STC4003-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC4003-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 41001-22-14-000-2022-00268-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintis\u00e9is de abril de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintis\u00e9is (26) de abril de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 17 de febrero de 2023 por la Sala Civil \u2013 Familia \u2013 Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Carmen Patricia Tejada Vega contra los Juzgados Primero Civil del Circuito y Primero de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple, ambos de esa ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados los intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y defensa, que dice vulnerados por las autoridades judiciales accionadas. <\/p>\n
En consecuencia, solicita se ordene \u00abrevocar la sentencia que data del 7 de julio de 2022\u00bb y \u00abla sanci\u00f3n impuesta dentro del tr\u00e1mite de incidente de desacato\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Dentro de un incidente desacato impetrado por Mateo Alejandro Motta Collazos, el Juzgado Primero de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de Neiva, en prove\u00eddo de 13 de octubre de 2022 declar\u00f3 que Carmen Patricia Tejada Vega no hab\u00eda dado cumplimiento a la orden de tutela y la sancion\u00f3, decisi\u00f3n que consultada, fue confirmada el 14 de octubre siguiente por el Juzgado Primero Civil del Circuito de esa ciudad. <\/p>\n
2.2. Indic\u00f3 la accionante que Matteo Motta interpuso acci\u00f3n de tutela el 22 de junio de 2022 por violaci\u00f3n del derecho de petici\u00f3n contra la Gobernaci\u00f3n del Huila -Secretaria de Educaci\u00f3n, en el que deprecaba se le expidiera copia del diploma y acta de grado ante la no existencia del Colegio Campestre desde hace 8 a\u00f1os. <\/p>\n
2.3. Se\u00f1al\u00f3 que era representante legal de la Cooperativa de Educaci\u00f3n Campestre Neiva Ltda.; que la Secretar\u00eda de Educaci\u00f3n el 26 de junio de 2022 le inform\u00f3 al Juzgado Primero de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de Neiva sus datos de notificaci\u00f3n, pero solo hasta el 7 de julio siguiente la enteran por correo electr\u00f3nico, indic\u00e1ndole que contaba con 3 horas para allegar pruebas y ejercer la contradicci\u00f3n. <\/p>\n
2.4. Adujo que se viol\u00f3 de forma flagrante el art\u00edculo 8 de la Ley 2213 de 2022, pues el enteramiento se entender\u00e1 realizado una vez transcurridos dos d\u00edas h\u00e1biles siguientes al envi\u00f3 del mensaje y los t\u00e9rminos iniciar\u00e1n cuando se pueda constatar el acceso del destinatario al mensaje. <\/p>\n
2.5. Sostuvo que en el auto de vinculaci\u00f3n se confundi\u00f3 a la Cooperativa de Educaci\u00f3n Campestre con el Colegio Campestre Howard Gardner, cuando cada uno ten\u00eda su propio representante legal. <\/p>\n
2.6. Refiri\u00f3 que el Colegio Cooperativo Campestre, hoy Colegio Campestre Howard Gardner, era una instituci\u00f3n educativa, que ten\u00eda como \u00f3rgano principal al consejo acad\u00e9mico, en cabeza del rector; y que sus funciones eran netamente administrativas. <\/p>\n
2.7. Adujo que el 8 de julio de 2022 accedi\u00f3 a internet, pues estaba recuper\u00e1ndose de covid, encontrando dos correos, el de la notificaci\u00f3n de la tutela y el del fallo, por lo que deprec\u00f3 la nulidad del tr\u00e1mite; que en auto de 4 de agosto siguiente el despacho se abstuvo de tramitar su solicitud, decisi\u00f3n que recurri\u00f3 pero que se neg\u00f3 por improcedente; y que impugn\u00f3 el fallo de tutela, pero no se concedi\u00f3, lo que la tiene a punto de ser detenida por la Sijin y de pagar una multa millonaria. <\/p>\n
2.8. Asever\u00f3 que se inici\u00f3 el desacato, por lo que convoc\u00f3 al rector del 2018 y parte del 2019 y a la secretaria acad\u00e9mica para buscar la documentaci\u00f3n solicitada, pues desconoc\u00eda la formalizaci\u00f3n del archivo acad\u00e9mico del Colegio; y la sorpresa fue encontrar entre los documentos de 2013 el informe final de notas del estudiante Mateo Motta con cuatro asignaturas perdidas. <\/p>\n
