STC3985-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC3985-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-30-000-2023-00410-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintis\u00e9is de abril de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintis\u00e9is (26) de abril de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Juan Sebasti\u00e1n L\u00f3pez Ru\u00edz contra la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial y la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de Bogot\u00e1, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, \u00abrevocar en su integridad la sentencia proferida el 2 de noviembre de 2022 por la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial\u2026\u00bb y, en consecuencia, \u00abdicte nuevamente la sentencia conforme a los criterios fijados en la ley y en la jurisprudencia\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto, los siguientes: <\/p>\n
2.1. Con ocasi\u00f3n de una queja presentada por Claudia Constanza Rivero Betancur, para ese entonces Gerente General de Capital Salud EPS, se tramit\u00f3 un juicio disciplinario en contra del actor, pues otorg\u00f3 mandato a Juan Sebasti\u00e1n L\u00f3pez Ru\u00edz para la representaci\u00f3n de dicha entidad en el juicio ejecutivo impulsado por Global Forensic Auditing Ltda., empero, si bien el 15 de febrero de 2018 se notific\u00f3 personalmente del mandamiento de pago, lo cierto es que el 6 de marzo siguiente renunci\u00f3 al poder, sin adelantar ning\u00fan tipo de gesti\u00f3n en pro de la defensa de su representada, pues dej\u00f3 vencer el t\u00e9rmino sin formular excepciones, conllevando a que el 9 de marzo de 2018 se ordenara seguir adelante con la ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
2.2. Surtidas las etapas de rigor, el 1\u00b0 de febrero de 2021 la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de Bogot\u00e1 dict\u00f3 sentencia sancion\u00e1ndolo con suspensi\u00f3n de 6 meses en el ejercicio de la profesi\u00f3n de abogado, tras encontrarlo responsable, de manera culposa, de la falta contemplada en el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 37 de la Ley 1123 de 2007, por ser la afectada una entidad p\u00fablica; determinaci\u00f3n que, el 2 de noviembre de 2022, en sede de alzada, confirm\u00f3 la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial. <\/p>\n
2.3. Por v\u00eda de tutela se duele el quejoso, en s\u00edntesis, de la decisi\u00f3n referida a espacio, pues, en su sentir, existi\u00f3 una indebida valoraci\u00f3n probatoria, a m\u00e1s que, en el recurso de apelaci\u00f3n manifest\u00f3 que no ten\u00eda autonom\u00eda para realizar las actuaciones de defensa jur\u00eddica de la entidad, \u00abargumento que no fue tenido en cuenta por el ad quem al momento de fundamentar la providencia\u00bb, asimismo, porque aleg\u00f3 que \u00abel juez de primera instancia deb\u00eda haber constatado la existencia de una acci\u00f3n u omisi\u00f3n, materia que tampoco fue abarcada correctamente\u00bb; situaciones que fueron expuestas por 3 magistrados que salvaron voto a la providencia criticada. <\/p>\n
2.4. Anot\u00f3 que \u00abel juez que resolvi\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n tambi\u00e9n ignor\u00f3 las razones por las que la sanci\u00f3n impuesta mediante el fallo del 1\u00b0 de febrero de 2021 no cumpl\u00eda con los principios de razonabilidad, necesidad ni proporcionalidad\u00bb, en tanto que \u00e9l no contaba con autonom\u00eda que requer\u00eda para llevar los casos en nombre de Capital Salud EPS, sumado a que, la pena no obedeci\u00f3 a la consecuencia jur\u00eddica de las circunstancias f\u00e1cticas analizadas en el caso. <\/p>\n
2.5. Agreg\u00f3 que tampoco se hizo un an\u00e1lisis probatorio completo y riguroso, especialmente sobre la procedencia de la sanci\u00f3n de suspensi\u00f3n del ejercicio de la profesi\u00f3n, pues el ad quem \u00abse limit\u00f3 a repetir y confirmar la decisi\u00f3n en primera instancia sin tener en cuenta el acervo probatorio ni las motivaciones de la apelaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991 (folio 119). <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. La Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial relat\u00f3 las actuaciones surtidas en el juicio fustigado; inst\u00f3 la improcedencia del resguardo, al considerar que la decisi\u00f3n criticada no luce arbitraria, adem\u00e1s, la acci\u00f3n de tutela no es el instrumento para insistir en los argumentos ya estudiados por el fallador natural; que desde el punto de vista formal, el fallo censurado satisface las exigencias contempladas en la Ley 1123 de 2007 y desde el punto de vista material analiz\u00f3 cada uno de los argumentos expuestos en la alzada y, para el caso, la falta establecida en el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 37 de dicha norma, raz\u00f3n por la que no puede ser constitutiva de una v\u00eda de hecho. