STC4000-2023<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC4000-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 85001-22-08-000-2023-00021-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintis\u00e9is de abril de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se resuelve la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 14 de marzo de 2023 por la Sala \u00danica de decisi\u00f3n del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal, en la tutela que promovi\u00f3 Colombiana de Salud S.A contra el Juzgado 1\u00ba Civil del Circuito de la misma ciudad, extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en el proceso ejecutivo con radicado n\u00b085001-31-03-001-2018-00128-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La convocante pidi\u00f3 cumplir el levantamiento de las medidas cautelares decretado en el auto a trav\u00e9s del cual se termin\u00f3 el proceso ejecutivo objeto de revisi\u00f3n. <\/p>\n
Como soporte de sus anhelos sostuvo que ante el Juzgado cuestionado se adelant\u00f3 proceso ejecutivo en su contra, en el que se libr\u00f3 mandamiento de pago y se decretaron y practicaron medidas cautelares (22 jun. 2018)1. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que debido al acuerdo de transacci\u00f3n suscrito con la parte ejecutante del proceso, la autoridad cuestionada orden\u00f3 el levantamiento de las medidas cautelares decretadas y practicadas (23 ene. 2023); no obstante, a la fecha no se ha impartido tr\u00e1mite alguno o tan siquiera elaborado los oficios de levantamiento de las medidas preventivas, situaci\u00f3n que lesi\u00f3n sus prerrogativas fundamentales. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El Juzgado a cargo remiti\u00f3 el enlace del proceso, hizo un recuento de las actuaciones surtidas y se\u00f1al\u00f3 que libr\u00f3 mandamiento de pago y decret\u00f3 medidas cautelares. Los dem\u00e1s intervinientes guardaron silencio. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La primera instancia neg\u00f3 tras estimar la inexistencia de mora judicial. <\/p>\n
<\/p>\n
4. La precursora impugn\u00f3 sin mayor sustento. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Circunscrita la Corte al asunto materia de estudio, pronto encuentra que el desconcierto aducido por la promotora se refiere a la mora judicial en que ha incurrido el juzgado para elaborar los oficios propios del levantamiento de las medidas cautelares. Sin perjuicio de lo anterior, debe recordarse que este instrumento excepcional resulta ser viable siempre y cuando se acredite que la falta de definici\u00f3n ha tenido su origen en la negligencia de la autoridad enjuiciada, pues el simple paso del tiempo no la estructura. <\/p>\n
Al respecto tiene dicho la Sala que, <\/p>\n
(\u2026) la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso por mora judicial se circunscribe a la verificaci\u00f3n objetiva de su calificaci\u00f3n entre justificada e injustificada, pues si existe alguna de las causales de justificaci\u00f3n, tales como la fuerza mayor, el caso fortuito, la culpa del tercero o cualquier otra circunstancia objetiva y razonable que permita establecer que la mora es aceptable, no podr\u00e1 predicarse la violaci\u00f3n del derecho al debido proceso. Se insiste, la protecci\u00f3n efectiva del derecho opera cuando la mora judicial es injustificada\u2026 (CSJ SC, 19 de septiembre de 2008, exp. 01138-00, STC1863-2017, 15 feb. 2017, rad. 2016-02250-01, citada en STC1747-2021 entre otras). <\/p>\n
Quiere decir lo anterior que no todo retraso en la soluci\u00f3n de un proceso judicial es vulnerador de prerrogativas esenciales, por lo que la salvaguarda no puede proceder autom\u00e1ticamente ante el incumplimiento de los t\u00e9rminos legales por parte del funcionario atacado. <\/p>\n
De otra parte, la Corte ha indicado que el juez del amparo carece de facultades para inmiscuirse en asuntos que son exclusiva competencia de otros servidores, esto es, que no le es posible invadir el \u00e1mbito que la propia Constituci\u00f3n Pol\u00edtica les ha reservado, so pena de violar los principios de autonom\u00eda e independencia contemplados en los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
Lo anterior, por cuanto el juez, a cuyo cargo est\u00e1 la direcci\u00f3n del litigio, es el encargado de organizar sus labores, entre otras, la de dictar las providencias, de tal suerte que resultar\u00eda extra\u00f1o a su tr\u00e1mite que el juez constitucional dispusiera la expedici\u00f3n de una determinada decisi\u00f3n o realizaci\u00f3n de alguna diligencia, sin advertir previamente la cantidad de expedientes o su orden de llegada y, menos, orientar el sentido de las resoluciones que le corresponde adoptar. <\/p>\n
En el sub examine, la quejosa se duele de la poca celeridad con la que el Juzgado ha tramitado la orden de levantamiento de las medidas cautelares decretas y practicadas en el proceso ejecutivo objeto de escrutinio. Empero, contrario a ello, se tiene que el auto por el cual se i) acept\u00f3 el acuerdo transaccional \u00abpor reunir los requisitos de que trata el art\u00edculo 312 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb; ii) decret\u00f3 la terminaci\u00f3n del decurso; y iii) orden\u00f3 el levantamiento de las medidas cautelares decretadas y practicadas (26 ene. 2023)2, para la fecha de interposici\u00f3n del amparo3, no estaba ejecutoriado, pues la parte demandante hab\u00eda formulado el recurso de reposici\u00f3n contra dicho auto. <\/p>\n
As\u00ed, aunque pudiera eventualmente se\u00f1alarse una dilaci\u00f3n para resolver el recurso de reposici\u00f3n, lo cierto es que no luce inexcusablemente desproporcionado como para predicar una mora del actuar relacionado con el levantamiento o una vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas m\u00ednimas de la peticionaria, porque precisamente la decisi\u00f3n relacionada con las cautelas no est\u00e1 ejecutoriada y, por tanto, no puede cumplirse a\u00fan. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Finalmente t\u00e9ngase en cuenta que el convocante del resguardo no acredit\u00f3 la ocurrencia de un menoscabo apremiante de sus garant\u00edas o circunstancias insalvables que ameriten la intervenci\u00f3n del juez constitucional ni siquiera como mecanismo transitorio, en raz\u00f3n a que \u00abno se han demostrado las circunstancias necesarias para conceder la tutela como mecanismo transitorio, por cuanto que sin la presencia de los supuestos del perjuicio irremediable que la doctrina constitucional reclama para su prosperidad, lo alegado tampoco cumple con las caracter\u00edsticas de gravedad, inminencia y apremio de la intervenci\u00f3n del Juez Constitucional\u00bb (CSJ, STC5535-2021). <\/p>\n
<\/p>\n
3. Por lo expuesto se confirmar\u00e1 la denegaci\u00f3n del veredicto opugnado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la ley CONFIRMAR la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase lo aqu\u00ed resuelto a las partes y en tiempo rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 V\u00e9ase, 01-20180012800 C. PRINCIPAL.pdf, del expediente digitalizado. <\/p>\n
2\u0002 V\u00e9ase, 05 Auto termina proceso transacci\u00f3n 26-01.-2023.pdf, del expediente digitalizado. <\/p>\n
3\u0002 2 de marzo de 2023 seg\u00fan, 04ActaReparto, ibidem. <\/p>\n
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