2.9. Afirm\u00f3 que el 15 de septiembre siguiente aportaron al despacho los respectivos registros, con un oficio suscrito por el rector y la secretaria acad\u00e9mica dentro del cual se evidencia que el estudiante de grado 11, Mateo Motta, tuvo un informe final de cuatro asignaturas perdidas y nunca se acerc\u00f3 al Colegio para solucionar esta situaci\u00f3n; y que el 21 de septiembre de 2022 el juzgado decidi\u00f3 abstenerse de imponer sanci\u00f3n. <\/p>\n
2.10. Manifest\u00f3 que pese a que exist\u00eda duda sobre el cumplimiento de los requisitos de grado por parte del estudiante para acceder al grado de bachiller en 2013, el d\u00eda 26 de septiembre de 2022 le volvieron a correr traslado de otro desacato, en el que se indicaba que dicho estudiante aparec\u00eda en el Simat como graduado, lo cual en calidad de gerente de la Cooperativa no pod\u00eda debatir porque solamente la rectora de la \u00e9poca, la secretaria acad\u00e9mica y Consejo Directivo pod\u00edan darle tr\u00e1mite a esta situaci\u00f3n. <\/p>\n
2.11. Se\u00f1al\u00f3 que ignoraba los manejos dados a la plataforma, pues el rector actual se aten\u00eda a lo que aparec\u00eda en los archivos del Colegio; y que se deb\u00eda indagar con la secretaria acad\u00e9mica de la \u00e9poca para revisar quien le dio la orden de manipular esta plataforma para que apareciera como graduado un estudiante con cuatro asignaturas perdidas. <\/p>\n
2.12. Adujo que el 13 de octubre fue sancionada con un d\u00eda de arresto y un salario m\u00ednimo legal mensual vigente, decisi\u00f3n confirmada por el estrado del circuito acusado. <\/p>\n
2.13. Agreg\u00f3 que hab\u00eda indebida conformaci\u00f3n del contradictorio, pues la Cooperativa de Educaci\u00f3n Campestre De Neiva Ltda. era diferente del Colegio Campestre Howard Gardner, pues incluso tienen distinto nit y representaci\u00f3n legal; que el Colegio naci\u00f3 a la vida jur\u00eddica a trav\u00e9s de resoluci\u00f3n de funcionamiento expedida por la Secretaria de Educaci\u00f3n Departamental; y que en el auto criticado fue sancionada como rectora del Colegio Campestre Howard Gardner, pese a que no lo era ni ejerc\u00eda funciones de tipo acad\u00e9mico, por lo que no contaba con legitimidad en la causa por pasiva. <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Primero de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de Neiva indic\u00f3 que se aten\u00eda a lo resuelto tanto en el tr\u00e1mite de tutela como incidental; que no se cumpl\u00eda con los requisitos generales ni espec\u00edficos de procedibilidad; que para resolver el asunto tuvo en consideraci\u00f3n los factores objetivos y subjetivos, por lo que las ordenes contaron con todas las garant\u00edas procesales; y que remiti\u00f3 la tutela desde el 10 de octubre de 2022 para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
2. La Secretar\u00eda de Educaci\u00f3n del Municipio de Neiva solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del presente tr\u00e1mite, en tanto que de conformidad con lo establecido en la Ley 715 de 2001 solamente ten\u00eda competencia para prestar el servicio educativo en su jurisdicci\u00f3n territorial, esto es, las instituciones y colegios ubicados en el municipio de Neiva, sin que el colegio involucrado estuviera en dicho lugar. <\/p>\n
3. La Secretar\u00eda de Educaci\u00f3n de la Gobernaci\u00f3n del Huila se\u00f1al\u00f3 que la accionante era abogada y conoc\u00eda la legislaci\u00f3n, pero alegaba su propia culpa aduciendo que no hab\u00eda tenido tiempo de acatar el fallo, el que fue emitido cuatro meses atr\u00e1s y respecto del que no hab\u00eda explicado las acciones adelantadas para dar cumplimiento ni adoptado conducta tendiente a acatar la orden de buena fe; y que deprecaba su desvinculaci\u00f3n de esta tutela. <\/p>\n
