STC3990-2023<\/p>\n
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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC3990-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2023-01501-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintis\u00e9is de abril de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintis\u00e9is (26) de abril de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Esteban Cornelio D\u00edaz Rodr\u00edguez contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Soledad, Juzgados de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla y la Procuradur\u00eda Delegada para la Casaci\u00f3n Penal, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo, mediante apoderado judicial reclama la salvaguarda constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, libertad, igualdad y defensa t\u00e9cnica, as\u00ed como los principios de \u00abprescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal y de la pena\u00bb, \u00abfavorabilidad\u00bb, \u00abno discriminaci\u00f3n\u00bb y \u00abponderada dosificaci\u00f3n punitiva\u00bb, que dice vulnerados por las autoridades acusadas. <\/p>\n
En consecuencia, solicita se disponga \u00abrevocar la sentencia de casaci\u00f3n penal\u2026\u00bb; que \u00abrehaga las actuaciones desplegadas en este asunto, en donde se emiti\u00f3 la sentencia condenatoria impuesta sobre el actor, previniendola para que, dentro de dich[o] t\u00e9rmino ordene la eventual operancia de la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal y de la pena, por el delito de acceso carnal violento\u2026\u00bb; que se \u00abcas[e] la sentencia para que en su lugar se excluya del fallo las circunstancias de agravaci\u00f3n punitiva contempladas en los numeral(es): 2o del art\u00edculo 211 del C\u00f3digo Penal y 58 numeral 9 y 12 ib\u00eddem. En virtud de ello, se redosifique la pena impuesta\u2026\u00bb; y que se compulsen copias a la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial del Atl\u00e1ntico, al Consejo Seccional de la Judicatura de Barranquilla y a la Defensor\u00eda P\u00fablica para que adelanten las investigaciones disciplinarias correspondientes de los abogados que ejercieron su defensa en \u00ablas audiecias preparatoria, de acusaci\u00f3n, etc\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Dentro de un proceso penal adelantado contra Esteban Cornelio D\u00edaz Rodr\u00edguez, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Soledad profiri\u00f3 sentencia el 13 de noviembre de 2019, en la que lo conden\u00f3 a la pena de 213 meses de prisi\u00f3n por la comisi\u00f3n del punible de acceso carnal violento agravado. Esta decisi\u00f3n fue objeto de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
2.2. En fallo de 31 de enero de 2020 la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla confirm\u00f3 la decisi\u00f3n de primer grado, determinaci\u00f3n fue recurrida en casaci\u00f3n; y en prove\u00eddo de 2 de septiembre de 2022 la Sala de Casaci\u00f3n Penal inadmiti\u00f3 la demanda, por lo que el accionante present\u00f3 mecanismo de insistencia, pero la Procuradur\u00eda no accedi\u00f3 a la misma. <\/p>\n
2.3. Indic\u00f3 el accionante que se incurri\u00f3 en v\u00edas de hecho y en los defectos org\u00e1nico, f\u00e1ctico, sustantivo y procedimental; que fue desestimada la insistencia por la Procuradur\u00eda; que se pretermit\u00eda el precedente jurisprudencial; y que hubo exceso en el \u00e1mbito de punibilidad y quantum de la condena impuesta. <\/p>\n
2.4. Se\u00f1al\u00f3 que no se comput\u00f3 adecuadamente la prescripci\u00f3n de la pena; que exist\u00edan par\u00e1metros para individualizar las sanciones, los que se deb\u00edan aplicar motivadamente; que estaba descontando una pena superior a la que le correspond\u00eda; y que no se produjo una verdadera contradicci\u00f3n. <\/p>\n
2.5. Adujo que existi\u00f3 abandono por su abogado de oficio quedando en indefensi\u00f3n frente a la Fiscal\u00eda, pues debido a un error t\u00e9cnico no pudo aportar los respectivos medios de convicci\u00f3n; que se present\u00f3 ausencia de defensa t\u00e9cnica, pues no cont\u00f3 con la posibilidad de designar un apoderado de confianza que lo representara en las etapas procesales; y que la defensa fue ajena de la misi\u00f3n encomendada. <\/p>\n
