STC4017-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC4017-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-01454-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintis\u00e9is de abril de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Fabi\u00e1n Ricardo Murcia N\u00fa\u00f1ez contra la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas la Delegatura para Procedimientos Mercantiles de la Superintendencia de Sociedades y las partes e intervinientes en el proceso verbal 2019-00032. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, obrando por conducto de apoderado, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
2. De los medios de convicci\u00f3n recopilados se pueden extractar los siguientes hechos jur\u00eddicamente relevantes: <\/p>\n
Fabio Enrique Avella Gonz\u00e1lez y otros socios de Minerales Barios de Colombia S.A.S. -en liquidaci\u00f3n judicial- promovieron en contra de dicha persona jur\u00eddica, su representante legal (ac\u00e1 accionante) y tres miembros principales de su junta directiva, el proceso indicado precedentemente a trav\u00e9s del cual se persegu\u00eda la declaratoria de existencia de un conflicto de intereses en la celebraci\u00f3n de varias operaciones comerciales realizadas entre los a\u00f1os 2014 y 2017, deprecando su invalidaci\u00f3n. <\/p>\n
Agotado el tr\u00e1mite procesal de rigor, el 19 de octubre de 2021 la Delegatura para Procedimientos Mercantiles de la Superintendencia de Sociedades dict\u00f3 fallo parcialmente estimatorio, contra el cual, algunos demandados y el extremo activo formularon apelaci\u00f3n. <\/p>\n
Tal determinaci\u00f3n fue confirmada por el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 con sentencia del pasado 26 de enero1 y frente a esta el apoderado del ac\u00e1 gestor solicit\u00f3 aclaraci\u00f3n en cuanto al valor de unas restituciones mutuas ordenadas por el a quo pues consider\u00f3 que, para determinar el monto, los juzgadores no tuvieron en cuenta \u00ablos estados financieros con corte al 31 de diciembre del 2017 y 2018\u00bb, pretensi\u00f3n desestimada el 2 de marzo siguiente. <\/p>\n
3. Murcia N\u00fa\u00f1ez acude a este instrumento insistiendo en la supuesta omisi\u00f3n de las autoridades judiciales, acus\u00e1ndolas de incurrir en \u00abdefecto f\u00e1ctico por indebida valoraci\u00f3n probatoria\u00bb en tanto que \u00abdesconoci[eron] los estados financieros\u00bb allegados como anexos del dictamen pericial a partir de los cuales se podr\u00eda \u00abdeterminar cu\u00e1nto es lo realmente adeudado a los demandados\u00bb. <\/p>\n
Error que, a su juicio, tambi\u00e9n abarca \u00abel desconocimiento por parte del Tribunal del an\u00e1lisis de la ratificaci\u00f3n de las operaciones celebradas por los demandados en conflicto de inter\u00e9s, que fueron debidamente ratificados dichos actos mediante el acta 67\u2026 por los accionistas y que el Tribunal desconoci\u00f3 sin analizar el contenido completo\u2026 dado que analiz\u00f3 el acta sin los nexos [sic]\u00bb, quedando as\u00ed \u00absubsanada la nulidad absoluta\u00bb. <\/p>\n
En punto de esta \u00faltima aseveraci\u00f3n dijo que: <\/p>\n
\u00abEs de anotar que el acta 67 , si cumplen con los requisitos que subsanan la posible nulidad de los contratos, ya que en esta contempla y se aportan a cada una de estas actas el informe que el representante legal para esa \u00e9poca Ricardo Murcia le presenta a la asamblea con soportes, que los dineros utilizados por los socios, familiares y terceros estos fueron para el pago de las demandas interpuestas por los se\u00f1ores Fabio Avella, Carlos Piedrah\u00edta, Joaqu\u00edn \u00c1ngel y Orlando Avella, para el pago de n\u00f3mina y el giro ordinario de la sociedad, pues siendo esto as\u00ed avalado por el m\u00e1ximo \u00f3rgano social, esta acta cumple con el requisito de subsanar cualquier negocio que realizo el representante legal para esa \u00e9poca y reiteramos que las actas cumplen con los requisitos que precisan el art 23 de la ley 222 de 1995 [SIC]\u00bb. <\/p>\n