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La Procuradur\u00eda 24 Judicial II Penal manifest\u00f3 que la acci\u00f3n de tutela no cumple con los presupuestos de procedibilidad, toda vez que, el fallo criticado est\u00e1 debidamente argumentado y \u00abno resulta suficiente que se pretenda dar un alcance que no tienen los salvamentos de voto, entendidos estos como la opini\u00f3n de un magistrado en un Tribunal que no est\u00e1 de acuerdo con el resto de los magistrados, donde expone las razones por las cuales no se comparte la decisi\u00f3n mayoritaria\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial de Bogot\u00e1 cont\u00f3 las actuaciones adelantadas en esa instancia; refiri\u00f3 que la salvaguarda se dirige contra la sentencia de segunda instancia; que en el tr\u00e1mite adelantado se atendi\u00f3 el debido proceso de las partes y la decisi\u00f3n all\u00ed impartida tuvo una adecuada valoraci\u00f3n probatoria. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Capital Salud EPS-S S.A.S. manifest\u00f3 que ante el actuar del abogado Juan Sebasti\u00e1n L\u00f3pez Ru\u00edz, traslad\u00f3 a la autoridad competente la presunta falta disciplinaria, conforme las disposiciones de la Ley 1123 de 2007. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, por los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
2. Con apoyo en tales premisas, advierte la Corte que el amparo deprecado est\u00e1 llamado al fracaso, toda vez que las consideraciones consignadas por el ad-quem acusado en la providencia del 2 de noviembre de 2022, para confirmar la sanci\u00f3n impuesta al censor, no lucen arbitrarias. <\/p>\n
En efecto, en dicho pronunciamiento previamente cit\u00f3 las normas de procedimiento disciplinarios, entre otras, la falta endilgada (inciso 1\u00b0 del art\u00edculo 37 de la Ley 1123 de 2007), precis\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026En el presente asunto se constat\u00f3, que el profesional JUAN SEBASTI\u00c1N L\u00d3PEZ RU\u00cdZ, se le otorg\u00f3 poder y se le reconoci\u00f3 personer\u00eda, para que representara a Capital Salud EPS en el proceso ejecutivo No. 2017-00558-00, iniciado por la empresa Global Forensic Auditing, adelantado ante el Juzgado 48 Civil Municipal de Bogot\u00e1, pero que el mismo no propuso excepciones, ni realiz\u00f3 ninguna actuaci\u00f3n respecto del mandamiento de pago que se hab\u00eda librado en contra de la demandada. <\/p>\n
Por lo anterior, la defensora del disciplinable present\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n, debido a su inconformidad con la decisi\u00f3n de primera instancia, manifestando que, \u201c\u2026la quejosa Doctora Claudia Constanza Riveros Betancourt Gerente General de Capital Salud EPS al igual que la doctora Clara Cecilia Mogoll\u00f3n Lozano, quien fungi\u00f3 como Secretaria Jur\u00eddica de Capital Salud EPS eran la que ten\u00edan que se\u00f1alarle al citado profesional del derecho la l\u00ednea de defensa de la instituci\u00f3n, ya que el disciplinado Doctor L\u00f3pez Ru\u00edz no contaban con la autonom\u00eda que requer\u00edan para llevar sus casos, situaci\u00f3n esta que, como se ha dicho lo ratific\u00f3 en su declaraci\u00f3n la doctora Mogoll\u00f3n Lozano, Secretaria Jur\u00eddica de Capital Salud EPS\u2026\u201d. <\/p>\n
Pues bien, es de recordar que en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica el art\u00edculo 95, consagr\u00f3 el ejercicio de libertades y derechos que implicaba unas responsabilidades, estableciendo por ello que el hecho de pertenecer a nuestra colectividad jur\u00eddica comporta unos deberes tales como el de atender con celosa diligencia sus encargos profesionales, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 10 del art\u00edculo 28 de la Ley 1123 de 2007. <\/p>\n
Seguidamente, en punto a la responsabilidad endilgada al actor, dijo que: <\/p>\n
