STC4025-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC4025-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 13001-22-13-000-2023-00121-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintis\u00e9is de abril de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena el 22 de marzo de 2023, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Esneda Mar\u00eda Garc\u00eda de Barrios contra el Juzgado S\u00e9ptimo de Familia de esa ciudad, la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones y el Banco Agrario de Colombia S.A., tr\u00e1mite al cual fueron citados los intervinientes en el pleito de alimentos n\u00b0 2007-00213. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando a trav\u00e9s de apoderado judicial, la solicitante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, petici\u00f3n, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, m\u00ednimo vital y vida digna, presuntamente vulnerados por los convocados, al no disponer lo pertinente para hacer efectivo el pago de la cuota alimentaria fijada a su favor en el asunto antes referido. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expuso que ven\u00eda recibiendo cuota alimentaria en raz\u00f3n a la medida cautelar decretada el 7 de mayo de 2007 sobre el \u00absueldo\u00bb de su c\u00f3nyuge Hernando Barrios Valiente, pero \u00abdesde octubre de 2019 Colpensiones y el Banco Agrario de Colombia detuvo los pagos (\u2026), argumentando que el Juzgado [S\u00e9ptimo de Familia de Cartagena] levant\u00f3 la orden de embargo, quit\u00e1ndole su \u00fanica fuente de ingreso para su sustento\u00bb. <\/p>\n
Que ante los requerimientos elevados al despacho cognoscente para que dispusiera el embargo, su abogado recibi\u00f3 informaci\u00f3n en el sentido de que la decisi\u00f3n se fund\u00f3 en que \u00abya existe una sentencia fechada el 29 de agosto de 2007, en donde se le reconoce (\u2026) una cuota alimentaria del 33.33% del ingreso salarial mensual y dem\u00e1s prestaciones sociales del demandado\u00bb, y que como en esta \u00abno se orden\u00f3 medidas cautelares\u00bb, las provisionales dejaron de tener \u00abvigencia\u00bb. <\/p>\n
Que ha elevado \u00abreiteradas\u00bb peticiones al juzgado \u00aben el siguiente orden: 14\/10\/2022, 05\/12\/2022 [y] 13\/01\/2023\u00bb, para \u00abmaterializar\u00bb la sentencia en menci\u00f3n, pero ello no ha sido posible, pese a que \u00abes persona de especial protecci\u00f3n por ser de la tercera edad [68 a\u00f1os], que no cuenta con ning\u00fan ingreso econ\u00f3mico ni pensional y s\u00f3lo depend\u00eda de la cuota alimentaria para su subsistencia\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende, \u00abse ordene al Juzgado S\u00e9ptimo de Familia de Cartagena, al cajero pagador de Colpensiones y al Banco Agrario de Colombia S.A., que libren los oficios pertinentes y realicen los tr\u00e1mites respectivos para que pueda gozar de una cuota alimentaria del 33.33% del ingreso salarial mensual y dem\u00e1s prestaciones sociales del demandado, reconocida por sentencia [del] 29 de agosto de 2007\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Juez S\u00e9ptima de Familia de Cartagena, inform\u00f3 que en el litigio en el proceso de \u00abfijaci\u00f3n de alimentos de mayores\u00bb en cuesti\u00f3n, con \u00abauto de fecha mayo 7 de 2007, se admiti\u00f3 la demanda y se fij\u00f3 alimentos provisionales orden\u00e1ndose al tiempo medida cautelar de embargo y secuestro para el recaudo de la cuota alimentaria fijada. En fecha 29 de agosto de 2007 se profiri\u00f3 sentencia, [donde] se condena al pago de una cuota alimentaria en cuant\u00eda del 33% de lo que devenga el demandado de sus ingresos salariales y prestacionales [en la] Embotelladoras Rom\u00e1n S.A. o de cualquier otro empleador o del salario m\u00ednimo en caso de no existir v\u00ednculo laboral\u00bb. <\/p>\n
Que la las solicitudes elevadas por el apoderado de la actora y que refiere en esta oportunidad, \u00abno fue posible [responderlas] de manera inmediata\u00bb, sino que se hizo \u00abpor medio de providencia de fecha marzo 10 de 2023\u00bb, raz\u00f3n por la que pidi\u00f3 \u00abno se conceda el amparo solicitado por hecho superado\u00bb. Acot\u00f3 que la respuesta al pedimento \u00abdebe surtirse conforme a las normas que [regulan] el procedimiento, es decir, acorde al C.G.P.\u00bb, y que la decisi\u00f3n del 23 de julio de 2019 -levantando las medidas cautelares provisionales-, se ajust\u00f3 a derecho. <\/p>\n
