STC4016-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC4016-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 63001-22-14-000-2023-00028-01 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Armenia el 29 de marzo de 2023, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Francisco Javier Gonz\u00e1lez \u00c1lvarez contra los Juzgados \u00danico Promiscuo Municipal de G\u00e9nova y Primero Civil del Circuito de Calarc\u00e1, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en la ejecuci\u00f3n n\u00ba 2020-00039. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Por intermedio de apoderado judicial, el accionante invoc\u00f3 el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales convocadas. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expuso que el 10 de septiembre de 2020, el Juzgado \u00danico Promiscuo Municipal de G\u00e9nova, Quind\u00edo, libr\u00f3 mandamiento de pago a su favor y en contra de Yasmileth Gil Roa, por la suma representada en la letra de cambio allegada como base del recaudo. <\/p>\n
Refiere que agotado el tr\u00e1mite de rigor, en sentencia anticipada proferida en audiencia el 8 de junio de 2022 se decret\u00f3 la terminaci\u00f3n del coercitivo, tras declararse probada la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n formulada por la obligada, decisi\u00f3n que apelada, fue mantenida en todas sus partes por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Calarc\u00e1 en fallo del 13 de diciembre siguiente, incurriendo en v\u00eda de hecho, pues \u00abAl momento de dictarse sentencia se hizo caso omiso de los argumentos de hecho y de derecho que se esbozaron por [su] apoderado al momento de descorrer el traslado de las excepciones propuestas, espec\u00edficamente los se\u00f1alados respecto de la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n cambiaria. (\u2026) Pese a haberse propuesto como sustento de la alzada, no se tuvo en cuenta la actividad desplegada por el ejecutante tendiente a lograr la notificaci\u00f3n de la ejecutada y menos, la actividad procesal de la ejecutante (sic) para impedir su notificaci\u00f3n en t\u00e9rminos, pese a que exist\u00edan indicios y confesi\u00f3n de que la demandante (sic) conoc\u00eda la existencia del proceso, del mandamiento de pago y de todo lo surtido en el tr\u00e1mite del proceso ejecutivo y no obr\u00f3 conforme su deber de lealtad\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende a trav\u00e9s de este mecanismo excepcional que se dejen sin valor ni efecto las sentencias de primera y segunda instancia, para entonces, \u00abcontinuar con el tr\u00e1mite del proceso ejecutivo singular de menor cuant\u00eda radicado bajo el n\u00famero 2020-00039\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. Yasmileth Gil Roa como ejecutada dentro del asunto cuestionado, se opuso a lo reclamado, comoquiera que aunque el gestor \u00abAcusa a mi poderdante de un mal actuar para notificarse, (\u2026) lo que realmente pas\u00f3 fue que nunca tuvo forma de enterarse de la misma, es m\u00e1s, cre\u00eda que el embargo era por el proceso que el mismo accionante le tiene a sus padres, all\u00ed ten\u00eda su confusi\u00f3n, pues el accionante le hizo firmar una letra a sus padres en las mismas condiciones que a ella y cre\u00eda que era del mismo asunto, solo porque los abogados de los padres le advirtieron de la demanda fue que vino a entender, pero para la fecha que dio poder y se alleg\u00f3 al Juzgado, ya hab\u00eda prescripci\u00f3n en caso de declararse la nulidad del proceso, recordemos que el d\u00eda 11 de septiembre del 2021 era un s\u00e1bado y el d\u00eda h\u00e1bil era hasta el lunes 13 de septiembre; pero igualmente, no se actu\u00f3 de mala fe, pues ni los apoderados ni nuestra representada, sabia las condiciones, fechas, vencimientos, etc., de la letra de cambio\u00bb. <\/p>\n
