STC4022-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC4022-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 52001-22-13-000-2023-00030-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintis\u00e9is de abril de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pasto el pasado 21 de marzo, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Yeimi Viviana Pinto Buitr\u00f3n contra el Juzgado Promiscuo del Circuito de La Cruz, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Promiscuo Municipal de San Pablo y las partes e intervinientes dentro del ejecutivo 2020-00001. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La demandante, a trav\u00e9s de apoderado, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y defensa. <\/p>\n
2. Relat\u00f3 que Fernando Morales Salas promovi\u00f3 en su contra el recaudo referido precedentemente, cuyo t\u00edtulo base fue \u00abuna letra de cambi\u00f3 por valor de cien millones de pesos M\/cte\u00bb. <\/p>\n
Dijo que el conocimiento de esa actuaci\u00f3n correspondi\u00f3 al Juzgado Promiscuo Municipal de San Pablo, despacho que libr\u00f3 mandamiento de pago el 17 de enero de 2020, frente al cual interpuso recurso de reposici\u00f3n aduciendo que \u00abel t\u00edtulo valor origen del proceso, naci\u00f3 a la vida jur\u00eddica dentro de la vigencia de la uni\u00f3n marital de hecho conformada [con]\u2026 Morales Salas, y por lo tanto la pretendida obligaci\u00f3n, pertenece a la sociedad patrimonial; una universalidad donde son partes el acreedor y la deudora; por tanto se presenta la figura jur\u00eddica de la confusi\u00f3n\u2026 como medio de extinci\u00f3n de la obligaci\u00f3n, ya que el cr\u00e9dito y la deuda han pasado a conformar parte del mismo patrimonio\u00bb, de all\u00ed que \u00abel asunto no [sea] de competencia de la jurisdicci\u00f3n ordinaria civil, y debe ser resuelto por un juez de familia\u00bb. <\/p>\n
Indic\u00f3 que, resuelto desfavorablemente el medio defensivo, el tr\u00e1mite prosigui\u00f3 su curso profiri\u00e9ndose fallo desestimatorio en audiencia de 25 de marzo de 2022 al encontrarse acreditada la excepci\u00f3n de m\u00e9rito consistente en \u00abafectaci\u00f3n de la literalidad en el t\u00edtulo valor por las particularidades del negocio subyacente\u00bb. <\/p>\n
Adujo que, en dicha oportunidad, el apoderado de su contraparte formul\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n y procedi\u00f3 a presentar los reparos concretos sobre los que versar\u00eda la posterior sustentaci\u00f3n de la alzada, los cuales \u00abse orienta[ron] a manifestar que la parte demandante en su concepto, ten\u00eda dos formas de exigir el pago del t\u00edtulo valor en estudio; uno a trav\u00e9s de la liquidaci\u00f3n de la sociedad (sic) conyugal dentro de un proceso de liquidaci\u00f3n adicional ante la el Juez de Familia; dos a trav\u00e9s de un proceso ejecutivo ante los juzgados civiles\u00bb. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que la actuaci\u00f3n fue remitida al Juzgado Promiscuo del Circuito de La Cruz, admiti\u00e9ndose el recurso con auto de \u00ab8 de julio de 2020\u00bb en el que, adem\u00e1s, se corri\u00f3 el traslado de que trata el art\u00edculo 12 de la Ley 2213 de 2022, dentro del cual el impugnante \u00aballeg\u00f3 v\u00eda correo electr\u00f3nico la sustentaci\u00f3n\u00bb del mismo; sin embargo, agreg\u00f3, \u00aben el escrito de sustentaci\u00f3n\u2026 el apelante cambia radicalmente los motivos de disenso con el fallo impugnado\u00bb; en tal sentido, advirti\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) una cosa es reparar indicando que el demandante ten\u00eda dos v\u00edas para tramitar el cobro del t\u00edtulo valor objeto del presente litigio, y otra muy diferente, atacar la falta de claridad en lo referente al deudor de la aplicaci\u00f3n, desatendiendo los preceptos contenidos en los art\u00edculo 322 y 327 del C\u00f3digo General del Proceso [sic]\u00bb. <\/p>\n
Inform\u00f3 que, mediante sentencia de \u00ab19 de diciembre de 20221\u00bb el juzgado de segundo grado revoc\u00f3 la de primera instancia para, en su lugar, declarar no probadas las excepciones propuestas, ordenando seguir adelante con la ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
