STC4014-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC4014-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2023-00112-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintis\u00e9is de abril de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial Pereira el 29 de marzo de 2023, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Mario Alberto Restrepo Zapata contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el litigio n\u00b0 2022-00089. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en su propio nombre, el solicitante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. Del escrito introductor y los medios de prueba allegados, se extractan los siguientes hechos jur\u00eddicamente relevantes: <\/p>\n
El 2 de febrero de 2022, el gestor present\u00f3 acci\u00f3n popular contra Sandra Milena \u00c1lvarez L\u00f3pez1, debido a que, supuestamente, \u00abno [cuen]ta con convenio actual con entidad idonea (sic) certificada por el ministerio de educaci\u00f3n nacional, apta para atender la poblaci\u00f3n objeto de la ley 982 de 2005\u00bb, cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al fallador enjuiciado, quien mediante prove\u00eddo del d\u00eda 8 del mismo mes y a\u00f1o admiti\u00f3 la demanda y, luego de agotar el tr\u00e1mite de rigor, mediante sentencia del 5 de agosto de 2022 ampar\u00f3 el derecho colectivo al acceso a los servicios reclamados y a que la prestaci\u00f3n de los mismos sean eficientes y oportunos. <\/p>\n
3. A trav\u00e9s de este mecanismo excepcional, el gestor pretende que se ordene a la c\u00e9dula cognoscente (i) \u00ababrir incidente de desacato pedido de manera infructuosa\u00bb y que (ii) \u00abaporte y brinde constancia secretarial de todas las etapas procesales realizadas en mi accion (sic) popular, consignando dia, (sic) mes y a\u00f1o de todas y cada una de ellas, a fin de pedir se de (sic) aplicaci\u00f3n art 84 ley 472 de 1998\u00bb. As\u00ed mismo, que (iii) \u00abse ordene la intervenci\u00f3n de la procuradora grl nacion (sic), a fin que me garantice art 29 CN, pues no soy abogado, presentando accion (sic) de reparacion (sic) directa ai (sic) nombre contra la administraci\u00f3n de justicia por error judicial\u00bb, y, que (iv) se \u00abpida a la H CC, consigne en derecho si el juez tutelado tiene permiso en derecho para negarse sistem\u00e1ticamente a abrir incidente de desacato y si este (sic) puede fallarlo despu\u00e9s de diez dias (sic), como lo ordena la ley\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Procuradora Regional de Risaralda precis\u00f3, que su \u00abintervenci\u00f3n est\u00e1 orientada (\u2026) a la defensa de los derechos e intereses colectivos (\u2026) sin que [cuente con la] facultad de tomar decisiones frente al tr\u00e1mite del proceso judicial\u00bb. Y a\u00f1adi\u00f3 que el interesado no ha presentado a la entidad alguna petici\u00f3n, queja o reclamo relacionado con lo alegado. <\/p>\n
2. El Juez Sgeundo Civil del Circuito de Pereira solicit\u00f3 desestimar el amparo por tratarse de un hecho superado, pues \u00abcon fecha 22-03-2023 se resolvi\u00f3 no dar apertura al tr\u00e1mite incidental, por cuanto se allegaron pruebas que dan cuenta del cierre del establecimiento de comercio y de la cancelaci\u00f3n de las matr\u00edculas mercantiles de la persona natural comerciante y del mismo establecimiento de comercio, lo que imposibilita su cumplimiento material; por otro lado, tambi\u00e9n por providencia de la misma fecha 22-03-2023 se libr\u00f3 mandamiento de pago por costas en proceso ejecutivo a continuaci\u00f3n, al tenor de lo dispuesto en el art\u00edculo 306 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb. <\/p>\n
3. La Personer\u00eda y la Alcald\u00eda de Pereira solicitaron su desvinculaci\u00f3n de las presentes diligencias por falta de legitimaci\u00f3n en la causa, al no tener injerencia alguna frente a lo reclamado por el interesado. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