2. El Juez \u00danico Promiscuo Municipal de G\u00e9nova, Quind\u00edo, solicit\u00f3 desestimar la salvaguarda, habida cuenta que \u00abdentro del tr\u00e1mite impreso a la demanda promovida por Francisco Javier Gonz\u00e1lez en contra de Yasmileth Gil Roa (\u2026), hubo total sujeci\u00f3n al procedimiento establecido y normatividad aplicable al caso concreto, donde las partes estuvieron rodeadas de todas las garant\u00edas que les asiste, de donde se desprende que en momento alguno estamos frente a menoscabo de los derechos fundamentales cuyo amparo se pretende por esta excepcional v\u00eda, pues vislumbro que se pretende reabrir v\u00eda un debate ya clausurado, donde los jueces de instancia han concluido de manera distinta a sus intereses; y, no por ello han de tildarse sus decisiones como v\u00edas de hecho\u00bb. <\/p>\n
3. La titular del Juzgado Primero Civil del Circuito de Calarc\u00e1, tras pronunciarse frente a los hechos esbozados en el escrito introductorio, se opuso a la prosperidad de la acci\u00f3n, toda vez que \u00aben lo que ata\u00f1e a la providencia expedida en sede de segunda instancia por parte de esta operadora judicial, se halla ajustada a derecho y debidamente sustentada en el material probatorio que milita en el legajo. En ese horizonte, el prove\u00eddo controvertido no es caprichoso, en la medida de que fue soportado en argumentos legales, jurisprudenciales y el mismo emerge como consecuencia de una adecuada valoraci\u00f3n probatoria\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
El tribunal a-quo neg\u00f3 el resguardo, arguyendo que las decisiones censuradas no constituyen v\u00eda de hecho que amerite la intervenci\u00f3n del juez de tutela, pues \u00abla discusi\u00f3n ya no es de car\u00e1cter constitucional, sino que se torna meramente legal, en raz\u00f3n de que ha sido promovido (sic) como si se tratara de una instancia adicional, y en ese orden de ideas la presente acci\u00f3n es abiertamente improcedente y no constituye un mecanismo id\u00f3neo para ventilar la inconformidad de la parte accionante frente a las sentencias proferidas (\u2026). Pretender lo contrario, rebasa, con creces, la \u00f3rbita del amparo constitucional, pues conllevar\u00eda a desconocerse los principios de autonom\u00eda e independencia de los jueces, por lo que no le es dable al Juez constitucional inmiscuirse en la toma de las decisiones que debe realizar el Juez de conocimiento en ejercicio de su funci\u00f3n legal y constitucional\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso el accionante sin esgrimir argumento adicional. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, si las autoridades judiciales convocadas vulneraron las garant\u00edas denunciadas al declarar probada la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n cambiaria, dentro del proceso ejecutivo singular seguido por el querellante contra Yasmileth Gil Roa (n\u00b0 2020-00039), por incurrir, supuestamente, en v\u00eda de hecho, al no tener en cuenta los argumentos esbozados al momento que se descorri\u00f3 traslado de los medios de defensa presentados. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
3. Decisi\u00f3n que ser\u00e1 objeto de an\u00e1lisis. <\/p>\n
Si bien el reclamo se dirige contra las determinaciones de primera y segunda instancia, el an\u00e1lisis de la Corte se circunscribir\u00e1 al fallo proferido el 13 de diciembre de 2022 por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Calarc\u00e1, por cuanto fue el que defini\u00f3 el asunto al confirmar \u00edntegramente la decisi\u00f3n de \u00abDECLARAR, por los argumentos precedentemente consignados, probada la excepci\u00f3n de m\u00e9rito formulada por la parte demandada YASMILETH GIL ROA, dentro del proceso ejecutivo de menor cuant\u00eda en su contra promovido por el se\u00f1or FRANCISCO JAVIER GONZ\u00c1LEZ\u00bb, y en consecuencia, \u00abDECRETAR la terminaci\u00f3n y el archivo de este proceso\u00bb, tomada el 8 de junio de esa misma anualidad por el Juzgado \u00danico Promiscuo Municipal de G\u00e9nova, Quind\u00edo. <\/p>\n