3. En criterio de la gestora, \u00abla providencia emitida por el ad quem adolece de varios defectos de car\u00e1cter sustancial y procedimental\u00bb por cuanto desatiende los art\u00edculos 320, 327 y 328 del C\u00f3digo General del Proceso en la medida que \u00abel juez de segunda instancia\u2026 solo puede pronunciarse sobre los reparos presentados por el apelante en el momento de interponer el recurso ante el juez de primera instancia [y] no le est\u00e1 permitido pronunciarse o argumentar situaciones diferentes\u2026\u00bb. Frente a ello, resalt\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la autoridad de segunda instancia incurre en\u2026 defecto procedimental absoluto, ya que, como fundamento de su teor\u00eda, argumenta una situaci\u00f3n que no fue propuesta como reparo al fallo de primera instancia por el apelante dentro de la oportunidad procesal; desbordando su competencia y lo hace de manera caprichosa, con pleno conocimiento de sus alcances (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
4. Solicit\u00f3 en consecuencia, \u00abrevocar el fallo de segunda instancia\u2026 y\u2026 confirmar el fallo de primera instancia [sic]\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTAS DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
El titular del juzgado querellado resalt\u00f3 que \u00aben el tr\u00e1mite del recurso de apelaci\u00f3n se tuvo en cuenta los reparos planteados por pasiva y la sustentaci\u00f3n que se hiciera del recurso de alzada dentro del t\u00e9rmino legal. Mismos que coincid\u00edan en afirmar, seg\u00fan el apelante, que no exist\u00eda duda en cuanto al deudor de la obligaci\u00f3n y que se trataba de una obligaci\u00f3n de tipo personal de la se\u00f1ora Pinto Buitr\u00f3n, la cual era objeto del proceso ejecutivo\u00bb. <\/p>\n
En tal medida, solicit\u00f3 desestimar el ruego pues \u00abla decisi\u00f3n de segunda instancia se dict\u00f3 conforme a derecho y teniendo en cuenta la normatividad vigente sobre la materia, adem\u00e1s de haber hecho una valoraci\u00f3n exhaustiva del material probatorio obrante en el proceso\u00bb, de all\u00ed que no adolezca de los defectos atribuidos por la quejosa. <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
El Tribunal Superior de Pasto concedi\u00f3 la salvaguarda dejando sin efectos lo resuelto por la c\u00e9lula judicial accionada, dado que \u00abno dirimi\u00f3 en debida forma la apelaci\u00f3n presentada pues a la luz de las inconformidades planteadas, omiti\u00f3 efectuar el an\u00e1lisis arriba planteado, en tanto la sustentaci\u00f3n de una determinada apelaci\u00f3n se ve limitada a desarrollar los reparos concretos que se expusieron ante el sentenciador de primera instancia al formular el recurso, sin que le sea permitido introducir nuevos reproches\u00bb.. <\/p>\n
Encontr\u00f3 que los argumentos vertidos en la sustentaci\u00f3n escrita presentada por el apelante ante el juez ad quem difer\u00edan notoriamente de los reparos concretos esbozados ante el a-quo, correspondiendo a aquel \u00abocuparse de determinar si\u2026 resultaban novedosos o estaban ligados a aquellos reproches originales\u00bb pues, de conformidad con el art\u00edculo 328 del Estatuto Procedimental General \u00abla competencia del juez de segunda instancia se circunscribe de forma exclusiva a los argumentos que exponga el extremo recurrente en su escrito de sustentaci\u00f3n de la alzada y que desarrollen los reparos concretos, sin que sea admisible abordar o analizar t\u00f3picos distintos a los reprochados en la debida oportunidad adjetiva\u00bb. <\/p>\n
Como consecuencia de lo anterior, orden\u00f3 al Juzgado Promiscuo del Circuito de La Cruz \u00abresolver nuevamente el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto\u2026 teniendo en cuenta las observaciones\u2026 sobre la necesidad de verificar si los argumentos del escrito de sustentaci\u00f3n resultaban novedosos frente a los reparos originalmente planteados o estaban ligados a aquellos reproches primigenios, a fin de resolver la alzada con fundamento en el estudio resultante\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpusieron Fernando Morales Salas y Jaime Javier Montenegro Torres quienes fueron vinculados al tr\u00e1mite por el inter\u00e9s que les asist\u00eda en el resultado, dada su condici\u00f3n de demandante y \u00abendosatario para el cobro judicial\u00bb, respectivamente. <\/p>\n