4. Pide remover los efectos del fallo de segundo grado y que, como consecuencia de ello, \u00abse ordene al Tribunal modificar la sentencia\u2026 y proferir un[a] nuev[a]\u2026 donde se protejan los derechos fundamentales del accionante, analizando todas las pruebas documentales aportadas\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LA ACCIONADA Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La magistrada ponente de la providencia cuestionada resalt\u00f3 que en ella \u00abse consignaron los razonamientos de orden f\u00e1ctico, probatorio, jurisprudencial y legal\u00bb que sirvieron de fundamento para confirmar el fallo parcialmente estimatorio proferido por la autoridad jurisdiccional de primer nivel. <\/p>\n
2. El Superintendente Delegado para Asuntos Mercantiles realiz\u00f3 un breve recuento de lo actuado, al tiempo que remiti\u00f3 un enlace de acceso al expediente virtual. <\/p>\n
3. El apoderado de Minerales Barios de Colombia S.A.S. -en liquidaci\u00f3n judicial- se limit\u00f3 a dar cuenta de las incidencias que rodearon el proceso liquidatorio de dicha persona jur\u00eddica adelantado ante la Delegatura de Jurisdicci\u00f3n Societaria I de la Superintendencia de Sociedades, sin referirse a las decisiones sobre las que vers\u00f3 el presente resguardo. <\/p>\n
4. Fabio Enrique Avella Gonz\u00e1lez se opuso a la prosperidad de la salvaguarda ante la inexistencia del defecto atribuido a la hermen\u00e9utica del fallador ad quem \u00abam\u00e9n de que el juez de tutela no puede sustituir al juez ordinario accionado que resolvi\u00f3 con solvencia argumentativa el recurso de apelaci\u00f3n de la sentencia de primer grado\u00bb. <\/p>\n
5. Por su parte, Emiliano Polan\u00eda Cu\u00e9llar, M\u00f3nica Roc\u00edo Murcia N\u00fa\u00f1ez, Lorena Trujillo Fierro y el curador ad litem que represent\u00f3 los intereses de los herederos indeterminados de Segundo Herm\u00f3genes Murcia Buitrago, coadyuvaron la solicitud de amparo en similares t\u00e9rminos a los expuestos por el gestor. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde establecer si el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 vulner\u00f3 las prerrogativas de Fabi\u00e1n Ricardo Murcia N\u00fa\u00f1ez al confirmar el fallo parcialmente estimatorio proferido por la Delegatura para Procedimientos Mercantiles de la Superintendencia de Sociedades porque, supuestamente, no valor\u00f3 correctamente y de forma completa el material probatorio recopilado en la actuaci\u00f3n. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales <\/p>\n
La jurisprudencia de esta Corte de manera invariable ha se\u00f1alado que, por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones, cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados. <\/p>\n
Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
De igual forma, es imprescindible que cuando se trate de una irregularidad procesal, \u00e9sta sea determinante o influya en la decisi\u00f3n; que el accionante identifique los hechos generadores de la vulneraci\u00f3n; que la providencia discutida no sea una sentencia de tutela; y, finalmente, que se haya configurado alguno de los defectos de orden sustantivo, org\u00e1nico, procedimental, f\u00e1ctico, material, error inducido, o se trate de una decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, que se haya desconocido el precedente constitucional o violado directamente la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto \u2013 de la razonabilidad de la decisi\u00f3n cuestionada <\/p>\n
Auscultados los argumentos en que se sustenta la presente queja, no observa la Corte irregularidad alguna derivada del fallo proferido por el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 el pasado 26 de enero, de all\u00ed que se anticipe la denegaci\u00f3n del resguardo comoquiera que tal determinaci\u00f3n, lejos de ser arbitraria, fue el resultado de una hermen\u00e9utica razonable tanto del contexto f\u00e1ctico y de las disposiciones legales aplicables, as\u00ed como de las pruebas v\u00e1lidamente aportadas en el juicio ordinario. <\/p>\n