Al respecto, ha se\u00f1alado la jurisprudencia que, \u00ab(\u2026) aunque el quejoso enfila su ataque contra la decisi\u00f3n de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada entre otras, en STC098-2023, 18 en. 2023, rad. 00207-01). <\/p>\n
4. Razonabilidad de la providencia cuestionada. <\/p>\n
La Sala ratificar\u00e1 la negativa del amparo tal como lo concluy\u00f3 el tribunal constitucional de primer grado, en tanto que, del examen del prove\u00eddo censurado no se vislumbra irregularidad alguna con fuerza suficiente que imponga la necesaria injerencia del juez constitucional. <\/p>\n
En el asunto estudiado, la autoridad judicial acusada, para mantener \u00edntegramente la decisi\u00f3n que declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n cambiaria propuesta por la ejecutada dentro del coercitivo en comento, comenz\u00f3 por precisar que, aunque el recurrente, aqu\u00ed interesado, considera que \u00abla regla del art\u00edculo 94 del C\u00f3digo General del Proceso no era objetiva, en tanto que no aplica por el transcurso del tiempo, por el paso de un a\u00f1o desde la fecha del mandamiento de pago, sino que deb\u00eda tenerse en cuenta, la conducta procesal de la parte ejecutante para lograr la notificaci\u00f3n de ese auto a la parte ejecutada y la desidia de la ejecutada en notificarse\u00bb, por lo que, en su criterio, \u00abno existi\u00f3 negligencia o desidia por el extremo activo, en tanto que procur\u00f3 la notificaci\u00f3n de la ejecutada, frente a lo cual el juzgado dio validez a la notificaci\u00f3n y ante su silencio, hab\u00eda proferido auto que ordenaba seguir adelante con la ejecuci\u00f3n\u00bb, lo cierto es que, una vez efectuada la recapitulaci\u00f3n de las actuaciones desplegadas dentro del asunto se tiene lo siguiente: <\/p>\n
\u00aben lo que ata\u00f1e al objeto de la controversia en sede de alzada, esto es, la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n cambiaria, a voces del art\u00edculo 94 del C\u00f3digo General del Proceso, con la presentaci\u00f3n de la demanda se interrumpi\u00f3 el t\u00e9rmino para que se configurara la prescripci\u00f3n, y de contera, se impidi\u00f3 que se produjera la caducidad. No obstante, la disposici\u00f3n legal in comento es categ\u00f3rica al condicionar la configuraci\u00f3n de estos fen\u00f3menos jur\u00eddicos, a la notificaci\u00f3n del mandamiento de pago dentro del t\u00e9rmino de un a\u00f1o, contado a partir del d\u00eda siguiente a la notificaci\u00f3n de la providencia mencionada al ejecutante. <\/p>\n
Puestas en ese orden las cosas, se avizora que la orden de apremio fue librada el 10 de septiembre de 2020 y su notificaci\u00f3n al extremo activo se surti\u00f3 mediante la inserci\u00f3n en el Estado N\u00b0 058 del 11 de septiembre de 2020. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, para impedir la operancia de prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n cambiaria, la parte ejecutante ten\u00eda el deber de efectuar la notificaci\u00f3n dentro del a\u00f1o siguiente a esta \u00faltima data, es decir, que contaba hasta el 12 de septiembre de la anualidad 2021. Empero, este d\u00eda acaec\u00eda un domingo, por lo tanto, la regla establecida en el art\u00edculo 118 del C\u00f3digo General del Proceso, concretamente en su inciso 7\u00b0, indica que el t\u00e9rmino se extiende hasta el primer d\u00eda h\u00e1bil siguiente, con ocasi\u00f3n a que su vencimiento ocurri\u00f3 en un d\u00eda inh\u00e1bil. <\/p>\n
En ese contexto, el c\u00f3mputo adecuado del interregno en alusi\u00f3n, permite colegir que el t\u00e9rmino ten\u00eda como hito final el d\u00eda 13 de septiembre de 2021\u00bb. <\/p>\n
Tras colegir lo anterior, complement\u00f3: <\/p>\n
\u00ab Ahora bien, el a quo emiti\u00f3 auto declarando la nulidad de los actos de notificaci\u00f3n realizados a la ejecutada, al igual que de las actuaciones posteriores proferidas dentro del presente asunto. Del mismo modo, tuvo por notificada por conducta concluyente a la deudora el d\u00eda 6 de octubre de 2021, disponiendo, adem\u00e1s, que los t\u00e9rminos para pagar o excepcionar comienzan a correr a partir del d\u00eda siguiente al de la ejecutoria de esta providencia. <\/p>\n
