STC3987-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC3987-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 17001-22-13-000-2023-00041-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintis\u00e9is de abril de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintis\u00e9is (26) de abril de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por \u00d3scar Villada Mart\u00ednez frente al fallo proferido el 27 de marzo de 2023 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, que no accedi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela promovida por \u00e9l contra la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de Caldas, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad acusada en la actuaci\u00f3n disciplinaria que sigue en su contra. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, se ordene a la autoridad querellada \u00abdarle tr\u00e1mite (estudiar) y resolver en debida forma, esto es, de manera razonada y concreta, se\u00f1alando expresamente los razonamientos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos, [su]\u2026 solicitud de terminaci\u00f3n anticipada\u00bb y, en caso de una decisi\u00f3n negativa \u00abse le conceda la oportunidad de interponer y sustentar el recurso de apelaci\u00f3n contra la misma\u00bb. <\/p>\n
2. La situaci\u00f3n f\u00e1ctica relevante para definir este asunto es la que as\u00ed se sintetiza: <\/p>\n
2.1. Refiri\u00f3 el promotor que el 12 de febrero de 2021 Alba Luc\u00eda G\u00f3mez Carmona present\u00f3 denuncia disciplinaria en su contra, al considerar que, en calidad de apoderado de la parte demandante en el juicio de restituci\u00f3n de inmueble, donde ella fung\u00eda como demandada, \u00e9l \u00abelabor\u00f3 un contrato de arrendamiento\u2026 y [lo] us\u00f3\u2026 sabiendo [que] era ficticio, en un proceso\u00bb. <\/p>\n
2.3. El 8 de febrero de 2023, recepcionada tal probanza, sustent\u00f3 su solicitud de terminaci\u00f3n anticipada, conforme el art\u00edculo 103 del C\u00f3digo Disciplinario del Abogado; empero, su petici\u00f3n su denegada, al considerar la magistratura que no exist\u00eda prueba suficiente, asimismo, deneg\u00f3 la concesi\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n; decisi\u00f3n que, a su parecer, carecen de motivaci\u00f3n. <\/p>\n
2.4. Por v\u00eda de tutela se duele el actor, en s\u00edntesis, de la decisi\u00f3n referida a espacio, pues, en su sentir, su solicitud de terminaci\u00f3n fue resuelta de plano \u00absin desarrollar ning\u00fan an\u00e1lisis ni sustento jur\u00eddico de esa afirmaci\u00f3n ni explicar el por qu\u00e9 [sus] argumentos carec\u00edan de juridicidad; evidente d\u00e9ficit argumentativo, que, tambi\u00e9n desconoci\u00f3 el derecho fundamental a la igualdad, as\u00ed como el derecho constitucional de acceso abierto a la justicia\u00bb. <\/p>\n
2.5. Anot\u00f3 que al no conceder la alzada \u00abla honorable magistrada no hizo una interpretaci\u00f3n conforme a la Constituci\u00f3n del art\u00edculo 81 de la Ley 1123\u2026 que contempla tal recurso, sino que por el contrario, realiz\u00f3 una interpretaci\u00f3n legal restrictiva; sin aplicar, como debi\u00f3 hacerlo, entonces, la excepci\u00f3n de inconstitucionalidad respecto a dicha norma, la que interpretada restrictivamente\u2026 resulta claramente violatoria de la Constituci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2.6. Agreg\u00f3 que la terminaci\u00f3n anticipada se puede pretender en cualquier etapa de la actuaci\u00f3n disciplinaria, sin que est\u00e9 supeditada a una etapa especial o determinada del proceso. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. Alba Luc\u00eda G\u00f3mez Carmona aludi\u00f3 a los hechos que dieron lugar a la queja constitucional; refiri\u00f3 que el proceso disciplinario ha sido adelantado con apego a la normatividad y sin quebranto de garant\u00edas fundamentales. <\/p>\n