Los prenombrados fincaron su disenso, b\u00e1sicamente, en la desatenci\u00f3n del presupuesto de la subsidiariedad, en tanto consideraron que \u00abla parte actora no aleg\u00f3 la vulneraci\u00f3n\u2026 durante el tr\u00e1mite del proceso judicial cuando se le traslad\u00f3 la sustentaci\u00f3n del recurso\u00bb, de ah\u00ed que el presente resguardo devenga improcedente, por lo que solicitaron su revocatoria. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Circunscrita a los motivos de disenso, la Corte determinar\u00e1 si fue acertado que el Tribunal Superior de Pasto amparara los derechos fundamentales de Yeimi Viviana Pinto Buitr\u00f3n, aparentemente conculcados en el compulsivo 2020-00001 donde es demandada, obviando que, seg\u00fan los impugnantes, el presente resguardo desatiende el presupuesto de la subsidiariedad. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela <\/p>\n
La jurisprudencia constitucional ha decantado con suficiencia los presupuestos y requisitos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse a la hora de establecer la procedencia de la intervenci\u00f3n del juez de tutela, ellos son: \u00ab(i) \u2026que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC. Sentencias C-590\/05; SU-813\/07). <\/p>\n
Resulta imprescindible entonces que en el examen previo se constate la presencia de los se\u00f1alados presupuestos, pero forzosamente se requiere que el supuesto de hecho planteado desvele una situaci\u00f3n en la que se hallen ciertamente comprometidos derechos fundamentales, de no ser as\u00ed, el amparo no puede prosperar, como lo ha sostenido esta Sala al precisar que para la procedencia de este instrumento se requiere: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el cumplimiento de algunos requisitos, siendo uno de ellos y quiz\u00e1s el primero y m\u00e1s elemental, la existencia cierta del agravio, lesi\u00f3n o puesta en peligro de la prerrogativa constitucional invocada que demande la inmediata intervenci\u00f3n del juez de tutela en orden a hacerla cesar, motivo por el cual la solicitud de amparo debe contener un m\u00ednimo de demostraci\u00f3n en cuanto a la vulneraci\u00f3n que afecta los derechos que se quieren proteger, pues si no son objeto de ataque o coacci\u00f3n, carece de sentido hablar de la necesidad de la salvaguarda\u00bb (CSJ STC5337-2018, 26 abr. 2018, rad. 2018-00023-01, entre otras). <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto <\/p>\n
En el presente asunto se tiene que, en el Juzgado Promiscuo Municipal de San Pablo se adelant\u00f3 un proceso ejecutivo, promovido por Fernando Morales Salas contra Yeimi Viviana Pinto Buitr\u00f3n, cuyo documento base de recaudo fue una letra de cambio \u00abpor valor de cien millones de pesos\u00bb, libr\u00e1ndose mandamiento de pago el 17 de enero de 2020 en el que se incluyeron \u00ablos intereses de plazo causados y no cancelados desde el d\u00eda 22 de julio de 2017, hasta el d\u00eda 25 de octubre de 2017; los intereses moratorios desde el 26 de octubre del 2017, hasta que se efect\u00fae el pago total de la obligaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Surtidas las etapas procesales de rigor, el 25 de marzo de 2022 la c\u00e9lula judicial emiti\u00f3 sentencia que declar\u00f3 oficiosamente la excepci\u00f3n denominada \u00abafectaci\u00f3n de la literalidad en el t\u00edtulo valor por las particularidades del negocio subyacente\u00bb por lo que revoc\u00f3 la orden de apremio y dispuso el levantamiento de las medidas cautelares decretadas. Contra esa decisi\u00f3n la parte demandante interpuso recurso de apelaci\u00f3n, esbozando sus reparos concretos. <\/p>\n
Concedida la alzada, el Juzgado Promiscuo del Circuito de La Cruz la admiti\u00f3 y corri\u00f3 el traslado consagrado en el art\u00edculo 12 de la Ley 2213 de 2022, dentro del cual el censor present\u00f3 un escrito en el que pretendi\u00f3 sustentar la impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
El 16 de diciembre de 2022 la aludida c\u00e9lula judicial ad quem revoc\u00f3 el fallo confutado, declar\u00f3 no probadas las excepciones de m\u00e9rito formuladas y orden\u00f3 proseguir la ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
