STC3983-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC3983-2023 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintis\u00e9is de abril de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintis\u00e9is (26) de abril de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Karina Calonge G\u00f3mez contra la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional del derecho fundamental de debido proceso, as\u00ed como de los principios de \u00abverdad conocida\u00bb y \u00abbuena fe sabida\u00bb, que dice vulnerados por la autoridad acusada. <\/p>\n
Solicita, en consecuencia, se \u00abdiscipline la se\u00f1ora juez por violar los derechos humanos de una v\u00edctima, desde la perspectiva de quebrantar el bloque constitucional, con fundamento en infringir aspectos de orden disciplinario\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Dentro del proceso disciplinario adelantado en contra de Elisa del Cristo Saibis Bruno, en su condici\u00f3n de titular del Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Ceret\u00e9, la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de C\u00f3rdoba, en prove\u00eddo de 26 de octubre de 2022 dispuso la terminaci\u00f3n del procedimiento disciplinario y el archivo de las diligencias. Esta decisi\u00f3n que fue apelada. <\/p>\n
2.2. La Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial, en auto de 22 de febrero de 2023 revoc\u00f3 parcialmente la determinaci\u00f3n de primer grado, con miras a que se efectuara una investigaci\u00f3n integral respecto de la conducta de no practicar la prueba testimonial de la gerente de Bancolombia. <\/p>\n
2.3. Indic\u00f3 la accionante que aceptaba la modificaci\u00f3n parcial efectuada, pero no el resto de la decisi\u00f3n, pues iba en contrav\u00eda de la verdad y la buena fe sabida; que la falladora objeto de investigaci\u00f3n como experta en el proceso ejecutivo conoc\u00eda que el documento carec\u00eda de autonom\u00eda, el que fue atacado con nulidad, adem\u00e1s que el hecho notorio de la crisis climatica efect\u00f3 la voluntad de la promesa incondicional. <\/p>\n
2.4. Se\u00f1al\u00f3 que era notable el desequilibrio en el negocio celebrado; que la juez conoc\u00eda lo ocurrido, por lo que debi\u00f3 de oficio revisar el pagar\u00e9; que se desconoci\u00f3 el contenido del contrato origen respecto a la exigibilidad del t\u00edtulo valor; y se present\u00f3 una demora en la resoluci\u00f3n del incidente de nulidad. <\/p>\n
2.5. Adujo que la juez no busc\u00f3 la verdad material; que omiti\u00f3 la pr\u00e1ctica de una prueba testimonial de la gerente de Bancolombia; que \u00ablleg\u00f3 a la audiencia de oralidad sin efectuar el control de legalidad\u00bb; que era irregular el t\u00edtulo valor por carencia de la carta de instrucciones; y que el problema disciplinario ten\u00eda origen en una falsa enemistad, lo que se declar\u00f3 infundado. <\/p>\n
2.6. Sostuvo que la motivaci\u00f3n efectuada carec\u00eda de rigor; que se present\u00f3 un error de hecho y judicial; que no se apreciaron los medios de convicci\u00f3n; y que atacaba el juicio disciplinario en todos sus momentos procesales, pues el ejecutivo estaba en debate en otras instancias. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial se\u00f1al\u00f3 que no se cumpl\u00eda con los requisitos generales de procedencia de la acci\u00f3n, pues la l\u00ednea argumentativa no era clara ni se justific\u00f3 con precisi\u00f3n en que medida se transgred\u00edan los derechos fundamentales; que la actora en la tutela reiter\u00f3 los argumentos expuestos en la alzada que ya fueron resueltos; que frente al presunto defecto f\u00e1ctico se pronunci\u00f3 de manera clara y completa; que se despacharon todos los reclamos planteados, e incluso frente a algunos de los argumentos -como el impedimento infundado- no ten\u00eda competencia para pronuncirse de conformidad con el art\u00edculo 234 de la Ley 1952 de 2019, por lo que no hizo tr\u00e1nsito a cosa juzgada y pod\u00eda presentar nueva queja disciplinaria frente a esos aspectos. <\/p>\n
