STC3997-2023<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC3997-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 66001-22-13-000-2023-00078-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintis\u00e9is de abril de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Se dirime la impugnaci\u00f3n interpuesta por Mario Restrepo frente a la sentencia del 9 de marzo de 2023, proferida por la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en la tutela que instaur\u00f3 contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereria, la Procuradora General de la Naci\u00f3n y el Defensor del Pueblo, extensiva a los intervinientes en el proceso 66001-31-03-005-2022-00029-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor pretende que se ordene al juzgado accionado aceptar el desistimiento que present\u00f3 en el proceso de acci\u00f3n popular y la intervenci\u00f3n de la Procuradora General de la Naci\u00f3n para que presente acciones legales a su nombre contra la administraci\u00f3n de justicia por mora. As\u00ed mismo, solicit\u00f3 se ordenar\u00e1 dejar de notificar a su cuenta electr\u00f3nica las decisiones proferidas en la acci\u00f3n popular, demostrar el cumplimiento del art\u00edculo 84 de la Ley 472 de 1998; compartir \u201clibro radicador de audiencias\u201d, y, expedir constancia sobre el estado del proceso. <\/p>\n
En sustento, indic\u00f3 que radic\u00f3 la acci\u00f3n popular de la referencia, que le correspondi\u00f3 al Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira, quien no le ha impartido el tr\u00e1mite adecuado, toda vez que no ha cumplido con los t\u00e9rminos exigidos para adelantar el proceso de conformidad con la ley 479 de 1998. Como consecuencia de ello, sostuvo que present\u00f3 memorial desistiendo de la acci\u00f3n, por cuanto la constante negligencia del accionado le ha implicado afecciones a su salud mental. <\/p>\n
2. El juzgado expres\u00f3 que no existi\u00f3 vulneraci\u00f3n alguna de su parte, manifest\u00f3 que dicha acci\u00f3n popular fue resuelta en sentencia el 29 de noviembre de 2022, dentro del t\u00e9rmino del art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, frente a la cual se interpuso recurso de apelaci\u00f3n el cual fue concedido en auto del 13 de febrero hoga\u00f1o, auto que a su vez fue objeto de recurso de reposici\u00f3n por parte del accionante, cuyo traslado se encontraba pendiente al momento de la contestaci\u00f3n. <\/p>\n
As\u00ed mismo, comunic\u00f3 que nunca le fue peticionado compartir el \u201cLibro radicador de audiencias del despacho\u201d y que las solicitudes de expedici\u00f3n de constancias secretariales elevadas por el actor han sido todas respondidas, como consta en el archivo 048 del expediente de origen. <\/p>\n
Por su parte, la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n y la Procuradur\u00eda regional Risaralda informaron que no han tenido participaci\u00f3n dentro de la acci\u00f3n popular aludida y que no han recibido solicitud alguna de parte del accionante relacionada con los hechos del amparo constitucional. <\/p>\n
3. El a quo neg\u00f3 la tutela tras considerar que carece del requisito de subsidiariedad, pues el accionante solicit\u00f3 el \u00abdesistimiento de la acci\u00f3n popular\u00bb y que \u00abse le comparta el libro radicador de audiencias\u00bb, situaciones que nunca fueron puestas de presente ante el juez ordinario, pues de las pruebas obrantes en el expediente no se evidenci\u00f3 probanza alguna de tal pedimento. <\/p>\n
En cuanto a la petici\u00f3n de que se le expidiese constancia del estado del proceso, el tribunal consider\u00f3 inexistente dicha vulneraci\u00f3n, pues, desde el 20 de octubre de 2022, el juzgado le comparti\u00f3 el enlace para acceder a los procesos. <\/p>\n
Finalmente, determin\u00f3 que la solicitud de ordenar demostrar el cumplimiento del art. 84 ley 472 de 1998 tambi\u00e9n es improcedente, al ser un asunto materia de acci\u00f3n disciplinaria; que debe ser ventilada por el actor, ante la Comisi\u00f3n de Disciplina Judicial competente. <\/p>\n
4. El gestor impugn\u00f3 la anterior decisi\u00f3n, esgrimi\u00f3 que aun cuando existe fallo, el hecho de no haberse remitido el expediente al juez de alzada implica la existencia de mora judicial. Adem\u00e1s, puso de presente que s\u00ed ha requerido a la procuradur\u00eda y por ende pide que se le ordene aportar copia de todas sus peticiones, para por \u00faltimo peticionar que se adicione a la sentencia el n\u00famero completo del radicado de la acci\u00f3n popular para evitar confusiones. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
La decisi\u00f3n impugnada ser\u00e1 ratificada, toda vez que, circunscribiendo este estudio a los reparos planteados en la impugnaci\u00f3n respecto de la mora judicial alegada, se envidencia la inexistencia de las transgresiones denunciadas, y en lo que se refiere a la pretensi\u00f3n de ordenar a la Procuraduria aportar copia de todas sus peticiones no se cumple con el requisito de subsidiariedad. <\/p>\n