Yeimi Viviana Pinto Buitr\u00f3n acudi\u00f3 a esta herramienta constitucional aduciendo que el juzgado de segunda instancia, al momento de resolver la alzada, no circunscribi\u00f3 su estudio a los reparos concretos esbozados por su contraparte en la oportunidad procesal consagrada para ello, sino que consider\u00f3 las argumentaciones novedosas presentadas por escrito. <\/p>\n
El Tribunal Superior de Pasto accedi\u00f3 al ruego tras considerar que, en efecto, el despacho querellado hab\u00eda desbordado su competencia, por lo que removi\u00f3 los efectos de la providencia en cuesti\u00f3n y orden\u00f3 la expedici\u00f3n de una nueva, previa confrontaci\u00f3n de que \u00ablos argumentos del escrito de sustentaci\u00f3n [no] resultaran novedosos frente a los reparos originalmente planteados o que [estuvieran] ligados a aquellos reproches primigenios\u00bb. <\/p>\n
Los vinculados al tr\u00e1mite constitucional disintieron de la anterior determinaci\u00f3n pues consideraron que la salvaguarda desatend\u00eda el presupuesto de la subsidiariedad por cuanto la gestora no adujo, al interior de la causa recriminada, la presunta lesi\u00f3n de la que ahora se duele. <\/p>\n
Como se sabe, la prosperidad de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales exige el cumplimiento de ciertos presupuestos generales, entre ellos el de la subsidiariedad, pues es claro que la herramienta constitucional no puede ser utilizada con el fin de rescatar oportunidades precluidas o para arrebatar la competencia a los funcionarios investidos de ella para resolver determinado asunto. <\/p>\n
Sin embargo, de tiempo atr\u00e1s, esta Corte ha sostenido que el examen de dicha exigencia debe tornarse menos estricto cuando en la actuaci\u00f3n que se censura se torna evidente \u00abla vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales afectando garant\u00edas de rango superior, como el debido proceso y defensa, entre otros (STC15304-2016, 12 de oct., rad. 2016-00174-01)\u00bb, en tales eventos, debe abrirse paso el an\u00e1lisis de fondo de la queja, a efectos de dar prevalencia al derecho sustancial. <\/p>\n
En punto de lo anterior se ha dicho: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) [E]xisten circunstancias verdaderamente excepcionales que, puntual y casu\u00edsticamente verificadas, posibilitan que s\u00f3lo y \u00fanicamente cuando la decisi\u00f3n cuestionada encierra, per se, una anomal\u00eda en grado tal que el yerro enrostrado luzca bajo cualquier \u00f3ptica inadmisible, por causa de producir de manera desmesurada un menoscabo y \u00abpeligro para los atributos b\u00e1sicos\u00bb, es posible la extraordinaria intervenci\u00f3n del juez de amparo, no obstante la negligencia desplegada, por quien depreca el resguardo, al abandonar las v\u00edas legales con que cuenta para remediar sus males directamente en el proceso (\u2026)\u00bb (STC11491-2015, 28 ago, rad. 2015-00059-02). <\/p>\n
En efecto, solo basta contrastar el archivo de audio de la diligencia del 25 de marzo de 2022 en la que el apoderado de Fernando Morales Salas esboz\u00f3 los reparos frente al fallo desestimatorio, con los argumentos incluidos en el memorial presentado en el traslado del art\u00edculo 12 de la Ley 2213 de 2022, para evidenciar la asimetr\u00eda. <\/p>\n
Ciertamente, en la vista p\u00fablica el profesional del derecho hizo consistir su disenso, exclusivamente, en que nada imped\u00eda que se persiguiera el cobro judicial del t\u00edtulo valor a trav\u00e9s del proceso ejecutivo ante la especialidad civil pese a existir un tr\u00e1mite de liquidaci\u00f3n de sociedad patrimonial en curso ante un Juzgado de Familia, mientras que en el escrito de sustentaci\u00f3n adujo que, contrario a lo considerado por el fallador de primer grado, la deudora era Yeimi Viviana Pinto Buitr\u00f3n, a t\u00edtulo personal, y no la sociedad patrimonial conformada entre ella y Fernando Morales Salas. <\/p>\n
En un asunto que guarda similitud con el que ahora es objeto de estudio, la Corte precis\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) a) Respecto a la formulaci\u00f3n -o interposici\u00f3n- del recurso de apelaci\u00f3n contra sentencias, el art\u00edculo 322 del C\u00f3digo General del Proceso contempla que (i) si la resoluci\u00f3n materia de inconformidad se profiri\u00f3 en audiencia, \u00abdeber\u00e1 interponerse en forma verbal inmediatamente despu\u00e9s de pronunciada\u00bb; en tanto que, (ii) si se emiti\u00f3 por fuera de ella, \u00abdeber\u00e1 interponerse ante el juez que la dict\u00f3, en el acto de su notificaci\u00f3n personal o por escrito dentro delos tres (3) d\u00edas siguientes a su notificaci\u00f3n por estado\u00bb. <\/p>\n