3. El Banco Agrario de Colombia S.A., tras referir que en relaci\u00f3n con las partes del asunto criticado, en sus registros \u00abse evidencian dep\u00f3sitos judiciales (\u2026), los cuales se encuentran en estado, cancelados por conversi\u00f3n, fraccionamiento y pagados, al corte del 09 de marzo de 2023\u00bb, acerca de los reparos de la reclamante, manifest\u00f3 que el banco \u00abno puede ni debe ser llamado como contradictor\u00bb, circunstancia por la cual pidi\u00f3 que se declarara a su favor \u00abfalta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Neg\u00f3 el auxilio al advertir que frente a la solicitud cuya respuesta la quejosa echaba de menos, \u00abel despacho accionado acredit\u00f3 que mediante auto dictado el 10 de marzo de 2023 y notificado en estado electr\u00f3nico del 13 de marzo de 2023, se pronunci\u00f3 negativamente e indic\u00f3 a la accionante que: i) mediante prove\u00eddo de 23 de julio de 2019 orden\u00f3 el levantamiento del embargo porque tal medida cautelar carec\u00eda de \u201csustento legal\u201d; y ii) lo procedente en caso de incumplimiento de la cuota alimentaria fijada en la sentencia de 29 de agosto de 2007 es promover un proceso ejecutivo de alimentos\u00bb, y que por ello, de cara a la \u00abdemora\u00bb endilgada al juzgado para lograr pronunciamiento sobre sus peticiones, \u00abse configur\u00f3 una carencia actual de objeto por hecho superado\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso la promotora del resguardo para insistir en los argumentos de su demanda tutelar. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, preliminarmente, si la demanda satisface el requisito de subsidiariedad, y de superarse lo anterior, si el Juzgado S\u00e9ptimo de Familia de Cartagena, vulner\u00f3 las prerrogativas invocadas por la demandante, al no acceder al embargo de los ingresos mensuales del demandado para hacer efectivo el pago de los alimentos fijados a su favor dentro del pleito n\u00b0 2007-00213. <\/p>\n
Lo anterior, porque si bien la actora enunci\u00f3 que dirig\u00eda la acci\u00f3n contra Colpensiones y el Banco Agrario de Colombia S.A., hay lugar a su desvinculaci\u00f3n en tanto ning\u00fan reproche cabe contra tales entidades, dado que la cesaci\u00f3n en los descuentos por parte de la primera, y el no pago de las mesadas por el segundo, son consecuencia de la orden proveniente de la autoridad judicial a cargo del litigio en el cual se tas\u00f3 la referida prestaci\u00f3n. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales y de los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad. <\/p>\n
Seg\u00fan la constante y reiterada jurisprudencia de esta Corte, la salvaguarda no procede contra actuaciones judiciales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
Tambi\u00e9n, es imprescindible que cuando se trate de desafuero procesal, \u00e9ste sea determinante o influya en la decisi\u00f3n; que el actor identifique los hechos generadores de la vulneraci\u00f3n; que la providencia criticada no sea sentencia de tutela; y, finalmente, que se haya configurado alguno de los defectos de orden sustantivo, org\u00e1nico, procedimental, f\u00e1ctico, error inducido, o se trate de una decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, desconocimiento del precedente jurisprudencial o se haya violado directamente la Constituci\u00f3n. <\/p>\n
Asimismo, se ha decantado con suficiencia los presupuestos y requisitos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse para tornar imperiosa la intervenci\u00f3n del juez excepcional con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. La Corte Constitucional enlista como tales: <\/p>\n
\u00ab(i) que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC C-590\/05 y SU-813\/07). Se subraya. <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