En el sub examine para esta Comisi\u00f3n Nacional, al igual que la Seccional de Instancia deber\u00e1 tener por cierto los hechos esbozados en la queja disciplinaria y de los cuales se logr\u00f3 concretar disciplinariamente por el a quo con fundamento en los dem\u00e1s elementos absortos en el dossier la responsabilidad disciplinaria del doctor JUAN SEBASTI\u00c1N L\u00d3PEZ RUIZ con respecto a la falta contra la debida diligencia profesional. <\/p>\n
En ese sentido, esta Comisi\u00f3n puede inferir con grado de certeza que el disciplinable lesion\u00f3 el deber profesional, por cuanto al aceptar el mandato se someti\u00f3 al cumplimiento de las obligaciones que, emanadas del mismo, encargo que dejo de hacer no presentar excepciones, ni realizar ninguna otra actuaci\u00f3n en aras de defender los derechos de su representada (Capital Salud EPS), es decir, dej\u00f3 vencer los t\u00e9rminos para pronunciarse respecto del mandamiento de pago. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, es procedente se\u00f1alar que para emitir una sentencia condenatoria debe haber certeza sobre la existencia de una conducta constitutiva de una falta disciplinaria descrita en el ordenamiento jur\u00eddico vigente, al igual que cumplirse dicho presupuesto respecto de la responsabilidad del investigado, que para el caso que no ocupa existe plena prueba de ello, con respecto a este cargo conforme las exigencias del art\u00edculo 97 de la Ley 1123 de 2007. <\/p>\n
En la misma antijuricidad disciplinaria incurre el abogado que deja de hacer, esto es, que no asume el encargo con diligencia debida, no ejerce la vigilancia que exige la gesti\u00f3n encomendada, no hace todo lo que est\u00e1 a su alcance en desarrollo de la misma y producto de dicho descuido se genera respuesta represiva del Estado. <\/p>\n
Las conductas que se examinan han sido consideradas por la doctrina y la jurisprudencia disciplinaria como de ejecuci\u00f3n permanente, por cuanto se proyectan hasta cuando al abogado le es legalmente exigible adelantar la gesti\u00f3n, retomarla o enderezar el camino perdido como consecuencia de su falta de diligencia. Lo anterior para significar que cuando el abogado se compromete con una representaci\u00f3n judicial, se obliga a realizar en su oportunidad actividades procesales en orden a favorecer la causa confiada a su gesti\u00f3n. <\/p>\n
Cobra vigencia a partir de ese momento el deber de atender con celosa diligencia los asuntos encomendados, cargo que envuelve la obligaci\u00f3n de actuar positivamente con prontitud y celeridad frente al encargo, haciendo uso de todos los mecanismos legales para el efecto; luego si posteriormente el abogado injustificadamente se aparta de la obligaci\u00f3n de atender con rigor las gestiones encomendadas, este deber frente a una representaci\u00f3n judicial, incumpliendo cualquiera de estas exigencias, subsume su conducta en falta contra la debida diligencia profesional, como ha ocurrido en el asunto en examen. En este caso, el abogado no realiz\u00f3 la labor para la cual contratado, es decir que dejo de hacer las diligencias propias de su cargo. <\/p>\n
Al no ser de recibo para esta Comisi\u00f3n los argumentos presentados por el apelante en su recurso, encontr\u00e1ndose demostrada la materialidad de la falta descrita en el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 37 de la Ley 1123 de 2007; que igualmente se estableci\u00f3 la antijuricidad, y la moralidad de la culpabilidad de la conducta constitutiva de la falta, sin que se evidencie violaci\u00f3n al debido proceso, el derecho de defensa o alguna causal que invalide lo actuado en el presente proceso disciplinario, esta Sala habr\u00e1 de confirmar lo atinente al reproche disciplinario formulado al respecto por la primera instancia, al quedar establecido con fuerza de certeza la actuaci\u00f3n indiligente del disciplinado. <\/p>\n
Luego, en punto a los principios de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad de la sanci\u00f3n impuesta, consign\u00f3 que: <\/p>\n
En cuanto a la sanci\u00f3n, la defensora de oficio del disciplinable indic\u00f3 que \u201cla sanci\u00f3n impuesta al abogado L\u00f3pez Ru\u00edz no responde a los principios de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad, de conformidad a lo preceptuado por el art\u00edculo 13 de la Ley 1123 de 2007, como equivocadamente se concluy\u00f3 en la sentencia dictada en el presente asunto, aprobada seg\u00fan Acta 003 del 1 de febrero de 2021, debido que, CAPITAL SALUD EPS-S como una empresa mixta de la que son socios el Distrito con un 89% y Salud Total EPS con un 11%, por lo tanto, no es una entidad p\u00fablica\u201d; dichos argumentos no los comparte esta Comisi\u00f3n, debido que, el socio mayoritario es el Distrito Capital de Bogot\u00e1 del 98.83% y 1.17% de Salud Total EPS, por lo tanto, la pluricitada eps es una Entidad P\u00fablica. <\/p>\n
