario y los datos de ubicaci\u00f3n de los actualmente intervinientes en el mismo. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Puestas as\u00ed las cosas, se advierte que la salvaguarda propuesta est\u00e1 llamada al fracaso, porque no luce arbitrario el prove\u00eddo mediante el cual, el pasado 14 de diciembre, el Tribunal acusado ratific\u00f3 la determinaci\u00f3n del a-quo en torno a la denegaci\u00f3n del mandamiento de pago rogado por la actora. <\/p>\n
2.1. En efecto, en tal providencia, sobre la que recae el presente an\u00e1lisis, por ser aquella mediante la cual se zanj\u00f3 de forma definitiva la tem\u00e1tica sometida a consideraci\u00f3n, el ad-quem encartado aludi\u00f3 a algunas generalidades en torno a los procesos ejecutivos, resaltando que, acorde con los principios que los rigen, en ellos se \u00abpersigue b\u00e1sicamente la certeza y concreci\u00f3n del derecho sustancial pretendido en la demanda, para asegurar que el titular de una relaci\u00f3n jur\u00eddica de la que se deriven obligaciones pueda obtener por medio de la intervenci\u00f3n del \u00f3rgano jurisdiccional del Estado, el cumplimiento de ellas, compeliendo al deudor a ejecutar las prestaciones a su cargo, obviamente si ello fuere posible, para lo cual deber\u00e1 responder con su patrimonio\u00bb. <\/p>\n
Por lo que, continu\u00f3, la \u00abejecuci\u00f3n ha de partir de la existencia de un derecho cierto, condensado en documento que debe tener m\u00e9rito coactivo frente al deudor y contentivo de una obligaci\u00f3n clara, expresa y actualmente exigible, es decir, que se encuentre debidamente determinada, especificada y patente, lo que indica que debe constar por escrito como requisito ad-solemnitatem, que tanto su objeto, que es el cr\u00e9dito, como sus sujetos, acreedor y deudor, se hallen inequ\u00edvocamente rese\u00f1ados, y que se trate de una obligaci\u00f3n pura y simple, o que habiendo estado sujeta a condici\u00f3n o plazo, se haya vencido \u00e9ste o cumplido aqu\u00e9lla\u00bb (se destac\u00f3). <\/p>\n
Seguidamente, indic\u00f3 que, acorde a su reiterado criterio, el que valid\u00f3 apoy\u00e1ndose en la doctrina sobre la materia, \u00ablos contratos bilaterales que contengan obligaciones expresas, claras, exigibles y reunidos ciertos requisitos probatorios[,] constituyen t\u00edtulo ejecutivo, pero en el asunto que ahora convoca la Sala no se discute ese aspecto, sino la circunstancia de que los hechos fundantes de las obligaciones que se pretenden cobrar no provienen de la sociedad arrendadora demandada sino de terceros, lo que impone\u2026 la confirmaci\u00f3n del auto recurrido\u00bb. <\/p>\n
A lo cual a\u00f1adi\u00f3 que, acorde con tal postura, en ese espec\u00edfico asunto \u00abera necesario que se allegara la prueba del incumplimiento doloso o culposo de la sociedad arrendadora, pero contrario a ello en el mismo texto de la demanda se afirma que la restituci\u00f3n obedeci\u00f3 a petici\u00f3n de los propietarios del inmueble, lo que claramente elimina la posibilidad de hacer exigible, en tr\u00e1mite de este jaez, alguna prestaci\u00f3n con venero en la relaci\u00f3n arrendaticia\u00bb; y \u00absi la actora considera que debe reconocerse el valor de las adecuaciones o indemnizaci\u00f3n equivalente a la suma pactada como c\u00e1nones de arrendamiento, la ausencia de obligaci\u00f3n clara, expresa y exigible a cargo de la arrendadora es notoria, como que desconoce que el proceso ejecutivo tiene origen en un derecho cierto aunque discutible, es decir, exige como presupuesto una declaraci\u00f3n de certeza documentada en el t\u00edtulo ejecutivo, en otras palabras, t\u00edtulo que por su sola apariencia\u2026 se presenta como indiscutible para el juez y contiene un derecho reconocido previamente, en favor del acreedor y a cargo del deudor\u00bb (se resalt\u00f3). <\/p>\n
2.2. Por lo dicho, la Corte concluye que las consideraciones contenidas en la decisi\u00f3n criticada en cuanto a la ausencia de certeza en torno al derecho deprecado ejecutivamente, no lucen antojadizas, caprichosas o subjetivas, con independencia de que se compartan, y resultaban suficientes para confirmar el veredicto del a-quo, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo de la peticionaria no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Luego, tales inferencias no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la[s] que ha hecho no resulta[n] contraria[s] a la raz\u00f3n, es decir[,] si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello [se] desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda [el juez de tutela] a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo [se refiere al fallador ordinario] para definir el conflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 en. 2005, rad. 1451; reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ag. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
