STC4015-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC4015-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2023-01452-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de veintis\u00e9is de abril de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C, veintisiete (27) de abril de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Valent\u00edn Alfredo y Eriberto Segundo Mej\u00eda Morales contra la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Sincelejo (Sucre), la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas \u2013 UAEGRTD y sus Direcciones Territoriales de Bol\u00edvar y Sucre, la Agencia Nacional de Tierras, la Oficina de Registro Instrumentos P\u00fablicos de Sincelejo y el Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi -Direcci\u00f3n Territorial Sucre-, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados la Unidad Administrativa Especial para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas \u2013 UARIV, el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Sincelejo, Mar\u00eda Cenaida N\u00fa\u00f1ez Polan\u00eda, Rafael Agripino D\u00edaz Contreras, Gladys del Socorro Ortiz S\u00e1nchez, Gonzalo Angulo Conde, la Defensor\u00eda del Pueblo, la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, as\u00ed como los intervinientes en la causa rad. n.\u00ba 2017-00068-00. <\/p>\n
1. Actuando en nombre propio, los accionantes reclaman la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por las autoridades acusadas. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, para sustentar lo anterior, empezaron por se\u00f1alar que \u00abcon fecha 11 de Enero de 2008, en cabeza del se\u00f1or Valent\u00edn Mej\u00eda Morales, negociamos mediante PROMESA DE COMPRAVENTA de fecha 11 de Enero de 2008 firmada por las partes ante la Notaria 1\u00b0 de Sincelejo, con la se\u00f1ora MARIA CENEIDA NU\u00d1EZ POLANIA (\u2026). El \u00e1rea de terreno negociada (\u2026) corresponde a un \u00e1rea de 5 hect\u00e1reas las que f\u00edsicamente se encuentran englobadas entre s\u00ed, pero con independencia en su registro\u00bb, y que \u00aben el a\u00f1o 2008 saneamos la propiedad del bien, ante la autoridad competente dando con resultado el folio de matr\u00edcula 340-107715 y el cierre de matr\u00edcula 340-86376\u00bb. <\/p>\n
Afirmaron que \u00ab7 a\u00f1os despu\u00e9s de haber negociado los terrenos que poseemos, y 4 a\u00f1os despu\u00e9s de haber puesto en marcha la ley 1148 de 2011, fuimos sorprendidos con la notificaci\u00f3n del auto admisorio de la demanda de SOLICITUD INDIVIDUAL DE RESTITUCI\u00d3N JUR\u00cdDICA Y MATERIAL DE TIERRA\u00bb, presentada a trav\u00e9s de la Direcci\u00f3n Territorial de C\u00f3rdoba de la UAEGRTD, en favor de Rafael Agripino D\u00edaz Contreras, quien pretende se \u00able restituya la cantidad de 9.664 metros cuadrados y no la cantidad registrada\u00bb; asunto que culmin\u00f3 con sentencia de 25 de junio de 2020, emitida por el tribunal convocado. <\/p>\n
Mediante la aludida providencia, indicaron que se orden\u00f3 \u00abamparar el derecho fundamental a la restituci\u00f3n jur\u00eddica y material en la cantidad de 9.664 metros cuadrados de hect\u00e1rea y 092 metros cuadrados que tiene REGISTRADA en la matr\u00edcula inmobiliaria 340-86376 de la oficina de la oficina de registro de instrumentos p\u00fablicos de Sincelejo Sucre predio rural denominado los MANGUITOS sobrando en favor de VALENT\u00cdN ALFREDO MEJ\u00cdA MOERALES (sic) del predio los MANGUITOS 428 METROS CUADRADOS, teniendo en cuenta que ninguna otra persona ha recalado tierras (sic)\u00bb; as\u00ed mismo, precisan que, entre otros, se decidi\u00f3 igualmente \u00abrevoca[r] la Sentencia de PERTENENCIA de fecha 15 de octubre de 2010 proferida por el juzgado tercero civil del circuito de Sincelejo Sucre, mediante la cual declar[\u00f3] que Valent\u00edn Alfredo Mej\u00eda Morales adquiri\u00f3 por prescripci\u00f3n adquisitiva de dominio el predio el PARAISO del que hace parte el predio los Manguitos\u00bb, pero sin resolver su situaci\u00f3n jur\u00eddica, \u00abech\u00e1ndonos a la calle con las manos limpias con un terreno sin base registral\u00bb y encontr\u00e1ndose pendiente de definir \u00ablos 428 metros cuadrados que corresponden al predio los MANGUITOS que no est\u00e1 reclamando RAFAEL AGRIPINO D\u00cdAZ CONTRERAS\u00bb, pues se desconoce si \u00abla construcci\u00f3n que nos mandaron a desocupar (\u2026), esta edificada o no en el \u00e1rea de 9.664 metros [reclamados], o se encuentra edificada en el \u00e1rea de 428 metros que es el sobrante entre el \u00e1rea registrada y el \u00e1rea georreferencia\u00bb. <\/p>\n