Por lo anterior, considera esta Comisi\u00f3n que la sanci\u00f3n interpuesta por el a quo contra el disciplinado guarda concordancia con la falta endilgada y consult\u00f3 los par\u00e1metros establecidos en el art\u00edculo 13 de la Ley 1123 de 2007, es decir, es razonada, necesaria, proporcionada, y est\u00e1 conforme con los criterios de graduaci\u00f3n de que trata el art\u00edculo 45 ib\u00eddem, pues se tuvo en cuenta la trascendencia social de la conducta, la modalidad, el perjuicio causado y el par\u00e1grafo del art\u00edculo 43 de la mencionada ley. <\/p>\n
Por lo tanto, para la falta endilgada al abogado disciplinado, consagra el art\u00edculo 40 del Estatuto Deontol\u00f3gico cuatro faltas de sanci\u00f3n, partiendo de la censura como la m\u00e1s leve, pasando por la suspensi\u00f3n y culminando con la exclusi\u00f3n como la de mayor gravedad, las cuales se podr\u00e1n imponer de manera aut\u00f3noma o concurrente con la multa. <\/p>\n
De igual manera, la sanci\u00f3n impuesta cumple con el principio de proporcionalidad, en la medida de corresponder a la gravedad de la conducta desplegada por JUAN SEBASTI\u00c1N L\u00d3PEZ RU\u00cdZ pues descuido la gesti\u00f3n que le fue encomendada. <\/p>\n
Tambi\u00e9n se cumple con el principio de razonabilidad, referido a la idoneidad o adecuaci\u00f3n al fin de la sanci\u00f3n, la cual justifica la impuesta en el sub examine, debi\u00e9ndose atender lo expuesto por la Corte Constitucional, cuando dijo: \u201cla razonabilidad hace relaci\u00f3n a que un juicio, raciocinio o idea est\u00e9 conforme con la prudencia, la justicia o la equidad que rigen para el caso concreto. Es decir, cuando se justifica una acci\u00f3n o expresi\u00f3n de una idea, juicio o raciocinio por su conveniencia o necesidad\u201d. <\/p>\n
As\u00ed mismo, es enf\u00e1tica esta Comisi\u00f3n en reiterar que esta clase de conductas afectan de manera grave a los profesionales del derecho que escogen como medio de subsistencia el ejercicio de la abogac\u00eda de forma independiente, que deben ser individuos de sanas convicciones \u00e9ticas que entiendan cabalmente cu\u00e1les son los fines primordiales de la justicia; tambi\u00e9n afecta gravemente la credibilidad frente a la sociedad, teniendo en cuenta que justamente en el medio humano por el que ha de propenderse entonces, porque la profesi\u00f3n de abogado se caracterice por un amplio sentido moral y \u00e9tico, inspirado en principios y valores que se basen no solo en la ley positiva, sino en la ley moral, conciencia subjetiva del profesional del derecho. <\/p>\n
Y, concluy\u00f3 que: <\/p>\n
En consecuencia, esta Comisi\u00f3n proceder\u00e1 a confirmar la sanci\u00f3n impuesta,, pues se acompasa la misma al acierto de la realidad probatoria allegada al plenario, al igual que la responsabilidad del abogado frente al cargo irrogado, pues en efecto, en este caso se considera, que el comportamiento del disciplinado dista de la manera como debe actuar un profesional del derecho, en la medida de que no despleg\u00f3 el ejercicio de su profesi\u00f3n con la debida diligencia profesional que le era exigible. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, al margen de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo del peticionario no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
En ese orden, tales deducciones no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la[s] que ha hecho no resulta[n] contraria[s] a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello [se] desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda [el juez constitucional] a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo [se refiere al fallador ordinario] para definir el conflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 en. 2005, rad. 1451; reiterada en STC7135-2016, 2 jun., rad. 2016-01050). <\/p>\n
3. Lo anterior impone denegar el amparo pedido. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega la protecci\u00f3n rogada. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y, en caso de no ser impugnado este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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