En este punto de la motivaci\u00f3n, conviene traer a colaci\u00f3n el contenido de lo dispuesto en el inciso final del art\u00edculo 301 del C\u00f3digo General del Proceso que a la letra reza: <\/p>\n
\u201cCuando se decrete la nulidad por indebida notificaci\u00f3n de una providencia, esta se entender\u00e1 surtida por conducta concluyente el d\u00eda en que se solicit\u00f3 la nulidad, pero los t\u00e9rminos de ejecutoria o traslado, seg\u00fan fuere el caso, solo empezar\u00e1n a correr a partir del d\u00eda siguiente al de la ejecutoria del auto que la decret\u00f3 o de la notificaci\u00f3n del auto de obedecimiento a lo resuelto por el superior\u201d. (Negrilla del juzgado). <\/p>\n
Significa lo anterior que, en caso analizado, luego de la declaratoria de nulidad, la cual resulta ajena a la discusi\u00f3n en segunda instancia, en tanto que la tem\u00e1tica de la alzada qued\u00f3 delimitada a la sentencia anticipada que declar\u00f3 probado el medio exceptivo tantas veces aludido, se advierte que la nulidad fue solicitada al juzgado de conocimiento el 30 de septiembre de 2021. Ello, se traduce en que en esta fecha debi\u00f3 entenderse surtida la notificaci\u00f3n por conducta concluyente de la llamada al juicio y no para el d\u00eda 6 de octubre de 2021, como con desacierto lo coligi\u00f3 el a quo. <\/p>\n
Sin embargo, luego de esta precisi\u00f3n normativa, sin hesitaci\u00f3n alguna, debe aseverarse que, en virtud de la fuente de invalidez decretada en el decurso de la primera instancia, el interludio m\u00e1ximo con el que contaba la parte ejecutante para evitar la estructuraci\u00f3n del instituto prescriptivo en alusi\u00f3n, fue el d\u00eda 13 de septiembre de 2021\u00bb. <\/p>\n
De este modo, precis\u00f3 el operador judicial accionado, que \u00absin lugar a dudas de ninguna naturaleza, se tiene certeza que en el cobro forzado aqu\u00ed analizado oper\u00f3 el fen\u00f3meno de la prescripci\u00f3n extintiva, y como secuela, oper\u00f3 la caducidad de la acci\u00f3n cambiaria directa, puesto que la misma no se logr\u00f3 interrumpir\u00bb. <\/p>\n
Y para reforzar la tesis expuesta, se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
En otras palabras, como quiera que la notificaci\u00f3n a la convocada en principio fue realizada por el extremo activo, pero posteriormente, fue invalidada la misma, no queda duda que la notificaci\u00f3n por conducta concluyente se torn\u00f3 extempor\u00e1nea y de contera insuficiente, para contener la prescripci\u00f3n extintiva, m\u00e1s a\u00fan cuando la fuente de invalidez result\u00f3 imputable al ejecutante, en la medida de que la nulidad decretada es atribuible a la parte actora ante las deficiencias en la notificaci\u00f3n personal de la deudora. <\/p>\n
Desde otra arista, conviene connotar que muy a pesar de la diligencia que pregona con vehemencia el portavoz judicial de la parte actora, en el sentido de que actu\u00f3 con diligencia en el tr\u00e1mite del proceso, y en especial, el de la notificaci\u00f3n a su antagonista, emerge di\u00e1fano que con ocasi\u00f3n a la nulidad decretada con posterioridad, la notificaci\u00f3n por conducta concluyente qued\u00f3 por fuera del plazo legal para tener la entidad suficiente de evitar que operara la interrupci\u00f3n de la prescripci\u00f3n que conllev\u00f3 a la extinci\u00f3n de la acci\u00f3n cambiaria directa, habida cuenta que, se itera, el art\u00edculo 94 del C\u00f3digo General del Proceso, detiene la configuraci\u00f3n de este fen\u00f3meno, siempre y cuando la notificaci\u00f3n del mandamiento de pago se notifique a la ejecutada dentro del t\u00e9rmino de un a\u00f1o contado a partir del d\u00eda siguiente a la notificaci\u00f3n de la rese\u00f1ada providencia a la parte ejecutante, es decir, desde la inserci\u00f3n en el estado que dio a conocer al extremo activo la orden de apremio, lo cual no aconteci\u00f3 en este evento. <\/p>\n