2. La Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de C\u00f3rdoba se\u00f1al\u00f3 que si bien se revoc\u00f3 parcialmente la providencia emitida el 26 de octubre de 2022, para que se efectuara una investigaci\u00f3n integral frente a la no pr\u00e1ctica de una prueba testimonial, lo cierto es que la decisi\u00f3n fue confirmada en todo lo dem\u00e1s, por lo que gozaba de doble presunci\u00f3n de acierto y legalidad; que lo rituado en la actuaci\u00f3n se adelant\u00f3 con apego y observancia de las garant\u00edas constitucionales; que las determinaciones emitidas obedec\u00edan a una interpretaci\u00f3n razonable, sustentada en las normas aplicables y en la valoraci\u00f3n probatoria; que no se configuraba defecto alguno; y que la tutela no era una tercera instancia. <\/p>\n
3. Al momento de someterse a consideraci\u00f3n de la Sala el presente asunto, ninguno de los convocados hab\u00eda efectuado manifestaci\u00f3n alguna frente a la solicitud de protecci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. En el caso que concita la atenci\u00f3n de la Sala, encuentra la Corte que la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, habida cuenta que la Comisi\u00f3n accionada, en la providencia criticada de 22 de febrero de 2023, consider\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026no fue acertada la decisi\u00f3n de terminaci\u00f3n y archivo del proceso disciplinario a favor de la funcionaria investigada, toda vez que la primera instancia no analiz\u00f3 en forma suficiente el reproche respecto no practicar una prueba sin la debida motivaci\u00f3n, raz\u00f3n por la cual se debe revocar parcialmente la decisi\u00f3n del a quo. <\/p>\n
El primer aspecto que debe poner de presente la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial es que la mayor\u00eda de las afirmaciones contenidas en el recurso de apelaci\u00f3n corresponden a se\u00f1alamientos que escapan a la \u00f3rbita de competencia de esta jurisdicci\u00f3n, en tanto reprochan el fondo del contenido jur\u00eddico de los actos procesales empleados por la jueza disciplinada dentro del proceso ejecutivo con radicado 23-162-40-89-002-2019-416-00 y, por tanto, no ser\u00eda posible entrar a revisarlos sin desconocer los principios de independencia judicial y autonom\u00eda funcional. <\/p>\n
No obstante, de cara a resolver el recurso de apelaci\u00f3n impetrado contra el auto de terminaci\u00f3n y archivo proferido por la primera instancia, esta corporaci\u00f3n proceder\u00e1 a pronunciarse respecto los argumentos planteados por la quejosa de la siguiente manera: <\/p>\n
En primer lugar, la quejosa manifest\u00f3 que la disciplinada interpret\u00f3 de manera errada el problema jur\u00eddico, en tanto habr\u00eda centrado el debate en el t\u00edtulo -pagar\u00e9- y no habr\u00eda tenido en cuenta el contenido del contrato de mutuo celebrado con el banco. Sobre el particular, considera esta colegiatura que el objeto de un proceso ejecutivo no es otro que demandar ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante, a luz del art\u00edculo 442 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
As\u00ed, en el caso sub examine, advierte esta Comisi\u00f3n que el t\u00edtulo valor base de ejecuci\u00f3n y sobre el cual deb\u00eda versar el proceso, reca\u00eda sobre el pagar\u00e9 y no respecto de la obligaci\u00f3n causal \u2013 contrato de mutuo-, pues, tal y como lo manifest\u00f3 esta corporaci\u00f3n en providencia del 1 de febrero de 2023, del t\u00edtulo valor se desprende un derecho econ\u00f3mico, aut\u00f3nomo e independiente del acuerdo causal, lo que \u00aben palabras m\u00e1s sencillas se traduce en que el titulo valor no est\u00e1 supeditado, de acuerdo con la ley Colombiana, al estado de la obligaci\u00f3n que le sirve de causa; por el contrario, contiene un derecho absolutamente aut\u00f3nomo\u00bb. <\/p>\n
Es por ello que, en virtud del principio de autonom\u00eda, rector en materia de t\u00edtulos valores, no es de recibo que el deudor oponga la obligaci\u00f3n causal como justificaci\u00f3n para exonerarse de responsabilidad frente al t\u00edtulo valor, tal y como aleg\u00f3 en reiteradas ocasiones la quejosa, quien se\u00f1al\u00f3 que el hecho notorio de la crisis clim\u00e1tica dio lugar a un evento extraordinario inimputable, exonerado de culpa y dolo, el cual imped\u00eda el cobro de la obligaci\u00f3n por v\u00eda ejecutiva, con el objetivo de hacer valer una suerte de condici\u00f3n suspensiva del contrato. <\/p>\n
