STC3989-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC3989-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2023-00124-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintis\u00e9is de abril de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintis\u00e9is (26) de abril de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 31 de marzo de 2023 por la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Mario Restrepo contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, partes e intervinientes en el proceso que origin\u00f3 la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor reclama la protecci\u00f3n de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad judicial acusada. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, se ordene al Juzgado accionado \u00abi). tramitar la reposici\u00f3n\u2026 sin pueda negarse en derecho a aplicar sustancial y darle tramite a [su] reposici\u00f3n\u00bb, ii). \u00abbrindar constancia secretarial de todas las etapas procesales realizadas por el despacho de [su] acci\u00f3n popular, consignando d\u00eda, mes y a\u00f1o de cada una de ellas\u00bb. <\/p>\n
Asimismo, a la Procuradora General de la Naci\u00f3n \u00abse le ordene [su] intervenci\u00f3n\u2026 presentando acci\u00f3n de reparaci\u00f3n directa a [su] nombre contra la administraci\u00f3n de justicia por error judicial\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Mario Alberto Retrepo Zapata promovi\u00f3 acci\u00f3n popular en contra del Almac\u00e9n Distrivan S.A.S., cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira, con radicado 2022-00017; autoridad que, tras surtir el tr\u00e1mite de rigor, el 1\u00b0 de agosto de 2022 ampar\u00f3 el derecho colectivo reclamado, ordenando a dicha sociedad incorporar dentro de su programa de atenci\u00f3n al cliente un int\u00e9rprete y gu\u00eda para personas ciegas y sordociegas; el 18 de octubre siguiente, neg\u00f3 la aclaraci\u00f3n, adici\u00f3n o complementaci\u00f3n de la sentencia, al tiempo que, concedi\u00f3 la alzada formulada por Mario Restrepo; asimismo, con prove\u00eddo de la misma data \u00abne[g\u00f3] el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por el actor popular\u00bb, decisi\u00f3n corregida el d\u00eda 19 del mismo mes y a\u00f1o, en el sentido de aclarar que \u00abel recurso de apelaci\u00f3n que se niega es el presentado por la parte demandada, por presentarse fuera de t\u00e9rmino\u00bb; el 14 de febrero de 2023 se declar\u00f3 improcedente el remedio horizontal formulado por el actor y el 6 de marzo de los corrientes, inadmiti\u00f3 la reposici\u00f3n incoada contra dicha determinaci\u00f3n. <\/p>\n
2.2. Por v\u00eda de tutela se duele el quejoso, en s\u00edntesis, de la decisi\u00f3n que refiri\u00f3 negar su alzada por extempor\u00e1nea, pues \u00abno se [le] puede exigir cumplir t\u00e9rminos de tiempo cuando el juzgador los incumple siempre en el tr\u00e1mite\u2026 de [su] acci\u00f3n popular\u00bb; adem\u00e1s, que no se tramit\u00f3 la reposici\u00f3n que formul\u00f3 contra dicha determinaci\u00f3n. <\/p>\n
2.3. Pidi\u00f3 se ordene expedir una \u00abconstancia secretarial de todas las etapas procesales realizadas por el despacho en [su] acci\u00f3n popular\u00bb; de la misma manera, a la Procuradur\u00eda que presente acci\u00f3n de reparaci\u00f3n directa a su nombre y contra la administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. La Procuradur\u00eda Regional de Risaralda manifest\u00f3 que no ha tenido participaci\u00f3n en la acci\u00f3n popular querellada, por lo que lo alegado es ajeno al Ministerio P\u00fablico; destac\u00f3 que el promotor no ha realizado ninguna solicitud, queja o reclamo a fin con lo discutido en esta acci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira relat\u00f3 las actuaciones surtidas en el juicio fustigado; refiri\u00f3 que no vulner\u00f3 las garant\u00edas invocadas, pues si bien con auto de 18 de octubre de 2022 err\u00f3neamente indic\u00f3 que negaba la alzada formulada por el actor popular, dicha decisi\u00f3n la corrigi\u00f3 al d\u00eda siguiente, resaltando que tal rechazo era por el remedio incoado por la demandad, resaltando que la alzada de Mario Restrepo, ya hab\u00eda sido concedida; inform\u00f3 que ante la oleada de acciones populares, se ha generado atraso en los procedimientos civiles, destacando que actualmente cuenta con 400 acciones activas en el despacho; remiti\u00f3 link de consulta del proceso criticado. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La Personer\u00eda Municipal de Pereira pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n, toda vez que, la situaci\u00f3n planteada por el promotor es ajena a esa entidad. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo deneg\u00f3 la salvaguarda por falta de relevancia constitucional, pues si bien el promotor censura la falta de resoluci\u00f3n de la reposici\u00f3n incoada contra el auto de 18 de octubre de 2022, por medio del cual el Juzgado refiri\u00f3 negar la alzada formulada por el actor popular, lo cierto es que, dicho error lo enmend\u00f3 de oficio con auto de 19 de octubre siguiente, refiriendo que, el remedio denegado era de la parte demandada; adem\u00e1s, con auto del d\u00eda 18 de ese mismo mes y a\u00f1o, ya hab\u00eda concedido la apelaci\u00f3n de Mario Restrepo. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que sobre la constancia sobre las actuaciones procesales, la salvaguarda tambi\u00e9n resulta improcedente, comoquiera que, el gestor cuenta con acceso al expediente popular. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 la parte actora manifestando que \u00abahora resulta que el desconocimiento de garant\u00edas constitucionales, no tiene relevancia\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre paso el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. Descendiendo al sub examine advierte la Corte, de los documentos obrantes en el expediente, que el amparo incoado est\u00e1 llamado al fracaso, imponi\u00e9ndose la ratificaci\u00f3n de la decisi\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
2.1. La inviabilidad del resguardo dimana de que la jurisdicci\u00f3n constitucional ya tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre los hechos y pretensiones expuestos en el asunto del ep\u00edgrafe, con ocasi\u00f3n de una inicial acci\u00f3n de tutela que formul\u00f3 el quejoso, frente al mismo asunto que aqu\u00ed cuestiona, pretendiendo se ordene dar tr\u00e1mite a un recurso de reposici\u00f3n que se declar\u00f3 improcedente, con el fin de que se ordene tramitar la apelaci\u00f3n que formul\u00f3 contra la sentencia, pues la inco\u00f3 en tiempo, de donde est\u00e1 vedado realizar un nuevo estudio de esa tem\u00e1tica a la luz de los derechos fundamentales, subsumi\u00e9ndose la presente acci\u00f3n en el supuesto del art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
En efecto, de acuerdo a lo extractado en el fallo de tutela proferido el 20 de abril de 2023 por esta Sala Especializada de esta Corporaci\u00f3n (STC3694-2023), denegatorio de la preliminar salvaguarda referida, se tiene que en aquella oportunidad la petente se doli\u00f3, en lo medular, que \u00abJuzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira, adem\u00e1s de incumplir los t\u00e9rminos perentorios establecidos en la Ley 472 de 1998, le neg\u00f3 la apelaci\u00f3n a la sentencia con el argumento que era extempor\u00e1nea \u00abpor un d\u00eda\u00bb, sin embargo, el accionado no los acata justificando su mora en exceso de carga laboral \u00abinaplicando DERECHO SUSTANCIAL, desconociendo sentencia H CC SU 238 DE 2019, EXCESO RITUAL MANIFIESTO\u00bb. <\/p>\n
Por lo que pidi\u00f3 \u00abdar aplicaci\u00f3n a la sentencia C367-2014 y ordenar al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira i) conceder la apelaci\u00f3n, as\u00ed sea extempor\u00e1nea, ii) expedir constancia secretarial de todas las etapas del proceso consignando d\u00eda, mes y a\u00f1o a fin de probar que nunca cumple t\u00e9rminos perentorios, iii) ordenar a la Procuradora General de la Naci\u00f3n actuar en derecho y presentar en su nombre la acci\u00f3n de reparaci\u00f3n directa por error judicial, adem\u00e1s, probar en qu\u00e9 consisti\u00f3 el actuar del Procurador Delegado en la acci\u00f3n popular e investigar a dicho funcionario por incumplir su deber y funci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Y ante esa contingencia, esta Corporaci\u00f3n, al desatar la impugnaci\u00f3n formulada por el actor, concluy\u00f3 que: <\/p>\n