El tribunal a-quo declar\u00f3 improcedente el auxilio luego de advertir, no solo que la ausencia de impulso del incidente de desacato alegada por el gestor es inexistente, sino que \u00abya en curso [de] esta tutela se resolvi\u00f3 no dar tr\u00e1mite al desacato, por existir imposibilidad material de hacer cumplir la tantas veces citada sentencia, significa que la acci\u00f3n de tutela en cuanto tiene que ver con la pretensi\u00f3n de dar inicio al desacato, carecer\u00eda de objeto actual pues sobre tal aspiraci\u00f3n, ya el juez popular adopt\u00f3 la determinaci\u00f3n correspondiente que, en todo caso, debi\u00f3 ser discutida en ese mismo escenario\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso el actor, esgrimiendo que \u00ab la mora es mas (sic) que notoria es sistematica (sic) le RECUERDO que no soy abogado y no debe (sic) saber que (sic) o cual (sic) recurso debo presentar, tal como ud lo PRETENDE\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad querellada, dentro de la acci\u00f3n popular adelantada por el interesado frente a la propietaria del establecimiento de comercio Cachorros y M\u00e1s (n\u00b0 2022-00089), lesion\u00f3 la garant\u00eda fundamental invocada al guardar silencio frente a la solicitud apertura de incidente de desacato presentada. <\/p>\n
2. De la mora judicial. <\/p>\n
Sobre esta tem\u00e1tica, de vieja data la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sostenido que: <\/p>\n
\u00abLas dilaciones indebidas en el curso de los diferentes procesos desvirt\u00faan la eficacia de la justicia y quebrantan el deber de diligencia y agilidad que el art\u00edculo 228 impone a los jueces que deben tramitar las peticiones de justicia de las personas dentro de unos plazos razonables. Sopesando factores inherentes a la Administraci\u00f3n de Justicia que exige cierto tiempo para el procesamiento de las peticiones y que est\u00e1n vinculados con un sano criterio de seguridad jur\u00eddica, conjuntamente con otros de orden externo propios del medio y de las condiciones materiales de funcionamiento del respectivo despacho judicial, pueden determinarse retrasos no justificados que, por apartarse del rendimiento medio de los funcionarios judiciales, violan el correlativo derecho fundamental de las personas a tener un proceso \u00e1gil y sin retrasos indebidos. El derecho fundamental de acceso efectivo a la administraci\u00f3n de justicia impone a los jueces el deber de actuar como celosos guardianes de la igualdad sustancial de las partes vinculadas al proceso\u00bb (CC T-006\/92). <\/p>\n
Por su parte, sobre el incumplimiento del juez en su deber de proferir oportunamente las providencias a su cargo, la jurisprudencia de esta Sala ha dicho y reiterado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) uno de los principios que integran el debido proceso, consiste en que, trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales o administrativas, \u00e9stas fuera de ser p\u00fablicas, se cumplan sin dilaciones \u2018injustificadas\u2019, o sea, que el tr\u00e1mite se desenvuelva con sujeci\u00f3n a la legislaci\u00f3n ritual legalmente establecida, y por ende, con observancia de los pasos y t\u00e9rminos que la normatividad ha organizado para los diferentes procesos y actuaciones administrativas. [Cuando], sin motivo justificado, el funcionario judicial o administrativo se desentiende de impulsar y decidir la actuaci\u00f3n dentro de los periodos se\u00f1alados por el ordenamiento (arts. 209 y 228 Const. Nal.), tal conducta es lesiva del derecho constitucional del debido proceso, como ciertamente en el punto lo se\u00f1ala el art\u00edculo 29 de la Carta Pol\u00edtica. Porque las personas, no solo tienen derecho a acceder a la justicia (art. 229 Const. Nal.), sino adem\u00e1s que sus s\u00faplicas o peticiones se impulsen y decidan con acatamiento a los t\u00e9rminos procesales (\u2026)\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 1995, exp. 1937, citada entre otras en STC2026-2023, 8 mar. 2023, rad. 00022-01). <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