2.6. Sostuvo que la inadmisi\u00f3n de la casaci\u00f3n constitu\u00eda un exceso ritual manifiesto; y que ten\u00eda derecho a que la sentencia condenatoria fuera revisada integralmente por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla inform\u00f3 que no hab\u00eda recibido el expediente criticado para ser repartido. <\/p>\n
2. La Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n indic\u00f3 que el 2 de septiembre de 2022 inadmiti\u00f3 la demanda impetrada; que se remit\u00eda a las consideraciones all\u00ed consignadas; que se pretend\u00eda reanudar el debate agotado sobre tem\u00e1ticas jur\u00eddicas que ya fueron examinadas en instancias regulares y en casaci\u00f3n; y que no se cumpl\u00edan las exigencias de la Constituci\u00f3n, ley y jurisprudencia para la procedencia excepcional del resguardo. <\/p>\n
3. La Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla se\u00f1al\u00f3 que no incurri\u00f3 en vulneraci\u00f3n de derecho fundamental alguna; que la tutela no era el escenario id\u00f3neo para dirimir la controversia planteada; que el accionante no demostr\u00f3 la existencia de presupuestos que permitieran flexibilizar los requisitos de procedibilidad, ni se evidenciaba que las decisiones criticadas adolecieran de un protuberante defecto \u00f3rganico, sustantivo o procedimental. <\/p>\n
4. La Fiscal\u00eda 192 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Bogot\u00e1 efectu\u00f3 un recuento de las actuaciones adelantadas en el proceso criticado. <\/p>\n
5. La Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n asever\u00f3 que no hab\u00eda vulnerado ninguna prerrogativa esencial; que la Procuradur\u00eda Delegada de Intervenci\u00f3n Primera para Casaci\u00f3n Penal concluy\u00f3 que las inconformidades planteadas por el accionante no se ajustaban a las t\u00e9cnicas previstas por la ley procesal penal para que la demanda fuera admitida, por lo que estim\u00f3 no insistir; y que deprecaba su desvinculaci\u00f3n del presente tr\u00e1mite excepcional. <\/p>\n
6. El Juzgado Primero Penal del Circuito de Soledad relat\u00f3 lo acontecido en el juicio criticado y refiri\u00f3 que tras ser devuelto el proceso para ser puesto a disposici\u00f3n de los jueces de ejecuci\u00f3n de penas y medidas de seguridad, se encontraba el mismo en organizaci\u00f3n para el correspondiente env\u00edo, en tanto que se los remitieron de forma desorganizada, sin cumplir los lineamientos para la conformaci\u00f3n del expediente electr\u00f3nico dispuesto en el Acuerdo PCSJA20-11567 de 2020. <\/p>\n
7. Al momento de someterse a consideraci\u00f3n de la Sala el presente asunto, ning\u00fan otro de los convocados hab\u00eda efectuado manifestaci\u00f3n alguna frente a la solicitud de protecci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre paso el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. En el caso que concita la atenci\u00f3n de la Sala, encuentra la Corte que la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, habida cuenta que la Sala de Casaci\u00f3n Penal acusada, en el prove\u00eddo de 2 de septiembre de 2022, tras indicar que inadmitir\u00eda la demanda por incumplir las reglas y principios que reg\u00edan la casaci\u00f3n, consider\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026Para la Sala no est\u00e1n llamados a prosperar los reproches visto que, en cuanto a lo primero, el censor deja de lado estructurar el cargo conforme a los principios de argumentaci\u00f3n suficiente y trascendencia, al omitir la explicaci\u00f3n de por qu\u00e9 la supuesta falta de estrategia defensiva configurar\u00eda irregularidad afectante del derecho de defensa y c\u00f3mo repercuti\u00f3 en perjuicio de ESTEBAN D\u00cdAZ, con entidad para anular la actuaci\u00f3n. <\/p>\n
Sobre estos aspectos nada dice el demandante, m\u00e1s all\u00e1 de referir a la contradicci\u00f3n entre la versi\u00f3n inicial que de los hechos pudo haber dado el procesado al rendir interrogatorio como indiciado en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 282 de la Ley 906 de 2004 y, luego, atestiguar en la audiencia de juicio, constat\u00e1ndose que en ambos eventos no solo estuvo asistido por los defensores de confianza designados por \u00e9l, sino que fue advertido de las implicaciones y consecuencias de renunciar a guardar silencio, a lo que accedi\u00f3 voluntariamente como se aprecia particularmente en el registro de la diligencia en que testific\u00f3. <\/p>\n