4. Manuel Fernando Polania refiri\u00f3 que fue el \u00faltimo rector del Colegio Howard Gardner; que por llamada de la gerente se traslad\u00f3 junto con la secretar\u00eda acad\u00e9mica para ubicar los archivos y revisar la situaci\u00f3n de Mateo Motta Collazos; que revisado el informe final de notas de 29 de noviembre de 2013, el estudiante reportaba la p\u00e9rdida de cuatro asignaturas, informaci\u00f3n que allegaron ante el juez de tutelas, en tanto que no reposaban actas de grado ni diplomas en los archivos de la instituci\u00f3n y no era posible expedir copia de un documento que no exist\u00eda; que la tesorera de la cooperativa le inform\u00f3 que no se legaliz\u00f3 el diploma de Mateo Motta porque deb\u00eda casi ocho millones de pesos; que en aras de no discriminar a los estudiantes, dej\u00f3 que todos participaran en la ceremonia de grado, pero los diplomas solo se entregaban a quienes tuviesen paz y salvo de la Cooperativa -econ\u00f3mico- y del Colegio -acad\u00e9mico-; que desde el a\u00f1o pasado el padre de Mateo llamaba a negociar la deuda; que si bien era cierto que el Colegio Howard Gardner cerr\u00f3 sus puertas al p\u00fablico por deudas, siempre hab\u00eda estado pendiente de lo que los exalumnos requirieran; y que en las redes sociales de dicho estudiante dec\u00eda que estudio en el Polit\u00e9cnico Grancolombiano, entidad que deb\u00eda convocarse para conocer que documentaci\u00f3n present\u00f3. <\/p>\n
5. La Instituci\u00f3n Universitaria Polit\u00e9cnico Gran Colombiano adujo que no le constaban los hechos alegados; que no hab\u00eda transgredido prerrogativa fundamental alguna; y que solicitaba su desvinculaci\u00f3n por falta de legitimaci\u00f3n en la causa. <\/p>\n
6. Mateo Alejandro Motta Collazos se\u00f1al\u00f3 que la gestora usaba formas descalificantes en su contra, sugiriendo que \u00e9l actuaba de mala fe por reclamar un derecho que le asist\u00eda; que no pidi\u00f3 la copia del diploma y acta de grado en el colegio porque el mismo desapareci\u00f3 y no exist\u00eda sede f\u00edsica para deprecarlo, raz\u00f3n por la que elev\u00f3 solicitud ante la Secretar\u00eda de Educaci\u00f3n Departamental; que era ex\u00f3tico que la promotora negara la relaci\u00f3n que ten\u00eda con dicha instituci\u00f3n, cuando la direcci\u00f3n de notificaci\u00f3n era su correo electr\u00f3nico; que fue el colegio quien lo report\u00f3 como graduado en el simat, sin que se efectuara ninguna modificaci\u00f3n al respecto; que en el proceso criticado aport\u00f3 fotos de la ceremonia de grado, as\u00ed como una declaraci\u00f3n jurada de que le retuvieron dichos documentos; y que la no entrega de lo pedido obedec\u00eda a unos saldos que quedaron pendientes, lo que ya hab\u00eda ocurrido previamente conforme lo consignado en la sentencia T-854 de 2014 de la Corte Constitucional. <\/p>\n
7. Conforme los anexos allegados de manera virtual por el a quo constitucional a fin de adelantar la impugnaci\u00f3n formulada, no se evidencian m\u00e1s respuestas ni pronunciamientos de los convocados. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal constitucional concedi\u00f3 el amparo al considerar que se incurri\u00f3 en una grave falencia, pues se dispuso la restricci\u00f3n de la libertad de una persona sin que estuviera probado que tuviera responsabilidad subjetiva en el incumplimiento del mandato constitucional; que el rector y\/o representante del Colegio Campestre Howard Gardner no era la misma que ejerc\u00eda la representaci\u00f3n legal de la Cooperativa de Educaci\u00f3n Campestre de Neiva Ltda., adem\u00e1s que se demostr\u00f3 que la accionante no cumpl\u00eda ni desarroll\u00f3 labores como rectora de esa instituci\u00f3n educativa como se afirma en las providencias censuradas; que no se desconoc\u00eda que la referida Cooperativa era la propietaria del establecimiento educativo en cuya cabeza se impuso la obligaci\u00f3n de expedir la documentaci\u00f3n exigida, empero, la quejosa no ostentaba la calidad de representante de dicho plantel sino de la anotada Cooperativa; que pese a que era criticable que la gestora no hubiese sido diligente e insistente en hacer ver el error a los falladores cuando fue requerida, teniendo la posibilidad de probar este supuesto en raz\u00f3n del cargo que ostenta, lo cierto era que ese hecho per se no ten\u00eda la virtualidad de sanear el grave yerro presentado al interior del procedimiento incidental; que si bien los supuestos f\u00e1cticos estudiados por la Corte Constitucional en sentencia T-854 de 2014 ten\u00edan similitud a los ventilados en la tutela originaria de la sanci\u00f3n, no resultaba aplicable, pues lo ahora censurado eran los errores in procedendo e in judicando en los que incursionaron los jueces del desacato. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que era improcedente cuestionar el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela, en tanto que las inconformidades deb\u00edan ventilarse con la impugnaci\u00f3n del fallo -que no fue impetrada-, la revisi\u00f3n y la insistencia en caso de negarse \u00e9sta. <\/p>\n
Orden\u00f3 \u00abdejar sin efecto lo actuado dentro del desacato\u00bb y \u00abrehacer el tr\u00e1mite incidental, sin perjuicio de la validez de las pruebas practicadas\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La accionante impugn\u00f3 la referida determinaci\u00f3n reiterando los argumentos expuestos en su escrito inicial y aduciendo que se debi\u00f3 dejar sin efectos la totalidad del tr\u00e1mite de tutela; que el fallador de peque\u00f1as causas acusado espero casi un mes para resolver la nulidad y neg\u00f3 el tr\u00e1mite de la misma, as\u00ed como el de la impugnaci\u00f3n; que se desconoci\u00f3 la doble instancia, escud\u00e1ndose en una formalidad; que en el tr\u00e1mite nunca vincularon al rector, persona encargada del manejo de los temas acad\u00e9micos, ni tampoco dieron tiempo para hacerlo; que el colegio se encontraba en el municipio de Rivera, desde hac\u00eda 3 a\u00f1os no prestaba servicios educativos; que Mateo Motta alegaba una supuesta vulneraci\u00f3n ocurrida hace nueve a\u00f1os, lo que pon\u00eda en entredicho la inmediatez; que lo se efectu\u00f3 fue \u00abtodo un andamiaje para que ni la Cooperativa ni el Colegio\u2026 pudieran defenderse dentro del tr\u00e1mite de tutela\u00bb; que exist\u00eda una cosa juzgada fraudulenta al no darle tr\u00e1mite a la impugnaci\u00f3n, adem\u00e1s se abusaba de la tutela; y que exist\u00eda una v\u00eda de hecho. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Lo anterior se predica con mayor intensidad frente a \u00ablas providencias judiciales que resuelven un incidente de desacato\u00bb, ante las cuales, se ha dicho, por regla general, no procede la tutela, \u00abdada la conexi\u00f3n y dependencia que existe entre esta etapa y la inicial, adem\u00e1s, porque de admitirse, resultar\u00eda menguada y menospreciada la efectividad de la justicia, as\u00ed como la seguridad jur\u00eddica que el fallo debe entra\u00f1ar\u00bb (CSJ STC, 21 ene. 2016, rad. 2015-82905-02). <\/p>\n
Sin embargo, la jurisprudencia constitucional tambi\u00e9n ha contemplado los casos excepcionales en los que se abre paso la acci\u00f3n de tutela frente a determinaciones adoptadas en los referidos tramites incidentales, \u00abparticularmente por \u2018ausencia de notificaci\u00f3n del accionado, una vez \u00e9ste hubiera agotado en el interior del incidente de desacato esta misma situaci\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 21 ene. 2013, rad. 2012-02912-00, reiterada CSJ STC, 11 jun. 2015, rad. 2015-01205-00). <\/p>\n
Excepcionalidad que tambi\u00e9n se ha extendido a otros asuntos, tales como: <\/p>\n
(\u2026) si se logra verificar que una vez ejecutoriado un fallo de tutela que concede la protecci\u00f3n de derechos fundamentales, la autoridad p\u00fablica o el particular obligado al cumplimiento del mismo, no lo ha materializado en los t\u00e9rminos expuestos en la parte resolutiva del mismo, y el juez constitucional de primera instancia se niega a hacer cumplir su propia sentencia una vez iniciado el desacato, el accionante al cual se le protegieron sus derechos constitucionales, puede acudir nuevamente ante otro juez de tutela con el fin de que se protejan sus derechos fundamentales a la cosa juzgada, al debido proceso y al acceso real y efectivo a la justicia, [eventualidad en la cual] el nuevo juez constitucional podr\u00e1 (i) dejar sin efectos las providencias judiciales que denegaron dar tr\u00e1mite al incidente de desacato; (ii) que declararon cumplido el fallo de tutela sin que se hubiera atendido a la parte resolutiva del mismo (iii) o que hubiere decretado una sanci\u00f3n al obligado a cumplirlo sin el respeto por el debido proceso (CC T-010\/12) (citada en CSJ STC, 21 ene. 2016, rad. 2015-82905-02). <\/p>\n
