STC4024-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 05001-22-03-000-2023-00094-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de veintis\u00e9is de abril de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de 10 de marzo de 2023, proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Blanca Margarita Guzm\u00e1n Guzm\u00e1n contra el Tribunal de Arbitramento de la C\u00e1mara de Comercio de Medell\u00edn para Antioquia1, conformado para el caso de Adriana Mar\u00eda Guzm\u00e1n Guzm\u00e1n contra ATC Sitios de Colombia S.A.S. y la aqu\u00ed promotora. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante, actuando a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su garant\u00eda fundamental de debido proceso, supuestamente vulnerada por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. Como hechos jur\u00eddicamente relevantes para la definici\u00f3n del sub-lite, se destacan los siguientes: <\/p>\n
2.1. Adriana y Blanca Guzm\u00e1n Guzm\u00e1n \u2013\u00faltima aqu\u00ed libelista\u2013 son copropietarias proindiviso de un lote de terreno ubicado en Medell\u00edn. En el 2007, decidieron arrendarlo a una empresa de telecomunicaciones para la instalaci\u00f3n de torres y antenas de telefon\u00eda m\u00f3vil, quien, con posterioridad, cedi\u00f3 el contrato a ATC Sitios de Colombia S.A.S. <\/p>\n
2.2. En ese orden, en el mentado convenio, se estipul\u00f3 la cl\u00e1usula compromisoria, seg\u00fan la cual \u00abtoda diferencia que surja entre las partes en la interpretaci\u00f3n del presente contrato, su ejecuci\u00f3n, su incumplimiento y su terminaci\u00f3n, no pudiendo arreglarse amigablemente entre las partes, ser\u00e1 sometida a la decisi\u00f3n de un Tribunal de arbitramento que decidir\u00e1 en derecho, de conformidad con las leyes colombianas (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
2.3. Por ello, ante la inconformidad de Adriana Guzm\u00e1n respecto de la decisi\u00f3n de la parte arrendataria de cancelar el canon de arrendamiento a prorrata de su derecho de propiedad (50%) a la aqu\u00ed gestora desde el 2016, se convoc\u00f3 al tribunal de arbitramento para dirimir la controversia, luego de que fracasara la conciliaci\u00f3n que se intent\u00f3. <\/p>\n
2.4. Asimismo, en la demanda se estableci\u00f3 que el extremo pasivo hab\u00eda inobservado las obligaciones derivadas del mentado acuerdo, comoquiera que \u00abla sociedad ATC Sitios de Colombia S.A.S., desde el primero de marzo de 2016 incumpli\u00f3 el contrato de arrendamiento, dado que se sustrajo de la obligaci\u00f3n de realizar el pago conforme lo hab\u00eda estipulado el contrato, raz\u00f3n por la cual se encuentra en mora de realizar el pago en los t\u00e9rminos indicados en el contrato\u00bb, por lo que se solicit\u00f3 la citada declaraci\u00f3n, la restituci\u00f3n del inmueble arrendado y el pago de las sumas adeudadas, junto con los intereses de mora. <\/p>\n
2.5. Seguidamente, aun cuando \u00abconforme a la ley 1563 de 2012, se cumpli\u00f3 todo el tr\u00e1mite\u00bb, aquella no contest\u00f3 la demanda ni present\u00f3 excepciones, no pidi\u00f3 ni aport\u00f3 pruebas, por lo que, con laudo de 10 de febrero de 2023, el tribunal arbitral accedi\u00f3 al petitum; y, en consecuencia, dispuso, entre otros aspectos, condenar solidariamente a ATC Sitios de Colombia S.A.S. \u2013arrendataria\u2013 y a la aqu\u00ed reclamante \u2013como una de las arrendadoras\u2013 al pago de $36.208.968, en favor de Adriana Guzm\u00e1n, \u00abpor concepto del cincuenta por ciento (50%) de los c\u00e1nones de arrendamiento adeudados por ATC SITIOS DE COLOMBIA S.A.S. desde el mes de marzo de 2016, hasta la fecha de presentaci\u00f3n de la demanda\u00bb. <\/p>\n
2.6. Pronunciamiento que, en criterio de la censora, es irregular, toda vez que no motiv\u00f3 la declaraci\u00f3n de incumplimiento en lo que a ella concierne, pues no especific\u00f3 \u00ablas obligaciones adquiridas y supuestamente [infringidas]\u00bb. <\/p>\n
2.7. Con todo, se\u00f1al\u00f3 que contra el laudo no existen otros medios de defensa, en tanto que \u00absolo es viable recurso extraordinario de anulaci\u00f3n, sin embargo en las causales del mismo no se enlista la falta de motivaci\u00f3n del laudo, por lo que mi poderdante no cuenta con instrumentos jur\u00eddicos id\u00f3neos para la protecci\u00f3n de su derecho fundamental\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia, pidi\u00f3, en compendio, \u00abque profiera otro fallo arbitral, motivando respecto de ella las obligaciones adquiridas y supuestamente incumplidas con la convocante al arbitramento, en el contrato de arrendamiento\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. Adriana Mar\u00eda Guzm\u00e1n Guzm\u00e1n se opuso a la prosperidad del resguardo, porque \u00abla actuaci\u00f3n de las demandadas es contraria a las condiciones pactadas en el contrato, viol\u00f3 mis intereses, hace que se entienda incumplido el contrato suscrito y no obedece a la forma en que deb\u00eda procederse para modificar las cl\u00e1usulas del contrato, por lo que la arrendataria cesionaria ATC SITIOS DE COLOMBIA S.A.S., pag\u00f3 mal porque hizo el pago a quien no deb\u00eda hacerlo, y el que paga mal paga dos veces. El incumplimiento en el pago del canon de arrendamiento persiste hasta la fecha\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s, refiri\u00f3 que \u00abcualquier cambio en las condiciones del contrato ten\u00eda que ser suscrita por las partes contratantes, por lo que ante la inexistencia de un documento u Otro S\u00ed modificatorio de las condiciones contractuales, ha debido ser suscrita por TODAS las partes intervinientes, es decir por Adriana Mar\u00eda Guzm\u00e1n Guzm\u00e1n, la se\u00f1ora Blanca Margarita Guzm\u00e1n Guzm\u00e1n y la sociedad comercial denominada ATC SITIOS DE COLOMBIA S.A.S.