Ciertamente, si bien el accionante critica la inobservancia de t\u00e9rminos en el proceso de acci\u00f3n popular, lo cierto es que a partir de las pruebas que obran en el expediente se verifica que la \u00faltima actuaci\u00f3n del juzgador fue el auto notificado el 14 de marzo de 2023, por medio del cual se resolvi\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n interpuesto por el se\u00f1or Mario Restrepo contra el auto que concedi\u00f3 la apelaci\u00f3n. As\u00ed las cosas, en esa oportunidad, adem\u00e1s de resolverse lo atinente al recurso de reposici\u00f3n, se dio la orden de remitir el expediente a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira para que se resolviese la apelaci\u00f3n. <\/p>\n
Por lo anterior, es posible afirmar que la supuesta mora reprochada por el tutelante no se ve configurada, pues el proceso de radicaci\u00f3n no. 2022-00029-00 est\u00e1 siguiendo su tr\u00e1mite legalmente previsto. Y como ha sostenido esta Corporaci\u00f3n, \u00abcuando la falla se refiere a la mora judicial, la viabilidad de la salvaguarda depende de que se estructuren tres circunstancias: i) el incumplimiento de los t\u00e9rminos previstos en el ordenamiento jur\u00eddico para tramitar la actuaci\u00f3n de que se trate; ii) la desatenci\u00f3n de los plazos sea injustificada, y iii) la tardanza sea trascendente frente a las garant\u00edas del accionante\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s, es imperante mencionar que no esta contemplado en la Ley 472 de 1998 un t\u00e9rmino para remitir el expediente a la secretar\u00eda del tribunal competente. Y en todo caso, al momento en que se radic\u00f3 la tutela (21 de febrero de 2023) e incluso cuando fue presentada la impugnaci\u00f3n (13 de marzo del mismo a\u00f1o), se encontraba en tr\u00e1mite el recurso de reposici\u00f3n que el accionante interpuso, por lo que no era posible efectuar la remisi\u00f3n del expediente hasta tanto no fuera dirimido el reproche. <\/p>\n
De esta forma, como quiera que la situaci\u00f3n de hecho que presuntamente causaba el desconocimiento de las garant\u00edas fundamentales del gestor es inexistente, la solicitud de amparo no est\u00e1 llamada a prosperar. En este sentido, la Sala ha se\u00f1alado: <\/p>\n
[S]i la omisio\u0301n por la cual la persona se queja no existe, o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensio\u0301n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido totalmente (…) la tutela pierde su eficacia y razo\u0301n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo careceri\u0301a de sentido (CSJ STC, 13 mar. 2009, rad. 2009-00147-01; reiterada en CSJ STC, 7 nov. 2012, rad. 2012-02211-01; CSJ STC, 17 sep. 2013, rad. 2013-00184-01; y STC10339-2022). <\/p>\n
Por otro lado, en lo atinente a la petici\u00f3n de ordenar a la Procuraduria aportar las copias de las peticiones elevadas por el gestor, es imperativo mencionar que si bien lo que pretende el accionante es contradecir lo esgrimido en la contestaci\u00f3n por la entidad, esta contemplado como un principio del derecho que \u00abincumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jur\u00eddico que ellas persiguen. (\u2026)\u00bb. (art. 167 CGP). <\/p>\n
Es bueno recordar que tampoco obra en el expediente alguna probanza de que el accionante haya solicitado de manera directa esa informaci\u00f3n a la Procuraduria, teniendo en cuenta que dispone para teles efectos del mecanismo de derecho de petici\u00f3n contemplado en el art\u00edculo 23 constitucional. No es de olvidar lo expuesto por la presente Corporaci\u00f3n cuando afirm\u00f3 que: <\/p>\n
(\u2026) Mientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n, ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jur\u00eddico ha contemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas (CSJ STC, 28 oct. 2011, rad. 00312-01, reiterada entre otras en STC8897-2017, 21 jun. 2017, rad. 00230-01, y STC10432-2017, 19 jul. 2017, rad. 00388-01, entre otras)\u00bb (CSJ STC487-2022). <\/p>\n
Por \u00faltimo, frente al pedimento de adici\u00f3n en la sentencia que resolvi\u00f3 el proceso en controversia, es imperativo recordar que el art\u00edculo 287 del C.G.P. establece la procedencia de dicha petici\u00f3n \u00fanicamente \u00abcuando la sentencia omita resolver sobre cualquiera de los extremos de la litis o sobre cualquier otro punto que de conformidad con la ley deb\u00eda ser objeto de pronunciamiento\u00bb. <\/p>\n
En consecuencia, al solicitarse como adici\u00f3n incluir completo el n\u00famero de radicaci\u00f3n de la acci\u00f3n popular, aun cuando se encuentra en el cuerpo de la decisi\u00f3n el radicado correcto (2022-00029-00), no acredita el supuesto para que dicha pretensi\u00f3n se abra paso por la v\u00eda constitucional. <\/p>\n
Corolario de lo anterior, se impone mantener inc\u00f3lume el fallo refutado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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