STC4018-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC4018-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2023-00441-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de veintis\u00e9is de abril de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 14 de marzo de 20231, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Isabel Torres Guar\u00edn contra la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia y Positiva Compa\u00f1\u00eda de Seguros S.A., tr\u00e1mite al cual fueron vinculados la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 y el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de esa ciudad, as\u00ed como las partes e intervinientes en el ordinario laboral n.\u00ba 2014-00528. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La solicitante, obrando en nombre propio, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales a la igualdad, \u00abprotecci\u00f3n a la familia constituida por v\u00ednculos naturales (\u2026) seguridad social, protecci\u00f3n a la ancianidad (\u2026) m\u00ednimo vital y m\u00f3vil, favorabilidad en materia laboral (\u2026) salud en conexidad con la vida (\u2026) y dignidad humana\u00bb, presuntamente vulnerados por las enjuiciadas. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expuso que promovi\u00f3 ordinario laboral contra Positiva Compa\u00f1\u00eda de Seguros S.A., en procura de que se le reconociera la pensi\u00f3n de sobrevivientes con ocasi\u00f3n del deceso de su \u00abesposo PEDRO BOHORQUEZ PRADA\u00bb, cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Ibagu\u00e9, quien otorg\u00f3 la aludida prestaci\u00f3n \u00aba partir del 05 de julio de 2013, teniendo en cuenta que no opero (sic) el fen\u00f3meno de la prescripci\u00f3n de la reclamaci\u00f3n de la pensi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Asegur\u00f3 que, en virtud de la apelaci\u00f3n propuesta por la all\u00ed demandada, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de esa ciudad, en providencia del 27 de junio de 2019, confirm\u00f3 lo dispuesto en primera instancia, raz\u00f3n por la cual, la entidad aseguradora recurri\u00f3 en sede extraordinaria2. <\/p>\n
Sostuvo que \u00ab[a]l ver que no se resolv\u00eda el recurso decid[i\u00f3] enviar el d\u00eda 13 de mayo de 2022 derecho de petici\u00f3n a la corte suprema de justicia (sic)\u00bb, el cual fue resuelto mediante \u00aboficio OSSCL No 28119 de fecha 20 de mayo de 2022\u00bb en el cual le informaron que \u00ablas (sic) procesos en la sala de casaci\u00f3n laboral se deciden de conformidad con el orden de prelaci\u00f3n de turnos (\u2026) [y] el asunto de la referencia ingres\u00f3 al despacho para decidir el recurso extraordinario el d\u00eda 18 de marzo de 2021\u00bb. <\/p>\n
Destac\u00f3 que, a la fecha de presentaci\u00f3n de la salvaguarda, no \u00abha habido pronunciamiento sobre la decisi\u00f3n del recurso\u00bb y que, \u00abdada la demora del proceso ordinario, [se ve] en la necesidad de acudir a la acci\u00f3n de tutela, en raz\u00f3n de [su] edad, (\u2026) condici\u00f3n de vida que es dependiendo de un hijo. (\u2026) han transcurrido 10 diez a\u00f1os desde el fallecimiento de [su] esposo y no ha sido posible el reconocimiento de [la] pensi\u00f3n sobreviviente a la espera de la decisi\u00f3n de la corte suprema de justicia (sic), que han transcurrido 4 a\u00f1os aproximadamente\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende, que se ordene: (i) a la Corporaci\u00f3n encartada proferir \u00absentencia [favorable] acogiendo el fallo de primera instancia (\u2026) y la confirmaci\u00f3n de segunda instancia\u00bb y atendiendo el precedente \u00abadoptado por la Corte Constitucional, en el sentido de la Ley 100 de 1993, modificado por el art\u00edculo 12 y 13 de la Ley 797 de 2003 que, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 46\u00bb; y, (ii) a Positiva Compa\u00f1\u00eda de Seguros S.A. incluir a la promotora en \u00abla n\u00f3mina de pensionados y se [realice la] afiliaci\u00f3n a seguridad social\u00bb y cancelar los \u00abvalores adeudados desde el d\u00eda 05 de julio de 2013\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LAS ACCIONADAS Y VINCULADOS <\/p>\n
Seguidamente refiri\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab[E]l proceso objeto de queja, ingres\u00f3 al despacho el 6 de junio de 2021, para resolver de fondo el recurso extraordinario de casaci\u00f3n formulado por la ARL Positiva. <\/p>\n