En efecto, en la aludida providencia, la colegiatura convocada luego efectuar un recuento de los antecedentes f\u00e1cticos y procesales, identific\u00f3 los reparos formulados contra la sentencia de primer grado, de la siguiente manera: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Los demandados Fabi\u00e1n Ricardo Murcia N\u00fa\u00f1ez\u2026 solicitaron la revocatoria parcial de las decisiones tomadas con respecto a ellos, toda vez que la sentencia no establece de manera precisa los saldos y dineros a restituir y, de d\u00f3nde fue tomada la tabla 3. <\/p>\n
Calificaron de indebida la valoraci\u00f3n probatoria, porque el acta No. 67 no conten\u00eda toda la informaci\u00f3n requerida para que surtiera el efecto de saneamiento de nulidad decretada, toda vez que la evaluada estaba incompleta pues\u2026 el Acta 67 est\u00e1 compuesta de 232 folios como se encuentra radicado en el proceso y el juzgador solo valor\u00f3 el contenido del documento presentado por el se\u00f1or Emiliano Polan\u00eda, de haberse analizado el escrito completo, hab\u00eda podido evidenciar que la autorizaci\u00f3n a posteriori de la ejecuci\u00f3n de contratos de mutuo sane\u00f3 la nulidad absoluta. <\/p>\n
Con respecto a los dineros a restituir, los valores no corresponden y no se encuentran probados, los se\u00f1alados en la tabla 3 no existen ni en el peritaje aportado, como tampoco en las dem\u00e1s pruebas recaudadas (\u2026). <\/p>\n
En cuanto a los intereses dejados de fijar para los saldos debidos, indic\u00f3 que son plenamente establecidos en el proceso liquidatorio de Minerales Barios de Colombia S.A.S., por ello, los intereses sobre el capital adeudado, deber\u00e1n aplicarse por la p\u00e9rdida adquisitiva que ha tenido el dinero en el tiempo (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed, con las limitaciones que impone el canon 328 del Estatuto Procedimental General, se adentr\u00f3 en el desarrollo de los cuestionamientos presentados por los apelantes2. <\/p>\n
En punto de las censuras de Murcia N\u00fa\u00f1ez, las separ\u00f3 en dos grupos, ocup\u00e1ndose, en primer lugar, de la alegada \u00abratificaci\u00f3n\u00bb por parte de la asamblea de accionistas respecto de los negocios celebrados en presunto conflicto de intereses; frente a la cual, luego de rememorar los deberes de los administradores societarios3 y las sanciones jur\u00eddicas para aquellos actos que no cuenten con la aprobaci\u00f3n expresa del m\u00e1ximo \u00f3rgano social de direcci\u00f3n4, indic\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Referente a la posibilidad de ratificar las operaciones viciadas por conflicto de inter\u00e9s, esta Sala advierte que, no se encuentra objeci\u00f3n alguna para que la autorizaci\u00f3n exigida por el numeral 7 se imparta al perfeccionamiento de un contrato viciado por un conflicto de inter\u00e9s. Aunque tal posibilidad no ha sido consagrada expresamente por la ley, tampoco aparece prohibida; adem\u00e1s que la opci\u00f3n de emitir autorizaciones posteriores es coherente, con las reglas previstas en el ordenamiento jur\u00eddico colombiano referente a la saneabilidad de nulidad absoluta por ratificaci\u00f3n. <\/p>\n
A\u00f1\u00e1dase que no hay prohibici\u00f3n expresa para que los socios saneen la operaci\u00f3n. Es importante resaltar que, para que ello opere, la ratificaci\u00f3n deber\u00e1 hacerse con la autorizaci\u00f3n de la asamblea general de accionistas (o junta de socios) en los t\u00e9rminos del numeral 7 del art\u00edculo 23 de la Ley 222 de 1995, es decir, que esta autorizaci\u00f3n debe ser expresa y tiene que contar con los elementos de juicio suficientes en cuanto a la naturaleza y alcance de la negociaci\u00f3n, y que, en todo caso, no afecte los intereses de la sociedad. (\u2026)\u00bb <\/p>\n