En ese orden de ideas, todos los aspectos alegados reiteradamente en sede de apelaci\u00f3n, dirigidos a cuestionar el fondo del asunto, por decirlo de alguna manera, no est\u00e1n llamados a prosperar pues la jueza disciplinable no adopt\u00f3 una decisi\u00f3n judicial caprichosa, tozuda o arbitraria al haber continuado la ejecuci\u00f3n a pesar de los argumentos expuestos por la parte demandante, con relaci\u00f3n a la obligaci\u00f3n causal. <\/p>\n
Precis\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026frente al reparo relativo a la supuesta primac\u00eda del derecho procesal sobre el derecho sustancial, observa esta corporaci\u00f3n que tal y como lo manifest\u00f3 la primera instancia, la operadora judicial obr\u00f3 conforme a derecho pues, contrario a lo manifestado por la quejosa, el C\u00f3digo General del Proceso no contempla un orden taxativo para resolver los asuntos que privilegie la resoluci\u00f3n de nulidades aun cuando recaigan sobre el fondo del asunto. Es as\u00ed como el art\u00edculo 132 ibidem se\u00f1ala que\u2026 <\/p>\n
En el caso bajo estudio, se logr\u00f3 observar que la operadora judicial realiz\u00f3 el correspondiente control de legalidad sin advertir ning\u00fan tipo de vicio, tanto as\u00ed que en el auto que resuelve la solicitud de nulidad, la jueza indic\u00f3 que \u00abrespecto a la solicitud de nulidad alegada por la ejecutada, decretarla no es procedente, toda vez que los argumentos de la solicitante no encajan en ninguna de las causales establecidas para la declaratoria de nulidad que regula el art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, por tal motivo este juzgado rechazar\u00e1 de plano la solicitud de nulidad de acuerdo a lo reglado en el art\u00edculo 135 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb. Aunado a ello, esta Comisi\u00f3n pudo constatar que los eventuales vicios que permeaban el proceso fueron debidamente saneados pues del auto del 4 de agosto de 2022 se observa que la juez manifest\u00f3: \u00abreiteramos que la oportunidad de presentar nulidades fue la audiencia del art\u00edculo 392 del C\u00f3digo General del Proceso, que ya en este proceso hay sentencia de seguir adelante la ejecuci\u00f3n y el proceso qued\u00f3 saneado en la audiencia por tal motivo no tiene vicios de nulidad; por ende, no se ha violado el derecho de defensa ni el debido proceso a la ejecutada por tanto se mantienen firmes las decisiones tomadas en todas sus actuaciones\u00bb <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, se\u00f1al\u00f3 sobre el hecho notorio alegado: <\/p>\n
Respecto a la presunta omisi\u00f3n del fallador de primera instancia de pronunciarse sobre la raz\u00f3n por la cual la disciplinada rechaz\u00f3 el hecho notorio como prueba legal, advierte esta Sala que dicho reparo se sale de la esfera disciplinaria, porque entrar a analizar el criterio jur\u00eddico por parte de la operadora judicial respecto del acervo probatorio dentro del proceso ejecutivo tergiversa la naturaleza sancionatoria del proceso disciplinario y da pie a convertirse en una tercera instancia. <\/p>\n
Por otra parte, observa esta Colegiatura que no hubo ninguna clase de resistencia de la juez disciplinable a reconocer la supuesta verdad material, como lo aleg\u00f3 la quejosa en su apelaci\u00f3n, por no resolver el incidente de nulidad del 1.\u00b0 de julio de 2020. Por el contrario, tal y como lo manifest\u00f3 el a quo, la operadora judicial no solo no se neg\u00f3 a vislumbrar tal verdad procesal, sino que, al tenor del art\u00edculo 129 del C\u00f3digo General del Proceso, fue clara en explicarle al apoderado de la parte demandada que no era el momento de resolverlo, pues los incidentes no suspenden el curso del proceso y son resueltos en la sentencia tal y como se logr\u00f3 constatar a partir de la transcripci\u00f3n de la audiencia inicial, en la cual se observa que en efecto la disciplinada manifest\u00f3\u2026 As\u00ed, contrario a lo que se\u00f1al\u00f3 la quejosa, lo realmente sucedido fue que la parte demandada voluntariamente opt\u00f3 por desistir del incidente, pues el apoderado se neg\u00f3 a fundamentar la solicitud de nulidad y le indic\u00f3 a la juez que continuara con el tr\u00e1mite del proceso, petici\u00f3n que la disciplinada atendi\u00f3 y continu\u00f3 con la ejecuci\u00f3n del t\u00edtulo, tal y como consta en la transcripci\u00f3n de la audiencia inicial, seg\u00fan la cual el apoderado de la parte demandada se\u00f1al\u00f3\u2026 <\/p>\n
