STC3988-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC3988-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2023-00103-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintis\u00e9is de abril de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintis\u00e9is (26) de abril de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 27 de marzo de 2023 por la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Mario Restrepo contra el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, partes e intervinientes en el proceso que origin\u00f3 la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor reclama la protecci\u00f3n de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad judicial acusada. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, se ordene al Juzgado accionado \u00ablibrar inmediatamente mandamiento de pago y las medidas cautelares o previas\u00bb. <\/p>\n
Asimismo, a la Procuradora General de la Naci\u00f3n \u00abactuar en derecho en [su] tutela, adem\u00e1s se le ordene que presente a [su] nombre acci\u00f3n de reparaci\u00f3n directa por error judicial contra la administraci\u00f3n de justicia\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Mario Alberto Retrepo Zapata promovi\u00f3 acci\u00f3n popular en contra del \u00abpropietario del inmueble ubicado en la carrera 11 n\u00b0 38-26\u00bb, donde funciona Normath S.A.S., cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira, con radicado 2019-00036; autoridad que, tras surtir el tr\u00e1mite de rigor, el 22 de noviembre de 2021 ampar\u00f3 el derecho colectivo reclamado, ordenando a dicha sociedad realizar las adecuaciones pertinentes para que las personas que se movilizan en sillas de ruedas puedan transitar sin dificultad, condenando en costas a la parte accionada; determinaci\u00f3n confirmada, en sede de alzada, el 2 de diciembre de 2022 por el Tribunal. <\/p>\n
2.2. Luego, el 6 de febrero de 2023 Mario Restrepo solicit\u00f3 se libre mandamiento de pago por \u00abagencias en derecho\u00bb, asimismo, el embargo de cuentas bancarias como medida cautelar. <\/p>\n
2.3. Por v\u00eda de tutela se duele el quejoso, en s\u00edntesis, de la supuesta tardanza del estrado querellado en librar orden de apremio, desatendiendo los \u00abt\u00e9rminos perentorios de tiempo art 120 CGP\u00bb. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. La Procuradur\u00eda Regional de Risaralda manifest\u00f3 que no ha tenido participaci\u00f3n en la acci\u00f3n popular querellada, por lo que lo alegado es ajeno al Ministerio P\u00fablico; destac\u00f3 que el promotor no ha realizado ninguna solicitud, queja o reclamo a fin con lo discutido en esta acci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira inform\u00f3 que por las mismos hechos y derechos el promotor inco\u00f3 una primera acci\u00f3n de tutela con radicaci\u00f3n n\u00b0 2023-00101 que cursa en el Tribunal; relat\u00f3 las actuaciones surtidas en el tr\u00e1mite fustigado; que una vez dict\u00f3 auto de estese a lo resuelto por el colegiado, dej\u00f3 a disposici\u00f3n las sumas de dinero que por cualquier concepto le correspondan a Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga al despacho Segundo Civil del Circuito de esa ciudad, por encontrarse los dineros embargados por cuenta de un proceso ejecutivo; que en cuanto a las costas, se present\u00f3 recurso, donde se venci\u00f3 el traslado el pasado 9 de marzo, por lo que est\u00e1 en t\u00e9rmino para resolver; que si bien las decisiones no fueron emitidas en el t\u00e9rmino legal, lo cierto es que le queda imposible cumplir tales mandatos, por la gran cantidad de acciones populares que ingresaron al despacho este a\u00f1o, siendo que, para el a\u00f1o 2022 emiti\u00f3 1580 auto de admisi\u00f3n de acciones populares, 111 audiencia en esos asuntos y 56 en asuntos civiles, as\u00ed como 237 de acciones de tutela, siendo una gran congesti\u00f3n judicial lo que representa; remiti\u00f3 link de consulta del proceso criticado. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La Personer\u00eda Municipal de Pereira pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n, toda vez que, la situaci\u00f3n planteada por el promotor es ajena a esa entidad. <\/p>\n
<\/p>\n
