STC4027-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC4027-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 47001-22-13-000-2023-00049-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintis\u00e9is de abril de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta el 3 de marzo de 2023, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Mario Alberto Restrepo Zapata contra el Juzgado Civil del Circuito de Fundaci\u00f3n, Magdalena, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el litigio n\u00b0 2021-00056. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en su propio nombre, el solicitante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. Del escrito introductor y los medios de prueba allegados, se extractan los siguientes hechos jur\u00eddicamente relevantes: <\/p>\n
El 9 de julio de 2021, el gestor present\u00f3 acci\u00f3n popular contra la Tienda D1 Koba Colombia SAS, por cuanto \u00abno cumple las leyes que ordenan contar con un ba\u00f1o publico (sic) apto para todo tipo de poblaci\u00f3n, incluida quienes se desplacen en silla de ruedas\u00bb, cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al fallador enjuiciado, quien mediante prove\u00eddo del d\u00eda 13 del mismo mes y a\u00f1o admiti\u00f3 la demanda y, luego de agotar el tr\u00e1mite de rigor, mediante sentencia del 11 de mayo de 2022 deneg\u00f3 \u00abPOR HECHO SUPERADO\u00bb las pretensiones incoadas, decisi\u00f3n que fue adicionada el 2 de junio siguiente para condenar en costas a la parte demandada por la suma de un (1) s.m.l.m.v., decisi\u00f3n que fue apelada por ese extremo procesal. <\/p>\n
Mediante prove\u00eddo del 18 de 2022 se libr\u00f3 orden ejecutiva a favor de Mario Restrepo por concepto de las agencias en derecho, determinaci\u00f3n que fue mantenida en reposici\u00f3n el 22 de septiembre de la misma anualidad; mediante escrito radicado el 9 de diciembre pasado, la parte ejecutada solicit\u00f3 la nulidad de todo lo actuado dentro del coercitivo, del que se corri\u00f3 traslado al acreedor por auto del 9 de febrero de 2023. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juez Civil del Circuito de Fundaci\u00f3n, Magdalena, luego de relacionar el tr\u00e1mite procesal adelantado al interior del asunto revisado, pidi\u00f3 declarar improcedente el amparo, por cuanto \u00abel actuar del despacho se encuentra enmarcado dentro de las normas procesales que gobiernan la materia \u00bb. <\/p>\n
2. La secretar\u00eda de planeaci\u00f3n e infraestructura del Municipio de Fundaci\u00f3n, el director jur\u00eddico del Ministerio de Justicia y del Derecho, la coordinadora del grupo de gesti\u00f3n judicial de la Superintendencia de Industria y Comercio, la Regional de Instrucci\u00f3n del Magdalena de la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n , y, el jefe de la oficina asesora jur\u00eddica del Ministerio del Interior, solicitaron su desvinculaci\u00f3n de las presentes diligencias por falta de legitimaci\u00f3n en la causa, al no tener injerencia alguna frente a lo reclamado por el interesado. <\/p>\n
3. El Procurador 9 Judicial II para Asuntos Civiles se\u00f1al\u00f3, que \u00abLa acci\u00f3n de tutela no es, en principio, el instrumento judicial adecuado para solicitar la protecci\u00f3n de los derechos que eventualmente sean lesionados en el tr\u00e1mite de un proceso judicial, pues el ordenamiento jur\u00eddico ha dise\u00f1ado para este efecto la estructura de \u00f3rganos de la Rama Judicial, estableciendo un modelo jer\u00e1rquico cuyo movimiento se activa a partir de la utilizaci\u00f3n de una serie de mecanismos judiciales que buscan garantizar la correcci\u00f3n de las providencias judiciales\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Neg\u00f3 la solicitud de amparo por estimar que su interposici\u00f3n fue prematura, \u00ab pues si bien el accionante pretende que se ordene al JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO DE FUNDACI\u00d3N- MAGDALENA iniciar incidente de desacato contra la accionada y que, en consecuencia, se solicite a TIENDAS D1 KOBA COLOMBIA S.A.S cancelar las agencias concedidas en favor suyo, lo cierto es que hay un incidente de nulidad en curso, el cual no ha sido resuelto, y que versa en parte sobre los asuntos aqu\u00ed reprochados\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso el actor, sin esgrimir argumento adicional. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad judicial convocada vulner\u00f3 la garant\u00eda esencial invocada, al supuestamente, no abrir \u00abincidente de desacato\u00bb y ordenar a la ejecutada cumplir con la orden de pago proferida, dentro de la acci\u00f3n popular promovida por el gestor contra Tienda D1 Koba Colombia SAS (n\u00b0 2021-00056). <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones de naturaleza judicial, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n, se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