Y tras hacer alusi\u00f3n al mandato judicial y la estrategia defensiva, refiri\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026ninguna irregularidad pueda suscitar la designaci\u00f3n que en la continuaci\u00f3n de la audiencia de acusaci\u00f3n del 03 de mayo de 2018 se hizo por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Soledad (Atl\u00e1ntico), del abogado V\u00edctor Manuel R\u00edos Mercado como defensor de oficio de D\u00cdAZ RODR\u00cdGUEZ, atendiendo que con ello se procur\u00f3 solventar la situaci\u00f3n surgida por la no comparecencia a ese acto del procesado y su apoderado contractual\u2026 La excepcional medida, antes que reprochable, resultaba necesaria en aras de garantizar la defensa t\u00e9cnica ininterrumpida del inculpado por tratarse de un derecho irrenunciable, conforme ha precisado la Sala al explicar que\u2026 <\/p>\n
Revisados los registros procesales, se encuentra que el titular del estrado judicial consider\u00f3 que la inasistencia del abogado Germ\u00e1n S\u00e1nchez Mart\u00ednez, a quien ESTEBAN D\u00cdAZ hab\u00eda otorgado poder, constitu\u00eda una maniobra dilatoria debido a que con antelaci\u00f3n suficiente hab\u00eda sido noticiado de la diligencia sin que presentara oportuna y justificada excusa para no acudir a su realizaci\u00f3n; aunado a ello, porque durante la audiencia del 21 de febrero de 2018 el mandatario, sin fundamento legal valedero, hab\u00eda impugnado la competencia del juzgado para conocer el caso, como as\u00ed concluy\u00f3 la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla en prove\u00eddo del 16 de marzo del mismo a\u00f1o. <\/p>\n
En ese estado las cosas, se opt\u00f3 por el medio m\u00e1s expedito para garantizar el derecho a la defensa del incriminado, atendiendo que mediante escrito remitido desde el centro de reclusi\u00f3n donde permanec\u00eda privado de la libertad, D\u00cdAZ RODR\u00cdGUEZ hab\u00eda informado que no deseaba asistir a las audiencias del proceso que se le segu\u00eda y autorizaba a su apoderado de confianza proceder seg\u00fan estimase conveniente. <\/p>\n
Por tanto, no hay lugar a cuestionar la designaci\u00f3n del defensor de oficio que, es oportuno acotar, contaba con capacidad e idoneidad suficientes para asumir la representaci\u00f3n del encausado, pues tal y como explic\u00f3 el titular del estrado judicial era reconocido defensor p\u00fablico adscrito a la Defensor\u00eda del Pueblo en Soledad (Atl\u00e1ntico), pero no pod\u00eda actuar en tal calidad por no estar satisfechas las condiciones del art\u00edculo 21 de la Ley 24 de 1992. <\/p>\n
Advierte la Sala que, contra lo afirmado por el demandante, en abierta omisi\u00f3n del principio de correcci\u00f3n material, el procesado D\u00cdAZ RODR\u00cdGUEZ s\u00ed fue enterado del nombramiento del defensor de oficio mediante misiva dirigida al centro carcelario de Valledupar (Cesar)\u2026 F\u00e1cil se aprecia la suficiente ilustraci\u00f3n que se le suministr\u00f3 sobre la situaci\u00f3n propiciada por la inasistencia de su defensor particular y el correlativo correctivo adoptado al nombrarle uno de oficio, as\u00ed como la convocatoria a la pr\u00f3xima etapa del ciclo procesal, no existiendo constancia en el expediente de que la comunicaci\u00f3n no hubiese sido recibida o conocida por \u00e9l. <\/p>\n
Por si eso no fuese suficiente, en el entendido que el defensor de oficio asignado no desplazaba al apoderado contractual, tambi\u00e9n se remiti\u00f3 mensaje a la direcci\u00f3n de correo electr\u00f3nico que el abogado Germ\u00e1n Andr\u00e9s S\u00e1nchez Mart\u00ednez\u2026 <\/p>\n
Queda en claro, entonces, que la designaci\u00f3n del defensor de oficio se ajust\u00f3 al marco normativo vigente y obedeci\u00f3 a las especiales circunstancias propiciadas exclusivamente por el acusado y su defensa contractual, no al capricho o la arbitrariedad de la judicatura sino a la necesidad de garantizar el derecho a la defensa, razones de m\u00e9rito suficientes para que decaiga la censura\u2026 <\/p>\n
En ese \u00e1mbito encuentra la Corte que las razones de la queja decaen porque se constata en la actuaci\u00f3n que el abogado de oficio asumi\u00f3 la labor en forma seria y responsable desde la audiencia de acusaci\u00f3n en la que se le design\u00f3\u2026 <\/p>\n