Examinados los argumentos de la queja constitucional y la informaci\u00f3n que se desprende de las piezas procesales adosadas al expediente, la Sala ratificar\u00e1 la desestimaci\u00f3n del amparo en raz\u00f3n a la carencia actual de objeto por hecho superado, toda vez que la situaci\u00f3n de supuesta mora judicial endilgada al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira en relaci\u00f3n con la falta de pronunciamiento sobre la solicitud de apertura de incidente de desacato \u00abpor no aportar p\u00f3liza (sic) y pagar agencias de derecho a mi favor\u00bb presentada electr\u00f3nicamente por el actor el 24 de agosto de 2022, fue superada mediante prove\u00eddo del 22 de marzo del a\u00f1o en curso, a trav\u00e9s del cual se resolvi\u00f3 que \u00abno es posible para el despacho dar tr\u00e1mite a la solicitud del accionante de apertura de incidente de desacato (\u2026) con fundamento en la situaci\u00f3n actual del establecimiento de comercio accionado denominado \u201cCacharros y M\u00e1s\u201d ubicado en la Carrera 8 No. 23-56 de la ciudad de Pereira, esto es, encontrarse cerrado y sus matr\u00edculas mercantiles canceladas, surge la imposibilidad material para exigir el cumplimiento del fallo proferido el pasado d\u00eda 05-08-2022, en cuanto a los derechos colectivos que fueron all\u00ed amparados\u00bb, decisi\u00f3n notificada en legal forma a las partes mediante estado No. 044 publicado el d\u00eda 23 de marzo de 2023. <\/p>\n
En las circunstancias descritas, el ruego tuitivo -cuya admisi\u00f3n se notific\u00f3 al accionado el 17 de marzo de 2023- se muestra inviable, al constituir una carencia actual de objeto por hecho superado, figura esta respecto de la cual la jurisprudencia constitucional ha se\u00f1alado que \u00abse da cuando entre el momento de la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela y el momento del fallo se satisface por completo la pretensi\u00f3n contenida en la demanda de amparo\u00bb (CC T-533\/09), es decir, cuando estando en curso el auxilio \u00abse evidencia que, como producto del obrar de la entidad accionada, se elimin\u00f3 la vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales del actor, esto es, tuvo lugar la conducta solicitada (ya sea por acci\u00f3n o abstenci\u00f3n) y, por tanto, (i) se super\u00f3 la afectaci\u00f3n y (ii) resulta inocua cualquier intervenci\u00f3n que pueda realizar el juez de tutela para lograr la protecci\u00f3n de unos derechos que, en la actualidad, la accionada ha dejado de desconocer\u00bb (CC T-481\/16). <\/p>\n
En similar sentido esta Corporaci\u00f3n ha dicho que: \u00absi la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe, o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido totalmente, la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecer\u00eda de sentido\u00bb (CSJ STC, 13 mar. 2009, rad. 00147-01, citada en STC3037-2023, 29 mar. 2023, rad. 00056-01, entre otras). <\/p>\n
4. Consideraci\u00f3n adicional. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con la petici\u00f3n elevada por el tutelante, para que la c\u00e9dula cognoscente \u00abaporte y brinde constancia secretarial de todas las etapas procesales realizadas en mi accion (sic) popular, consignando dia, (sic) mes y a\u00f1o de todas y cada una de ellas, a fin de pedir se de (sic) aplicaci\u00f3n art 84 ley 472 de 1998\u00bb; que se vincule a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n \u00aba fin que me garantice art 29 CN, pues no soy abogado, presentando accion (sic) de reparacion (sic) directa ai (sic) nombre contra la administraci\u00f3n de justicia por error judicial\u00bb, y, a la Corte Constitucional para que se le exiga \u00abconsign[ar] en derecho si el juez tutelado tiene permiso en derecho para negarse sistem\u00e1ticamente a abrir incidente de desacato y si este (sic) puede fallarlo despu\u00e9s de diez dias (sic), como lo ordena la ley\u00bb, se advierte que el interesado podr\u00e1 solicitar y exponer directamente ante la autoridad competente sus inconformidades, y al no haber acreditado la realizaci\u00f3n de esas gestiones, la tutela se torna improcedente por su naturaleza subsidiaria y residual. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Por lo discurrido en precedencia, se impone ratificar la denegaci\u00f3n del auxilio implorado, habida cuenta que la circunstancia descrita como vulneradora de la prerrogativa fundamental invocada, fue superada durante el diligenciamiento de la presente salvaguarda. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Propietaria del establecimiento de comercio \u00abCachorros y M\u00e1s\u00bb. <\/p>\n
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