b) En relaci\u00f3n con la procedencia, si la providencia se dicta \u00aben audiencia\u00bb, el juez resolver\u00e1 \u00abal finalizar la audiencia inicial o la de instrucci\u00f3n y juzgamiento, seg\u00fan corresponda, as\u00ed no hayan sido sustentados los recursos\u00bb. <\/p>\n
c) Frente al momento en que el recurrente debe \u00abprecisar de manera breve, los reparos concretos que le hace a la decisi\u00f3n, sobre los cuales versar\u00e1 la sustentaci\u00f3n que har\u00e1 ante el superior\u00bb, la norma establece que: <\/p>\n
– Si la sentencia se \u00abprofiere en audiencia\u00bb, podr\u00e1 cumplir dicha carga, (i) \u00abal momento de interponer el recurso\u00bb o, (ii) \u00abdentro de los tres (3) d\u00edas siguientes a su finalizaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
– Si se emite \u00abpor fuera de audiencia\u00bb, le corresponder\u00e1 efectuar el se\u00f1alado acto procesal i) \u00abdentro de los tres (3) d\u00edas siguientes a [\u2026] la notificaci\u00f3n\u00bb <\/p>\n
d) Se declarar\u00e1 desierto el medio vertical \u00abcuando no se precisen los reparos a la sentencia apelada\u00bb. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
5.2.2.- Ahora bien, frente a la exigencia de \u00abprecisar de manera breve, los reparos concretos que le hace a la decisi\u00f3n, sobre los cuales versar\u00e1 la sustentaci\u00f3n que har\u00e1 ante el superior\u00bb, prevista en el art\u00edculo 322 del C. G. del P., la Corte puntualiz\u00f3 que: <\/p>\n
[\u2026] en relaci\u00f3n con el primero de esos adjetivos, igualmente utilizado en el numeral 3\u00ba de la regla 374 del anterior plexo adjetivo, esto es, el C\u00f3digo de Procedimiento Civil, ha dicho que \u00e9l mismo impone que esa manifestaci\u00f3n sea \u201cperceptible por la inteligencia sin duda ni confusi\u00f3n\u201d, \u201cexacta\u201d y \u201crigurosa\u201d (csj sc de 15 de septiembre de 1994). Ahora, para el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, \u201cconcreto\u201d es, entre otras acepciones, lo \u201cpreciso, determinado, sin vaguedad\u201d, que se opone a \u201clo abstracto y general\u201d. <\/p>\n
En ese orden, cuando el legislador, en la norma aqu\u00ed comentada \u2013inciso 2, numeral 3 del art\u00edculo 322 del C.G.P.- le asigna al apelante el deber de \u201cprecisar, de manera breve, los reparos concretos que le hace a la decisi\u00f3n\u201d, le exige expresar de manera \u201cexacta\u201d y \u201crigurosa\u201d, esto es, \u201csin duda, ni confusi\u00f3n\u201d, ni vaguedad, ni generalidad, las censuras realizadas a la sentencia origen de su reproche, inconformidades que luego habr\u00e1 de sustentar ante el superior (sublineado propio; CSJ, STC7511-2016, 9 jun. 2016 rad. 01472-00). <\/p>\n
N\u00f3tese que, conforme lo acot\u00f3 la Sala en la jurisprudencia antes invocada, para cumplir la exigencia de \u00abprecisar, de manera breve, los reparos concretos que le hace a la decisi\u00f3n\u201d, resulta suficiente que el interesado en oportunidad delimite con concreci\u00f3n los motivos de desacuerdo frente a la sentencia origen de su reproche. <\/p>\n
En todo caso, la labor de \u00abprecisar de manera breve, los reparos concretos que le hace a la decisi\u00f3n\u2026\u00bb, que debe hacerse ante el juez de conocimiento, no puede confundirse con la \u00absustentaci\u00f3n\u00bb del recurso, porque, conforme lo establece el canon 322 citado en precedencia, dicho labor\u00edo deber\u00e1 hacerse es \u00abante el superior\u00bb (ver aparte final inc. 2 n\u00fam. 3\u00ba del precitado art\u00edculo y el 327 del C. G. del P.). <\/p>\n
Destaca la Corte que, la exigencia de la norma busca garantizarle el derecho de defensa a la contraparte, pues al permitirle que esta conozca de manera puntual y oportuna el tema frente al que ha de versar la alzada, con ello le permite que en tal sentido pueda estructurar su defensa; es decir, evita que el recurrente llegue a exponer ante el ad quem, temas diferentes que resultar\u00edan sorpresivos para sus oponentes, porque este actuar imprevisto conllevar\u00eda a la transgresi\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales (\u2026)\u00bb [subrayado fuera del texto original] (CSJ STC15304-2016, 26 de oct., rad. 2016-00174-01) <\/p>\n