A partir de lo anterior, destacan que son compradores de buena fe y que \u00abrevisado el folio de matr\u00edcula inmobiliaria 340-86376 aparece registro en anotaci\u00f3n 012 el oficio N\u00b0 1568 de fecha 12 abril de 2021 el que ordena la restituci\u00f3n material del inmueble, pero no aparece (\u2026) el registro de la Sentencia que ordena la restituci\u00f3n, ni ning\u00fan otro\u00bb, por lo que no resultaba procedente la entrega del bien que se materializ\u00f3 el pasado 10 de abril. <\/p>\n
3. En consecuencia, pretenden \u00abdejar sin efecto la entrega material del inmueble predio los Manguitos, suspender dicha entrega hasta que la autoridad competente proceda a organizar jur\u00eddicamente el predio los manguitos en cuanto al registro se refiere, sacando el \u00e1rea sobrante de la ordenada a entregar\u00bb, as\u00ed como \u00abse nos ampre (sic) registralmente el terrenos sobre [el] \u00e1rea de 5 hect\u00e1reas que negociamos con Mar\u00eda Ceneida N\u00fa\u00f1ez Polania, y se identifiquen predial y registralmente el \u00e1rea que nos corresponde y el \u00e1rea que le corresponde al reclamante\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La magistrada de la precitada Sala Civil Especializada, ponente en el asunto objeto de queja, adujo que adem\u00e1s de que el accionante Eriberto Segundo Mej\u00eda Morales no es parte del proceso, Valent\u00edn Alfredo \u00abcompareci\u00f3 a dicho tr\u00e1mite como opositor\u00bb y la sentencia le fue notificada el 19 de julio de 2021, por lo que no se cumple con el presupuesto de inmediatez. <\/p>\n
Igualmente, destac\u00f3 que adicional al an\u00e1lisis de la buena fe exenta de culpa del opositor y su calidad de segundo ocupante, all\u00ed tambi\u00e9n se concluy\u00f3 que \u00abla censura sobre la identificaci\u00f3n del inmueble en la sentencia cuestionada, parte de premisas equivocadas, comoquiera que en dicha providencia se tuvo como \u00e1rea del predio deprecado, la georreferenciada, 9664 metros cuadrados, y no la registral de 10092 metros cuadrados, por lo que no se trata entonces de que se hayan restituido 9664 m2 de un predio de 10092 m2, como plantean los accionantes, sino de la restituci\u00f3n total de un solo inmueble que, seg\u00fan la labor realizada por la Unidad de Restituci\u00f3n de Tierras y conceptuada en el Informe T\u00e9cnico allegado con la solicitud, abarca la medida inicialmente se\u00f1alada\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado convocado, despu\u00e9s de hacer un recuento de las actuaciones adelantadas a su cargo, se\u00f1al\u00f3 que \u00abla acci\u00f3n de tutela est\u00e1 siendo utilizada como medio para, una vez mas, dilatar la actuaci\u00f3n y no cumplir con la orden de entrega material del predio Los Manguitos\u00bb, y agreg\u00f3 que se incumple con los presupuestos generales de subsidiariedad e inmediatez. <\/p>\n
3. La Alcald\u00eda de Sincelejo trajo constancia de la trazabilidad de la remisi\u00f3n del auto que admiti\u00f3 esta acci\u00f3n -allegado a esa dependencia por parte del Igac-, y redirigido por competencia a la directora de Rentas Municipales de esa localidad. <\/p>\n
4. La Unidad Administrativa Especial de Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las Victimas, despu\u00e9s de precisar las competencias que le asiste, indic\u00f3 una falta de legitimaci\u00f3n por pasiva. <\/p>\n
5. El Procurador Noveno Judicial II para la restituci\u00f3n de tierras de Cartagena, solicit\u00f3 negar las pretensiones aqu\u00ed incoadas porque \u00abla acci\u00f3n de tutela no cumple con el principio de inmediatez\u00bb, aunado que por esta senda \u00abno (\u2026) resulta procedente adentrarse a calificar o inmiscuirse en el grado de convicci\u00f3n que el Juez natural le asigne a las pruebas practicadas\u00bb. <\/p>\n
7. En similares t\u00e9rminos se pronunci\u00f3 la Agencia Nacional de Tierras, \u00abcomo quiera que el objeto de la acci\u00f3n se refiere a las decisiones proferidas dentro de un proceso de restituci\u00f3n de tierras solicitado por los accionados, ante la (\u2026) UAEGRTD, adelantando en fase judicial (\u2026), en lo cual no tiene injerencia\u00bb. <\/p>\n