\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed mismo, reliev\u00f3 que \u00abno es procedente la acci\u00f3n de tutela interpuesta, si se tiene en cuenta que es un mecanismo de car\u00e1cter residual. Ello por cuanto cualquier posible reparo que tuviera la accionante con respecto al Laudo Arbitral, debi\u00f3 manifestarlo dentro del t\u00e9rmino establecido por la Ley 1563 de 2012, esto es, dentro de los treinta (30) d\u00edas siguientes a su notificaci\u00f3n, a trav\u00e9s del mecanismo denominado RECURSO EXTRAORDINARIO DE ANULACI\u00d3N. Respecto al uso de dicho mecanismo, hay que decir que brilla por su ausencia la interposici\u00f3n del mismo, y ello por s\u00ed mismo, hace nugatorio cualquier intento de corregir sus propias omisiones\u00bb. <\/p>\n
2. El \u00e1rbitro \u00c1lvaro Parra Am\u00e9zquita indic\u00f3 que el reclamo es inviable, en tanto que \u00abdentro de los 5 d\u00edas siguientes al 10 de febrero de 2023, la tutelante ten\u00eda la oportunidad procesal de buscar un pronunciamiento adicional sobre el laudo si, en su sentir, \u00e9ste adolec\u00eda de alg\u00fan defecto que lo hiciera merecedor de ser aclarado, corregido o complementado. Puntualmente, si para ella el laudo carece de motivaci\u00f3n, en relaci\u00f3n con las obligaciones incumplidas, bien pudo acudir a una solicitud de aclaraci\u00f3n o de adici\u00f3n del laudo\u00bb. <\/p>\n
De otra parte, destac\u00f3 que, en todo caso, el laudo recriminado se motiv\u00f3 adecuadamente, m\u00e1xime si se tiene en cuenta la confesi\u00f3n de la aqu\u00ed tutelante, de la que se estableci\u00f3 en esa causa que \u00abla solicitud de modificaci\u00f3n de las condiciones de pago pactadas en el contrato la present\u00f3 solamente la se\u00f1ora Blanca Guzm\u00e1n, sin el concurso de su hermana Adriana, a la saz\u00f3n parte convocante del proceso arbitral. Dicha solicitud la hizo a trav\u00e9s del Dr V\u00edctor.El cambio en la forma de pago no se oficializ\u00f3 en documento alguno, suscrito por las partes sino que ATC SITIOS DE COLOMBIA le empez\u00f3 a pagar a la tutelante el 50% del canon de arrendamiento, en contrav\u00eda de lo pactado en el contrato\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, reiter\u00f3 que \u00abel texto reci\u00e9n citado, que es deliberadamente omitido por el actor cuando relata los hechos del proceso, es probanza suficiente de los motivos de incumplimiento contractual que llevaron al tribunal a fallar en el sentido contenido en la decisi\u00f3n judicial; es decir el fallo est\u00e1 construido sobre el material probatorio recogido durante la etapa procesal correspondiente, no solo por cuenta del efecto derivado de la falta de contestaci\u00f3n a la demanda, sino por la expresa y libre confesi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
3. La C\u00e1mara de Comercio de Medell\u00edn para Antioquia relat\u00f3 que \u00abno har\u00e1 un pronunciamiento de fondo sobre la acci\u00f3n de tutela, pues su actuaci\u00f3n y el alcance de su funci\u00f3n en cualquier tr\u00e1mite arbitral no permiten de alguna manera la afectaci\u00f3n de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta que de conformidad con lo consagrado en la Sentencia de la Corte Constitucional C-1038 de noviembre 28 de 2002 los Centros de Arbitraje carecen de funciones jurisdiccionales y limitan su actuaci\u00f3n a brindar un apoyo log\u00edstico para el adecuado funcionamiento de los tr\u00e1mites arbitrales que ante ellos se adelantan sin que exista incidencia en cualquiera de las decisiones que se adopten por los Tribunales arbitrales. Adicionalmente, la Ley 1563 de 2012 (Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional), recogi\u00f3 esta orientaci\u00f3n y lo desarroll\u00f3 en su articulado, entregando las funciones jurisdiccionales exclusivamente a los \u00e1rbitros\u00bb. <\/p>\n
4. ATC Sitios de Colombia S.A.S. coadyuv\u00f3 las pretensiones incoadas por la actora, comoquiera que \u00aben el escrito de la decisi\u00f3n emitida por parte del \u00c1rbitro \u00danico, no se analizaron ni desarrollaron aspectos fundamentales que fueron objeto de la practica probatoria en el proceso arbitral, tales como: (i) el desequilibrio econ\u00f3mico impuesto por parte de la coarrendadora que recib\u00eda la totalidad del canon de arrendamiento aunque ostentara \u00fanicamente el 50% de la titularidad jur\u00eddica del inmueble objeto de contrato de arrendamiento, (ii) la comunicaci\u00f3n emitida por la coarrendataria en la cual expresamente aceptada la modificaci\u00f3n de la forma de pago del contrato, de manera escrita (clausula tercera del contrato de arrendamiento), (iii) las diversas confesiones emitidas en etapa probatoria en las cuales la demandante del proceso arbitral aceptada, tanto su conocimiento previo de la modificaci\u00f3n a la forma de pago efectuada de manera legitima\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