De la s\u00edntesis previa refulge crasa incorrecci\u00f3n del demandante en la proposici\u00f3n del cargo, en vista que desatiende el principio de objetividad pues es indiscutible que el defensor de oficio cumpli\u00f3 en forma razonable con la gesti\u00f3n al acudir a recibir el descubrimiento probatorio integral de los elementos materiales probatorios de cargo, antes de la realizaci\u00f3n de la audiencia preparatoria; intent\u00f3 entablar comunicaci\u00f3n con el procesado por los medios a su alcance; y traz\u00f3 una estrategia orientada a demostrar que no existi\u00f3 la conducta punible acusada, en funci\u00f3n de lo cual pidi\u00f3 pruebas y se opuso a las del \u00f3rgano acusador. <\/p>\n
Incumple el impugnante, tambi\u00e9n, la carga de suficiencia argumentativa al referir algunos testimonios que debieron ser peticionados por el defensor de oficio\u2026 pero no explica la pertinencia, conducencia y utilidad que los har\u00edan viables, dejando de lado la doctrina de la Corte en materia de petici\u00f3n de pruebas comunes para las partes. <\/p>\n
Menos a\u00fan se aproxima el recurrente a revelar el contenido material de tales atestaciones con capacidad para desvirtuar las conclusiones del fallo controvertido en torno al hecho espec\u00edfico bajo juzgamiento. Y en relaci\u00f3n con las comunicaciones telef\u00f3nicas entre el procesado y la denunciante, tampoco menciona cu\u00e1les y de qu\u00e9 tenor ser\u00edan, cu\u00e1ndo se realizaron, en qu\u00e9 medio estar\u00edan contenidas, c\u00f3mo se incorporar\u00edan al debate y la forma en que podr\u00edan contribuir a desvirtuar el juicio de responsabilidad penal discernido en doble instancia. <\/p>\n
En id\u00e9ntica carencia incurre al censurar la no interposici\u00f3n de recursos contra la decisi\u00f3n por medio de la cual fueron decretadas las pruebas peticionadas por la Fiscal\u00eda\u2026 pues omite el libelista explicar cu\u00e1l(es) medio(s) impugnatorio(s) debi\u00f3 promover la defensa de oficio y con qu\u00e9 argumentos se habr\u00eda logrado la modificaci\u00f3n de la determinaci\u00f3n adoptada para beneficiar al procesado. Peor a\u00fan, desatiende el impugnante que el numeral 4. del inciso segundo del art\u00edculo 177 de la Ley 906 de 2004, modificado por el art\u00edculo 13 de la Ley 1142 de 2007, prev\u00e9 que el recurso de apelaci\u00f3n procede contra el \u201cauto que niega la pr\u00e1ctica de prueba en juicio oral\u201d, supuesto que, conforme ha sido explicado por la Sala, no se aviene procedente en este asunto ni la demanda da razones de por qu\u00e9 lo ser\u00eda. <\/p>\n
Del mismo modo, es palmaria la inobservancia de la realidad procesal y la deficiencia argumentativa en la censura al desempe\u00f1o del defensor de oficio durante la recepci\u00f3n del testimonio de la v\u00edctima en el juicio oral\u2026 <\/p>\n
De acuerdo con todo lo que se viene de exponer, la Sala concluye infundadas las cr\u00edticas por la posible ocurrencia del vicio de garant\u00eda denunciado, imponi\u00e9ndose como consecuencia la anunciada inadmisi\u00f3n del cargo. <\/p>\n
Respecto del segundo cargo, se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u2026A pesar de lo que alega el recurrente, encuentra la Sala que, en estricto sentido, se expone en forma antit\u00e9cnica la censura por la configuraci\u00f3n de un presunto error por falso juicio de legalidad que ocurre cuando el juez le otorga validez jur\u00eddica a un medio de convicci\u00f3n y se equivoca al estimar que cumple con las exigencias formales de producci\u00f3n e incorporaci\u00f3n; o cuando le niega validez a la prueba, a pesar de haber observado los requisitos legales. <\/p>\n
No obstante, los cuestionamientos al proceso de formaci\u00f3n del medio de convicci\u00f3n apenas quedan esbozados en vista que nada expone el censor a fin de demostrar la vulneraci\u00f3n del debido proceso probatorio, cabe decir, cu\u00e1l fue el yerro incurrido en la aplicaci\u00f3n de las normas que prev\u00e9n la admisibilidad excepcional de la prueba de referencia, conforme a los par\u00e1metros de los art\u00edculos 437 y 438 de la Ley 906 de 2004 y el entendimiento de la jurisprudencia respecto de esa figura jur\u00eddica. <\/p>\n
En cambio, en este evento se avizoran satisfechas las pautas que la Sala ha fijado al respecto, a saber\u2026 <\/p>\n
2.2.2. La censura omite referir y demostrar por qu\u00e9 habr\u00eda sido errada la valoraci\u00f3n de la prueba de referencia y el m\u00e9rito asignado a esta en las decisiones proferidas por las instancias judiciales. <\/p>\n