Resalt\u00f3, sin embargo, que para que la convalidaci\u00f3n surtiese efectos, deb\u00edan confluir ciertos requisitos, como que hubiere sido \u00abposterior al acto, pues si el respaldo fuere previo, sencillamente no existir\u00eda el vicio al cumplirse cabalmente el requerimiento legal y el proceder del administrador apegado a la preceptiva\u00bb y que la decisi\u00f3n de ratificaci\u00f3n se adoptar\u00eda acatando los lineamientos de los art\u00edculos 186 y 190 del C\u00f3digo Mercantil, pues de lo contrario, tal acto devendr\u00eda ineficaz. <\/p>\n
Y fue en torno a la \u00faltima exigencia que gravit\u00f3 el an\u00e1lisis de la sala a quo pues advirti\u00f3, apoyada en el material probatorio acopiado, que no se hab\u00eda respetado el qu\u00f3rum para deliberar consagrado en el art\u00edculo 24 de los estatutos societarios. En efecto, indic\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) los demandados alegan que s\u00ed se produjo la ratificaci\u00f3n de los actos cuestionados en la sesi\u00f3n extraordinaria de accionistas\u2026 evacuada el 16 de diciembre de 2019; y revisado el expediente se advierte que tal asamblea debi\u00f3 convocarse y desarrollarse en los t\u00e9rminos de los estatutos sociales, as\u00ed como contar con el qu\u00f3rum que establece el art\u00edculo 24 que reza:\u2026 constituir\u00e1 qu\u00f3rum para deliberar, un n\u00famero plural de personas que representen por lo menos el\u2026 (75 %) de las acciones suscritas a la fecha de la reuni\u00f3n. <\/p>\n
Empero, seg\u00fan da cuenta tal documento en aqu\u00e9l momento estaban representadas tan solo el 44 % de las acciones que compon\u00edan la compa\u00f1\u00eda y que correspond\u00edan precisamente a Herm\u00f3genes Murcia Buitrago, Jhon Jairo Alarc\u00f3n Su\u00e1rez, Emiliano Polan\u00eda Cuellar y Fabi\u00e1n Ricardo Murcia (los aqu\u00ed demandados), por lo que no hab\u00eda ni siquiera el m\u00ednimo requerido para deliberar. <\/p>\n
Adem\u00e1s, conforme a lo manifestado por el mismo representante legal de Minerales Barios de Colombia S.A.S., no cit\u00f3 a los aqu\u00ed demandantes porque, en su criterio, la cesi\u00f3n de las acciones fue falsificada, sin que exista decisi\u00f3n judicial alguna que as\u00ed lo haya decretado, por tanto, tampoco hubo convocatoria a la totalidad de los miembros que deb\u00edan asistir. <\/p>\n
Surge coruscante, la ineficacia de las decisiones tomadas en la sesi\u00f3n extraordinaria de accionistas del 16 de diciembre de 2019, que qued\u00f3 plasmada en el acta No. 66 y su nota aclaratoria. <\/p>\n
En ese orden de ideas, independientemente de que en el desarrollo de la mencionada asamblea se haya o no otorgado toda la informaci\u00f3n respecto de las operaciones celebradas en conflicto de intereses con fines convalidatorios; y se hayan \u201cautorizado\u201d las operaciones realizadas por Fabi\u00e1n Ricardo Murcia a favor de los otros votantes Murcia Buitrago, Alarc\u00f3n Su\u00e1rez y Polan\u00eda Cu\u00e9llar, lo cierto es que las decisiones all\u00ed tomadas son ineficaces, ergo ning\u00fan efecto ni alcance puede asign\u00e1rsele[s] (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
El segundo grupo de reparos del ac\u00e1 accionante se centr\u00f3 en cuestionar que la suma de dinero reconocida por el \u00f3rgano jurisdiccional de primer nivel era sustancialmente inferior al monto que, a su juicio, deb\u00eda restitu\u00edrsele. Dicha queja fue sustentada en una supuesta valoraci\u00f3n probatoria defectuosa del dictamen pericial, dado que el experto \u00abno dio mayores explicaciones de d\u00f3nde provinieron los valores descritos en la tabla No. 3. En su criterio, el valor [a devolv\u00e9rsele ascend\u00eda a] $137.840.650,20\u00bb y la omisi\u00f3n de examinar los estados financieros de la empresa. Frente a ello, advirti\u00f3 la sala ad quem: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Aunque no existe una tarifa legal para demostrar los montos adeudados por la empresa a los socios demandados, no es menos cierto que las conclusiones m\u00e1s certeras deben producirse con base en los libros contables, cruce de cuentas que fue la utilizada por el perito. <\/p>\n