De acuerdo con lo anterior, la Sala considera, en consonancia con la colegiatura a quo, que la decisi\u00f3n atacada por esta v\u00eda excepcional adolece del defecto procedimental atribuido, por cuanto la autoridad querellada inobserv\u00f3 las reglas establecidas para el tr\u00e1mite del recurso de apelaci\u00f3n de sentencias (art\u00edculos 322 y 324 del C\u00f3digo General del Proceso), lo que desencaden\u00f3 en el desconocimiento del Canon 29 Superior. <\/p>\n
Sobre la aludida causal espec\u00edfica de procedencia de la tutela contra providencias judiciales, la Corte Constitucional ha sostenido: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Con relaci\u00f3n al defecto procedimental absoluto, que se invoca en este asunto, se ha dicho que encuentra soporte normativo en los art\u00edculos 29 y 228 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, que se refieren a los derechos al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y prevalencia del derecho sustancial sobre las formas. <\/p>\n
La jurisprudencia de la Corte ha reconocido dos modalidades de este defecto: i) absoluto, que se genera cuando el funcionario judicial se aparta por completo del procedimiento legalmente establecido [T-620\/13; T-707\/ 07 y T-654\/98] y ii) por exceso ritual manifiesto, \u201cque tiene lugar cuando hay una renuncia consciente de la verdad jur\u00eddica objetiva evidente en los hechos, por extremo rigor en la aplicaci\u00f3n de las normas procesales [T-268\/10]. <\/p>\n
(\u2026) A su vez, la providencia incurre en error absoluto si el juez i) sigue un tr\u00e1mite totalmente ajeno al dispuesto para el asunto sometido a su competencia (T- 996\/03, T-638\/11, T-781\/11, y T-620\/13, entre otras], ii) pretermite etapas sustanciales del procedimiento y, de esa forma, conculca derechos de alguna de las partes [SU-159\/02, T-996\/03 y T-264\/09], y iii) pasa por alto el debate probatorio, vulnerando los derechos de defensa y contradicci\u00f3n de los intervinientes en la actuaci\u00f3n [T-996\/03, T-388\/06 y T-310\/09, entre muchas otras]. La procedencia de la acci\u00f3n contra una providencia judicial por esta causal se halla, de todas formas, condicionada a que no exista posibilidad de corregirla irregularidad por ninguna otra v\u00eda [T-264\/09, SU-159\/02, C-590\/05 y T-737\/07] y a que ocasiones una vulneraci\u00f3n ostensible, definitiva y notoria que se refleje en la decisi\u00f3n judicial cuestionada [T-017\/07]\u00bb (CC T-655\/15). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
De acuerdo con lo anterior, habi\u00e9ndose tornado defectuosa la sind\u00e9resis efectuada por la c\u00e9lula judicial accionada en el fallo de 16 de diciembre de 2022, fue acertado que el Tribunal Superior de Pasto amparara los derechos fundamentales denunciados por la gestora del resguardo para restablecer el orden constitucional quebrantado, por lo que se impone la confirmaci\u00f3n de la sentencia impugnada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo aqu\u00ed resuelto a las partes, a la sala a quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 La fecha real de la providencia es 16 de diciembre de 2022 siendo notificada, mediante anotaci\u00f3n en estado, el 19 de diciembre siguiente. <\/p>\n
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STC4022-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC4022-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 52001-22-13-000-2023-00030-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del veintis\u00e9is de abril de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D. C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[61],"tags":[],"class_list":["post-72669","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-abril-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/72669","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=72669"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/72669\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=72669"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=72669"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=72669"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}