Con todo, es contradictorio el cargo pues el censor asevera que los fallos de primera y segunda instancia no solo se fundamentaron en la prueba de referencia, sino tambi\u00e9n en la informaci\u00f3n aportada por Leslie Orozco y la profesional que entrevist\u00f3 al menor hijo de la ofendida, idea que luego muta el libelista como se analizar\u00e1 m\u00e1s adelante\u2026 <\/p>\n
Se descarta, por ende, inobservancia al art\u00edculo 381 de la Ley 906 de 2004, en cuanto acepta el impugnante que la condena no se sustent\u00f3 en forma exclusiva en la prueba de referencia practicada v\u00e1lidamente en el proceso, lo cual cabe significar es una realidad inobjetable, no rebatida, conforme se puede apreciar en los fallos de condena que no se soportan \u00fanicamente en la cuestionada declaraci\u00f3n\u2026. <\/p>\n
Luego, se repite, no fue la prueba de referencia determinante ni \u00fanica para fundar la decisi\u00f3n de condena, descart\u00e1ndose de suyo, afectaci\u00f3n a la tarifa probatoria negativa de que trata el art\u00edculo 381 de la Ley 906 de 2004. <\/p>\n
Por \u00faltimo, destaca la Sala la incorrecci\u00f3n del alegato que pretende se case la sentencia del tribunal para emitir fallo de reemplazo absolutorio con reconocimiento de \u201clos alcances del art\u00edculo 32 Numeral 2 y 10 del C\u00f3digo Penal\u201d, preceptivas relativas a la ausencia de responsabilidad penal que sin mayor profundizaci\u00f3n conceptual son apenas referidas por el demandante en total disarmon\u00eda y contrav\u00eda de lo que se propugna en el encabezado de la censura. <\/p>\n
Conclusi\u00f3n de lo precedente expuesto es que el cargo ha de ser inadmitido porque no satisface las premisas de objetividad, adecuada y coherente sustentaci\u00f3n. <\/p>\n
Frente al tercer cargo, asever\u00f3: <\/p>\n
Notorias son las deficiencias en la postulaci\u00f3n del reproche debido a que el recurrente alega en un mismo apartado de manera equ\u00edvoca la configuraci\u00f3n de dos yerros que por su esencia no son asimilables, sin desarrollar el cargo con sujeci\u00f3n a las pautas de autonom\u00eda y sustentaci\u00f3n suficiente\u2026 <\/p>\n
F\u00e1cil se entiende la incompatibilidad de plantear dichos reproches en un mismo cuerpo porque el falso juicio de convicci\u00f3n se presenta cuando el juzgador desconoce el valor o la eficacia que la ley asigna a un medio de prueba dado. <\/p>\n
En tanto que el falso juicio de legalidad se predica cuando el sentenciador acepta y aprecia una prueba no obstante que fue practicada con violaci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales o las formalidades legales para ese efecto previstas; o cuando rechaza y deja de ponderar un elemento cognoscitivo que cumpli\u00f3 con las exigencias legales. <\/p>\n
Sin perjuicio de que estos, como todos los yerros demandables en sede de casaci\u00f3n, se concreten en la sentencia de segunda instancia, es claro que tienen g\u00e9nesis en momentos procesales distintos, d\u00edgase en las fases de pr\u00e1ctica o incorporaci\u00f3n y valoraci\u00f3n de los medios de prueba, raz\u00f3n por la cual mal podr\u00edan proponerse de forma simult\u00e1nea pretermitiendo la prioridad o prelaci\u00f3n con que se debe asumir el an\u00e1lisis de cada una de las incorrecciones. <\/p>\n
A tono con lo explicado se inadmitir\u00e1 el cargo porque el libelo incumple la identificaci\u00f3n y sustentaci\u00f3n clara, concreta, coherente y separada de los reparos propuestos. <\/p>\n
En cuanto al cuarto cargo, sostuvo: <\/p>\n
\u2026Considera la Corte que la censura decae teniendo en cuenta que la configuraci\u00f3n del error de hecho por falso juicio de identidad obliga a quien lo alega precisar qu\u00e9 dice concretamente el medio de prueba en el cual recae el defecto; qu\u00e9 dijo exactamente del mismo el juzgador; en qu\u00e9 consisti\u00f3, en este caso, la tergiversaci\u00f3n de su materialidad que llev\u00f3 a producir efectos que objetivamente no se derivan de \u00e9l y c\u00f3mo repercuti\u00f3 desfavorablemente a los intereses del procesado en la adopci\u00f3n del fallo. <\/p>\n
En ese sentido, confrontados los argumentos de la censura con las exigencias que se han desarrollado por la jurisprudencia para la sustentaci\u00f3n t\u00e9cnica de esta especie de error, deviene impr\u00f3spero el ataque pues a m\u00e1s de afirmar que fue tergiversado el testimonio de la ofendida, no cita el libelo el contenido fidedigno de cuanto declar\u00f3 Leslie Orozco. Tampoco qu\u00e9 se consign\u00f3 puntualmente en la providencia de segundo grado acerca de lo dicho por ella, ni qu\u00e9 fue en espec\u00edfico lo que se tergivers\u00f3 de su tenor en contrav\u00eda de lo que objetivamente surge de la atestaci\u00f3n. <\/p>\n
