STC4021-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC4021-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 25000-22-13-000-2023-00141-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintis\u00e9is de abril de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca el 24 de marzo de 2023 que neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Nelson Enrique Vargas Andrade contra los Juzgados Segundo Civil Municipal de Ch\u00eda y Primero Civil del Circuito de Zipaquir\u00e1, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto 2021-00163. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, actuando a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y \u00abdefensa\u00bb, presuntamente vulnerados por las autoridades enjuiciadas. <\/p>\n
2. Del escrito introductor y los medios de prueba recopilados, se extractan los siguientes hechos jur\u00eddicamente relevantes: <\/p>\n
Nelson Enrique Vargas Andrade y otros, promovieron declarativo de pertenencia respecto del predio \u00abdenominado COSTA CHICA\u00bb, cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado Segundo Civil Municipal de Ch\u00eda, quien, inadmiti\u00f3 dicha causa y posteriormente, en auto del 9 de febrero de 2022 la rechaz\u00f3, en tanto advirti\u00f3 que \u00abno se alleg\u00f3 el certificado de aval\u00fao catastral del inmueble objeto del proceso correspondiente al a\u00f1o 2021, necesario para determinar la cuant\u00eda del asunto\u00bb. <\/p>\n
Respecto de la anterior determinaci\u00f3n, el gestor interpuso reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n, sin embargo, el cognoscente mantuvo la decisi\u00f3n, puesto que \u00abla parte demandante no asumi\u00f3 su carga de aportar documento alguno que contenga el avalu\u00f3 catastral del bien inmueble (\u2026) pues, los aducidos por el recurrente carecen de tal informaci\u00f3n\u00bb y concedi\u00f3 el remedio vertical. <\/p>\n
Seguidamente, en prove\u00eddo del 15 de diciembre de 2022, el estrado Primero Civil del Circuito de Zipaquir\u00e1 declar\u00f3 inadmisible la alzada, pues consider\u00f3 que \u00aben este asunto se determin\u00f3 la cuant\u00eda por la suma de $4\u2019370.000,oo1 M\/Cte., lo que [lo] convierte (\u2026) en uno de m\u00ednima cuant\u00eda y, por consiguiente, de \u00fanica instancia\u00bb. <\/p>\n
Expuso el promotor que \u00ab[el certificado del Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi] dice que [Arturo Rodr\u00edguez Cagua] no aparece inscrito, [no obstante], la Alcald\u00eda si le cobra impuestos y conforme a una c\u00e9dula asignada por Catastro donde aparece como propietario ARTURO RODR\u00cdGUEZ CAGUA\u00bb <\/p>\n
Agreg\u00f3 que \u00abcontando el Juez con todos los poderes oficiosos, debi\u00f3 admitir la demanda y ordenarle a Catastro en raz\u00f3n de que el predio tiene c\u00e9dula catastral que expediera [el aval\u00fao]\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia, pretende que: (i) se dejen sin efectos \u00ablas providencias dictadas el 9 de julio de 2021 y 9 de febrero de 2022 por el Juzgado Segundo (2) Civil Municipal de Ch\u00eda y el auto del 15 de diciembre de 2022 por el Juzgado Primero (1) Civil del Circuito de Zipaquir\u00e1\u00bb; y, (ii) se admita el \u00abVERBAL DE PERTENENCIA\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. El estrado Primero Civil del Circuito de Zipaquir\u00e1 refiri\u00f3 que \u00abel auto proferido en el asunto en comento est\u00e1 debidamente fundada en criterios objetivos, que atienden la ley sustancial y procesal, sin que se evidencien las falencias que acusa el petente, por lo que, el simple desacuerdo con aquella no la convierte en vulneradora de los derechos fundamentales que ahora se reclaman\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El despacho Segundo Civil Municipal de Ch\u00eda realiz\u00f3 un recuento de lo sucedido en el asunto confutado y precis\u00f3 que \u00aben la factura de impuesto predial no est\u00e1 identificado el inmueble objeto del proceso, por consiguiente, no se tiene certeza de que el aval\u00fao que all\u00ed registra corresponda a aquel, ya que s\u00f3lo indica que la direcci\u00f3n del predio es \u201cLote\u201d, identificado con el n\u00famero de c\u00e9dula catastral No. 000000040356000 (\u2026), el cual no se evidencia en alguna de las otras documentales adosadas con la demanda o la subsanaci\u00f3n, de tal manera que se establezca que dicho n\u00famero catastral corresponde al inmueble identificado con el folio de matr\u00edcula inmobiliaria 50N-20320026 denominado \u2018Costa Chica\u2019, pues, incluso, los certificados de tradici\u00f3n y el especial para procesos de pertenencia omiten el n\u00famero de c\u00e9dula o c\u00f3digo catastral\u00bb. <\/p>\n
