STC3981-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC3981-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2023-00302-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintis\u00e9is de abril de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintis\u00e9is (26) de abril de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por Rosa Elena Mora y Samuel C\u00e1rdenas Chaparro frente al fallo proferido el pasado 22 de marzo por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, que no accedi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela promovida por aqu\u00e9llos contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de esa ciudad y la Alcald\u00eda Local de Usaqu\u00e9n, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los promotores del amparo reclamaron la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas esenciales al debido proceso, vida, salud, dignidad humana y vivienda digna, presuntamente conculcadas por las autoridades acusadas. <\/p>\n
2. La situaci\u00f3n f\u00e1ctica relevante para resolver el presente asunto es la que as\u00ed se sintetiza: <\/p>\n
2.1. En el proceso ejecutivo promovido por Julio Hern\u00e1ndez Villate contra Jos\u00e9 Eustacio Rojas Gama se libr\u00f3 mandamiento de pago el 19 de julio de 1999, el 28 de febrero de 2001 se dispuso seguir adelante el cobro, y embargado, secuestrado y avaluado, entre otros, el predio con folio inmobiliario 50N-914872, se subast\u00f3 el mismo el 9 de marzo de 2022, siendo adjudicado a Rafael Ospina Ria\u00f1o, almoneda aprobada el d\u00eda 23 siguiente. <\/p>\n
2.2. Luego, el 7 de julio de 2022 el Juzgado encausado dispuso comisionar para la entrega del mentado bien, con ocasi\u00f3n de lo cual, el pasado 30 de enero la Alcald\u00eda de Usaqu\u00e9n dio inicio a la diligencia, la que atendi\u00f3 la accionante Rosa Elena Mora, dej\u00e1ndose constancia que era persona de la tercera edad e indic\u00f3 que \u00abno entend\u00eda de que trataba la diligencia\u00bb y, posteriormente, \u00abpor v\u00eda telef\u00f3nica\u00bb, se tuvo comunicaci\u00f3n con \u00abFreddy C\u00e1rdenas Mora, quien manifest\u00f3 ser hijo de los habitantes del inmueble, manifestando se iba a comunicar con el adjudicatario para proceder con la entrega\u00bb, motivos por los que se dispuso que se har\u00eda una nueva visita para la materializaci\u00f3n de la comisi\u00f3n. <\/p>\n
2.3. En sede de tutela los quejosos, quienes adujeron ser sujetos de especial protecci\u00f3n, dada su condici\u00f3n de personas de la tercera edad con notorios quebrantos de salud, indicaron que desde hace 12 a\u00f1os ejercen posesi\u00f3n, con \u00e1nimo de se\u00f1ores y due\u00f1os, sobre el mentado predio, al que han efectuado mejoras, por lo que criticaron la programaci\u00f3n de su entrega, m\u00e1xime porque nunca tuvieron \u00abconocimiento de ning\u00fan tipo de acci\u00f3n judicial que pusiera en duda [su] leg[\u00ed]tima posesi\u00f3n y tenencia\u2026, como quiera que en ning\u00fan tiempo ni momento fu[eron] notificados, comunicados y mucho menos vinculados a juicio alguno que involucrara la propiedad, y mucho menos la tenencia del inmueble que ha sido [su] hogar\u00bb, de donde nunca han sido \u00abo\u00eddos y vencidos en juicio\u00bb ni \u00abdeudores del se\u00f1or Rafael Ospina[,] quien dice ser el propietario\u00bb. <\/p>\n
Sostuvieron que, de forma arbitraria, el 30 de enero \u00faltimo se presentaron en el predio \u00abunas personas que no se identificaron, pretendiendo entrar a la fuerza\u00bb, produciendo alteraci\u00f3n a la accionante Rosa Elena, agravando su estado de salud, y dejando una misiva, sin firmas, referente a que realizar\u00edan la diligencia de entrega a favor del adjudicatario, consignando, adem\u00e1s, diferentes inconsistencias, como que hab\u00edan entrado y alinderado el predio, lo que nunca ocurri\u00f3. <\/p>\n