Sin perjuicio de ello, de la revisi\u00f3n del testimonio rendido por la v\u00edctima y el an\u00e1lisis que en el prove\u00eddo impugnado se consigna al respecto, concluye la Sala que no hay distorsi\u00f3n o deformaci\u00f3n de su narraci\u00f3n sobre las circunstancias de todo orden que rodearon el asalto sexual de que fue objeto por parte de ESTEBAN D\u00cdAZ RODR\u00cdGUEZ. <\/p>\n
Por \u00faltimo, debe precisar la Sala que en lo concerniente a la \u201cprueba de referencia\u201d el recurrente no desarroll\u00f3 en manera alguna la queja, raz\u00f3n por lo cual no cabe disquisici\u00f3n al respecto. <\/p>\n
Consecuencialmente, se inadmitir\u00e1 el cargo porque adolece de insalvables deficiencias en la exposici\u00f3n de los fundamentos l\u00f3gico-formales y sustanciales requeridos para su prosperidad. <\/p>\n
Sobre el quinto cargo, luego de referirse al falso raciocinio, indic\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026Las precisiones previas conducen a la Sala a concluir el desacierto en la sustentaci\u00f3n del reproche porque el actor no atendi\u00f3 esas exigencias argumentativas y, en su lugar, a semejanza de un alegato de instancia, present\u00f3 su personal concepci\u00f3n de por qu\u00e9 no es cre\u00edble el testimonio de\u2026 <\/p>\n
Aunque el actor expone los que en su criterio constituyeron yerros en la apreciaci\u00f3n de las pruebas, incumple identificar de manera clara e inequ\u00edvoca la forma en que al asumir esa tarea el ad quem habr\u00eda desconocido un principio l\u00f3gico, una ley cient\u00edfica o una regla de experiencia… <\/p>\n
En ese contexto, es evidente que no se aportan razones orientadas a demostrar un defecto susceptible de ser corregido en sede de casaci\u00f3n, sino que pretende el actor imponer su particular an\u00e1lisis de los mencionados elementos de convicci\u00f3n, como si la sede extraordinaria fuese una tercera instancia ante la cual exponer libremente las razones que motivan desacuerdo con las determinaciones de las autoridades judiciales que conocieron del asunto. <\/p>\n
Se deja de lado demostrar objetivamente el uso dado por el Tribunal a una regla de experiencia a la que resultar\u00eda oponible la presentada en el alegato, contraviniendo as\u00ed el principio de correcci\u00f3n material en vista que se propone como base del cuestionamiento no el razonamiento judicial sino el producto de la intelecci\u00f3n del libelista. <\/p>\n
Tambi\u00e9n se revela desatino en la ausencia de explicaci\u00f3n acerca del por qu\u00e9 la regla propuesta en la demanda cumple la estructura para ser acogida y aplicada en t\u00e9rminos generales y abstractos con pretensi\u00f3n de universalidad, \u00fanico camino para establecer si el razonamiento del juzgador deviene falso; y se omite indicar c\u00f3mo habr\u00eda servido al prop\u00f3sito de resolver la esencia del debate si hubiese sido tomada en consideraci\u00f3n individual y conjuntamente con los restantes medios de conocimiento acopiados. <\/p>\n
Concluye la Sala que no se acredita un falso raciocinio trascendente en la apreciaci\u00f3n testimonial, en especial de lo atestiguado por Leslie Orozco Fonseca, limit\u00e1ndose el demandante a exponer su particular opini\u00f3n a fin de restar credibilidad a la principal testigo de cargo, pretensi\u00f3n inviable de acoger en esta sede al estar precedida la sentencia impugnada de la doble presunci\u00f3n de acierto y legalidad que implica la prevalencia de la apreciaci\u00f3n del recaudo probatorio realizada por el juzgador colegiado\u2026 <\/p>\n
Concluyendo que: <\/p>\n
\u2026no est\u00e1n cumplidos los presupuestos y principios que rigen la casaci\u00f3n para asumir el examen de fondo pertinente en esta instancia, por lo se sigue consecuencial inadmitir a tr\u00e1mite la demanda instaurada por el apoderado de ESTEBAN CORNELIO D\u00cdAZ RODR\u00cdGUEZ. <\/p>\n
3. Finalmente, la Sala no encuentra que en el fallo bajo examen o en el curso de la actuaci\u00f3n se hayan violentado los derechos o las garant\u00edas de las partes o intervinientes que motiven superar los defectos del libelo para decidir de fondo, seg\u00fan precept\u00faa el inciso tercero del art\u00edculo 184 de la Ley 906 de 2004\u2026 <\/p>\n