Tambi\u00e9n anot\u00f3 que \u00ablas cuestiones susceptibles de ser debatidas durante el curso de un proceso no pueden ser extra\u00eddas, con el auxilio de la acci\u00f3n de tutela, del conocimiento de los funcionarios a quienes se ha dotado de jurisdicci\u00f3n y competencia para decidirlas\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
El tribunal a-quo neg\u00f3 el resguardo arguyendo que \u00abbien pod\u00eda el juzgador, en un proceder totalmente razonable, exigirle, con el apremio del rechazo, que aportara un documento en el que conste el aval\u00fao catastral del inmueble\u00bb. <\/p>\n
Respecto del auto que declar\u00f3 inadmisible la alzada propuesta por el querellante, resalt\u00f3 que \u00abese prove\u00eddo pas\u00f3 sin objeciones de la parte, naturalmente que eso, en la perspectiva que brinda esta acci\u00f3n de amparo, se torna suficiente para desestimar la tutela\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impetr\u00f3 el apoderado del recurrente para insistir en los motivos de su pretensi\u00f3n y resalt\u00f3 que \u00ab[l]a sentencia (\u20269 dice que (\u2026) el recibo del impuesto predial que tiene o figura la c\u00e9dula catastral, pero que el Certificado de Tradici\u00f3n No 50N-20320026 no alude a ella, cuando aport[\u00f3] copia de la escritura p\u00fablica No 116 del 3 de marzo de la Notar\u00eda de Ch\u00eda que aparece en la anotaci\u00f3n No 001 del 5 de septiembre de 1957 donde figura ARTURO RODR\u00cdGUEZ CAGUA como propietario 1957 donde aparece dicha c\u00e9dula con el No 00-00-004-0356-000 al lado del sello de catastro que identifica el lote con el No 1416 con fecha enero 16 de 1958, lo cual desconoce el Tribunal\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, preliminarmente, si la presente salvaguarda satisface el presupuesto de la subsidiariedad; y, de superarse lo anterior, si el estrado Primero Civil del Circuito de Zipaquir\u00e1 vulner\u00f3 las garant\u00edas fundamentales del gestor, por cuanto, declar\u00f3 inadmisible el recurso de apelaci\u00f3n propuesto por el actor, respecto del prove\u00eddo del Juzgado Segundo Civil Municipal de Ch\u00eda que rechaz\u00f3 la demanda, en la pertenencia rad. n.\u00b0 2021-00163. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales y de los presupuestos gen\u00e9ricos de procedibilidad. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corte, se ha dicho y reiterado que el resguardo no procede contra esta clase de actuaciones, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica, al juez constitucional, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Asimismo, la Corte Constitucional ha establecido los requisitos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse para la intervenci\u00f3n del juez excepcional con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. Enlista como tales: <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
3.1. De la revisi\u00f3n realizada a los argumentos de la queja constitucional y a la informaci\u00f3n que se extracta de las pertinentes piezas procesales, la Sala ratificar\u00e1 el fallo de primer grado, comoquiera que deviene improcedente al no satisfacer el esencial presupuesto general de la subsidiariedad en la modalidad de incuria, como pasa a explicarse. <\/p>\n
En efecto, el convocante censura la determinaci\u00f3n que rechaz\u00f3 la demanda de pertenencia (rad. n.\u00b0 2021-00163), resoluci\u00f3n respecto de la cual interpuso el remedio vertical, sin embargo, el mismo, fue declarado inadmisible por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Zipaquir\u00e1; decisi\u00f3n que no fue refutada a trav\u00e9s del recurso ordinario de reposici\u00f3n, el cual, se mostraba id\u00f3neo para controvertir la situaci\u00f3n tra\u00edda en sede excepcional. <\/p>\n
Esto, por cuanto el uso racional de la presente acci\u00f3n, conforme a la naturaleza jur\u00eddica prevista en el canon 86 de la Constituci\u00f3n y el Decreto 2591 de 1991, se reserva para los casos en que el ciudadano carece de otros instrumentos de protecci\u00f3n de sus prerrogativas superiores. <\/p>\n
Al respecto, la jurisprudencia constitucional precis\u00f3 que la tutela \u00abno ha sido consagrada para provocar la iniciaci\u00f3n de procesos alternativos o sustitutivos de los ordinarios, o especiales, ni para modificar las reglas que fijan los diversos \u00e1mbitos de competencia de los jueces, ni para crear instancias adicionales a las existentes, ni para otorgar a los litigantes la opci\u00f3n de rescatar pleitos ya perdidos, sino que tiene el prop\u00f3sito claro y definido, estricto y espec\u00edfico, que el propio art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n indica, que no es otro diferente de brindar a la persona protecci\u00f3n inmediata y subsidiaria para asegurarle el respeto efectivo de los derechos fundamentales que la Carta le reconoce\u00bb (CC T-01\/92). <\/p>\n