El tribunal a quo deneg\u00f3 el resguardo, toda vez que \u00abla gestora tuvo a su alcance la oportunidad de ejercer su derecho de defensa y de contradicci\u00f3n formulando excepciones para desvirtuar los hechos afirmados en la demanda, solicitar y controvertir pruebas, pero desperdici\u00f3 dicha oportunidad, as\u00ed como tambi\u00e9n tuvo a su alcance la oportunidad consagrada en el art\u00edculo 39 de la Ley 1563 de 2012, solicitando, correcci\u00f3n, adici\u00f3n o complementaci\u00f3n del laudo, ante la no procedencia de interposici\u00f3n del recurso de anulaci\u00f3n dada la taxatividad de las causales all\u00ed consagradas, circunstancia que denota el descuido en el uso de los instrumentos legales para la defensa de sus derechos, desperdiciando dichos mecanismo de defensa judicial para exponer los argumentos tra\u00eddos a este escenario, ante el juez natural\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El apoderado de la censora recurri\u00f3 la precitada providencia, porque \u00abla tesis planteada en el fallo de tutela por el se\u00f1or Magistrado sugiere entonces que, si el demandado en un proceso no contesta la demanda o no presenta recursos dentro del mismo, entonces el fallador no est\u00e1 obligado por ello a motivar su decisi\u00f3n respecto a este sujeto procesal, es decir fallar sin explicar las razones. Ni la ley ni la constituci\u00f3n autorizan tal conducta judicial. Por el contrario, se sustrae de los estatutos procesales colombianos y de las normas constitucionales que en todo caso el fallador debe motivar sus decisiones\u00bb. <\/p>\n
Lo anterior, sumado a que \u00abrespecto a la solicitud de adici\u00f3n, aclaraci\u00f3n o complementaci\u00f3n del fallo como otra opci\u00f3n de mi poderdante previamente a la acci\u00f3n de tutela, considero que el Tribunal se equivoca al tenerlo como medio para lograr el prop\u00f3sito buscado con la tutela, puesto que estos remedios procesales son para puntos muy precisos del fallo que no tienen que ver ninguno con la motivaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad convocada incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el tr\u00e1mite arbitral de la referencia, por expedir el laudo de 10 de febrero de 2023, en el que accedi\u00f3 al petitum formulado por Adriana Guzm\u00e1n Guzm\u00e1n, y, en consecuencia, conden\u00f3 a ATC Sitios de Colombia S.A.S. junto con Blanca Margarita Guzm\u00e1n Guzm\u00e1n, al pago de los perjuicios causados con ocasi\u00f3n del incumplimiento del contrato de arrendamiento, supuestamente, incurriendo en deficiente motivaci\u00f3n. <\/p>\n
2. Sobre la acci\u00f3n de tutela contra laudos arbitrales. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con la determinaci\u00f3n de la naturaleza jur\u00eddica de los laudos arbitrales para efectos de la viabilidad del resguardo, la Corte Constitucional ha establecido que \u00ab(\u2026) [estos] se equiparan a las sentencias judiciales para efectos de la procedencia de acci\u00f3n de tutela\u00bb, en tanto \u00abeste mecanismo constitucional es procedente contra laudos arbitrales siempre que con ellos se vulneren, amenacen o afecten los derechos fundamentales de las partes o de terceros\u00bb (CC, T-055\/14). <\/p>\n
De igual forma, esa colegiatura ha relievado que \u00ab[e]l laudo arbitral se equipara a una sentencia judicial por cuanto pone fin al proceso y desata de manera definitiva la cuesti\u00f3n examinada. Adicionalmente, los \u00e1rbitros son investidos de manera transitoria de la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia, la cual, ha sido calificada legalmente como un servicio p\u00fablico, motivo por el cual, no cabe duda que en sus actuaciones y en las decisiones que adopten los tribunales arbitrales est\u00e1n vinculados por los derechos fundamentales, por lo que resulta procedente la acci\u00f3n de tutela cuando estos sean vulnerados o amenazados con ocasi\u00f3n de un proceso arbitral\u00bb (CC, C.378\/08). <\/p>\n
As\u00ed mismo, esta Sala tiene decantado que, conforme ha sostenido la jurisprudencia constitucional, la procedencia del amparo contra laudos arbitrales est\u00e1 sujeta al cumplimiento de los siguientes criterios: <\/p>\n
\u00ab[R]esulta indispensable puntualizar, que para determinar la procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra un laudo arbitral, la Guardiana de la Carta Pol\u00edtica en sentencia SU-174 de 2007, fij\u00f3 una serie de reglas complementarias a las establecidas respecto a las providencias judiciales, a saber: \u00ab(1) un respeto por el margen de decisi\u00f3n aut\u00f3noma de los \u00e1rbitros, que no ha de ser invadido por el juez de tutela e impide a \u00e9ste pronunciarse sobre el fondo del asunto sometido a arbitramento; (2) la procedencia excepcional de la acci\u00f3n de tutela exige que se haya configurado, en la decisi\u00f3n que se ataca, una vulneraci\u00f3n directa de derechos fundamentales; (3) si bien es posible y procedente aplicar la doctrina de las v\u00edas de hecho a los laudos arbitrales, dicha doctrina ha de aplicarse con respeto por los elementos propios de la naturaleza del arbitraje, los (sic) cual implica que su procedencia se circunscribe a hip\u00f3tesis de vulneraci\u00f3n directa de derechos fundamentales; y (4) el car\u00e1cter subsidiario de la acci\u00f3n de tutela se manifiesta con especial claridad en estos casos, ya que s\u00f3lo procede cuando se ha hecho uso de los recursos provistos por el ordenamiento jur\u00eddico para controlar los laudos, y a pesar de ello persiste la v\u00eda de [hecho] mediante la cual se configura la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental. En materia de contratos administrativos sobresale el recurso de anulaci\u00f3n contra el laudo\u00bb (reiterada en C.C. SU-500\/15 y SU-033\/18)\u00bb (CSJ STC4490-2020, 15 jul.). <\/p>\n
En l\u00ednea con lo expuesto, se ha se\u00f1alado que, al verificar los enunciados requisitos, se deben tener en cuenta las caracter\u00edsticas propias del tr\u00e1mite arbitral: <\/p>\n