2. La Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de Caldas relat\u00f3 las actuaciones surtidas en el juicio fustigado; que el 8 de febrero de 2023 se continu\u00f3 con la audiencia de pruebas y calificaci\u00f3n provisional, donde escuch\u00f3 una prueba testimonial, diligencia en la que el promotor reiter\u00f3 su solicitud de terminaci\u00f3n anticipada, tras argumentar que el hecho alegado no existi\u00f3, sin embargo, no accedi\u00f3 a la misma, porque para ese momento no estaba demostrada la cual de terminaci\u00f3n, por lo que necesitaba un estudio m\u00e1s profundo y m\u00e1s prueba para ello; que contra es decisi\u00f3n no procede recurso conforme a los art\u00edculos 79 y siguientes de la Ley 1123 de 2007, especialmente, el canon 81 en punto a la procedencia de la alzada; manifest\u00f3 que la salvaguarda es prematura, en la medida en que, en la audiencia programada para el 24 de mayo de 2023 se resolver\u00e1 sobre la calificaci\u00f3n jur\u00eddica de la actuaci\u00f3n, disponiendo de acuerdo a la valoraci\u00f3n integral de la prueba, bien sea, la terminaci\u00f3n del procedimiento y archivo de las diligencias, o la formulaci\u00f3n de cargos para que el abogado sea investigado; resalt\u00f3 que siempre ha respecto la presunci\u00f3n de inocencia del promotor; remiti\u00f3 link para consulta del proceso. <\/p>\n
3. La Procuradora 12 Judicial Penal inst\u00f3 la improcedencia del resguardo, al considerar que las garant\u00edas invocadas no han sido quebrantadas; que para el momento en el que no se accedi\u00f3 a la terminaci\u00f3n anticipada, no exist\u00eda prueba suficiente para amparar la causal alegada; que el gestor no puede hacer uso de la tutela cuando tiene a su alcance los medios de defensa id\u00f3neos al interior del proceso. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a-quo constitucional deneg\u00f3 el amparo al considerar insatisfecho el presupuesto de la subsidiariedad, dado que, est\u00e1 pendiente de la calificaci\u00f3n jur\u00eddica de la conducta, donde se realizar\u00e1 una valoraci\u00f3n conjunta de las pruebas con el fin de establecer si corresponde proseguir con la formulaci\u00f3n de cargos o la terminaci\u00f3n de la actuaci\u00f3n. <\/p>\n
Destac\u00f3 que si bien la terminaci\u00f3n anticipada procede en cualquier etapa de la actuaci\u00f3n, lo cierto es que el estrado querellado posterg\u00f3 la resoluci\u00f3n para la audiencia programada para el pr\u00f3ximo 24 de mayo, toda vez que, toda vez que, en aplicaci\u00f3n del inciso 4\u00b0 del art\u00edculo 105 de la Ley 1123 de 2007, ante la complejidad del caso, all\u00ed resolver\u00e1 sobre la continuidad o terminaci\u00f3n del tr\u00e1mite, relievando que, iniciada la audiencia de calificaci\u00f3n provisional, la misma no puede ser interrumpida para dar paso a la figura del canon 103 \u00eddem. <\/p>\n
Destac\u00f3 que la decisi\u00f3n de no conceder la alzada no luce arbitraria, pues conforme al art\u00edculo 81 del C\u00f3digo Disciplinario del Abogado dicho remedio es taxativo, sin que all\u00ed se indique que lo decidido por la querellada sea susceptible de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el actor reiterando los argumentos expuestos en el libelo inicial, a los que adicion\u00f3 que cumple con el presupuesto de subsidiariedad, pues agot\u00f3 \u00ablos medios ordinarios y \u00fanicamente despu\u00e9s de ocurrido ello, ante la evidente indefensi\u00f3n en [la] que se encontr[\u00f3], procedi[\u00f3] a incoar en [su] auxilio la acci\u00f3n de amparo a [sus] derechos\u00bb, a m\u00e1s que, la querellada rechaz\u00f3 su solicitud de plano, simplemente manifestando que no exist\u00eda fuerza suasoria, tesis que no fue sustentada debidamente. <\/p>\n
Insisti\u00f3 en la procedencia de alzada, pues la norma no puede ser interpretada restrictivamente. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre paso el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. En el caso que ocupa la atenci\u00f3n de la Corte, de entrada se advierte que la salvaguarda fundamental deven\u00eda improcedente, como lo concluy\u00f3 el a quo constitucional, por desatender el principio de subsidiariedad connatural a este medio excepcional de protecci\u00f3n, comoquiera que el proceso disciplinario objeto de reproche se halla en curso, esto es, pr\u00f3ximo a adelantarse la continuaci\u00f3n de la audiencia de pruebas y calificaci\u00f3n provisional, pues obs\u00e9rvese que el tr\u00e1mite est\u00e1 en sus instancias iniciales. <\/p>\n