(\u2026) el 20 de mayo de 2022, la Secretar\u00eda de la Sala dio respuesta al derecho de petici\u00f3n que present\u00f3 el 17 de mayo del mismo a\u00f1o, en el que solicit\u00f3 \u00abrespuesta a mi proceso\u00bb, oportunidad en la que se le inform\u00f3 que los procesos se resuelven conforme al orden y prelaci\u00f3n de turnos, conforme a lo establecido en el art\u00edculo 63\u00aa de la Ley 270 de 1996, modificado por el canon 16 de la Ley 1285 de 2009, en armon\u00eda con el 115 de la Ley 1395. <\/p>\n
(\u2026) con esa solicitud la quejosa no aport\u00f3 prueba siquiera sumaria que justificara la posibilidad de estudio preferente de su caso; en esa medida, no hay lugar a emitir anticipadamente la decisi\u00f3n que la actora pretende a trav\u00e9s de este mecanismo excepcional, pues ello implicar\u00eda desconocer las garant\u00edas de las dem\u00e1s personas que al igual que ella est\u00e1n a la espera de que sus asuntos sean definidos\u00bb. <\/p>\n
2. Positiva Compa\u00f1\u00eda de Seguros S.A., arguy\u00f3 que \u00abanalizada la tutela se evidencia que, est\u00e1 encaminada a que se ordene a la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia adopte una decisi\u00f3n conforme a los intereses de la accionante situaci\u00f3n que hace improcedente la (\u2026) tutela por omisi\u00f3n del requisito de subsidiariedad toda vez que, actualmente se encuentra en curso el proceso ordinario laboral en el cual se decidir\u00e1 con el recurso extraordinario de casaci\u00f3n la procedencia del reconocimiento pensional de la accionante\u00bb. <\/p>\n
3. La Juez Cuarta Laboral del Circuito de Ibagu\u00e9 realiz\u00f3 un recuento de lo sucedido en el juicio. <\/p>\n
4. Quien adujo representar a la sociedad Transportes R\u00e1pido Tolima S.A. expuso que no tienen \u00abconocimiento del proceso\u00bb <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Deneg\u00f3 el amparo al advertir que \u00abdesde la asignaci\u00f3n del proceso a la autoridad accionada se adelant\u00f3 el tr\u00e1mite correspondiente y si bien desde el 18 de marzo de 2021, ingres\u00f3 al despacho para fallo, lo cierto es que no se puede afirmar que dicha tardanza sea imputable a la omisi\u00f3n en el cumplimiento de alguna de las funciones del Magistrado ponente que estuvo en su momento a cargo de la actuaci\u00f3n, pues seg\u00fan inform\u00f3 el Presidente, el despacho esta con \u00abausencia definitiva del magistrado sustanciador\u00bb. Tambi\u00e9n anot\u00f3 que \u00abla accionante no ha solicitado la prelaci\u00f3n, ni acreditado que se encuentra en una situaci\u00f3n especial que permita adelantar el estudio del caso\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impetr\u00f3 la reclamante para insistir en su pretensi\u00f3n, resaltando que \u00absi la rama judicial decide en x tiempo no nombrar un magistrado sustanciador pasaran a\u00f1os como ya viene sucediendo con [su] caso concretamente, sin que se resuelva el recurso y (\u2026) en esas condiciones est\u00e1n cientos de ciudadanos, que en este caso no esta[n] sometidos a un turno, si no a que la administraci\u00f3n de justicia designe un magistrado para ese cargo\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la Corporaci\u00f3n enjuiciada incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el ordinario laboral promovido por la gestora (rad. n.\u00ba 86.348), por cuanto no ha fallado el recurso de casaci\u00f3n que se formul\u00f3 en contra de la sentencia del tribunal ad quem, a pesar de haber sido ingresado desde el 2021. <\/p>\n
2. Sobre la mora judicial. <\/p>\n
2.1. Es innegable la relaci\u00f3n que existe entre el acceso a la justicia y el ejercicio oportuno de la funci\u00f3n judicial. La tardanza de los funcionarios encargados de dirimir derechos sustanciales en disputa pone en entredicho el contenido mismo de esos derechos, y por lo mismo, compromete la realizaci\u00f3n de los valores y principios de convivencia que defiende y promueve el Estado Social de Derecho a trav\u00e9s del poder jurisdiccional. <\/p>\n