Por otra parte, la quejosa tach\u00f3 de ilegal e inconstitucional el traslado del hecho notorio como presunta prueba legal a la audiencia de pruebas, pues conforme al tenor del art\u00edculo 167 del C\u00f3digo General del Proceso \u00abLos hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba\u00bb. Al respecto, esta colegiatura se pregunta: \u00bfun evento natural tal como un vendaval e inundaci\u00f3n en un espacio geogr\u00e1fico determinado constituye en todos los casos un hecho notorio? Sobre el particular\u2026 <\/p>\n
As\u00ed, en el caso sub examine, en criterio de esta corporaci\u00f3n las inundaciones y vendavales referidos por la quejosa no parecen revestir las caracter\u00edsticas de un suceso de tal magnitud social como para ser conocido y gozar de plena certeza por parte del juez de reparto y de la disciplinada, en forma absolutamente incontrovertible. Por el contrario, tal parece que la condici\u00f3n de hecho notorio en este particular caso no era un asunto palmario o evidente cuyo desconocimiento pudiera atribuirse como una posible decisi\u00f3n arbitraria o irrazonable. <\/p>\n
En suma, no queda claro para esta Comisi\u00f3n que el presunto hecho notorio realmente haya sido una prueba relevante, pertinente y \u00fatil para objetar el titulo valor materia de ejecuci\u00f3n. Frente a este punto y conforme a los principios de autonom\u00eda funcional e independencia judicial, la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial encuentra que la juez disciplinable ten\u00eda un buen margen de apreciaci\u00f3n para valorar el acervo probatorio y, en particular, para descartar la pertinencia del supuesto hecho notorio alegado por la quejosa. En otras palabras, esa decisi\u00f3n no luce arbitraria o irrazonable como para alcanzar alguna clase de connotaci\u00f3n disciplinaria. <\/p>\n
Respecto a la nulidad invocada, adujo que: <\/p>\n
\u2026esta corporaci\u00f3n reconoce que el fallo de primera instancia se limit\u00f3 a un an\u00e1lisis de las causales taxativas se\u00f1aladas en el art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso y omiti\u00f3 hacer referencia a la causal de nulidad constitucional por desconocimiento al debido proceso, causal reconocida por la honorable Corte Constitucional. <\/p>\n
No obstante lo anterior, en criterio de la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial la jueza disciplinable no dej\u00f3 de pronunciarse sobre la supuesta nulidad por inconstitucionalidad por desconocimiento, sino simplemente porque consider\u00f3 que la solicitud no ten\u00eda asidero en el caso bajo estudio. En efecto, despu\u00e9s de un an\u00e1lisis exhaustivo de las actuaciones surtidas en el curso del proceso ejecutivo, se logr\u00f3 establecer que ninguna de ellas desconoci\u00f3 el marco legal o irrespet\u00f3 las garant\u00edas exigidas en pro de las partes, tanto as\u00ed que dentro del proceso ejecutivo la quejosa instauro acci\u00f3n de tutela por presunta vulneraci\u00f3n al derecho al debido proceso y la misma fue despachada desfavorablemente, lo que permite advertir que incluso en sede de tutela se dej\u00f3 claro que no se atent\u00f3 contra las garant\u00edas procesales a favor de la parte ejecutada. <\/p>\n
Frente a la no pr\u00e1ctica de la prueba testimonial: <\/p>\n
\u2026advierte esta corporaci\u00f3n que, bajo la misma l\u00ednea del principio de autonom\u00eda e independencia judicial, la juez en su calidad de directora del proceso y bajo la luz de su criterio jur\u00eddico ten\u00eda un margen de apreciaci\u00f3n para decidir qu\u00e9 pruebas consideraba \u00fatiles, pertinentes y adecuadas para dirimir los conflictos puestos bajo su direcci\u00f3n. Sin embargo, tales facultades no la amparaban para no practicar una prueba sin motivaci\u00f3n alguna. En esa medida y considerando que el a quo no se refiri\u00f3 sobre esta presunta conducta, considera la Comisi\u00f3n necesario revocar parcialmente la decisi\u00f3n de primera instancia a fin de que se realice una investigaci\u00f3n integral en aras de determinar si la conducta realmente existi\u00f3 y si reviste las caracter\u00edsticas de una falta disciplinaria. <\/p>\n