Pese a la estimaci\u00f3n hecha por los demandados, la Sala no encuentra soporte de su dicho, no hay probanza que desvirt\u00fae el concepto pericial, ni que sirva de respaldo a las cifras que presentan; sin que el mero dicho del recurrente se erija en s\u00f3lido medio de convicci\u00f3n que descarte el haz probatorio. <\/p>\n
Por el contrario, el trabajo del perito s\u00ed verific\u00f3 un an\u00e1lisis engranado de la informaci\u00f3n con base en los estados financieros\u2026, cruces de cuentas, de \u00e9l no se requiri\u00f3 concepto t\u00e9cnico sobre la imputaci\u00f3n de los abonos, causaci\u00f3n de intereses, formas de pago, etc., luego no ten\u00eda porque [sic] a ello referirse. Adem\u00e1s, los apartes del concepto del experto que ten\u00edan que ver con los c\u00e1lculos por este efectuados, se fundaron en el registro contable, as\u00ed lo manifest\u00f3, dejando constancia de que utiliz\u00f3 el Plan \u00danico de Cuentas (PUC), libros auxiliares de 2014 a 2017, libros de terceros, en general, la contabilidad de la compa\u00f1\u00eda. <\/p>\n
(\u2026) no es que los cuadros descriptivos usados en la sentencia hayan sido antojadizos, infundados o sin sustento; los mismos devienen de las conclusiones dadas por el experto contable, lo cual es evidente al comparar las cifras all\u00ed referidas, con las incluidas en la providencia. <\/p>\n
En efecto, v\u00e9ase que el a quo parti\u00f3 de la base que las sumas por concepto de mutuo fueron los ya descritos en el recuadro citado, a las que se restaron los valores efectivamente pagados por concepto de capital, conforme lo explic\u00f3 el perito (\u2026). <\/p>\n
Ahora, si bien el liquidador de la compa\u00f1\u00eda demandada present\u00f3 ante la Superintendencia de Sociedades Delegatura de Procesos en Liquidaci\u00f3n el proyecto de calificaci\u00f3n y graduaci\u00f3n de cr\u00e9ditos incluyendo los saldos insolutos prestados por los demandados a la empresa; tambi\u00e9n es cierto que el Juez de concurso resolvi\u00f3 que \u201cdichas acreencias han sido calificadas como cr\u00e9ditos litigiosos, toda vez que de la decisi\u00f3n que se tome en la Delegatura para procedimientos Mercantiles, Grupo de Jurisdicci\u00f3n Societaria II, depender\u00e1 si el cr\u00e9dito se vuelve cierto o si el cr\u00e9dito se rechaza y que el despacho carece de competencia para resolver el litigio en la cual est\u00e1n inmersas las actas de asamblea que determinaron los cr\u00e9ditos que se efectuaron a la sociedad.-De esta manera, de volverse ciertos los cr\u00e9ditos, el liquidador deber\u00e1 proceder a pagar con la provisi\u00f3n que debe constituir para el efecto. En caso de que la sentencia sea desfavorable, la provisi\u00f3n ser\u00e1 redistribuida entre los acreedores con saldos insolutos\u201d; as\u00ed se desprende de la respuesta que dio la Superintendencia a la acci\u00f3n de tutela promovida ante el Tribunal de Neiva por Lorena Trujillo. <\/p>\n
A\u00fan considerando la inclusi\u00f3n de los cr\u00e9ditos por determinados montos que se hiciera por el liquidador de la sociedad en el proyecto de calificaci\u00f3n y graduaci\u00f3n de cr\u00e9ditos, lo cierto es que se les calific\u00f3 con el car\u00e1cter de \u201clitigiosos\u201d y sometidos a las resultas de esta causa. <\/p>\n
De tal manera que, ese argumento no desvirt\u00faa la conclusi\u00f3n del a quo, quien erigi\u00f3 su determinaci\u00f3n en el concepto pericial, para el cual el experto utiliz\u00f3 todo el material contable que le fue facilitado para establecer los capitales adeudados en raz\u00f3n de los contratos de mutuo, unos intereses corrientes efectivamente pagados y, que no exist\u00edan saldos a favor del se\u00f1or Polan\u00eda como proveedor. <\/p>\n
No sobra resaltar que, el apelante apoderado de Fabi\u00e1n Ricardo Murcia N\u00fa\u00f1ez, de los herederos determinados de Segundo Herm\u00f3genes Murcia Buitrago y de Lorena Trujillo, manifest\u00f3 que los valores visibles en el estado financiero a corte de 31 de diciembre de 2017 y el elaborado a 31 de diciembre de 2018 da cuenta de las cifras reales adeudados a los acreedores que representa; sin embargo, esos estados financieros fueron engranados con toda la informaci\u00f3n financiera general que hab\u00eda en la compa\u00f1\u00eda y, compilada en el trabajo pericial (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