\u00abI. Defecto sustantivo: Se presenta cuando (i) los \u00e1rbitros fundamentan su decisi\u00f3n en una norma evidentemente inaplicable al caso concreto, y en raz\u00f3n de ello desconocen de manera directa un derecho fundamental; (ii) el laudo carece de motivaci\u00f3n material o su motivaci\u00f3n es manifiestamente irrazonable; (iii) la interpretaci\u00f3n o aplicaci\u00f3n que se hace de la norma en el caso concreto, desconoce sentencias con efectos erga omnes que han definido su alcance; (iv) la interpretaci\u00f3n de la norma se hace sin tener en cuenta otras disposiciones aplicables al caso y que son necesarias para efectuar una interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica y (v) la norma aplicable al caso concreto es desatendida y por ende inaplicada. <\/p>\n
II. Defecto org\u00e1nico: Ocurre cuando los \u00e1rbitros carecen absolutamente de competencia para resolver el asunto puesto a su consideraci\u00f3n, ya sea porque han obrado manifiestamente por fuera del \u00e1mbito definido por las partes o en raz\u00f3n a que se han pronunciado sobre materias no arbitrables. <\/p>\n
III. Defecto procedimental: Se configura cuando los \u00e1rbitros han dictado el laudo de manera completamente contraria al procedimiento establecido contractualmente o en la ley, y con ello se ha incurrido en una vulneraci\u00f3n directa del derecho de defensa y de contradicci\u00f3n. Para que la mencionada irregularidad tenga la magnitud suficiente para constituir una v\u00eda de hecho, es necesario que aquella tenga una incidencia directa en el sentido de la decisi\u00f3n adoptada, de tal forma que si no se hubiera incurrido en ella se habr\u00eda llegado a una determinaci\u00f3n diametralmente opuesta. <\/p>\n
IV. Defecto f\u00e1ctico: Se presenta en aquellas hip\u00f3tesis en las cuales los \u00e1rbitros (i) han dejado de valorar una prueba determinante para la resoluci\u00f3n del caso; (ii) han efectuado su apreciaci\u00f3n probatoria vulnerando de manera directa derechos fundamentales, o (iii) han fundamentado su valoraci\u00f3n de las pruebas con base en una interpretaci\u00f3n jur\u00eddica manifiestamente irrazonable. Para este Tribunal, es necesario que el error en la valoraci\u00f3n probatoria haya sido determinante respecto del sentido de la decisi\u00f3n finalmente definida en el laudo\u00bb (CSJ STC4490-2020, 17 jul.). <\/p>\n
Adem\u00e1s, en cuanto a este \u00faltimo defecto, el Tribunal Constitucional ha precisado que \u00ab(\u2026) \u00abla procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias arbitrales por defecto f\u00e1ctico tambi\u00e9n requiere tener en cuenta el elemento de la voluntad del acuerdo de las partes de apartarse de la jurisdicci\u00f3n estatal y someterse a una justicia alternativa\u00bb; por lo que \u00abel an\u00e1lisis del juez de tutela sobre la actividad probatoria desplegada por el tribunal de arbitramento debe ser cuidadosa y, s\u00f3lo se activar\u00e1 la procedencia de la acci\u00f3n, ante una valoraci\u00f3n arbitraria y carente de razonabilidad del material probatorio\u00bb, de tal suerte que \u00abno cualquier omisi\u00f3n en cuanto a la valoraci\u00f3n de alguna prueba configura autom\u00e1ticamente el defecto f\u00e1ctico\u00bb (CC, SU-500\/15). <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto: <\/p>\n
3.2. Ahora bien, al verificar la determinaci\u00f3n sometida a escrutinio de esta Corte, mediante la cual el Tribunal Arbitral accedi\u00f3 a las pretensiones de la demanda formulada por Adriana Guzm\u00e1n Guzm\u00e1n contra ATC Sitios de Colombia S.A. y Blanca Guzm\u00e1n Guzm\u00e1n; y, en consecuencia, declar\u00f3 el incumplimiento del contrato de arrendamiento, no se advierte la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, ni la conculcaci\u00f3n de la garant\u00eda fundamental invocada, como pasa a explicarse. <\/p>\n
En efecto, sobre el motivo de disenso expuesto a trav\u00e9s de este mecanismo, en el laudo censurado se estableci\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
\u00abi. Conforme a lo estipulado en la CL\u00c1USULA TERCERA del CONTRATO, el canon mensual de arrendamiento debe ser pagado por ATC SITIOS DE COLOMBIA S.A.S. en calidad de arrendataria a las coarrendadoras en la cuenta de ahorros No. 24002829955 del Banco Caja Social, de la cual es titular la convocante. <\/p>\n
ii. Conforme a lo estipulado en la CL\u00c1USULA D\u00c9CIMA QUINTA del CONTRATO, en caso de adeudar cualquier suma de dinero derivada de la ejecuci\u00f3n del CONTRATO a las coarrendadoras, ATC SITIOS DE COLOMBIA S.A.S. en calidad de arrendataria, debe pagar una suma de dinero equivalente al dos por ciento (2%) mensual sobre dicha suma de dinero adeudada, desde el momento de su exigibilidad y hasta la fecha efectiva de pago efectiva de la misma. <\/p>\n
iii. Conforme a lo estipulado en la CL\u00c1USULA D\u00c9CIMA NOVENA del CONTRATO, cualquier modificaci\u00f3n al mismo que acuerden las partes debe ser realizada por escrito; de no ser as\u00ed, se reputar\u00e1 inexistente. <\/p>\n
iv. Conforme a la nota de cesi\u00f3n del contrato ATC SITIOS DE COLOMBIA se oblig\u00f3, sin restricci\u00f3n, salvedad o modificaci\u00f3n, a cumplir con el CONTRATO en los t\u00e9rminos pactados por ADRIANA MAR\u00cdA GUZMPAN GUZMAN y BLANCA MARGARITA GUZM\u00c1N GUZM\u00c1N y Telef\u00f3nica M\u00f3viles Colombia S.A. y, entre esos t\u00e9rminos, seg\u00fan se lee: \u201c(\u2026) especialmente el pago del canon mensual de arrendamiento que seguir\u00e1 siendo consignado de la siguiente manera: (\u2026)\u201d en la cuenta bancaria de la convocante. <\/p>\n