Mario Restrepo acude a este mecanismo excepcional en busca de la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que considera vulnerados por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira, por presuntamente declarar extempor\u00e1neo el recurso de apelaci\u00f3n que formul\u00f3 contra la sentencia proferida el 1\u00ba de agosto de 2022 en la acci\u00f3n popular n\u00ba 2022-00017. <\/p>\n
2. Realizado el estudio el expediente digital allegado, se advierte el fracaso del amparo y la consecuente confirmaci\u00f3n de la sentencia impugnada, por la inexistencia de la vulneraci\u00f3n alegada, teniendo en cuenta que tal y como lo advirti\u00f3 el Juzgado accionado en el informe rendido en este tr\u00e1mite, el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por Mario Restrepo contra la sentencia fue concedido mediante auto de 18 de octubre de 2022, lo que significa que no exist\u00eda la vulneraci\u00f3n alegada cuando present\u00f3 la acci\u00f3n de tutela en el mes de febrero de 2023, y, por tanto, no hay lugar a requerir a la autoridad accionada para que cumpla los t\u00e9rminos procesales. <\/p>\n
En eventos como el presente, en los que surge evidente la inexistencia de la vulneraci\u00f3n alegada, esta Corte ha sostenido, <\/p>\n
\u00abResulta desacertado emitir cualquier decisi\u00f3n al respecto, por cuanto el motivo sustento de la lesi\u00f3n endilgada en realidad no se gest\u00f3 ni siquiera antes de la formulaci\u00f3n de esta salvaguarda. Sobre ese tema, ha dicho esta Corte: \u201c(\u2026) la carencia de objeto (\u2026), se presenta: \u2018si la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe (\u2026), en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado (\u2026) ha sido totalmente [satisfecha o en realidad nunca se ha visto violado], pues la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecer\u00eda de sentido (\u2026)\u201d(negrillas propias). (STC de 13 de marzo de 2009, exp. T00147-01, reiterada el 12 de septiembre de 2011, exp. 00081-01). Ante eventos como el narrado, el amparo pierde su virtud y raz\u00f3n de ser, en cuanto hace a la protecci\u00f3n efectiva de derechos de rango iusfundamental, porque lo cierto es que estos no fueron infringidos por el accionado\u00bb (CSJ. STC2395-2021, reiterada en STC639- 2022 y STC2167-2023). <\/p>\n
Y, sobre la constancia secretarial de las actuaciones procesales, dijo que: <\/p>\n
Se trata, entonces, de una queja constitucional reiterada, lo que basta para su rechazo, sin que las leves diferencias entre el inicial ruego y el presente tengan la virtud de alterar tal conclusi\u00f3n, pues, finalmente lo pretendido es la concesi\u00f3n de la alzada formulada por el actor popular contra la sentencia de primera instancia, lo que ya ocurri\u00f3, sumado a que, en el auto de 6 de marzo de 2023 el estrado judicial le aclar\u00f3 al promotor que \u00abel recurso de apelaci\u00f3n por \u00e9l intentado en contra de la sentencia aqu\u00ed emitida, se concedi\u00f3 y est\u00e1 pendiente de remisi\u00f3n del expediente al superior, lo cual no ha podido acaecer al existir estos recursos pendientes de resoluci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Ante la clara identidad de hechos, derechos y partes, al margen de las leves diferencias que se pueda, presentar reiteradamente ha dejado dicho la Corte que: <\/p>\n
\u2026\u201ccu\u00e1ndo ocurre la temeridad (\u2026) conlleva a examinar si el posterior amparo es igual al primero, vale decir, si entre ambos existe identidad de hechos y derechos, as\u00ed como las partes accionante y accionada, no importa que tengan algunas diferencias incidentales, y por \u00faltimo, si la repetici\u00f3n de \u00e9ste obedece a un motivo justificado, como ser\u00eda, por ejemplo, la ocurrencia de sucesos nuevos o distintos que conlleven una verdadera variaci\u00f3n de la situaci\u00f3n f\u00e1ctica inicial\u2026 De acuerdo con lo anotado y tras confrontar lo expresado en el actual libelo con lo consignado en el fallo proferido el 30 de abril de 2010 por la Sala de Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga dentro del expediente 2010-0039-01, debe