4. La Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n refiri\u00f3 que de requerir defensa de derechos, puede solicitar ante la defensor\u00eda del pueblo la designaci\u00f3n del profesional del derecho conforme la necesidad planteada, atendiendo las funciones encomendadas a dicha entidad. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo deneg\u00f3 la salvaguarda por temeridad, pues el accionante, sin justificaci\u00f3n alguna, present\u00f3 dos acciones de tutela con sustento en los mismos hechos y similares pretensiones, sin que est\u00e9 acreditado \u00abel motivo expreso que justifique ese proceder\u00bb, relievando que, no es de recibo el hecho de manifestar que s\u00ed ya present\u00f3 una inicial petici\u00f3n de amparo \u00ab[se] cree con derecho legal, civil de presentar esta acci\u00f3n (sic) las veces necesarias hasta que se garantice art 29 CN\u00bb, pues, con ello demostr\u00f3 que \u00absu proceder se sustentar en su decisi\u00f3n de actuar de manera consciente en contra de mandato jur\u00eddico, pretendiendo acudir a la acci\u00f3n de tutela las veces que sean necesarias hasta alcanzar su cometido\u00bb. <\/p>\n
Indic\u00f3 que en aplicaci\u00f3n del inciso 3\u00b0 del art\u00edculo 25 del Decreto 2591 de 1991, ante la configuraci\u00f3n del actuar temerario de Mario Restrepo, lo pertinente es sancionarlo, raz\u00f3n por la que le impuso condena en costas por un salario m\u00ednimo legal mensual vigente, valor asimilable a una multa en favor de la Rama Judicial. <\/p>\n
LAS IMPUGNACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga, como coadyuvante en la acci\u00f3n popular, manifest\u00f3 que \u00ablamentable fallo que desconoce art 29 CN abiertamente\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Mario Restrepo pidi\u00f3 se ampare lo pedido, pues no se cumplen los t\u00e9rminos para fallar; solicit\u00f3 \u00abla nulidad de la pretendida multa, pues si el juzgador pretendi\u00f3 sancionar[lo], tiene y ten\u00eda que garantizar[le] el debido proceso, abrir incidente y preguntar porque present[\u00f3] la acci\u00f3n de tutela 100 o 50 veces\u00bb; por lo dem\u00e1s, de no acceder a dicha nulidad, solicit\u00f3 se revoque, comoquiera que, \u00abnunca se pro[b\u00f3] [su] temeridad y menos [su] mala fe\u2026 eso s\u00ed pu[do] olvidar m\u00e1s que [es] un ciudadano lego en derecho y no cono[ce] la ley al dedillo\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre paso el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. Descendiendo al sub examine, se anticipa la confirmaci\u00f3n de la determinaci\u00f3n del Tribunal, puesto que los medios de convicci\u00f3n arrimados al tr\u00e1mite tutelar ponen de manifiesto que el reclamante en anterior oportunidad, casi que simult\u00e1nea, instaur\u00f3 otra tutela con apoyo en id\u00e9ntica situaci\u00f3n f\u00e1ctica a la aqu\u00ed denunciada, respecto de la acci\u00f3n popular 2019-000361. <\/p>\n
Por ende, la inconformidad y los presupuestos f\u00e1cticos aducidos en el caso que actualmente ocupa la atenci\u00f3n de la Corte, as\u00ed como las partes, son iguales a los del reclamo denegado en esa ocasi\u00f3n, lo que indefectiblemente evidencia que el juez constitucional ya efectu\u00f3 un pronunciamiento frente a la referida situaci\u00f3n, decisi\u00f3n que confirm\u00f3 su negativa esta Corporaci\u00f3n el pasado 13 de abril (STC3442-2023), por lo que forzosamente debe concluirse la improcedencia del resguardo suplicado, conforme a la previsi\u00f3n del art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
En asuntos que guardan similitud con el presente, la Sala ha reiterado que: <\/p>\n
Precisamente para evitar este tipo de abusos, el art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991 dispuso: \u00abcuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acci\u00f3n de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazar\u00e1n o decidir\u00e1n desfavorablemente todas las solicitudes\u00bb\u2026 <\/p>\n
Bajo estas circunstancias, es inadmisible la presencia de un compulsivo ejercicio de la acci\u00f3n de tutela respecto de un asunto id\u00e9ntico; de all\u00ed que seg\u00fan la norma en cita, tal conducta est\u00e1 te\u00f1ida de temeridad y acarrea como consecuencia, no s\u00f3lo que se decida en forma desfavorable la solicitud de la accionante, sino que se juzgue la conducta denunciada, situaci\u00f3n que impone dar estricto cumplimiento al precepto anotado en orden a imponer, seg\u00fan el caso, las sanciones previstas (STC10685-2016, 4 ago., rad. 2016-00554-01; y STC16973-2016, 24 nov., rad. 2016-00362-01). <\/p>\n
