STC3982-2023<\/p>\n
<\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC3982-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2023-00104-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintis\u00e9is de abril de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintis\u00e9is (26) de abril de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por Mario Alberto Restrepo Zapata frente al fallo proferido el pasado 24 de marzo por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, que no accedi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela promovida por \u00e9l contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de esa ciudad, la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n y la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de Risaralda; a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El actor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por el estrado acusado, porque en la acci\u00f3n popular que instaur\u00f3 contra \u00abFerrel\u00e9ctricos La 31\u00bb (rad. 2022-00152), se neg\u00f3 a brindarle la constancia secretarial que le pidi\u00f3. <\/p>\n
2. Pidi\u00f3, entonces, ordenar i) al Juzgado enjuiciado, \u00abbrindar la constancia secretarial pedida a fin de solicitar aplica[c]ion art. 84 Ley 472 de 1998\u00bb; ii) a la Procuradur\u00eda convocada, intervenir \u00aba [su] nombre en derecho y [l]e garantice [el] art. 29 cn\u00bb; y iii) a la Comisi\u00f3n accionada, \u00abconsignar en derecho si aplicaran art. 84 Ley 472 de 1998 o dicha norma es solo de efecto simb\u00f3lico\u00bb. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. La Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n de este tr\u00e1mite porque en las \u00abacciones populares presentadas por los ciudadanos ante la jurisdicci\u00f3n civil, \u2026se [le] han comunicado los autos que admiten las respetivas demandas, en aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 21 de la Ley 472 de 1998; como consecuencia de ello, \u2026se ha designado a las diferentes personer\u00edas municipales para que act\u00faen como Agentes del Ministerio P\u00fablico e intervengan dentro de ellas ante los juzgados ubicados en sus jurisdicciones\u00bb; que no promovi\u00f3 la causa popular fustigada ni \u00abha tenido participaci\u00f3n alguna dentro de ella\u00bb, por lo que le es ajena, y su \u00abintervenci\u00f3n est\u00e1 orientada, de ser el caso, a la defensa de los derechos e intereses colectivos emitiendo concepto de rigor, solicitando pruebas y participando en la audiencia de pacto de cumplimiento convocada previamente por el Juez\u00bb; aunado a que \u00abel accionante no [le] ha presentado\u2026 queja o reclamo af\u00edn con lo discutido en esta acci\u00f3n constitucional y que haya ameritado intervenci\u00f3n ante el juez respectivo por parte de esta agencia del Ministerio P\u00fablico\u00bb. <\/p>\n
2. La Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de Risaralda tambi\u00e9n rog\u00f3 su exclusi\u00f3n de esta actuaci\u00f3n porque \u00ab no ha vulnerado derecho fundamental alguno de los alegados por el actor\u00bb. <\/p>\n
3. La Personer\u00eda de Pereira tambi\u00e9n deprec\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del rito constitucional por carecer de competencia para pronunciarse \u00absobre las solicitudes realizadas por el accionante\u00bb, comoquiera que no act\u00faa como actora ni accionada \u00aben el caso y tampoco[,] hasta la notificaci\u00f3n de la tutela, se ten\u00eda conocimiento del amparo invocado\u00bb. <\/p>\n
4. La Alcald\u00eda de Pereira indic\u00f3 que no est\u00e1 legitimada en la causa por pasiva, porque \u00abno cuenta con la facultad de exigir de las personas privadas la adecuaci\u00f3n de los espacios privados o locales comerciales\u00bb, sin que \u00abhaya influenciado lo decidido por el despacho accionado\u00bb. <\/p>\n
5. La Defensor\u00eda del Pueblo Regional Risaralda igualmente exigi\u00f3 su supresi\u00f3n de esta actuaci\u00f3n porque \u00abno tiene injerencia alguna respecto del asunto que solicita el accionante, y m\u00e1s a\u00fan cuando no se le ha vulnerado derecho alguno por parte de [esa] Entidad\u00bb. <\/p>\n
6. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira histori\u00f3 las actuaciones all\u00ed surtidas, destac\u00f3 que el pasado 28 de febrero se pronunci\u00f3 sobre su solicitud de expedici\u00f3n de certificaci\u00f3n y rog\u00f3 denegar la protecci\u00f3n porque \u00abno ha vulnerado derecho fundamental alguno al accionante, por cuanto se le ha otorgado el tr\u00e1mite procesal pertinente a cada una de las solicitudes presentadas, se ha actuado conforme la ley y la jurisprudencia\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal a-quo neg\u00f3 la protecci\u00f3n al advertir que el actor no recurri\u00f3 el auto del 28 de febrero \u00faltimo, mediante el cual el Juzgado encartado se pronunci\u00f3 frente a su solicitud de expedici\u00f3n de constancia secretarial, \u00aben los siguientes t\u00e9rminos: \u201c\u2026como se [h]a hecho saber al actor\u2026 en repetidas ocasiones, las constancias solicitadas obran en el expediente, por lo que se ordena compartir[le] el link del presente tramite\u2026\u201d (sic), comparti\u00f3 el link de la acci\u00f3n popular el 1 de marzo de 2023\u00bb; de donde \u00abla lesi\u00f3n de las garant\u00edas constitucionales invocadas no ha tenido lugar\u00bb. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3, frente a \u00ablas pretensiones\u2026 relacionadas con\u2026 la Procuradora General de la Naci\u00f3n\u2026 [y] la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de Risaralda\u00bb, que el ruego era inviable al insatisfacer el presupuesto de la subsidiariedad, toda vez que el quejoso \u00abno ha elevado similar petici\u00f3n ante dichas autoridades o por lo menos omiti\u00f3 probar que as\u00ed procedi\u00f3, aunado a que, la acci\u00f3n de tutela no est\u00e1 consagrada para tramitar esa clase de solicitudes, las cuales, se itera, deben ser formuladas directamente por el mismo interesado\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La inco\u00f3 el quejoso aduciendo, concretamente, que \u00ablo pedido en tutela es que la tutelada se niega a compartir constancia secretarial[,] no [l]e brinda constancia secretarial[,] y eso es lo que tutel[a]\u00bb, y el fallador \u00abconfunde\u2026 constancia secretarial con el link de la apopular (sic)\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
2. Circunscrita la Sala a la impugnaci\u00f3n propuesta, se advierte que la solicitud de resguardo estaba llamada al fracaso, como lo defini\u00f3 el a-quo constitucional, por las razones que se pasa a exponer. <\/p>\n
2.1. En primer lugar, porque de la inspecci\u00f3n efectuada sobre el expediente contentivo del asunto fustigado se deriva que, efectivamente, desde el 28 de febrero de 2023 el estrado encausado se pronunci\u00f3 frente a la solicitud de expedici\u00f3n de la certificaci\u00f3n que le plante\u00f3 el censor, la que, valga anotar, muy a pesar de sus alegaciones, no le neg\u00f3, precis\u00e1ndole que, como reiteradamente se lo hab\u00eda hecho saber, \u00ablas constancias solicitadas obran en el expediente\u00bb, por lo que dispuso compartirle \u00abel link del\u2026 tr[\u00e1]mite\u2026, para tal efecto\u00bb; estando cumplida as\u00ed, en \u00faltimas, su exigencia constitucional, por lo cual carecer\u00eda de objeto impartir una orden con miras a que ello se produzca. <\/p>\n
En ese sentido, tiene por sentado esta Corte que: <\/p>\n
Si la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe, o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido totalmente\u2026 la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecer\u00eda de sentido (CSJ STC, 13 mar. 2009, rad. 2009-00147-01; reiterada en STC, 7 nov. 2012, rad. 2012-02211-01; STC, 17 sep. 2013, rad. 2013-00184-01; STC, 12 jun. 2014, rad. 2014-00262-01; y STC, 5 mar. 2015, rad. 2014-00194-01). <\/p>\n
2.2. De otro lado, en todo caso, el resguardo insatisface el presupuesto de la subsidiariedad, dado que si alguna inconformidad ten\u00eda el accionante ante lo dispuesto en el mentado prove\u00eddo del 28 de febrero \u00faltimo frente a su solicitud de expedici\u00f3n de la certificaci\u00f3n rogada, debi\u00f3 recurrir tal pronunciamiento, acorde con el canon 318 del C\u00f3digo General del Proceso, lo que no hizo, siendo esa la oportunidad para exponer ante el fallador natural todas las inconformidades tra\u00eddas tard\u00edamente en la demanda de tutela. <\/p>\n
Esa circunstancia evidencia el descuido del reclamante en el uso de los instrumentos legales para la defensa de sus derechos ante el juzgador ordinario e impide al de tutela interferir el tr\u00e1mite respectivo, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los medios de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, como aqu\u00ed aconteci\u00f3, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que les sean adversas, en tanto el resultado es fruto de su propia incuria. <\/p>\n
En cuanto al particular, la Corte ha sostenido que si el gestor de la protecci\u00f3n \u00abdesperdici\u00f3 las diferentes oportunidades procesales\u00bb: <\/p>\n
\u2026es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, tal y como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 118 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil [hoy 117 del C\u00f3digo General del Proceso] -, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 00241-01; reiterada, entre muchas otras, en STC, 5 abr. 2011, rad. 00015-01). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, ante la evidente e injustificada desatenci\u00f3n del inconforme, la protecci\u00f3n rogada es inviable a voces del numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, por la falta de agotamiento del medio ordinario de regular procedencia para controvertir, ante el juez natural, las situaciones denunciadas en sede de tutela. <\/p>\n
3. Lo sucintamente consignado impone ratificar la determinaci\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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