concluirse innegablemente que con esta solicitud la actora incurri\u00f3 en conducta temeraria\u2026 sin que tenga incidencia que la gestora haya ampliado el listado de garant\u00edas presuntamente transgredidas y las pretensiones perseguidas en uno y otro resguardo, e intentado modificar el planteamiento de los hechos\u201d (prove\u00eddo de 2 de febrero de 2012, exp. 00622-01), ni que \u201cla segunda tutela se hubiese dirigido adem\u00e1s contra el Juez Cuarto Civil Municipal de Descongesti\u00f3n\u201d (providencia de 11 de septiembre de 2009, exp. 01280-01, sub l\u00edneas fuera de texto) (Se resalt\u00f3 – CSJ STC, 23 may. 2013, rad. 2013-00643-01; reiterada, entre muchas otras, en STC1228-2015, 12 feb., rad. 2014-00789-01; y STC4958-2018, 19 abr., rad. 2017-00448-02). <\/p>\n
El derecho procesal como una herramienta de acci\u00f3n, en aras de la resoluci\u00f3n de los conflictos jur\u00eddicos, establece las ritualidades del proceso en cada una de sus etapas y la forma en que deben concluir, adicion\u00e1ndole en caso de inconformidad de una de las partes, la posibilidad de acudir a otra instancia con las impugnaciones respectivas; pero cuando son omitidas esas r\u00e9plicas, o usadas sin atender las cargas propicias para su cabal efecto, no pueden pretender los interesados mantener el ejercicio obstinado de nuevas acciones para justificar el propio descuido. <\/p>\n
En casos que guardan similitud con el de ahora, esta Corporaci\u00f3n ha considerado que: <\/p>\n
Precisamente para evitar este tipo de abusos, el art\u00edculo 38 del decreto 2591 de 1991 dispuso: \u2018cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acci\u00f3n de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazar\u00e1n o decidir\u00e1n desfavorablemente todas las solicitudes\u2019\u2026 <\/p>\n
Bajo estas circunstancias, es inadmisible la presencia de un compulsivo ejercicio de la acci\u00f3n de tutela respecto de un asunto id\u00e9ntico; de all\u00ed que seg\u00fan la norma en cita, tal conducta est\u00e1 te\u00f1ida de temeridad y acarrea como consecuencia, no s\u00f3lo que se decida en forma desfavorable la solicitud de la accionante, sino que se juzgue la conducta denunciada, situaci\u00f3n que impone dar estricto cumplimiento al precepto anotado en orden a imponer, seg\u00fan el caso, las sanciones previstas (CSJ STC, 20 abr. 2006, rad. 2006-00522-00; reiterada, entre otras, en STC6152, 21 may. 2015, rad. 2015-00678-01). <\/p>\n
<\/p>\n
3. Por \u00faltimo, en lo que ata\u00f1e a los reproches que plante\u00f3 el promotor frente a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, basta con decir que no obra prueba en el plenario que permita concluir que el accionante pidi\u00f3 ante la entidad criticada el acompa\u00f1amiento que echa de menos, lo que impide pregonar que dicha autoridad comprometi\u00f3 sus garant\u00edas fundamentales. <\/p>\n
3.1. Por lo dem\u00e1s, es necesario precisar que si el quejoso considera que existe alguna actuaci\u00f3n irregular por parte de la Procuradur\u00eda est\u00e1 a su alcance ponerla en conocimiento de las autoridades respectivas, asumiendo su responsabilidad por la denuncia y las consecuencias derivadas de ello. <\/p>\n
Frente a dicho punto, esta Corporaci\u00f3n ha expresado: <\/p>\n
\u2026 es preciso indicar que si el aqu\u00ed convocante estima que alguno de los intervinientes incurri\u00f3 en conductas disciplinarias y penales que deben averiguarse, y cuenta con los elementos y argumentos necesarios para sostener su denuncia, est\u00e1 facultado para radicar en forma directa la noticia criminal o sancionatoria respectiva, haci\u00e9ndose por supuesto responsable de su gesti\u00f3n y consecuencias. Sobre el punto ha dicho la Sala: \u2018En relaci\u00f3n a la petici\u00f3n de compulsar copias a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, el peticionario queda en plena libertad de formular la correspondiente denuncia penal toda vez que no se cuentan con los elementos de juicio para determinar la existencia de un delito\u2026 (CSJ STC13871-2016 y STC14669-2016). <\/p>\n
4. Lo consignado impone ratificar la sentencia de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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