En tal virtud, el gestor tiene a su alcance instrumentos procesales mediante los cuales puede alegar las inconsistencias en que presuntamente incurri\u00f3 la autoridad judicial accionada, anomal\u00edas que, en su concepto, vician la actuaci\u00f3n censurada. <\/p>\n
T\u00e9ngase en cuenta que al juez de tutela no le es dable sustituir las facultades deferidas por el legislador a los funcionarios comunes, ni soslayar los remedios ordinarios ni extraordinarios de defensa dispuestos en el ordenamiento positivo para resguardar las garant\u00edas de las partes al interior del juicio. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, este no es el mecanismo id\u00f3neo para elucidar aspectos como los planteados por el promotor de la tutela, ya que la norma disciplinaria le ofrece precisas herramientas de defensa judicial para que exponga ante el juez natural sus argumentaciones o reproches, sin que las mismas puedan ser soslayadas so pretexto de invocar vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales, de donde configurada est\u00e1 la causal establecida en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, referente a la improcedencia de la acci\u00f3n de tutela \u00ab[c]uando existan otros recursos o medios de defensa judiciales\u2026\u00bb. <\/p>\n
3. A lo anterior debe agregarse que, advertida la inviabilidad del amparo, por la presencia de otro mecanismo judicial mediante el cual discutir la situaci\u00f3n expuesta ante el juez constitucional, \u00e9ste queda relevado de analizar el fondo del asunto, pues de lo contrario entrar\u00eda a usurpar las funciones del fallador ordinario, de donde no puede producirse aqu\u00ed una manifestaci\u00f3n expresa frente a la actuaci\u00f3n que el accionante tilda como v\u00eda de hecho, lo que a su vez derruye su alegaci\u00f3n de la supuesta latencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
Adem\u00e1s, es de advertirse que, verificadas las probanzas allegadas al plenario, la agencia querellada en la diligencia de 8 de febrero de 2023, tras resaltar la presunci\u00f3n de inocencia del denunciado, refiri\u00f3 que para ese precis\u00f3 momento carec\u00eda de suficiente material suasorio para desatar la solicitud de terminaci\u00f3n anticipada pretendida por el promotor, por lo que, en aplicaci\u00f3n del inciso 4\u00b0 del art\u00edculo 105 de la Ley 1123 de 2007, en la audiencia de pruebas y calificaci\u00f3n provisional, que llevar\u00e1 a cabo el pr\u00f3ximo 24 de mayo, verificar\u00e1 si hay lugar a la respectiva terminaci\u00f3n o, contrario sensu, la formulaci\u00f3n de cargos, seg\u00fan corresponda; consideraci\u00f3n que, convierte a\u00fan m\u00e1s presurosa la interposici\u00f3n de la salvaguarda. <\/p>\n
En ese sentido, en un asunto con alguna simetr\u00eda al de ahora, en punto a la prematuridad de la salvaguarda, previo a tramitar y culminar la audiencia de pruebas y calificaci\u00f3n preliminar, para denegar el resguardo esta Corporaci\u00f3n expuso que: <\/p>\n
…en el caso que se somete a examen, la acci\u00f3n constitucional se revela improcedente, por cuanto se evidencia que en el proceso cuestionado se encuentran pendientes por resolver los recursos que el tutelante formul\u00f3 contra el auto de 26 de junio de 2018 por el cual se dio apertura del proceso disciplinario en su contra, aunado a que la actuaci\u00f3n que se surte, se halla en la etapa preliminar, sin que a\u00fan acaeciera la audiencia de pruebas y calificaci\u00f3n provisional de la que trata el art\u00edculo 105 de la Ley 1123 de 2007; medio de defensa suficiente para lograr la protecci\u00f3n de los derechos que aqu\u00ed considera quebrantados. <\/p>\n