Posteriormente, la Procuradur\u00eda convocada al pronunciarse sobre la solicitud de insistencia, precis\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026no indic\u00f3 de manera clara y precisa en que consistieron los yerros que incurrieron los Magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia al momento de inadmitir la respectiva demanda de casaci\u00f3n, ni mucho menos, las consideraciones que adujeron para advertir que no se vulner\u00f3 las garant\u00edas del procesado, en tanto que, el defensor se limit\u00f3 a reiterar y resumir el cargo propuesto en la demanda de casaci\u00f3n en la carga argumental del mecanismo de insistencia, pretendiendo utilizar este medio extraordinario de impugnaci\u00f3n como una etapa adicional para alegar el acaecimiento de una nulidad, la cual fue debidamente resuelta por la Corporaci\u00f3n atendiendo las disposiciones jurisprudenciales como legales. <\/p>\n
Adem\u00e1s, este Delegado considera que, el censor omiti\u00f3 en demostrar, en la demanda de casaci\u00f3n, el car\u00e1cter trascedente de la supuesta irregularidad cometida por la defensa t\u00e9cnica de turno que perjudic\u00f3 la situaci\u00f3n jur\u00eddica del procesado, atendiendo que el ejercicio del defensor no se enmarca en directrices espec\u00edficas, sino que, se despliegan de manera libre para adoptar y orientar la correspondiente estrategia que se considere pertinente para favorecer los intereses del implicado; as\u00ed mismo, la Sala Penal ha decantado que, la discrepancia de estrategia defensiva para asumir la representaci\u00f3n del procesado, entre el abogado de turno y el posterior, no es causal de nulidad por afectaci\u00f3n a las garant\u00edas procesales; por otro lado, se denota de la actuaci\u00f3n realizada por el abogado defensor en la etapa de juzgamiento, que despleg\u00f3 todas las acciones necesarias en favor del implicado, acreditando, en contra v\u00eda del recurrente, que ejerci\u00f3 una labor diligente y responsable en la elaboraci\u00f3n de los interrogatorios y contrainterrogatorios, como en la presentaci\u00f3n de recursos e impugnaciones. <\/p>\n
No se puede olvidar, tal como se mencion\u00f3 anteriormente, que, el mecanismo de insistencia no trata de una instancia adicional para revaluar la apreciaci\u00f3n probatoria o la actuaci\u00f3n de los que participan en el proceso penal, sino, de indicar de manera clara y coherente que las consideraciones de la cuales se fundament\u00f3 la Corporaci\u00f3n son err\u00f3neas, lo que llevaron a inadmitir la demanda de casaci\u00f3n, por tanto, ese Representante del Ministerio P\u00fablico considera que, el contenido argumental del mecanismo de insistencia presentado por el accionante es el mismo que est\u00e1 consignado en el cargo primero en la demanda de casaci\u00f3n, pretendiendo que estos funcionarios realice un an\u00e1lisis procesal, como jur\u00eddico, de sus requerimientos, m\u00e1s no, como lo exige la ley y la jurisprudencia, de acreditar los yerros que incurrieron los Magistrados de la Sala Penal para inadmitir la demanda de casaci\u00f3n. <\/p>\n
Es importante recordar que la Procuradur\u00eda no es la encargada de subsanar los errores o vac\u00edos en las que incurre el recurrente en la demanda de casaci\u00f3n, como en el escrito de insistencia, por las razones anteriormente dichas, motivo por el cual, no existe fundamento en este caso para insistir ante la Sala Penal la admisi\u00f3n de la demanda de casaci\u00f3n. <\/p>\n
Por lo anterior, este Representante del Ministerio P\u00fablico comparte el auto inadmisorio de la Corporaci\u00f3n, la que dio una justificada y completa respuesta a los reparos presentados en la demanda de casaci\u00f3n. En este orden de ideas, este Delegado del Ministerio P\u00fablico se abstiene de acceder a la petici\u00f3n elevada por el peticionario, decisi\u00f3n que ser\u00e1 debidamente comunicada al interesado y allegada al Magistrado Ponente. <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, la Sala concluye que las decisiones controvertidas no lucen antojadizas, caprichosas o subjetivas, con independencia de que se compartan, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo del peticionario no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plante\u00f3 el tutelante es una diferencia de criterio frente a las determinaciones con las que se inadmiti\u00f3 la demanda de casaci\u00f3n y se desestim\u00f3 la insistencia propuesta; en cuyo caso tales inferencias no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