3. Asimismo, es de recordarse que: <\/p>\n
\u2026Teniendo en cuenta la particular finalidad de la tutela, y en consideraci\u00f3n a los valores, principios y reglas superiores que constituyen el objeto principal de esta acci\u00f3n, tanto la jurisprudencia constitucional1 y como esta Sala2 han sostenido de tiempo atr\u00e1s que el juez de tutela de segunda instancia no se encuentra limitado por el principio de la no reformatio in pejus. Por tanto, el juez que conoce la impugnaci\u00f3n de una acci\u00f3n de amparo siempre contar\u00e1 con plenas facultades para revisar y reformar la decisi\u00f3n de primera instancia, si estima que contraviene lo dispuesto en la Carta (CSJ STC, 18 nov. 2010, rad. 2010-02366-01) <\/p>\n
4. Vistos esos precedentes, atendidas las normas que gobiernan esta herramienta constitucional y las pruebas recaudadas en esta sede, encuentra la Corte que la acci\u00f3n constitucional carec\u00eda de vocaci\u00f3n de prosperidad, lo que impone revocar la decisi\u00f3n de primer grado, como pasa a verse. <\/p>\n
En efecto, se advierte que mediante Resoluci\u00f3n 3566 de 2017 la Secretar\u00eda de Educaci\u00f3n de la Gobernaci\u00f3n del Huila le otorg\u00f3 licencia de funcionamiento definitiva al Colegio Campestre Howard Gardner, de propiedad de la Cooperativa de Educaci\u00f3n Campestre de Neiva Ltda., cuya representante legal es Carmen Patricia Tejada Vega. <\/p>\n
Asimismo, se observa que mediante fallo de tutela de 7 de julio de 2022, el Juzgado Primero de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de Neiva le orden\u00f3 al \u00abCOLEGIO CAMPESTRE HOWARD GARDNER a trav\u00e9s de su propietario, rector o representante legal o quien haga sus veces, que dentro del t\u00e9rmino de tres (3) d\u00edas contadas a partir de la notificaci\u00f3n de la presente decisi\u00f3n, si no lo ha hecho, expida y entregue copia del diploma de grado y acta de grado, en raz\u00f3n del accionante\u00bb. <\/p>\n
Posteriormente, en el incidente de desacato criticado y en la consulta al mismo, se declar\u00f3 que Carmen Patricia Tejada Vega no hab\u00eda dado cumplimiento a la orden de tutela proferida, por lo que fue sancionada. <\/p>\n
Y conforme con el informe rendido por la Secretar\u00eda de Educaci\u00f3n Departamental del Huila ante esta Corporaci\u00f3n, \u00abel Colegio Campestre Howard Gardner, se encuentra inscrito con licencia de funcionamiento definitiva mediante resoluci\u00f3n 3566 del 20 de junio de 2017, siendo la representante legal Carmen Patricia Tejada Vega, y el \u00faltimo rector Manuel Fernando Polania Salguero\u2026\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, esta Sala concluye que la decisi\u00f3n con la que fue sancionada la accionante no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta o no, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo de la peticionaria no halla recibo en esta sede excepcional, destacando que, se itera, seg\u00fan las documentales recaudadas ella era la llamada a cumplir la orden constitucional en tanto que en el fallo de tutela se impuso esa carga al \u00abCOLEGIO CAMPESTRE HOWARD GARDNER a trav\u00e9s de su propietario, rector o representante legal o quien haga sus veces\u00bb, estando acreditado que ella funge como representante legal, de la Cooperativa de Educaci\u00f3n Campestre de Neiva Ltda., a su vez propietaria de dicho ente educativo, lo que por dem\u00e1s resulta validado por la certificaci\u00f3n aportada por la Secretar\u00eda de Educaci\u00f3n de la Gobernaci\u00f3n del Huila. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que se plantea la tutelante es una diferencia de criterio frente a la valoraci\u00f3n efectuada en la providencia con la que fue sancionada, en cuyo caso tal labor no puede ser desaprobada de plano o calificada de absurda o arbitraria, \u00abm\u00e1xime si la [interpretaci\u00f3n] que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