A tono con ello, que \u00ab[q]uien no ha hecho uso oportuno y adecuado de los medios procesales que la ley le ofrece para obtener el reconocimiento de sus derechos o prerrogativas se abandona voluntariamente a las consecuencias de los fallos que le son adversos. De su conducta omisiva no es responsable el Estado ni puede admitirse que la firmeza de los prove\u00eddos sobre los cuales el interesado no ejerci\u00f3 recurso constituya transgresi\u00f3n u ofensa a unos derechos que, pudiendo, no hizo valer en ocasi\u00f3n propicia. Es in\u00fatil, por tanto, apelar a la tutela, cual, si se tratara de una instancia nueva y extraordinaria, con el prop\u00f3sito de resarcir los da\u00f1os causados por su propio descuido procesal\u00bb (CC T-520\/92). <\/p>\n
Conforme a lo descrito, la desidia en la interposici\u00f3n del remedio que proced\u00eda contra la determinaci\u00f3n del 15 de diciembre de 2022, inviabiliza la salvaguarda, porque cuando esta se invoca sin haber acudido a la autoridad competente para poner de presente su reproche, o cuando no se avizora justificaci\u00f3n para que hubiese dejado de utilizar, o se hace de manera defectuosa o incompleta, la parte accionante queda sujeta a las consecuencias de la decisi\u00f3n que le result\u00f3 adversa, en raz\u00f3n a su propia incuria. <\/p>\n
En cuanto al escenario adecuado para debatir asuntos propios del litigio ordinario, esta Sala ha reiterado que: <\/p>\n
\u00aben trat\u00e1ndose de instrumentos dirigidos a la preservaci\u00f3n de los derechos, el medio judicial de protecci\u00f3n es, por excelencia, el proceso y, por lo tanto, a nadie le es dable quejarse por la hipot\u00e9tica vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales, si goz\u00f3 y a\u00fan cuenta con la oportunidad de controvertir las [resoluciones] de las que hoy discrepa (\u2026). Por lo dem\u00e1s, es palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente (\u2026) para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso, pues, reit\u00e9rase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley (\u2026)\u00bb (CSJ STC, 22 feb. 2010, rad. 00312-01, citada en STC425-2023, 25 ene., rad. 2022-01290-01, entre otras). <\/p>\n
Y sobre la aptitud del recurso horizontal, ha sostenido: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) no se diga que el recurso de reposici\u00f3n es ineficaz porque el funcionario que emiti\u00f3 el prove\u00eddo recurrido es quien lo resuelve, ya que de aceptarse tal aserto lo que se pondr\u00eda en entredicho ser\u00eda la idoneidad y utilidad de dicho medio impugnativo, supuestamente porque la autoridad judicial, en principio, no variar\u00eda su decisi\u00f3n, razonamiento que la Corte considera deleznable, si se tiene en cuenta que lo que anim\u00f3 al legislador para instituirlo como mecanismo de defensa fue el de brindarle al juez de conocimiento una oportunidad adicional para que revise su determinaci\u00f3n y, si hubiere lugar a ello, que la enmiende, prop\u00f3sito que, aparte de acompasar con los principios de econom\u00eda y celeridad procesal, asegura desde un comienzo el derecho de contradicci\u00f3n de los sujetos intervinientes, especialmente en asuntos que se tramitan en \u00fanica instancia\u00bb (CSJ STC, 20 feb. 2014, exp. 00201-00, citada, entre otras, en STC16627-2022, 14 dic., rad. 01210-01). <\/p>\n
3.2. Por lo dem\u00e1s, en el caso sub j\u00fadice tampoco procede la protecci\u00f3n transitoria, porque aunado a la ausencia de reparo sobre la idoneidad del medio ordinario de defensa que el quejoso desaprovech\u00f3, no prob\u00f3 la existencia de perjuicio irremediable, en particular, que el da\u00f1o \u00abrevista cierta gravedad e inminencia m\u00e1s all\u00e1 de lo puramente eventual, y que s\u00f3lo pueda evitarse con medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb (CSJ STC, 1\u00ba sep. 2011, exp. 00194-01). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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STC4021-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC4021-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 25000-22-13-000-2023-00141-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintis\u00e9is de abril de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[61],"tags":[],"class_list":["post-72668","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-abril-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/72668","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=72668"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/72668\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=72668"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=72668"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=72668"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}