(\u2026) El Tribunal considera que la resoluci\u00f3n de las pretensiones tiene relaci\u00f3n directa con la aparente modificaci\u00f3n del CONTRATO, lo cual a su vez tiene relaci\u00f3n con las facultades de representaci\u00f3n de las personas que para la toma de ciertas decisiones actuaron en nombre de ATC SITIOS DE COLOMBIA S.A.S. Por lo anterior, se hace necesario analizar la capacidad de actuaci\u00f3n del se\u00f1or Alejandro Urueta Romero en nombre de ATC SITIOS DE COLOMBIA S.A.S., ante las se\u00f1oras ADRIANA MAR\u00cdA GUZM\u00c1N GUZM\u00c1N y BLANCA MARGARITA GUZM\u00c1N GUZM\u00c1N, en la ejecuci\u00f3n del CONTRATO. La parte convocante en los hechos 2, 16 y 17, entre otros, de su escrito de demanda, afirm\u00f3: <\/p>\n
\u201c2. (\u2026) A pesar de haber participado como coarrendadora la se\u00f1ora Blanca Margarita Guzm\u00e1n Guzm\u00e1n, hoy tambi\u00e9n demandada, la restituci\u00f3n del inmueble se pide por mi poderdante en raz\u00f3n a que entre la se\u00f1ora Blanca Margarita Guzm\u00e1n Guzm\u00e1n y la empresa ATC, al parecer existi\u00f3 un acuerdo para que no se siguiera consignando la totalidad del canon de arrendamiento en la cuenta bancaria se\u00f1alada en el contrato, hecho que dio lugar al incumplimiento del contrato por parte de ATC, quien no consign\u00f3 la totalidad del canon de arrendamiento a \u00f3rdenes de mi poderdante, tal como se hab\u00eda pactado entre las partes.\u201d <\/p>\n
\u201c16. Cualquier cambio en las condiciones del contrato ten\u00eda que ser suscrita por las partes contratantes, por lo que ante la inexistencia de un documento u Otro S\u00ed modificatorio de las condiciones contractuales, ha debido ser suscrita por TODAS las partes intervinientes, es decir por mi poderdante Adriana Mar\u00eda Guzm\u00e1n Guzm\u00e1n, la se\u00f1ora Blanca Margarita Guzm\u00e1n Guzm\u00e1n y la sociedad comercial denominada ATC SITIOS DE COLOMBIA S.A.S. <\/p>\n
17. El contrato de arrendamiento NUNCA ha sufrido cambios referidos al lugar en el cual se deb\u00eda hacer el pago mensual del canon de arrendamiento y las modificaciones que se le han hecho al contrato NUNCA han versado sobre un cambio en la cuenta de la cual deb\u00eda consignarse el valor del canon de arrendamiento.\u201d (Negrilla y subrayado fuera de texto) Tambi\u00e9n en sus alegatos de conclusi\u00f3n, la convocante afirm\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) de acuerdo a la cl\u00e1usula D\u00e9cimo Novena del contrato de arrendamiento, cualquier modificaci\u00f3n que acordaran las partes deber\u00eda constar por escrito y que sin dicha formalidad cualquier modificaci\u00f3n se reputar\u00eda inexistente.\u201d <\/p>\n
\u201cTambi\u00e9n est\u00e1 probado que NO EXISTE prueba escrita en la que conste que se haya acordado por las partes del contrato, alguna modificaci\u00f3n referida a la forma, n\u00famero de cuenta bancaria, persona titular de la cuenta y banco, en la que se deb\u00eda hacer el pago del canon de arrendamiento. Es notoria la ausencia de documento alguno en el que conste que las partes del contrato hayan suscrito dicha modificaci\u00f3n o documento alguno en el que conste la autorizaci\u00f3n para dicho cambio, por lo que es posible afirmar que la modificaci\u00f3n efectuada unilateralmente por parte de la demandada ATC SITIOS DE COLOMBIA, al tenor de la Cl\u00e1usula D\u00e9cimo Novena se reputa inexistente, en tanto que va en contrav\u00eda de lo consagrado en la cl\u00e1usula D\u00e9cimo Novena del Contrato.\u201d <\/p>\n
Por otro lado, ATC SITIOS DE COLOMBIA S.A.S. indic\u00f3 en su escrito de contestaci\u00f3n a la demanda: <\/p>\n
\u201cFRENTE AL HECHO 2: (\u2026) NO ES CIERTO que haya existido incumplimiento alguno por parte de mi representada, m\u00e1xime, si se tiene en cuenta que la modificaci\u00f3n del contrato para el cambio en el modo de pago se realiz\u00f3 conforme a lo establecido en el contrato, situaci\u00f3n que fue comunicada y posteriormente avalada por la demandante por m\u00e1s de seis a\u00f1os, situaci\u00f3n que hoy busca desconocer. Cosa distinta es que la hoy demandante, olvidando la naturaleza consensual del arrendamiento y sus actos propios, pretenda alegar un incumplimiento inexistente.\u201d <\/p>\n
\u201cFRENTE AL HECHO 16: NO ES UN HECHO, corresponde a una apreciaci\u00f3n subjetiva de la demandante, que en todo caso resulta equivocada pues desconoce la modificaci\u00f3n del contrato que fue avalada durante m\u00e1s de seis a\u00f1os a trav\u00e9s de sus comportamientos en la relaci\u00f3n negocial. FRENTE AL HECHO 17: NO ES CIERTO, corresponde a una equivocada apreciaci\u00f3n subjetiva de la demandante quien con claridad y de forma casi temeraria pretende desconocer los comportamientos contractuales que ha efectuado por m\u00e1s de seis a\u00f1os y que con certeza demuestran su voluntad o aval en la modificaci\u00f3n del contrato.\u201d ATC SITIOS DE COLOMBIA S.A.S. en sus alegatos de conclusi\u00f3n afirm\u00f3 que \u201cLa naturaleza consensual del contrato de arrendamiento permite su modificaci\u00f3n por aceptaci\u00f3n t\u00e1cita de las partes\u201d. <\/p>\n
Por otro lado, la se\u00f1ora BLANCA MARGARITA GUZM\u00c1N GUZM\u00c1N, al no contestar la demanda, no se opuso a los hechos contenidos en la misma y, para este caso particular, el Tribunal puede valorar como una prueba de confesi\u00f3n, al tenor de lo consagrado en el art\u00edculo 97 del C\u00f3digo General del Proceso, lo indicado en los hechos 2, 16 y 17 de la demanda, esto es que en efecto el CONTRATO no fue modificado de forma consensuada por las partes\u00bb. <\/p>\n