5. De otro lado, en relaci\u00f3n con el tr\u00e1mite surtido y las decisiones adoptadas en la tutela, es de advertirse que no se abordar\u00e1 el estudio del reclamo planteado, en tanto que no se est\u00e1 en presencia de una de las excepciones a la regla general de la improcedencia de la tutela contra tutela. <\/p>\n
Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u2026la Corte ha admitido la posibilidad de interponer acciones de tutela contra actuaciones judiciales arbitrarias, incluso actuaciones arbitrarias de jueces de tutela, pero nunca con respecto a sentencias de tutela, sino con relaci\u00f3n a incidentes de desacato, o contra autos emitidos en el curso del proceso de tutela. A partir de la Sentencia SU-1219 de 2001, la Sala Plena de esta Corporaci\u00f3n unific\u00f3 su posici\u00f3n frente a este tema, precisando que las sentencias de tutela, y en general las decisiones que se tomen en el tr\u00e1mite de estos procesos, no pueden ser objeto de controversia constitucional mediante la formulaci\u00f3n de una nueva solicitud, ya que tal proceder, adem\u00e1s de mutar la naturaleza jur\u00eddica de la acci\u00f3n de tutela, har\u00eda que los conflictos jur\u00eddicos que se discuten en esa sede tuvieran un car\u00e1cter indefinido, lo cual atenta no solo contra los principios de seguridad jur\u00eddica y cosa juzgada, sino que tambi\u00e9n genera un grave perjuicio al goce efectivo y real de los derechos constitucionales que la tutela se encamina a garantizar de manera cierta, estable y oportuna (CC T-353\/12 y SU-1219\/01, citadas en CSJ STC178, 21 en. 2016, rad. 2015-03107). <\/p>\n
Trat\u00e1ndose de la protecci\u00f3n constitucional de cara a decisiones del mismo linaje, esta Sala tambi\u00e9n ha considerado: <\/p>\n
Resulta inviable la acci\u00f3n de tutela cuando \u00e9sta se dirige a combatir fallos proferidos en actuaciones de la misma especie, porque en tal hip\u00f3tesis, los mecanismos establecidos en el ordenamiento jur\u00eddico son la impugnaci\u00f3n del fallo ante el superior y la revisi\u00f3n eventual que por ley puede hacer la Corte Constitucional (art\u00edculo 86, inciso segundo, de la Carta Pol\u00edtica), sin que proceda un nuevo estudio del mismo linaje constitucional… <\/p>\n
Sobre la impertinencia de la tutela contra una sentencia dictada en un proceso de igual estirpe, esta Corporaci\u00f3n ha sentado su posici\u00f3n al respecto en diversos fallos precedentes: basta mencionar, entre otras, sentencias de 22 de agosto de 2008, exp. 2008-01317-00 y 9 de febrero de 2009, exp. 2009-00126-00 (CSJ STC, 21 feb. 2011, rad. 2010-00723-00; STC, 2 dic. 2015, rad. 02397-99; y STC, 21 ene. 2016, rad. 2015-03107). <\/p>\n
En ese mismo sentido, se ha resaltado que: <\/p>\n
\u2026\u2018ante una equivocaci\u00f3n o arbitrariedad en que puedan incurrir los jueces en sede de tutela al ocuparse de la pertinente decisi\u00f3n, no ser\u00eda una nueva queja de tal naturaleza la id\u00f3nea para contrarrestar el supuesto quebranto, sino \u00fanicamente la impugnaci\u00f3n y la revisi\u00f3n eventual, instrumentos que deben surtirse ante los funcionarios habilitados para ello, aspecto que pone de relieve la existencia de otros medios de defensa judicial, a los que debe acudir el interesado en procura de dilucidar las inconformidades referidas, pues, la tutela no puede convertirse en un mecanismo paralelo\u2019 (expedientes 2006-01425-01 y 2007-02023-00). <\/p>\n
Bajo esa perspectiva, surge palmario que son dos los mecanismos previstos en el ordenamiento para recurrir una decisi\u00f3n en materia de tutela, esto es, por medio de la impugnaci\u00f3n de la providencia de primera instancia y la eventual revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional, quedando, por consiguiente, cerrada la oportunidad de que se examine una determinaci\u00f3n tomada por otro juez en sede constitucional (CSJ STC, 2 ag. 2013, rad. 00851-01; reiterada en STC8097-2016, 16 jun. 2016, rad. 2015-00243-02). <\/p>\n
6. En adici\u00f3n, se observa que la Sala de Selecci\u00f3n de la Corte Constitucional excluy\u00f3 de revisi\u00f3n la tutela cuestionada, disponiendo as\u00ed, el cierre de la salvaguarda, dando lugar a la cosa juzgada constitucional. <\/p>\n