En suma, resulta inadmisible un compulsivo ejercicio de la acci\u00f3n de tutela, de all\u00ed que, seg\u00fan el art\u00edculo 38 del Decreto 2595 de 1991, tal conducta acarrea como consecuencia que se decida en forma desfavorable la solicitud del gestor. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, evidenciada la temeridad en el proceder del quejoso respecto al reclamo contra el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira, tal como lo afirm\u00f3 el Tribunal, se daban los presupuestos del inciso 3\u00ba del art\u00edculo 25 del Decreto 2591 de 1991 para proceder en aquella forma, pues tal aparte normativo ense\u00f1a que \u00ab[s]i la tutela fuere rechazada o denegada por el juez, \u00e9ste condenar\u00e1 al solicitante al pago de las costas cuando estimare fundadamente que incurri\u00f3 en temeridad\u00bb. <\/p>\n
En casos an\u00e1logos al de ahora, ha dejado dicho la Sala que: <\/p>\n
\u2026se ratificar\u00e1 el mandato del a quo constitucional concerniente a la condena en costas, por cuanto deviene de la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 25 del Decreto 2591 de 1991, la cual se funda en el actuar temerario del accionante, muchas veces evidenciado, incluso, por esta Sala. El inciso final de la citada regla ense\u00f1a \u00abSi la tutela fuere rechazada o denegada por el juez, \u00e9ste condenar\u00e1 al solicitante al pago de las costas cuando estimare fundadamente que incurri\u00f3 en temeridad\u00bb. <\/p>\n
El fundamento normativo de la sanci\u00f3n, fue encontrado ajustado a la Carta por la Corte Constitucional, sobre el cual se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u00abTiene raz\u00f3n uno de los demandantes cuando afirma que la condena en cuanto a indemnizaciones y costas s\u00f3lo puede ser el resultado de un debido proceso, pero esta aseveraci\u00f3n no lleva necesariamente a la inexequibilidad de la norma acusada, pues el proceso de tutela, aunque sumario y preferente, debe surtirse con plena observancia de las previsiones generales consagradas en el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n, de las cuales no ha sido ni podr\u00eda haber sido excluido en cuanto se trata de un derecho fundamental. Si en un proceso espec\u00edfico tales requerimientos constitucionales se transgreden, tiene competencia el superior ante quien se impugne el fallo y, en su caso, esta Corporaci\u00f3n, para revocar la correspondiente decisi\u00f3n judicial\u00bb. <\/p>\n
\u00ab\u2026 Tampoco es contrario a la Carta Pol\u00edtica que se disponga el pago de las costas procesales a cargo del responsable de la violaci\u00f3n o del peticionario que incurri\u00f3 en temeridad, seg\u00fan el caso, pues ello es apenas l\u00f3gico y equitativo trat\u00e1ndose de procesos judiciales\u00bb 2. <\/p>\n
As\u00ed mismo, el referido \u00f3rgano de cierre se ha pronunciado acerca de la condena en costas, interpretando que \u00abse aplica cuando \u201cfundadamente\u201d se estime que el petente de la tutela incurri\u00f3 en temeridad\u00bb3, la cual como se dijo fue evidenciada en el caso concreto (STC4244-2017, 24 mar., rad 2017-00105-01; reiterado en STC4576-2017, 30 mar., rad. 2017-00158-01). <\/p>\n
Es de destacarse que la denominada \u00abcondena en costas\u00bb en el tr\u00e1mite de tutela al denegarse el resguardo por el proceder temerario de su gestor, ha sido avalada por la Corte Constitucional en sede de revisi\u00f3n, imponiendo directamente tal condena, entre otros, en los radicados T-280\/98 y T-117\/02. <\/p>\n
2.1. En adici\u00f3n a lo expresado, de conformidad con la jurisprudencia constitucional, se tiene que la nominada \u00abcondena en costas\u00bb impuesta por el Tribunal a-quo ante la acreditada temeridad del accionante respecto a la acci\u00f3n de tutela formulada contra el estrado judicial acusado, se asemeja a una multa o sanci\u00f3n. En cuanto a ello, la Corte Constitucional sostuvo que: <\/p>\n
Trat\u00e1ndose de la tutela, la parte final del art\u00edculo 25 del Decreto 2591 de 1991, no establece en forma paralela las costas Y la temeridad, sino que identifica \u00e9sta con aquellas, as\u00ed debe ser la lectura de tal norma porque, entre otras cosas, dicha interpretaci\u00f3n es coherente con el car\u00e1cter p\u00fablico, informal, gratuito de la tutela. <\/p>\n
Significa lo anterior que cuando la tutela es rechazada o denegada, solamente puede hablarse de costas cuando se incurri\u00f3 en temeridad; lo que se castiga es la temeridad como expresi\u00f3n del abuso del derecho porque deliberadamente y sin tener raz\u00f3n, de mala fe se instaura la acci\u00f3n. Y quien tasa las \u00abcostas\u00bb es el Juez de tutela porque el inciso final del art\u00edculo 25 del decreto 2591\/95 se refiere a \u00e9l (algo muy distinto ocurre en la situaci\u00f3n consagrada en el primer inciso del mismo art\u00edculo en el cual lo principal son los perjuicios). <\/p>\n