Posteriormente, al estudiar el contenido de la cl\u00e1usula d\u00e9cima novena del contrato, el tribunal coligi\u00f3 que las partes acordaron las formalidades y mecanismos para modificarlo, as\u00ed: \u00abCualquier modificaci\u00f3n que acuerden las partes deber\u00e1 hacerse constar por escrito, sin dicha formalidad se reputar\u00e1 inexistente\u00bb, de modo que, \u00abtomando dicha cl\u00e1usula como punto de partida, el Tribunal encuentra necesario remitirse a los art\u00edculos 4, 117 y 1262 del C\u00f3digo de Comercio y 1502, 1505, 1602 y 2142 del C\u00f3digo Civil, los cuales consagran lo siguiente sobre a los contratos celebrados, la capacidad para obligarse y la prueba de la existencia y representaci\u00f3n de las sociedades\u00bb, raz\u00f3n por la cual prosigui\u00f3 aduciendo que: <\/p>\n
\u00abLa se\u00f1ora ADRIANA MAR\u00cdA GUZM\u00c1N GUZM\u00c1N afirm\u00f3 que ATC SITIOS DE COLOMBIA S.A.S. incumpli\u00f3 el CONTRATO al no realizar el pago del cien por ciento (100%) del canon de arrendamiento mensual, en la cuenta bancaria estipulada en la CL\u00c1USULA TERCERA del mismo, desde el mes de marzo de 2016. <\/p>\n
Por su lado, ATC SITIOS DE COLOMBIA S.A.S. sostuvo que s\u00ed ha realizado el pago del canon de arrendamiento en su totalidad, cancelando a partir del mes de marzo de 2016 el cincuenta por ciento (50%) del mismo a cada una de las coarrendadoras. Lo anterior con base en lo que la mencionada sociedad considera una modificaci\u00f3n t\u00e1cita realizada sobre la CL\u00c1USULA TERCERA del CONTRATO, mediante la cual, a partir del mes de marzo de 2016, ATC SITIOS DE COLOMBIA S.A.S. cancelar\u00eda la mitad de cada canon de arrendamiento a cada una de las coarrendadoras. <\/p>\n
Sobre el particular, al analizar las pruebas obrantes en el proceso bajo los postulados de la sana cr\u00edtica, el Tribunal ha concluido que el CONTRATO no fue modificado de manera consensuada, por cuanto las partes no dieron cumplimiento al mecanismo y a las formalidades estipuladas por ellas mismas en la CL\u00c1USULA D\u00c9CIMA NOVENA del CONTRATO. <\/p>\n
En este sentido, no obra dentro del expediente documento alguno debidamente suscrito por ambas partes del CONTRATO (esto es las coarrendadoras y la arrendataria), mediante el cual modificaran el lugar o la cuenta para el pago del canon de arrendamiento del CONTRATO. <\/p>\n
Tan es cierto que las partes del CONTRATO no suscribieron un documento modificando la CL\u00c1USULA TERCERA del mismo, que el se\u00f1or Edwin Valero Vargas en su calidad de apoderado general de ATC SITIOS DE COLOMBIA S.A.S., manifest\u00f3 lo siguiente en el interrogatorio de parte rendido el siete (7) de octubre de 2022 en audiencia, en respuesta a una pregunta realizada por el apoderado de la convocante: <\/p>\n
\u201c16:21 DR. JAVIER ANDR\u00c9S SERNA MESA: Bueno. Listo. Muy bien. Estamos hablando de que hubo una\u2026 Usted me est\u00e1 diciendo que notific\u00f3 el cambio en la forma de pago del canon y se lo notific\u00f3 a la se\u00f1ora Adriana. Yo le quiero preguntar en forma clara, si esa modificaci\u00f3n o esa comunicaci\u00f3n qued\u00f3 hecha en forma expresa o si esa modificaci\u00f3n de la que usted oper\u00f3 en raz\u00f3n a un comportamiento contractual de la se\u00f1ora Adriana durante 6 a\u00f1os. 16:57 EDWIN VALERO VARGAS: Quedo expresa en esa comunicaci\u00f3n que se envi\u00f3. O sea, el hecho no entiendo de qu\u00e9 forma contractual estamos hablando si al final de cuentas no se modific\u00f3 el contrato como tal porque segu\u00edan siendo las mismas arrendatarias\u2026 las mismas arrendadoras, el mismo canon, el mismo inmueble, el mismo objeto. O sea, el contrato como tal no fue modificado. Lo que se hizo en ese momento fue responder una solicitud que hizo Blanca que tambi\u00e9n era nuestra arrendadora que desde el a\u00f1o 2003 incluso viene solicitando que se le pagar\u00e1 el 50% en virtud que ella tambi\u00e9n es propietaria del bien inmueble. Y en raz\u00f3n a los soportes que alleg\u00f3 se le comunic\u00f3 a las dos arrendadoras que se ven\u00edan\u2026 Se iniciaba los pagos de conformidad con la solicitud de Blanca y que a la fecha se mantiene y respecto de las cuales ATC ha cumplido con las obligaciones contractuales.\u201d (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Por ello, al ponderar el silencio de la aqu\u00ed inconforme al no contestar la demanda ni formular excepciones, con sujeci\u00f3n a las declaraciones de parte \u2013en la que s\u00ed rindi\u00f3 su versi\u00f3n, al igual que el representante de ATC Sitios de Colombia S.A.S.\u2013, y verificadas las documentales all\u00ed adosadas, se reconoci\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) no existi\u00f3 modificaci\u00f3n a la forma de pago del canon de arrendamiento del CONTRATO en los t\u00e9rminos en \u00e9l estipulados, conforme a lo indicado en la cl\u00e1usula d\u00e9cima novena del mismo; esto es, mediante un escrito acordado y suscrito por todas las partes del CONTRATO. Por lo tanto, en este punto para el Tribunal resulta probado por v\u00eda de la confesi\u00f3n expresa de la parte convocada, la sociedad ATC SITIOS DE COLOMBIA S.A.S. y por efectos de lo consagrado en el art\u00edculo 97 del C\u00f3digo General del Proceso en relaci\u00f3n con la convocada, la se\u00f1ora BLANCA MARGARITA GUZM\u00c1N GUZM\u00c1N, que el CONTRATO no se modific\u00f3 en los t\u00e9rminos libremente pactados por las partes y, todo lo contrario, se deb\u00eda respetar todo lo convenido y \u201cespecialmente\u201d la forma de pago, tal y como se anunci\u00f3 por los representantes legales de las sociedades Telef\u00f3nica M\u00f3viles Colombia S.A. y ATC SITIOS DE COLOMBIA S.A.S. en la nota de cesi\u00f3n del seis (6) de diciembre de 2010. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