4. En adici\u00f3n, encuentra la Sala que el amparo tampoco est\u00e1 llamado a prosperar, comoquiera que al alcance del promotor estuvo el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, para exponer las quejas que por v\u00eda de tutela alega, medio de defensa que no aprovech\u00f3 adecuadamente, pues su libelo fue inadmitido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte el 2 de septiembre de 2022, siendo ese el escenario id\u00f3neo para rebatir la valoraci\u00f3n efectuada. <\/p>\n
De ese modo el reclamo actual resulta improcedente, toda vez que el descuido en el empleo de los medios de protecci\u00f3n que existen en las actuaciones judiciales impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los mecanismos de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico o no se hace uso de los mismos en debida forma, como aqu\u00ed aconteci\u00f3, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria. <\/p>\n
Entonces, si el gestor del amparo <\/p>\n
(\u2026) desperdici\u00f3 las diferentes oportunidades procesales, es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, tal y como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 118 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil -, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela. (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 00241-01, criterio reiterado, entre muchas otras, en STC, 5 abr. 2011, rad. 00015-01). <\/p>\n
5. Ahora bien, en lo atinente a las supuestas anomal\u00edas en las que incurri\u00f3 la defensa del gestor, se advierte que la supuesta negligencia de dichos profesionales: <\/p>\n
\u2026no es suficiente motivo para impetrar con \u00e9xito el amparo constitucional, pues, como reiteradamente lo ha sostenido la Corte, aqu\u00e9lla ser\u00eda imputable a ella misma y no al juez acusado, dado que (\u2026) con independencia de la eventual responsabilidad del abogado en el ejercicio de su profesi\u00f3n, y que el interesado puede reclamar por otras v\u00edas, no sirve para edificar una acci\u00f3n de tutela contra decisiones judiciales (CSJ STC 18 may. 2009, rad. 00508 -01). <\/p>\n
6. Finalmente, se advierte frente a la solicitud de compulsa de copias, que si el peticionario considera que existe alguna actuaci\u00f3n irregular, est\u00e1 a su alcance ponerla en conocimiento de las autoridades respectivas, asumiendo su responsabilidad por las consecuencias derivadas de ello. Frente a dicho punto, esta Corporaci\u00f3n ha expresado: <\/p>\n
\u2026es preciso indicar que si el aqu\u00ed convocante estima que alguno de los intervinientes incurri\u00f3 en conductas disciplinarias y penales que deben averiguarse, y cuenta con los elementos y argumentos necesarios para sostener su denuncia, est\u00e1 facultado para radicar en forma directa la noticia criminal o sancionatoria respectiva, haci\u00e9ndose por supuesto responsable de su gesti\u00f3n y consecuencias. Sobre el punto ha dicho la Sala: \u2018En relaci\u00f3n a la petici\u00f3n de compulsar copias a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, el peticionario queda en plena libertad de formular la correspondiente denuncia penal toda vez que no se cuentan con los elementos de juicio para determinar la existencia de un delito\u2026 (CSJ STC13871-2016 y STC14669-2016). <\/p>\n
7. Basta lo dicho en precedencia para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, si la decisi\u00f3n no es impugnada, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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STC3990-2023 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC3990-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2023-01501-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintis\u00e9is de abril de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D. C., veintis\u00e9is (26) de abril de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Esteban Cornelio D\u00edaz […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[61],"tags":[],"class_list":["post-72648","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-abril-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/72648","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=72648"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/72648\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=72648"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=72648"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=72648"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}