Resaltaron que \u00ab[l]os hechos\u2026 narrados muy seguramente hubieran incidido al momento de[l] secuestro y avalu\u00f3 del inmueble sin que hubieran ingresado al apartamento en m\u00e1s de 12 a\u00f1os\u00bb, por lo que, en su sentir, se evidenciaba la existencia de \u00abuna nulidad supralegal de rango constitucional\u00bb, lo que justifica su acudimiento a este tr\u00e1mite para que, con miras a garantizar sus derechos esenciales, se \u00abordene la suspensi\u00f3n preventiva de la entrega\u2026[,] hasta tanto se decida por el juzgado de conocimiento [su] derecho\u2026 sobre el apartamento\u2026, seg\u00fan demanda de Prescripci\u00f3n Adquisitiva ya Radicada, y se disponga la revisi\u00f3n de lo surtido ante el Juzgado\u2026 dentro del Ejecutivo\u00bb al impedir, \u00absin ning\u00fan miramiento y justificaci\u00f3n\u2026[,] con actos irregulares y omisivos\u00bb, su \u00abvinculaci\u00f3n, notificaci\u00f3n y actuaci\u00f3n\u00bb en ese juicio. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
2. Fredy C\u00e1rdenas Mora indic\u00f3 coadyuvar la solicitud de protecci\u00f3n por ser evidente la afectaci\u00f3n de garant\u00edas esenciales. <\/p>\n
Afirm\u00f3 ser cesionario de la garant\u00eda hipotecaria que reca\u00eda sobre el bien denunciado pero no haberla podido hacer efectiva debido a la negligencia de la administraci\u00f3n de justicia, lo que le ha imposibilitado transferir a sus padres, ac\u00e1 accionantes, los derechos que le corresponden sobre dicha heredad, acorde con el acuerdo de voluntades entre ellos celebrado en el a\u00f1o 2010. <\/p>\n
3. El abogado Orlando Jim\u00e9nez Camargo, quien manifest\u00f3 que en el juicio recriminado ejerci\u00f3 \u00abla representaci\u00f3n del demandante Julio Hern\u00e1ndez Villate\u00bb, se pronunci\u00f3 frente a la solicitud de protecci\u00f3n sin allegar el poder especial conferido por alguno de los interesados en este tr\u00e1mite para actuar en su representaci\u00f3n, por lo cual su manifestaci\u00f3n no se tiene en cuenta. <\/p>\n
4. El rematante Rafael Ospina Ria\u00f1o se opuso a la prosperidad de la salvaguarda porque el Juzgado recriminado \u00abha garantizado el debido proceso\u00bb, sin que se hayan \u00abvulnerado derechos fundamentales a los accionantes y cesionario\u00bb. <\/p>\n
5. Mar\u00eda Luisa Becerra de Hern\u00e1ndez, Patricia, Luis Enrique y Camilo Andr\u00e9s Hern\u00e1ndez Becerra tambi\u00e9n se opusieron a la concesi\u00f3n del resguardo porque \u00abla actuaci\u00f3n judicial del proceso ejecutivo se surti\u00f3 dentro del marco de la legalidad\u00bb y \u00abno estar legitimados los petentes al derecho de amparo sobre un bien que no est\u00e1n legitimados para arg\u00fcir como propio (sic)\u00bb. <\/p>\n
6. Finalmente, el profesional del derecho Apolinar Negr\u00f3n Rozo, quien dijo actuar como apoderado de los sucesores procesales de Julio Hern\u00e1ndez Villate (q.e.p.d.), se manifest\u00f3 frente al ruego tutelar sin allegar el o los poderes que lo habilitaran para actuar en representaci\u00f3n de aqu\u00e9llos, por lo que su pronunciamiento no se tiene en cuenta, salvo frente a las personas relacionadas a espacio, quienes expresamente se\u00f1alaron adherirse a lo expuesto por \u00e9l. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal a-quo, tras renovar la actuaci\u00f3n vinculando a Camilo Andr\u00e9s y Mar\u00eda del Pilar Hern\u00e1ndez, acorde con lo dispuesto por esta Corte en auto del pasado 10 de marzo (ATC237-2023), desestim\u00f3 el amparo al advertir que los accionantes \u00abno son parte ni terceros reconocido[s] dentro del proceso ejecutivo [criticado]\u2026, y en esa senda, no cuentan con un leg\u00edtimo inter\u00e9s jur\u00eddico respecto de las decisiones y actuaciones surtidas\u00bb, destacando que \u00abel hecho de que\u2026 consideren que debieron ser citados a dicho tr\u00e1mite, que tienen derechos sobre el inmueble objeto del remate y que la entrega ordenada no debe realizarse por generarles efectos adversos y estar en curso un proceso de pertenencia, no les confiere ninguna prerrogativa o facultad para discutir asuntos sustanciales o procesales de aquella ejecuci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La presentaron los accionantes insistiendo en sus planteamientos iniciales, los que adujeron desatendidos por el juzgador constitucional de primer grado, primordialmente su condici\u00f3n de sujetos de especial protecci\u00f3n por parte del Estado, destacando, adem\u00e1s, que su \u00ablegitimaci\u00f3n para la presente acci\u00f3n surge del hecho de tener la tenencia pac[\u00ed]fica y con justo t[\u00ed]tulo por m[\u00e1]s de 12 a\u00f1os, como lo demostra[ron] con los documentos allegados\u00bb, a tal punto que presentaron, les fue admitida e inscrita la demanda declarativa de pertenencia que formularon respecto del predio denunciado. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. De los elementos de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias anticipa la Corte la confirmaci\u00f3n del fallo impugnado, por las razones que se pasa a exponer: <\/p>\n
2.1. En lo tocante con los derechos supuestamente afrentados a los accionantes con las decisiones adoptadas en el juicio ejecutivo que Julio Hern\u00e1ndez Villate promovi\u00f3 contra Jos\u00e9 Eustacio Rojas Gama, destacando que al mismo se mostraba innecesaria su vinculaci\u00f3n, en tanto que no ten\u00edan la condici\u00f3n de deudores, el resguardo era inviable porque carecen de legitimaci\u00f3n para cuestionar por esta v\u00eda las actuaciones all\u00ed surtidas, por no ser parte ni intervinientes en dicha contienda, m\u00e1xime cuando no participaron en la diligencia de secuestro, llevada a cabo por la Inspecci\u00f3n 1 D de Polic\u00eda de la Alcald\u00eda de Usaqu\u00e9n desde el 8 de octubre de 19991, ni se opusieron a la misma con posterioridad, en la oportunidad legal establecida para ello. <\/p>\n
Sobre la legitimaci\u00f3n para acudir a este mecanismo de resguardo constitucional, los art\u00edculos 10 y 31 del Decreto 2591 de 1991 establecen como presupuesto para su formulaci\u00f3n que quien as\u00ed obre tenga un inter\u00e9s que legitime su intervenci\u00f3n, el cual, cuando se trata de la presunta violaci\u00f3n de los derechos fundamentales generada por actuaciones o providencias judiciales, radica en cabeza de quienes integran alguno de los extremos del litigio o fueron reconocidos como intervinientes. <\/p>\n
Al respecto, en otros asuntos, as\u00ed lo ha precisado esta Sala: <\/p>\n
…\u2018al ser evidente que la promotora de la queja carece de atribuci\u00f3n para adelantar por este medio la defensa de los derechos fundamentales reclamados dentro de un juicio donde no ostent\u00f3 la calidad de parte ni de tercero, emerge ostensible la improcedencia de la protecci\u00f3n impetrada, no siendo menester adentrarse en el contenido de la queja por cuanto lo primero excluye lo segundo\u2019 (sentencia de 26 de noviembre de 2010, exp. 11001-22-03-000-2010-01168-01, reiterada en fallo de 26 de julio de 2012, exp. No. 13001-22-13-000-2012-00198-01) (CSJ STC, 24 oct. 2012, rad. 00171-01; reiterada, entre muchas otras, en STC2689-2015, 11 mar. 2015, rad. 00421-00). <\/p>\n
Entonces, habida cuenta que Rosa Elena Mora y Samuel C\u00e1rdenas Chaparro no son parte ni intervinientes en el proceso ejecutivo que critican, emerge di\u00e1fana su falta de legitimaci\u00f3n para proponer este resguardo supralegal frente al Juzgado en donde aqu\u00e9l se adelanta y la autoridad comisionada por \u00e9ste para la materializaci\u00f3n de la entrega del bien rematado al adjudicatario. <\/p>\n
2.2. Por otro lado, al margen de lo anterior y en gracia de discusi\u00f3n, ante la flexibilidad en el estudio constitucional que demandan los quejosos, debe destacarse que en ninguna irregularidad incurri\u00f3 el juzgador acusado cuando comision\u00f3 para adelantar la diligencia de entrega, pues estaban reunidos todos los supuestos que para tal proceder establece el canon 456 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