De acuerdo con los correos electr\u00f3nicos anteriormente expuestos, resulta claro para el Tribunal que, por oposici\u00f3n a lo afirmado por la convocada ATC SITIOS DE COLOMBIA S.A.S., no ocurri\u00f3 una aceptaci\u00f3n t\u00e1cita de la modificaci\u00f3n a la forma de pago del canon de arrendamiento del CONTRATO por la parte convocante. Todo lo contrario, pues desde el mes de marzo de 2016 la convocante ha manifestado a ATC SITIOS DE COLOMBIA S.A.S su inconformismo con la modificaci\u00f3n unilateral de la forma de pago del canon de arrendamiento del CONTRATO., solicitando el pago fuere realizado conforme a lo estipulado en la CL\u00c1USULA TERCERA del mismo. <\/p>\n
Por otra parte, no debe perderse de vista que la actuaci\u00f3n del se\u00f1or Alejandro Urueta Romero en nombre de ATC SITIOS DE COLOMBIA S.A.S. no ten\u00eda capacidad para comprometer a la sociedad. En este sentido, qued\u00f3 probado que dicho funcionario no ten\u00eda poderes o facultades de representaci\u00f3n. <\/p>\n
De hecho, a fin de determinar el alcance de las manifestaciones de la parte convocada, el Tribunal trat\u00f3 de comprobar las facultades de representaci\u00f3n de ATC SITIOS DE COLOMBIA S.A.S. en cabeza del se\u00f1or Alejandro Urueta Romero, para lo cual decret\u00f3 prueba de oficio mediante el Auto No. 14 de fecha siete (7) de octubre de 2022. Como respuesta a esa prueba, la apoderada judicial de la sociedad convocada en memorial del trece (13) de octubre de 2022 antes citado, inform\u00f3 al Tribunal que \u201cpara el a\u00f1o 2016 ATC SITIOS DE COLOMBIA S.A.S. no confiri\u00f3 poder alguno al se\u00f1or ALEJANDRO URUETA ROMERO\u201d. <\/p>\n
En consecuencia, el Tribunal determina que no hubo modificaci\u00f3n t\u00e1cita del contrato y que ni siquiera la persona que tom\u00f3 decisiones en nombre de ATC SITIOS DE COLOMBIA S.A.S. (esto es, el se\u00f1or Alejandro Urueta Romero), ten\u00eda facultades para hacerlo. En otras palabras, la probada renuencia de la convocante a aceptar esa modificaci\u00f3n y la carencia de facultades en quien tom\u00f3 la decisi\u00f3n de pagar en forma distinta de la pactada, anulan, para el Tribunal, el poder liberatorio del \u201cpago\u201d, en la forma en que fue efectuado a partir de marzo de 2016. <\/p>\n
Por todo lo dicho y de acuerdo con el material probatorio antes relacionado, el Tribunal encuentra probado que la forma de pago del canon de arrendamiento del CONTRATO, no fue modificada de manera expresa por un documento suscrito por todas las partes del mismo, ni mucho menos de manera t\u00e1cita como lo afirma ATC SITIOS DE COLOMBIA S.A.S. En voz de las partes del CONTRATO, esa modificaci\u00f3n que se dio en la pr\u00e1ctica, de pagar el cincuenta por ciento (50%) del canon de arrendamiento en cuenta distinta de la pactada, es inexistente\u00bb. <\/p>\n
Luego, sobre las consecuencias derivadas de la inobservancia de la cl\u00e1usula tercera del contrato, relativa a la forma de pago de los c\u00e1nones de arrendamiento, se\u00f1al\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) al analizar las pruebas obrantes en el proceso bajo los postulados de la sana cr\u00edtica, conforme se mencion\u00f3 en el ac\u00e1pite titulado \u201cMODIFICACI\u00d3N DEL CONTRATO\u201d del presente laudo, el Tribunal ha concluido que el CONTRATO no fue modificado en los t\u00e9rminos pactados. Partiendo de dicha conclusi\u00f3n, encuentra el Tribunal probado que encontr\u00e1ndose vigentes las CL\u00c1USULA TERCERA y D\u00c9CIMA NOVENA del CONTRATO: <\/p>\n
i. La sociedad ATC SITIOS DE COLOMBIA S.A.S. en calidad de arrendataria, se encuentra en un incumplimiento del CONTRATO al no haber realizado el pago del cien por ciento (100%) del canon de arrendamiento en los t\u00e9rminos estipulados en la CL\u00c1USULA TERCERA del CONTRATO. <\/p>\n
ii. La sociedad ATC SITIOS DE COLOMBIA S.A.S. en calidad de arrendataria, se encuentra en un incumplimiento del CONTRATO, al haber atendido favorablemente la solicitud efectuada por la se\u00f1ora BLANCA MARGARITA GUZM\u00c1N GUZM\u00c1N de realizar el pago del cincuenta por ciento (50%) de los c\u00e1nones de arrendamiento en una cuenta diferente de la que ella misma hab\u00eda aceptado con la firma del CONTRATO. <\/p>\n
iii. La sociedad ATC SITIOS DE COLOMBIA S.A.S. en calidad de arrendataria y la se\u00f1ora BLANCA MARGARITA GUZM\u00c1N GUZM\u00c1N en calidad de coarrendadora, incumplieron el CONTRATO al acordar una modificaci\u00f3n del CONTRATO sin tener en cuenta la voluntad de la parte convocante y, por lo tanto, sin seguir los lineamientos estipulados en la CL\u00c1USULA D\u00c9CIMA NOVENA del mismo. <\/p>\n
Lo anteriormente indicado consta en el documento de referencia: \u201cCertificaci\u00f3n Pagos Proceso 2022 A 0011\u201d, expedida por el Contador P\u00fablico de ATC SITIOS DE COLOMBIA S.A.S., el se\u00f1or Leonardo Salgado Guerrero, el diecinueve (19) de octubre de 2022 y aportada al proceso por ATC SITIOS DE COLOMBIA S.A.S. dando cumplimiento al decreto de la prueba de oficio por parte del Tribunal. En el mencionado documento, el Contador P\u00fablico de ATC SITIOS DE COLOMBIA S.A.S. certific\u00f3 que: \u201cLa compa\u00f1\u00eda ATC SITIOS DE COLOMBIA S.A.S. [h]a efectuado los pagos de lo[s] c\u00e1nones de arrendamiento del predio ubicado en la CL 19 x CR 105, Barrio Bel\u00e9n, Fracci\u00f3n ALTAVISTA, Municipio de Medell\u00edn, entre marzo de 2016 hasta octubre de 2022. Los pagos se han efectuado en partes iguales a las siguientes beneficiarias: ADRIANA MARIA GUZMAN, identificada con c\u00e9dula de ciudadan\u00eda 42793004 y BLANCA MARGARITA GUZMAN\u201d. <\/p>\n