8. Mar\u00eda Cenaida N\u00fa\u00f1ez Polania, vinculada en el presente asunto, manifiesto \u00abme estoy ratificando en el negocio que realice con [los aqu\u00ed accionantes]\u00bb, y por ende afirm\u00f3 que \u00abla porci\u00f3n de terreno solicitada (\u2026) no puede ser Entregada f\u00edsicamente mientras que no se identifique plenamente\u00bb. <\/p>\n
9. La Oficina de Catastro de Sincelejo se limit\u00f3 a requerir informaci\u00f3n adicional -proveniente del Tribunal cuestionado- en aras de dar una respuesta de fondo. <\/p>\n
10. Finalmente, el Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi destac\u00f3 que \u00ab[a]ctualmente (\u2026) carece de competencia para brindar informaci\u00f3n real del predio objeto de la controversia, dado que la Alcald\u00eda de Sincelejo es el ente responsable aut\u00f3nomo de su gesti\u00f3n catastral\u00bb, y por tanto \u00abla acci\u00f3n de tutela fue trasladada a [esa dependencia] por tratarse de un asunto de competencia de ese Ente Territorial\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, preliminarmente, si el amparo satisface el requisito de la inmediatez, y de superarse lo anterior, si al interior de la causa rad. n.\u00b0 2017-00068, la corporaci\u00f3n convocada vulner\u00f3 las prerrogativas fundamentales denunciadas por acceder a la restituci\u00f3n de tierras instaurada, as\u00ed como a la consecuente entrega, a pesar de que, seg\u00fan afirman los promotores, no hay certeza del \u00e1rea a restablecer. <\/p>\n
2. Procedencia de la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Por regla general este mecanismo no procede contra determinaciones jurisdiccionales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacarlas cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los privilegios esenciales, eso s\u00ed, siempre y cuando se hayan agotado todos los medios ordinarios de defensa y se ejerza el resguardo en un plazo prudencial. <\/p>\n
Sobre esto \u00faltimo, ha sido invariable la posici\u00f3n de la jurisprudencia de esta Corte al se\u00f1alar que los principios esenciales que orientan la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica son la subsidiariedad de dicho mecanismo y el que a continuaci\u00f3n pasa a desarrollarse. <\/p>\n
3. Del requisito de inmediatez y el caso concreto. <\/p>\n
3.1. Este presupuesto impide que se desnaturalice el tr\u00e1mite de la tutela, en tanto la protecci\u00f3n que constituye su objeto, ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. Frente al tema esta Sala ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no debe, en principio, ser amparado, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos si actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u00bb (CSJ STC, 2 ag. 2007, rad. 00188-01, reiterada entre muchas en STC5882-2015, STC1516-2016 y STC11499-2016, 18 ag. rad. 01142-01). <\/p>\n
M\u00e1s adelante, la Corte se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC, 29 abr 2009, rad. 2009-00624-00, reiterado entre otros en STC11374-2016, 17 ag. rad. 01250-01). <\/p>\n
De acuerdo con lo anterior, es entendido que la salvaguarda debe ser promovida dentro de un plazo razonable que no puede exceder de seis meses contados a partir de la actuaci\u00f3n que se califica como vulneradora de las prerrogativas esenciales. <\/p>\n
Del an\u00e1lisis de los hechos expuestos, se concluye que el cuestionamiento que se hace no atiende el postulado que viene de comentarse frente a la sentencia de la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal de Cartagena, ya que junto con aquella que la complement\u00f3, donde se defini\u00f3 precisamente, entre otros aspectos, la situaci\u00f3n jur\u00eddica del opositor Valent\u00edn Adolfo respecto al inmueble implicado, la identificaci\u00f3n y actualizaci\u00f3n de \u00e1rea, linderos y titular de derecho de dominio del mismo, su entrega, as\u00ed como el traslado de \u00ablas inscripciones registradas en el Folio 340 107715 al folio 340- 86376, con excepci\u00f3n de las anuladas en esta sentencia, las organice cronol\u00f3gicamente y haga las correcciones pertinentes y cierre y cancele el FMI No. 340-107715, como consecuencia de la anulaci\u00f3n de la sentencia que decret\u00f3 la pertenencia sobre el predio que lo identifica y la cual dio apertura al mismo\u00bb, las mismas fueron notificadas el 19 de julio de 2021, mientras que la presente tutela se radic\u00f3 el pasado 13 abril, es decir, transcurri\u00f3 m\u00e1s del semestre establecido como razonable. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la parte eventualmente afectada debi\u00f3 acudir oportunamente a esta v\u00eda excepcional, pues su prolongado silencio -sin que se desconozca que con otros reclamos ya acudi\u00f3 a esta sede, con resultados similares a este1- es signo inequ\u00edvoco de asentimiento frente a la decisi\u00f3n atacada, adem\u00e1s, ha sido clara la postura de la Corte en cuanto a que, el an\u00e1lisis preliminar de dicho criterio debe precisarse a\u00fan m\u00e1s en trat\u00e1ndose de ataques a sentencias judiciales. <\/p>\n