Ahora bien, definir cu\u00e1l es el t\u00e9rmino adecuado para que una actuaci\u00f3n judicial se lleve a cabo es una tarea delegada al legislador, quien, con mayor o menor abstracci\u00f3n, ha fijado t\u00e9rminos perentorios para decidir ciertas solicitudes, o cuando menos para emitir el fallo que definir\u00e1 la disputa. En consecuencia, para establecer si se presenta un evento de mora judicial, basta con verificar una variable objetiva: el vencimiento del t\u00e9rmino legal para realizar la actuaci\u00f3n pendiente. <\/p>\n
2.2. Sin embargo, no cualquier situaci\u00f3n de mora compromete los derechos fundamentales de las partes, ni habilita la intervenci\u00f3n de los jueces constitucionales, ya que debido a que la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia no cuenta con recursos ilimitados, es posible \u2013especialmente en un pa\u00eds en transici\u00f3n hacia el pleno desarrollo\u2013 que el presupuesto de la jurisdicci\u00f3n sea insuficiente para crear tantas sedes judiciales como se requieran para atender las crecientes necesidades de justicia de toda la sociedad. Y, por esa v\u00eda, tambi\u00e9n puede ocurrir que, a pesar de imprimir en ello todos los esfuerzos que razonablemente caben exigir a un ser humano, el fallador tampoco pueda evacuar a tiempo toda la carga que tiene asignada. <\/p>\n
2.3. Estas situaciones, por supuesto, se deben entender excepcionales, y ha de procurarse con celo que no se conviertan en la regla, como ocurrir\u00eda si se toleran excusas infundadas para no realizar a tiempo las tareas que le competen a cada juez o magistrado, como directores de los procesos a su cargo. Pero, si analizadas las circunstancias, se evidencia que la mora tiene explicaci\u00f3n justificada, la tutela no puede abrirse paso, tal como lo tiene decantado el precedente constitucional consolidado, que, sobre el particular, explica: <\/p>\n
\u00ab(…) el derecho al debido proceso supone el cumplimiento de t\u00e9rminos judiciales no como un fin en s\u00ed mismo, sino como medio para \u201casegurar que, a trav\u00e9s de su observancia, resulten eficazmente protegidos los derechos de los gobernados, muy especialmente el que tienen todas las personas en cuanto a la obtenci\u00f3n de pronta y cumplida justicia\u201d. Por ende, quien adelanta cualquier actuaci\u00f3n judicial dentro de los t\u00e9rminos previstos, ostenta el derecho a que se le resuelva del mismo modo, dentro del tiempo consagrado para ello, pues de no ser as\u00ed se desconocer\u00edan sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administraci\u00f3n de justicia, \u201ccomoquiera que no se brinda una respuesta oportuna frente a las pretensiones invocadas en su momento y se torna ilusoria la realizaci\u00f3n efectiva de la justicia material en el caso concreto\u201d. <\/p>\n
Al respecto, la Corte Constitucional ha reconocido que existen fen\u00f3menos como la mora, la congesti\u00f3n y el atraso judiciales, que afectan estructuralmente la administraci\u00f3n de justicia, por lo que en ciertos casos el incumplimiento de t\u00e9rminos procesales no es directamente imputable a los funcionarios judiciales, m\u00e1s si se tienen en cuenta la complejidad de los casos que pueden derivar en la pr\u00e1ctica de pruebas, el cumplimiento de tr\u00e1mites, lo que deriva en el aumento del tiempo previsto por el legislador para la el agotamiento de las etapas o la totalidad del proceso. <\/p>\n
Es por esta raz\u00f3n que la jurisprudencia constitucional ha determinado criterios para establecer si la mora en la decisi\u00f3n de las autoridades judiciales es justificada o injustificada. Al respecto (…) en la decisi\u00f3n SU-333 de 2020, la Sala Plena de esta Corporaci\u00f3n reiter\u00f3 el precedente jurisprudencial respecto de la mora judicial y la configuraci\u00f3n de una violaci\u00f3n a los derechos fundamentales del debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia. En ella se unificaron las siguientes reglas jurisprudenciales: (…) En caso de omisi\u00f3n de respuesta, se incurre en una vulneraci\u00f3n del derecho al debido proceso y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, salvo que la dilaci\u00f3n est\u00e9 v\u00e1lidamente justificada. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con estas omisiones judiciales, la acci\u00f3n de tutela resulta formalmente procedente cuando (i) no se cuenta con un mecanismo judicial ordinario para impulsar el proceso (como consecuencia de un estado de indefensi\u00f3n, entre otras razones); (ii) el ciudadano se ha comportado activamente y ha impulsado el avance del proceso, y (iii) la omisi\u00f3n judicial no se debe a conductas dilatorias, o no es atribuible al incumplimiento de cargas procesales. <\/p>\n