En similar talante, debe dejarse dicho que ninguna relevancia alcanza la solicitud y decreto de medidas cautelares, en tanto que las normas procesales no establecen que con ocasi\u00f3n a las mismas se interrumpe la prescripci\u00f3n de la que se viene tratando, sino que el condicionamiento apunta es a que se logre la notificaci\u00f3n dentro del a\u00f1o siguiente a partir de la notificaci\u00f3n por estado del mandamiento ejecutivo\u00bb. <\/p>\n
Para finalmente concluir, que \u00abpara esta juzgadora la interpretaci\u00f3n que el apelante le da al art\u00edculo 298 del C\u00f3digo General del Proceso, no puede armonizarse con la interrupci\u00f3n de la prescripci\u00f3n extintiva, en tanto que esta disposici\u00f3n apunta es al cumplimiento inmediato de las medidas cautelares decretadas en el proceso, sin que para ello deba esperarse a la notificaci\u00f3n de la parte ejecutada o que las cautelas est\u00e9n sujetas a la interposici\u00f3n de cualquier recurso\u00bb. <\/p>\n
Conforme a lo que acaba de verse, la pretensi\u00f3n invocada con esta acci\u00f3n deviene inviable, porque no adolece de defecto sustantivo, procedimental, f\u00e1ctico o de cualquier otra \u00edndole; esto, en la medida en que dicha actuaci\u00f3n no evidencia desmesura, sino que se funda en razonamientos que denotan adecuada valoraci\u00f3n probatoria y de la normativa aplicable, lo cual hace parte de los principios de autonom\u00eda e independencia judicial que inhiben al juez constitucional para inmiscuirse en el asunto. <\/p>\n
En ese orden, el solo hecho que el actor disienta de lo resuelto, no abre camino a la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional deprecada, pues no basta una providencia discutible o poco convincente, sino que es necesario que esta se muestre arbitraria por contener errores superlativos y desprovistos de fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite. <\/p>\n
Al respecto, la Sala ha dicho que: \u00ab(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida decisi\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 11 dic. 2009, exp. 02212-00, citada en STC619-2023, 1\u00b0 feb. 2023, rad. 00709-01). <\/p>\n
Y contin\u00faa precisando que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado, entre otras, en STC646-2023, 1\u00b0. feb. 2023, rad. 01267-01). <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
La providencia atacada no constituye arbitrariedad susceptible de correcci\u00f3n por esta excepcional v\u00eda; adem\u00e1s, lo pretendido por el ac\u00e1 querellante es anteponer su propio criterio al del juzgado accionado, sustituyendo la hermen\u00e9utica del funcionario de instancia, finalidad ajena a la acci\u00f3n de tutela, pues no puede ser utilizada a modo de instancia adicional a las consagradas en el estatuto procedimental. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a todos los interesados, al a quo, y rem\u00edtase oportunamente la actuaci\u00f3n a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC4016-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC4016-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 63001-22-14-000-2023-00028-01 Bogot\u00e1 D.C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Armenia el 29 de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[61],"tags":[],"class_list":["post-72663","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-abril-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/72663","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=72663"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/72663\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=72663"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=72663"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=72663"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}