As\u00ed, es claro que la programaci\u00f3n de la entrega es consecuencia natural de las actuaciones surtidas en el proceso, de las cuales no se desprende arbitrariedad o capricho alguno por parte de la sede judicial acusada, lo que denota la anunciada improsperidad de esta salvaguarda, de donde tambi\u00e9n resulta desafortunada la alegaci\u00f3n cimentada en que el resguardo debe concederse por ser los accionantes sujetos de la tercera edad, pues lo cierto es que ello, como lo tiene por sentado la jurisprudencia constitucional, por s\u00ed mismo no implica dispensar la protecci\u00f3n, pues para que esto ocurra es necesario demostrar que la conculcaci\u00f3n de las prerrogativas esenciales invocadas es atribuible al proceder irregular de la autoridad encausada, lo que aqu\u00ed no ocurri\u00f3, en tanto que, como atr\u00e1s qued\u00f3 dicho, en la actuaci\u00f3n desplegada en el juicio recriminado no se advierte la incursi\u00f3n en actuaci\u00f3n arbitraria o caprichosa por parte de la sede judicial convocada, sin que pueda endilg\u00e1rsele las situaciones que exponen los reclamantes como derivadas de la futura entrega del predio subastado. <\/p>\n
En asuntos de contornos similares, donde se ha cuestionado la futura diligencia de entrega de inmuebles rematados, que, mutatis mutandis, resultan aplicables al presente caso, en tanto que se ha determinado que ello es consecuencia l\u00f3gica del devenir procesal ajustado al ordenamiento jur\u00eddico, in extenso, para denegar la salvaguarda, esta Sala ha precisado que: <\/p>\n
2. De cara a los argumentos planteados por el inconforme, se advierte que lo concretamente pretendido por \u00e9ste a trav\u00e9s del amparo, es que se ordene al Juzgado… suspender la entrega del inmueble…, que fue ordenada en el marco del proceso ejecutivo hipotecario que en contra de su c\u00f3nyuge… promovi\u00f3 la se\u00f1ora… Rojas Vda. de Callejas, hasta tanto pueda acudir a los mecanismos ordinarios que permitan evitar, dice, la realizaci\u00f3n definitiva de tal diligencia, pues se enter\u00f3 de la existencia del referido proceso s\u00f3lo hasta el pasado 8 de junio, cuando recibi\u00f3 un aviso donde la Inspecci\u00f3n comisionada informaba sobre la data programada para realizar la diligencia. <\/p>\n
4. Ahora bien, la demanda de protecci\u00f3n tampoco se abre paso como mecanismo transitorio, pues recu\u00e9rdese que <\/p>\n
\u00ab[E]n principio, la pr\u00e1ctica de una diligencia de entrega no constituye un perjuicio irremediable, en tanto que esa circunstancia, por s\u00ed misma, no es demostrativa de que se vulneren los derechos fundamentales\u2026 De hecho, ese tipo de medidas responde a \u00f3rdenes leg\u00edtimas de autoridades jurisdiccionales que no pueden ser supeditadas al ejercicio de la acci\u00f3n de tutela, porque en todo caso, el juez constitucional no podr\u00eda impedir que se cumplan los mandatos dictados por los juzgadores de instancia en ejercicio de sus atribuciones legales\u00bb (CSJ, SC, 29 de noviembre de 2006, citada el 20 de marzo de 2014, exp. STC3468 y en STC226-2015). <\/p>\n
5. Finalmente cabe precisar, que aunque el actor y su c\u00f3nyuge sean personas de la tercera edad, no se observa dentro del plenario que se encuentren en una situaci\u00f3n de peligro que amerite conceder el resguardo, a\u00fan como mecanismo transitorio, pues no se demostr\u00f3 la afectaci\u00f3n de su m\u00ednimo vital o que est\u00e9n comprometidas sus necesidades b\u00e1sicas. <\/p>\n
Frente a situaciones similares a las que aqu\u00ed se examina, la Sala ha determinado que <\/p>\n
\u00ab[E]l hecho de que la gestora del amparo sea persona de la tercera edad, en s\u00ed mismo considerado no implica, per se, que deba concederse la salvaguarda invocada, desde luego que es necesario probar la violaci\u00f3n o amenaza de prerrogativas esenciales, situaci\u00f3n que no se avizora en este asunto (\u2026), sobre el punto esta Sala indic\u00f3 que \u201csi bien es cierto se trata de adulto mayor (\u2026), esa sola circunstancia no es suficiente para brindar protecci\u00f3n especial, pues deben estar acreditadas las afectaciones a sus prerrogativas que lo coloquen en estado de vulnerabilidad, lo que no se advierte en el plenario y, por ende, no procede orden constitucional al respecto\u00bb (CSJ STC 11 mar. 2013, reiterado STC17105-2014 y STC14586-2015). <\/p>\n