Se presenta una mora judicial injustificada si: (i) es fruto de un incumplimiento de los t\u00e9rminos se\u00f1alados en la ley para adelantar alguna actuaci\u00f3n judicial; (ii) no existe un motivo razonable que justifique dicha demora, como lo es la congesti\u00f3n judicial o el volumen de trabajo, y (iii) la tardanza es imputable a la omisi\u00f3n en el cumplimiento de las funciones por parte de una autoridad judicial\u00bb (CC, SU-453 de 2020). <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
3.1. Revisadas las diligencias, advierte la Corte que la inobservancia del plazo prudencial por parte de la Corporaci\u00f3n encartada, para fallar el recurso de casaci\u00f3n formulado por Positiva Compa\u00f1\u00eda de Seguros S.A. \u2013all\u00ed demandada\u2013, respecto de la determinaci\u00f3n del tribunal que confirm\u00f3 la concesi\u00f3n de la pensi\u00f3n de sobrevivientes a Isabel Torres Guar\u00edn, no es resultado de una probada apat\u00eda o arbitrariedad, sino consecuencia de razones objetivas que, en principio, justifican la dilaci\u00f3n denunciada. <\/p>\n
En efecto, la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia inform\u00f3 en su contestaci\u00f3n \u00abla ausencia definitiva del magistrado sustanciador de la providencia que se cuestiona a trav\u00e9s de la presente acci\u00f3n constitucional\u00bb. Adicional a ello, se constat\u00f3 que la titularidad del referido despacho la detentaba el magistrado Jorge Luis Quiroz Alem\u00e1n (q.e.p.d.), quien falleci\u00f3 el 30 de enero de 2022. <\/p>\n
De manera que, como lo sent\u00f3 el a quo constitucional, no podr\u00eda en este caso endilgarse un comportamiento flagrantemente omisivo o desidioso de la colegiatura accionada, por tratarse de una dilaci\u00f3n que obedece, se itera, a circunstancias objetivas de insoslayable consideraci\u00f3n. <\/p>\n
En ese sentido, debe recordarse que este instrumento excepcional se viabiliza ante una queja de esta naturaleza siempre y cuando se acredite que la falta de resoluci\u00f3n que se denuncia ha tenido su origen en la negligencia de la autoridad censurada, pues el simple paso del tiempo, analizado en forma aislada, no se erige, objetivamente, como raz\u00f3n suficiente para que se estructure la morosidad se\u00f1alada. <\/p>\n
3.2. Finalmente, es necesario que se verifique que con la mora se genere un perjuicio irremediable que haga ineludible la protecci\u00f3n, raz\u00f3n por la cual el amparo transitorio estar\u00eda supeditado igualmente a que se halle probada la actitud omisiva por parte de la querellada, la cual, al no estar acreditada en el sub-lite, hace inviable la intervenci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
Al respecto, la Sala ha resaltado que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) no es posible recurrir al amparo sin acreditar un perjuicio irremediable que autorice su utilizaci\u00f3n de manera transitoria, y en el caso, la accionante no demostr\u00f3 un da\u00f1o \u00abgrave e inminente, no meramente eventual, que s\u00f3lo pueda conjurarse con las medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb, de ah\u00ed que no sea evidente un menoscabo tal que habilite al tutelante para ejercer el mecanismo excepcional\u00bb (CSJ. STC 14 dic. 2011, reiterada en STC1806 de feb. 18 de 2016). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Conforme a lo expuesto, no puede atribuirse una actitud ap\u00e1tica o negligente por parte de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n, dado que, como se evidenci\u00f3 en estas diligencias, el retraso en la resoluci\u00f3n del recurso extraordinario se explica a partir de una circunstancia justificativa, como lo es que, el despacho que tiene a cargo el asunto se encuentra ac\u00e9falo; de suerte que no resulta viable proveer el auxilio en los t\u00e9rminos reclamados. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 El expediente ingres\u00f3 a este despacho el pasado 11 de abril de 2023, de conformidad con la informaci\u00f3n consignada en el acta de reparto. <\/p>\n
2\u0002 El recurso de casaci\u00f3n fue admitido el 6 de noviembre de 2019 y calificado el 19 de febrero de 2020, de conformidad con el portal web de la Rama Judicial. <\/p>\n
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