En efecto, ha de advertirse que al paso que se formularon los recursos, la autoridad accionada indic\u00f3 que en la audiencia fijada, se pronunciar\u00eda sobre los recursos presentados. <\/p>\n
As\u00ed, al constatarse que en la actualidad la audiencia de pruebas y calificaci\u00f3n provisional no se ha cometido, debe indic\u00e1rsele al promotor de la s\u00faplica que el reclamo que eleva por esta v\u00eda deber\u00e1 ser atendido en primer lugar por el funcionario que dirige el proceso disciplinario sin que pueda el juez constitucional usurpar la competencia del juez de la causa; en ese entendido, se torna prematura la solicitud de amparo que aqu\u00ed se estudia, la cual, solamente podr\u00e1 ser ejercida una vez se resuelva de manera definitiva la controversia all\u00ed planteada. <\/p>\n
Sobre este tema la jurisprudencia de la Sala ha sostenido que: <\/p>\n
(\u2026) el amparo constitucional solicitado se torna improcedente, en virtud de que\u2026 en trat\u00e1ndose de instrumentos dirigidos a la preservaci\u00f3n de los derechos, el medio judicial de protecci\u00f3n es, por excelencia, el proceso y, por lo tanto, a nadie le es dable quejarse por la hipot\u00e9tica vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales, si goz\u00f3 y a\u00fan cuenta con la oportunidad de controvertir las decisiones de las que hoy discrepa\u2026. Por lo dem\u00e1s, es palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente\u2026 para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso\u2019, pues, reit\u00e9rase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley. (CSJ STC, 22 feb. 2010, rad. 00312-01; citado en STC, 11 jul. 2013, rad. 00183-01) <\/p>\n
Ser\u00e1 entonces dentro de la actuaci\u00f3n y ante el Juez natural que se diriman las controversias que al interior de la misma plantee el involucrado, dado que la jurisdicci\u00f3n constitucional no est\u00e1 facultada para ello. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese que la acci\u00f3n de tutela es un medio subsidiario llamado a aplicarse s\u00f3lo cuando en el escenario natural del respectivo tr\u00e1mite judicial no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, y en casos como el de ahora, \u00fanicamente es permitida la revisi\u00f3n del desarrollo procesal respecto de las garant\u00edas propias del juicio, pero en ning\u00fan momento puede entenderse como un mecanismo instituido para desplazar a los funcionarios a quienes la Constituci\u00f3n o la ley les han asignado la competencia para resolver las controversias judiciales, porque ese supuesto conducir\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica. (CSJ STC1137-2019, 6 feb., rad. 2018-00977-01). <\/p>\n
4. Ahora, respecto a la no concesi\u00f3n de la alzada formulada por el promotor en la diligencia de 8 de febrero de 2023, tras negarse la querellada en resolver en ese momento sobre la terminaci\u00f3n anticipada, se advierte que, dicha determinaci\u00f3n no luce arbitraria. <\/p>\n
Ciertamente, verificado el art\u00edculo 81 de la Ley 1123 de 2007 refiere que el recurso de apelaci\u00f3n \u00abprocede \u00fanicamente contra las decisiones de terminaci\u00f3n del procedimiento, de nulidad decretada al momento de dictar sentencia de primer grado, de rehabilitaci\u00f3n, la que niega la pr\u00e1ctica de pruebas y contra la sentencia de primera instancia\u00bb (negrilla fuera de texto); en ese orden, la magistratura encausada no realiz\u00f3 una interpretaci\u00f3n restrictiva de la misma, pues, como qued\u00f3 visto, tal procedencia es taxativa, sin que all\u00ed se evidencie que la decisi\u00f3n recurrida sea susceptible de alzada. <\/p>\n
En ese orden, el actuar de la sede judicial fue ajustada a la normatividad aplicable al caso concreto. <\/p>\n
5. Las anteriores razones imponen respaldar la determinaci\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados a trav\u00e9s del medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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