Fuera de la temeridad no puede existir otro factor cuantificable en la liquidaci\u00f3n de estas costas y hubiera sido m\u00e1s apropiado emplear la expresi\u00f3n multa por temeridad, puesto que, en la moderna ciencia procesal las \u00abcostas\u00bb responden a factor objetivo y la temeridad a lo subjetivo. (Se destac\u00f3 – CC T-443\/95). <\/p>\n
Por esa l\u00ednea, ha de anotarse que la patente temeridad del quejoso hac\u00eda innecesario que previo a la imposici\u00f3n de la sanci\u00f3n se agotara tr\u00e1mite incidental alguno, aspecto frente al que ha sostenido esta Corte en casos similares al de ahora, que: <\/p>\n
\u2026en este caso s\u00ed resulta procedente dicho correctivo aun cuando no se surti\u00f3 un decurso incidental para definirlo. <\/p>\n
Lo aducido porque, de un lado, como lo esgrimi\u00f3 el a quo constitucional, han sido incontables las oportunidades en las cuales se ha negado la pretensi\u00f3n del censor esbozada en id\u00e9nticos t\u00e9rminos frente a la Defensor\u00eda del Pueblo, advirti\u00e9ndosele, en todos los casos, que su actuar contrar\u00eda la moralidad procesal, evidencia un abuso del derecho y se revela como temerario. <\/p>\n
No obstante, aqu\u00e9l ha continuado erigiendo la misma acusaci\u00f3n respecto de ese ente sin explicitar razones para justificarse o allegar prueba alguna que lo excuse, incluso, en este espec\u00edfico asunto, ciment\u00f3 su impugnaci\u00f3n reiterando los reproches contra la autoridad mencionada y se\u00f1alando la ausencia de prueba de su mala fe, cuando los expedientes contentivos de los m\u00faltiples amparos contra la Defensor\u00eda del Pueblo dan cuenta de lo contrario. <\/p>\n
Y, de otro, por cuanto, esta Sala, para decursos como el presente, se acoge desde ahora a lo considerado por su hom\u00f3loga Laboral en la sentencia STL6749-2016 de 16 de noviembre de 2016\u2026 (STC4576-2016, 30 mar., rad. 2017-00158-01). <\/p>\n
Finalmente, es menester enfatizar que la beneficiaria de la sanci\u00f3n que ha de pagar el censor es la Naci\u00f3n, a trav\u00e9s del Consejo Superior de la Judicatura, lo que encuentra soporte en que, como de anta\u00f1o lo ha sostenido el m\u00e1ximo \u00f3rgano patrio en lo constitucional, espec\u00edficamente al abordar el tema del proceder temerario respecto a la proposici\u00f3n de acciones de tutela, tal tipo de actuaci\u00f3n afecta de manera general a la administraci\u00f3n de justicia, dificultando a los dem\u00e1s coasociados el acceso a ella. As\u00ed lo dej\u00f3 sentado la Corte Constitucional desde el 3 de octubre de 1995, al consignar: <\/p>\n
Hay que decir que, trat\u00e1ndose de la tutela, la condenaci\u00f3n en costas no obedece a un car\u00e1cter disuasivo porque el Constituyente consagr\u00f3 la tutela como una acci\u00f3n p\u00fablica, es de su esencia la gratuidad, est\u00e1 \u00edntimamente ligada al derecho de las personas de acceder a la justicia, luego un se\u00f1alamiento de costas no puede verse como algo que desestima la presentaci\u00f3n de esta acci\u00f3n. <\/p>\n
Pero, otra cosa muy diferente es que se abuse dolosamente de su ejercicio, entonces, la conducta abusiva perjudica la administraci\u00f3n de justicia, impide, obstaculiza que el acceso a la justicia de OTROS se desarrolle normalmente\u2026 <\/p>\n
…si se ha dicho que en realidad lo que se castiga es la temeridad, entonces es coherente aceptar que estas \u00abcostas\u00bb son m\u00e1s multa que cualquier otra cosa y ante esta interpretaci\u00f3n es el aparato judicial el afectado por la temeraria tutela instaurada porque lo desgasta en todo sentido, luego ser\u00e1 la administraci\u00f3n de justicia quien recibir\u00e1 el monto de las \u00abcostas\u00bb que el Juez competente se\u00f1alar\u00e1, dentro de los par\u00e1metros del art\u00edculo 73 del C. de P.C.: 10 a 20 salarios m\u00ednimos mensuales, QUANTUM que fijar\u00e1 el Juez de Tutela porque la Corte es Juez de Revisi\u00f3n (Se destac\u00f3, CC T-443\/95; criterio reiterado por esa Corporaci\u00f3n, entre otras decisiones, en T-322\/96, T-679\/96, T-280\/98 y A-031\/99). <\/p>\n
3. Lo consignado impone ratificar la sentencia de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Radicado 66001-22-13-000-2023-00101-00. <\/p>\n
2\u0002 CC C-543\/92. <\/p>\n
3\u0002 CC T-032\/94. <\/p>\n
1 <\/p>\n
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