Revisados los argumentos de la queja constitucional y cotejados con la informaci\u00f3n que se desprende de las piezas procesales adosadas al expediente, la Sala ratificar\u00e1 el fallo desestimatorio del amparo, pero precisando que lo ser\u00e1 en virtud a su improcedencia, en tanto incumple el esencial requisito gen\u00e9rico de la subsidiariedad. <\/p>\n
En efecto, m\u00e1s all\u00e1 de la razonabilidad del prove\u00eddo dictado por el despacho encartado el 10 de marzo de 2023, atinente a la vigencia de las medidas cautelares de car\u00e1cter provisional dentro del juicio de fijaci\u00f3n de alimentos, es evidente que la pretensi\u00f3n expresada por la accionante -a trav\u00e9s de apoderado judicial y en el marco de este instrumento excepcional-, no ha sido puesta de manifiesto para su definici\u00f3n mediante la senda jur\u00eddica que ordinariamente contempla la ley. <\/p>\n
Ciertamente, por cuanto el objetivo de esta querella es el de \u00abmaterializar\u00bb la sentencia proferida por el Juzgado S\u00e9ptimo de Familia de Cartagena el 29 de agosto de 2007, ya que para su pago no se dispuso embargo o deducci\u00f3n de n\u00f3mina -como s\u00ed se hab\u00eda ordenado en relaci\u00f3n con la cuota alimentaria provisional levantada con auto del 23 de julio de 2019-, prontamente se establece que el escenario jur\u00eddico para tal prop\u00f3sito es la ejecuci\u00f3n del fallo al tenor de lo previsto en el art\u00edculo 306 del C\u00f3digo General del Proceso, concordante en lo pertinente con el canon 397 ibidem. <\/p>\n
Sobre la improcedencia de la tutela para tratar tem\u00e1ticas respecto de las cuales la parte interesada ha contado y a\u00fan tiene a su disposici\u00f3n medios de defensa cuya idoneidad y eficacia no admiten reproche, la jurisprudencia de esta Sala, a tono con la constitucional, ha dicho y reiterado que el juez del amparo no puede arrogarse facultades que le compete al ordinario, toda vez que: <\/p>\n
\u00aben trat\u00e1ndose de instrumentos dirigidos a la preservaci\u00f3n de los derechos, el medio judicial de protecci\u00f3n es, por excelencia, el proceso y, por lo tanto, a nadie le es dable quejarse por la hipot\u00e9tica vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales, si goz\u00f3 y a\u00fan cuenta con la oportunidad de controvertir las decisiones de las que hoy discrepa (\u2026). Por lo dem\u00e1s, es palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente (\u2026) para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso, pues, reit\u00e9rase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley (\u2026)\u00bb (CSJ STC, 22 feb. 2010, rad. 00312-01, citada entre otras en STC1896-2023, 1\u00b0 mar., rad. 00699-00). <\/p>\n
Finalmente, tampoco procede la acci\u00f3n como mecanismo transitorio, porque aunado a la ausencia de reparo sobre la aptitud del medio ordinario de defensa que a\u00fan est\u00e1 disponible, la querellante no prob\u00f3 la existencia de perjuicio irremediable, pues para tal evento se requiere que el da\u00f1o \u00abrevista cierta gravedad e inminencia m\u00e1s all\u00e1 de lo puramente eventual, y que s\u00f3lo pueda evitarse con medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb (CSJ STC 1\u00ba sep. 2011, exp. 00194-01). Ac\u00f3tese que la concesi\u00f3n del auxilio bajo esa modalidad, \u00abse encuentra subordinada al ejercicio de otro medio de defensa judicial ordinario [pues de lo contrario] no podr\u00eda hacerse valer ni siquiera como mecanismo transitorio de protecci\u00f3n\u00bb (CC T-480\/11), y como en el sub-j\u00fadice esos elementos determinantes no se acreditaron, no hay lugar a pronunciamiento adicional. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Por lo discurrido, se confirmar\u00e1 el fallo impugnado, precisando que la improcedencia del ruego tuitivo lo ser\u00e1 por desatender el presupuesto de la subsidiariedad, habida cuenta la existencia de una herramienta defensiva que est\u00e1 al alcance de la quejosa y que se muestra id\u00f3nea y efectiva para remediar la situaci\u00f3n tra\u00edda en sede excepcional. Por lo dem\u00e1s, tampoco se configuran las exigencias para que proceda la protecci\u00f3n como mecanismo transitorio. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada, pero por la puntual causal expresada en esta instancia. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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