De acuerdo con lo que acaba de verse, es claro que la determinaci\u00f3n cuestionada contiene un criterio razonable, observ\u00e1ndose que las discrepancias planteadas en esta oportunidad por el accionante y su apoderado son incompatibles con la salvaguarda constitucional, pues lo que pretenden es hacer prevalecer su propia comprensi\u00f3n jur\u00eddica y hermen\u00e9utica, finalidad que resulta ajena a la acci\u00f3n de tutela habida cuenta que no puede ser utilizada como una instancia adicional a las consagradas en el ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
En el presente asunto, aun cuando se se\u00f1alan lo que, en sentir del querellante, son yerros en el ejercicio intelectivo de las pruebas, as\u00ed como en la sind\u00e9resis del asunto, lo que en realidad se hace es insistir en puntos que fueron estudiados y resueltos al interior del proceso con apoyo de los principios superiores de autonom\u00eda e independencia judicial. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no se evidencia la configuraci\u00f3n de alguna causal de procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra determinaciones judiciales pues la simple expresi\u00f3n de inconformidad con el sentido del pronunciamiento recriminado no es suficiente para habilitar la intervenci\u00f3n extraordinaria, frente a lo que ha sido enf\u00e1tica esta Sala al resaltar que, m\u00e1s all\u00e1: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) de que se comparta o no la hermen\u00e9utica del juzgador ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, pues para llegar a este estado se requiere que la determinaci\u00f3n judicial sea el resultado de una actuaci\u00f3n subjetiva y arbitraria del accionado, contraria a la normatividad jur\u00eddica aplicable y violatoria de los derechos fundamentales, circunstancias que no concurren en el asunto bajo an\u00e1lisis\u00bb (CSJ SC, sentencia de 5 abr. 2010, exp. 00006-01, reiterada el 12 mar. 2015, exp. STC2713). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Se negar\u00e1 el amparo porque la providencia cuestionada no constituye desafuero susceptible de correcci\u00f3n por esta v\u00eda y el demandante pretende desconocer la \u00f3rbita de competencia del juez constitucional, al buscar imponer su particular intelecci\u00f3n de las pruebas allegadas a la actuaci\u00f3n, sustituyendo a los funcionarios de instancia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo incoado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Notificada mediante anotaci\u00f3n en estado del d\u00eda siguiente. <\/p>\n
2\u0002 Recu\u00e9rdese que el fallo de primer grado fue impugnado por algunos de los demandados, entre ellos el ac\u00e1 gestor, y la parte demandante. <\/p>\n
3\u0002 Art. 23 de la Ley 222 de 1995 <\/p>\n
4\u0002 Art. 2.2.2.3.5. del Decretp 1074 de 2015 y arts. 898 y 899 del C\u00f3digo de Comercio. <\/p>\n
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STC4017-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC4017-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-01454-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintis\u00e9is de abril de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Fabi\u00e1n Ricardo Murcia […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[61],"tags":[],"class_list":["post-72664","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-abril-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/72664","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=72664"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/72664\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=72664"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=72664"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=72664"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}