\u2026[Si] la Corte Constitucional excluy\u00f3 de revisi\u00f3n la acci\u00f3n de tutela fallada por las Oficinas Judiciales accionadas, ello no hace, per se, viable una nueva solicitud de amparo por cuanto en este evento el afectado que se encuentre inconforme con un fallo de tutela puede acudir ante el \u00f3rgano de cierre de la jurisdicci\u00f3n constitucional para solicitar la revisi\u00f3n del fallo, con fundamento en lo dispuesto en el art\u00edculo 33 del Decreto 2591 de 1991. Empero, en firme la aludida decisi\u00f3n de exclusi\u00f3n deviene la ejecutoria formal del fallo de segunda instancia ahora censurado, con lo cual queda clausurado en forma definitiva el debate iusfundamental (CSJ STC, 19 jul. 2011, rad. 2011-01439-00, reiterada en STC2884-2015, 13 mar. 2015, rad. 2015-00092-01). <\/p>\n
7. Conforme a lo consignado, se revocar\u00e1 el fallo constitucional de primera instancia y, en su lugar, se negar\u00e1 el resguardo impetrado, relievando que, conforme qued\u00f3 dicho, ello no constituye un desconocimiento del principio de la non reformatio in pejus, dadas las caracteristicas excepcionales de esta acci\u00f3n supralegal, pues se reitera, como lo ha sostenido la Sala: <\/p>\n
\u2026el amparo est\u00e1 basado en principios y reglas especiales, que propenden por la defensa de garant\u00edas esenciales, el juez de segunda instancia cuenta siempre con plenas facultades para revisar y reformar la decisi\u00f3n constitucional de primer grado, cuando \u00e9sta contraviene lo dispuesto en la Carta Pol\u00edtica; de lo anterior, se colige que tal autoridad no se encuentra limitada por la non reformatio in pejus y tiene el deber de adoptar una determinaci\u00f3n que se acompase con los lineamientos superiores, aunque con su pronunciamiento agrave la situaci\u00f3n de quien apel\u00f3 (CSJ STC, 1\u00ba feb. 2012, rad. 00164-01; reiterada en STC, 7 feb., rad. STC1220-2014; y STC10315-2016, 28 jul., rad. 2016-00167-01). <\/p>\n
Por tanto, se precisa que todas las determinaciones adoptadas con ocasi\u00f3n del fallo del a-quo constitucional qued\u00e1n sin efecto alguno acorde con lo estipulado en el canon 7\u00ba del Decreto 306 de 19923, por lo que las decisiones sancionatorias proferidas por los jueces naturales tienen plena vigencia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, revoca la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n y, en su lugar, niega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Ver Corte Constitucional, sentencias T-138 de 1993, T-231 de 1994, T-400 de 1996 y T-1005 de 1999. <\/p>\n
2\u0002 Sentencias de 13 de marzo de 2000, Expediente 8490 y de 25 de agosto de 2000, expediente 11001220300020000954 <\/p>\n
3\u0002 \u00abCuando el juez que conozca de la impugnaci\u00f3n o la Corte Constitucional al decidir una revisi\u00f3n, revoque el fallo de tutela que haya ordenado realizar una conducta, quedar\u00e1n sin efecto dicha providencia y la actuaci\u00f3n que haya realizado la autoridad administrativa en cumplimiento del fallo respectivo\u00bb. <\/p>\n
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STC4003-2023 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC4003-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 41001-22-14-000-2022-00268-02 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintis\u00e9is de abril de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D. C., veintis\u00e9is (26) de abril de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 17 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[61],"tags":[],"class_list":["post-72660","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-abril-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/72660","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=72660"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/72660\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=72660"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=72660"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=72660"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}