Destaca el Tribunal que dicho documento no fue tachado de falso por ninguna de las partes del proceso, motivo por el cual su contenido se presume v\u00e1lido <\/p>\n
(\u2026) En adici\u00f3n a las dos (2) pruebas testimoniales arriba relacionadas en las que, con el grado de confesi\u00f3n, el apoderado general de ATC SITIOS DE COLOMBIA S.A.S., esto es el se\u00f1or EDWIN VALERO VARGAS, y la codemandada BLANCA MARGARITA GUZM\u00c1N, reconocen que se est\u00e1 efectuando el pago del cincuenta por ciento (50%) del canon de arrendamiento en una cuenta bancaria distinta de la incluida en el contrato, el testimonio de la se\u00f1ora SINDY GIRLESA ARBOLEDA GUZM\u00c1N de fecha doce (12) de octubre de 2022, corrobora dicha situaci\u00f3n. Si bien dicho testimonio fue tachado de falso por el apoderado de la convocante y el Tribunal desestim\u00f3 tal censura, en aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 211 del C\u00f3digo General del Proceso, dicho testimonio ha sido valorado con especial rigurosidad, encontrando que se corrobora el pago del cincuenta por ciento (50%) del canon de arrendamiento en una cuenta bancaria de la cual es titular la testigo, corroborando la confesi\u00f3n de su se\u00f1ora madre, la se\u00f1ora BLANCA MARGARITA GUZM\u00c1N GUZM\u00c1N. <\/p>\n
Es claro entonces para el Tribunal que, tras una modificaci\u00f3n que no cobij\u00f3 a todas las partes del contrato y que, seg\u00fan se indic\u00f3 l\u00edneas arriba es inexistente, a partir del mes de marzo de 2016 y hasta la fecha, ATC SITIOS DE COLOMBIA S.A.S. ha pagado la suma de dinero equivalente al cincuenta por ciento (50%) del canon mensual de arrendamiento, a cada una de las coarrendadoras, faltando a la obligaci\u00f3n v\u00e1lidamente pactada en el CONTRATO\u00bb. <\/p>\n
De esa manera, concluy\u00f3 que, \u00abde acuerdo con el material probatorio antes relacionado, reitera el Tribunal que la forma de pago del canon de arrendamiento del contrato no fue modificada de manera expresa por un documento suscrito por todas las partes del mismo, ni mucho menos de forma t\u00e1cita como lo afirma ATC SITIOS DE COLOMBIA S.A.S.\u00bb. <\/p>\n
Bajo esta perspectiva, la rese\u00f1ada determinaci\u00f3n no luce lesiva del orden jur\u00eddico, pues se sustent\u00f3, en lo que es objeto de alegaci\u00f3n en esta demanda, en el an\u00e1lisis de las pruebas practicadas en el tr\u00e1mite, que permitieron arribar a ese tribunal a la conclusi\u00f3n de que la aqu\u00ed accionante junto con la empresa ATC Sitios de Colombia S.A.S. \u00abincumplieron el contrato al acordar una modificaci\u00f3n del contrato sin tener en cuenta la voluntad de la parte convocante y, por lo tanto, sin seguir los lineamientos estipulados en la cl\u00e1usula d\u00e9cima novena del mismo\u00bb. <\/p>\n
Aunado a lo anterior, tampoco podr\u00eda predicarse una deficiente o carente motivaci\u00f3n del laudo, pues, ciertamente, all\u00ed se desarrollaron in extenso los fundamentos que tuvo la autoridad arbitral para colegir la inobservancia del contrato de arrendamiento por parte del extremo pasivo en esa causa \u2013se itera, con soporte en los medios de convicci\u00f3n\u2013, raz\u00f3n por la cual el ejercicio hermen\u00e9utico satisface la exigencia de fundamentaci\u00f3n que aqu\u00ed se reclama. <\/p>\n
3.3. Conforme con ello, la decisi\u00f3n adoptada, como se anticip\u00f3, no es infundada o arbitraria, por lo que no se colige la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, siendo claro, entonces, que el reclamo de la censora no halla recibo en esta sede excepcional. Por el contrario, lo que se advierte es una diferencia de criterio de aquella frente a la autoridad accionada, en tanto esa disposici\u00f3n fue contraria a sus expectativas. <\/p>\n
Por ello cabe agregar que, aunque se discrepara de lo resuelto, no podr\u00eda abrirse camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues es necesario que la determinaci\u00f3n se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de todo fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub-lite. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado entre otras en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00, STC1558-2015 y, STC4705-2016, 13 abr. 2016, rad. 00077-01). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
El laudo acusado se advierte razonable, en tanto no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve la manifiesta desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, y, por ende, tenga aptitud para lesionar las prerrogativas superiores suplicadas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Integrado por el \u00e1rbitro \u00fanico \u00c1lvaro Parra Am\u00e9zquita y la secretaria Zully Tatiana Zuluaga Mart\u00edn. <\/p>\n
<\/p>\n
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STC4024-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente Radicaci\u00f3n n.\u00ba 05001-22-03-000-2023-00094-01 (Aprobado en Sala de veintis\u00e9is de abril de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de 10 de marzo de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[61],"tags":[],"class_list":["post-72670","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-abril-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/72670","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=72670"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/72670\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=72670"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=72670"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=72670"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}