En ese orden de ideas, si bien la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial reconoce el principio de autonom\u00eda e independencia judicial del que gozan los operadores judiciales, y el correspondiente l\u00edmite de la potestad disciplinaria frente al contenido de las decisiones y providencias que profieran en el ejercicio de sus atribuciones, no puede desconocer que dichos limites no impiden que bajo ciertas circunstancias de arbitrariedad excesiva e irrazonable la autoridad disciplinaria pueda indagar y realizar el efectivo control. <\/p>\n
As\u00ed, en el caso sub examine, al observar que la decisi\u00f3n de primera instancia no analiz\u00f3 en forma suficiente la conducta reprochada respecto no practicar una prueba sin la debida motivaci\u00f3n, considera esta instancia que debe revocarse parcialmente la decisi\u00f3n de terminar y archivar el proceso disciplinario en favor la doctora Elisa del Cristo Saibis Bruno, en su condici\u00f3n de titular del Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Ceret\u00e9, C\u00f3rdoba. <\/p>\n
Finalmente, en cuanto al reparo relacionado con la validez del t\u00edtulo, porque supuestamente sufr\u00eda de flagrantes irregularidades tales como la carencia del acompa\u00f1amiento de la carta de instrucciones en la admisi\u00f3n de la demanda ejecutiva, esta Comisi\u00f3n advierte que tal conducta se encuentra ajustada a derecho, pues, de conformidad con el art\u00edculo 622 del C\u00f3digo de Comercio, la carta de instrucciones en materia de t\u00edtulos valores solamente se requiere si y solo si el t\u00edtulo materia de la ejecuci\u00f3n tiene espacios en blanco, circunstancia que no se advierte en el caso sub examine. <\/p>\n
En efecto, luego de haber realizado un an\u00e1lisis integral del t\u00edtulo materia de controversia se pudo comprobar que se estuvo efectivamente diligenciado y que carec\u00eda de espacios en blanco, raz\u00f3n por la cual carece de asidero reprochar la ausencia de la carta de instrucciones. <\/p>\n
Concluyendo que: <\/p>\n
En definitiva, la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial revocar\u00e1 parcialmente la decisi\u00f3n de terminar y archivar el proceso disciplinario en favor la doctora Elisa del Cristo Saibis Bruno, en su condici\u00f3n de titular del Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Ceret\u00e9, C\u00f3rdoba, con el objeto de que se investigue de manera integral una de las conductas denunciadas y sobre las cuales no se pronunci\u00f3 la primera instancia, que habr\u00eda consistido en no practicar la prueba testimonial de la gerente de Bancolombia. Por lo dem\u00e1s, el auto de terminaci\u00f3n quedar\u00e1 en firme y surtir\u00e1 efectos de cosa juzgada\u2026 <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, la Sala concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo de la peticionaria no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plante\u00f3 la tutelante es una diferencia de criterio acerca de la valoraci\u00f3n efectuada en la providencia censurada; en cuyo caso tales inferencias no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
4. Basta lo dicho en precedencia para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, si la decisi\u00f3n no es impugnada, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC3983-2023 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC3983-2023 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintis\u00e9is de abril de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D. C., veintis\u00e9is (26) de abril de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Karina Calonge G\u00f3mez contra la Comisi\u00f3n Nacional […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[61],"tags":[],"class_list":["post-72641","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-abril-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/72641","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=72641"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/72641\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=72641"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=72641"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=72641"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}