3. Finalmente, se muestra pertinente recordar que, como lo dej\u00f3 dicho esta Sala en providencia STC3900-2022 (30 mar., rad. 2022-00036-00), para acceder al resguardo entonces reclamado, definitivamente es inviable restringir a cierto tipo de obligaciones la ejecuci\u00f3n por perjuicios de que trata el precepto 428 del C\u00f3digo General del Proceso, del cual \u00abse extracta que son tres los casos en los que el acreedor puede reclamar desde un principio la ejecuci\u00f3n por perjuicios, a saber: (i) cuando no se entreg\u00f3 una especie mueble o de bienes de g\u00e9nero diferentes al dinero; (ii) por la ejecuci\u00f3n de un hecho; y (iii) por la no ejecuci\u00f3n de un hecho\u00bb; en otras palabras, \u00abel primero de los casos relacionados se refiere a la inobservancia de obligaciones de dar, circunscrito a especies muebles o a bienes de g\u00e9nero distintos al dinero; el segundo, al incumplimiento de obligaciones de abstenerse de hacer, es decir, se trata de la ejecuci\u00f3n de un acto, que la parte se hab\u00eda comprometido a no realizar; y, el tercero, al desconocimiento de obligaciones de hacer, esto es, la inejecuci\u00f3n de un hecho\u00bb. <\/p>\n
Sin embargo, a diferencia del asunto estudiado en aquella ocasi\u00f3n, conforme se anot\u00f3 en precedencia, en el de ahora no existe certeza frente al incumplimiento que debi\u00f3 endilgarse a la ejecutada como soporte de la exigibilidad de las sumas deprecadas, m\u00e1xime cuando, se itera, la misma ejecutante reconoci\u00f3 que aqu\u00e9lla, como arrendadora, cumpli\u00f3 con su carga de entregarle el bien objeto del contrato de arrendamiento, y el supuesto que pretendi\u00f3 hacer valer como deshonra al mismo devino de un acto propio de la arrendataria, por dem\u00e1s, mediado por la discutible intervenci\u00f3n de un tercero, ajeno al mentado convenio que se llev\u00f3 como base de recaudo, supuesto suficiente para el despacho adverso del reclamo supralegal actual. <\/p>\n
En efecto, en el pronunciamiento que se memora, de forma categ\u00f3rica, se destac\u00f3 que \u00abla viabilidad de la ejecuci\u00f3n por perjuicios compensatorios de que trata el art\u00edculo 428 del C\u00f3digo General del Proceso, depende del cumplimiento de los siguientes requisitos\u00bb: <\/p>\n
(i) La existencia de una obligaci\u00f3n consistente en: (a) la entrega de una especie mueble o de bienes de g\u00e9nero distintos de dinero; (b) la no ejecuci\u00f3n de un hecho; o (c) la ejecuci\u00f3n de un determinado hecho. <\/p>\n
(ii) El incumplimiento de alguna de esas obligaciones. <\/p>\n
(iii) La estimaci\u00f3n de los perjuicios ocasionados con tal incumplimiento, los cuales pueden versar en el t\u00edtulo ejecutivo o, de no haberse pactado en el mismo, deber\u00e1n ser estimados, \u00abbajo juramento\u00bb, por el demandante, \u00aben una cantidad como principal y otra como tasa de inter\u00e9s mensual, para que se siga la ejecuci\u00f3n por suma l\u00edquida de dinero\u00bb (ibidem). <\/p>\n
Entonces, se insiste, en esta oportunidad no denota arbitrariedad la negativa frente al mandamiento de pago que rog\u00f3 la actora porque no existe certeza de incumplimiento de parte de la ejecutada respecto del convenio arrendaticio del que se pretendi\u00f3 derivar t\u00edtulo ejecutivo, cuya demostraci\u00f3n, de entrada, era forzosa, al exigirse, por v\u00eda ejecutiva, indemnizaci\u00f3n por perjuicios compensatorios; sin perjuicio, claro est\u00e1, de las m\u00faltiples acciones declarativas a las que, si a bien lo tiene, podr\u00e1 acudir ante la jurisdicci\u00f3n para obtener el reconocimiento judicial de los derechos que considera le asisten. <\/p>\n
En esa medida, \u00abcomo la conclusi\u00f3n atacada est\u00e1 en sinton\u00eda con los par\u00e1metros fijados para solucionar esa clase de pendencias (ejecuciones por perjuicios compensatorios), es patente que el silogismo refutado no denota desviaci\u00f3n de ese marco regulatorio, lo que frustra lo pedido por el libelista, quien intenta hacer prevalecer su visi\u00f3n sobre el enfoque del acusado, olvidando, por completo, que el \u00abjuez de tutela\u00bb no puede interponerse sobre tal deducci\u00f3n, en rigor, porque \u00able est\u00e1 vedado reexaminar si el juzgador acusado realiz\u00f3 la m\u00e1s convincente o adecuada de las interpretaciones, pues tal tarea est\u00e1 por fuera de sus facultades\u00bb (CSJ STC2379-2019)\u00bb (STC13269-2019, 1\u00ba oct., rad. 2019-03100-00). <\/p>\n
4. Las anteriores razones imponen el despacho adverso del resguardo implorado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, deniega la protecci\u00f3n rogada. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados y, de no impugnarse este veredicto, oportunamente rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC3977-2023 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC3977-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-01405-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintis\u00e9is de abril de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D. C., veintis\u00e9is (26) de abril de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Tecnidid\u00e1cticos Ind. S.A.S. […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[61],"tags":[],"class_list":["post-72635","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-abril-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/72635","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=72635"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/72635\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=72635"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=72635"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=72635"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}