Al respecto se ha dicho: \u00ab(\u2026) en verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros. (\u2026)\u00bb (STC12196-2014, 11 sep. rad. 01892-00; reiterado en STC10258-2015, 6 ago. 2015, rad. 2015-01691-00). <\/p>\n
Al respecto, cabe precisar que, en repetidas oportunidades, la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre el particular, en las providencias CC T-136\/07, CC T-647\/08, CC T-743\/08, CC T-867\/09, CC T-037\/13, CC T-033\/10, y en esta \u00faltima, estim\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Por otra parte y para facilitar el examen de la razonabilidad del lapso transcurrido entre el momento de la presunta vulneraci\u00f3n del derecho fundamental invocado y el ejercicio de la acci\u00f3n, la Corte ha establecido los siguientes criterios: <\/p>\n
\u201c(i) si existe un motivo v\u00e1lido para la inactividad de los accionantes; (ii) si la inactividad justificada vulnera el n\u00facleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisi\u00f3n; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio tard\u00edo de la acci\u00f3n y la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales del interesado; (iv) si el fundamento de la acci\u00f3n de tutela surgi\u00f3 despu\u00e9s de acaecida la actuaci\u00f3n violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposici\u00f3n. (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
4. La inviabilidad del amparo porque no se acredit\u00f3 un perjuicio irremediable. <\/p>\n
El requisito de procedibilidad de la tutela al que se ha hecho alusi\u00f3n \u2013 inmediatez – no se revierte a\u00fan bajo el argumento de un eventual \u00abperjuicio irremediable\u00bb, ya que no se prob\u00f3 una circunstancia de urgencia o peligro que amerite acceder al amparo, a\u00fan en forma transitoria. <\/p>\n
En este sentido ha dicho la jurisprudencia que \u00ab(\u2026) no es posible recurrir al amparo sin acreditar un perjuicio irremediable que autorice su utilizaci\u00f3n de manera transitoria, y en el caso, la accionante no demostr\u00f3 un da\u00f1o \u00abgrave e inminente, no meramente eventual, que s\u00f3lo pueda conjurarse con las medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb, de ah\u00ed que no sea evidente un menoscabo tal que habilite al tutelante para ejercer el mecanismo excepcional\u00bb (CSJ. STC 14 dic. 2011, reiterada en STC1806 de feb. 18 de 2016). <\/p>\n
5. Improcedencia de la tutela para evitar la pr\u00e1ctica de diligencias judiciales. <\/p>\n
Resta se\u00f1alar que la orden de entrega del inmueble se produjo luego de agotadas todas las etapas legales dentro del juicio de restituci\u00f3n de tierras, donde se cont\u00f3 con plenas garant\u00edas procesales, sobre lo cual se ha dicho que este tipo de diligencias: \u00ab(\u2026) no constituye un perjuicio irremediable, en tanto que esa circunstancia, por s\u00ed misma, no es demostrativa de que se vulneren los derechos fundamentales (\u2026) De hecho, ese tipo de medidas responde a \u00f3rdenes leg\u00edtimas de autoridades jurisdiccionales que no pueden ser supeditadas al ejercicio de la acci\u00f3n de tutela, porque en todo caso, el juez constitucional no podr\u00eda impedir que se cumplan los mandatos dictados por los juzgadores de instancia en ejercicio de sus atribuciones legales\u00bb (CSJ, STC, 29 nov. 2006, citada en STC7665 de 9 jun. 2016). <\/p>\n
6. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
El auxilio ser\u00e1 desestimado porque (i) no se ejerci\u00f3 oportunamente este mecanismo para cuestionar el pronunciamiento censurado y, adem\u00e1s, (ii) el resguardo es inviable para suspender diligencias judiciales y (iii) tampoco se prob\u00f3 un perjuicio irremediable. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por un medio expedito. En caso de no ser impugnado, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para lo de su cargo. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Sentencia STC3897-2022. <\/p>\n
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