6. Corolario de lo discurrido en precedencia, y sin lugar a m\u00e1s consideraciones por innecesarias, se impone mantener la sentencia impugnada, por las razones expuestas en esta instancia (se destac\u00f3 – CSJ STC11859-2016, 25 ag., rad. 2016-00462-01). <\/p>\n
2.3. Finalmente, esta Colegiatura tambi\u00e9n ha dejado dicho que la pluricitada diligencia no afrenta el eventual derecho que pueda surgir de la hipot\u00e9tica prosperidad de la demanda de pertenencia que aducen haber incoado los censores, de donde su existencia tampoco constituye supuesto suficiente para la viabilidad del resguardo deprecado. As\u00ed se ha razonado al respecto: <\/p>\n
En adici\u00f3n, agrega la Corte que la diligencia de entrega no mengua la usucapi\u00f3n demandada por la accionante, en la medida en que el lapso de posesi\u00f3n necesario para tal invocaci\u00f3n, bien sea ordinaria o extraordinaria, debe cumplirse antes de la formulaci\u00f3n de la demanda de pertenencia. <\/p>\n
(\u2026) contrariamente a lo considerado por el a-quo constitucional, no es menester que el poseedor de un bien pretendido en pertenencia se encuentre dentro de \u00e9l para obtener la declaratoria de usucapi\u00f3n, pues si consolid\u00f3 los presupuestos para esto a su alcance est\u00e1 acudir ante la administraci\u00f3n de justicia, no obstante que posteriormente a dicha configuraci\u00f3n haya sido despojado de la posesi\u00f3n. <\/p>\n
En otros t\u00e9rminos, el poseedor est\u00e1 habilitado para demandar la usucapi\u00f3n aun cuando la haya perdido, siempre y cuando antes de dicha privaci\u00f3n haya consolidado todos los requisitos que dicha proclamaci\u00f3n exige. <\/p>\n
Cabe precisar, entonces, qu\u00e9 implicaciones tiene la p\u00e9rdida de la posesi\u00f3n, aspecto sobre el cual resulta necesario recordar que la prescripci\u00f3n es un modo de adquirir las cosas ajenas, o de extinguir las acciones o derechos de los dem\u00e1s, por el transcurso del tiempo (art. 2512 C.C.), fen\u00f3meno que puede verse suspendido, interrumpido -de forma civil o natural- y renunciado. (CSJ, SC, rad. 2019-00121, 29 ab. 2020). <\/p>\n
En este orden de ideas, col\u00edgese que la diligencia de entrega atacada no desvanece la expectativa de la promotora incoada por v\u00eda de usucapi\u00f3n, de donde tampoco se observa la vulneraci\u00f3n a sus derechos fundamentales (CSJ STC6285-2021, 2 jun., rad. 2021-00348-02). <\/p>\n
3. Las razones consignadas imponen respaldar la determinaci\u00f3n de primera instancia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 N\u00f3tese que las medidas de embargo (26 de abril de 1999) y secuestro (8 de octubre de 1999) sobre el fundo denunciado, efectivizadas por el Juzgado Treinta y Cuatro Civil del Circuito de Bogot\u00e1 en el proceso ejecutivo hipotecario interpuesto por la Corporaci\u00f3n Las Villas contra Jos\u00e9 Eustacio Rojas Gama, fueron dejadas a disposici\u00f3n de la ejecuci\u00f3n ac\u00e1 fustigada, con plenos efectos, tras la terminaci\u00f3n de aquel juicio, con ocasi\u00f3n del embargo de remanentes dispuesto sobre ese asunto. <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC3981-2023 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC3981-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2023-00302-02 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintis\u00e9is de abril de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D. C., veintis\u00e9is (26) de abril de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por Rosa Elena Mora y Samuel […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[61],"tags":[],"class_list":["post-72639","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-abril-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/72639","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=72639"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/72639\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=72639"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=72639"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=72639"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}