3. El presupuesto de la subsidiariedad <\/p>\n
El amparo constitucional se caracteriza por la prevalencia del mentado requisito y su inobservancia ocurre no solo cuando se dejan de emplear los medios de defensa ordinarios, lo cual constituye incuria, sino tambi\u00e9n porque a\u00fan existan otras v\u00edas tendientes a solucionar la afectaci\u00f3n a los derechos. <\/p>\n
En el caso que se revisa se configura la segunda modalidad, dado que si bien lo pretendido por el gestor a trav\u00e9s de este mecanismo excepcional es que se inicie \u00abincidente de desacato\u00bb para que se le ordene a Tienda D1 Koba Colombia SAS cancelar las agencias concedidas en favor suyo, actualmente est\u00e1 pendiente de resolver no solo el recurso de apelaci\u00f3n formulado contra la sentencia y su complementaci\u00f3n dentro de la acci\u00f3n popular, y que dio inicio a la ejecuci\u00f3n, sino el incidente de nulidad promovido por la parte all\u00e1 demandada para que se invalide todo lo actuado dentro del coercitivo seguido a continuaci\u00f3n, por lo que al estar en curso v\u00edas ordinarias empleadas para intentar conjurar la eventual trasgresi\u00f3n denunciada en el libelo incoativo de esta tramitaci\u00f3n, no es factible ventilar tales asuntos en forma paralela ante la jurisdicci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
Al respecto, ha dicho la Corte, que: <\/p>\n
\u00aben trat\u00e1ndose de instrumentos dirigidos a la preservaci\u00f3n de los derechos, el medio judicial de protecci\u00f3n es, por excelencia, el proceso y, por lo tanto, a nadie le es dable quejarse por la hipot\u00e9tica vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales, si goz\u00f3 y a\u00fan cuenta con la oportunidad de controvertir las decisiones de las que hoy discrepa. Por lo dem\u00e1s, es palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente ni a\u00fan bajo el pretexto de que la acci\u00f3n de tutela se promueve \u201ccomo fundamento de la inmediatez para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso\u201d, pues, reit\u00e9rase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley\u00bb (CSJ STC, 22 feb. 2010, rad. 2009-00312-01, citada entre otras en STC2432-2023, 15 mar., rad. 00307-01). <\/p>\n
Entonces, mientras est\u00e9 pendiente de definir el asunto por parte del funcionario a quien la ley le asign\u00f3 la facultad de dirimir la controversia, y aqu\u00e9l no se encuentre incurso en dilaci\u00f3n injustificada para pronunciarse, no es posible que los aspectos cardinales para tal pedimento se expongan para su resoluci\u00f3n en sede excepcional, ya que: <\/p>\n
\u00abno es admisible que el Juez de tutela se anticipe a una decisi\u00f3n que por competencia debe adoptar el juzgador natural; por tanto, el constitucional no puede invadir la competencia, despojando de las atribuciones asignadas v\u00e1lidamente al funcionario de conocimiento por el constituyente y el legislador, pues si fuera de otra manera, desconocer\u00eda el car\u00e1cter residual de esta senda y las normas de orden p\u00fablico, que son de obligatoria aplicaci\u00f3n, con la consiguiente alteraci\u00f3n de las reglas preestablecidas y el quebrantamiento de las prerrogativas de los intervinientes en tal causa\u00bb (CSJ STC, 18 mar. 2011, rad. 00171-00, citada en STC439-2023, 25 ene., rad. 01282-01, entre otras). <\/p>\n
4. Consideraci\u00f3n adicional. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con las peticiones elevadas por el tutelante, para que se ordene a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n \u00abA FIN que presente acciones legales a mi nombre, pues no soy abogado y me garantice asi (sic) art 29 CN\u00bb, y, al Ministro del Interior \u00aba \ufb01n que ordene lo necesario en derecho a \ufb01n que se me brinde un real y verdadero acceso a la administraci\u00f3n de justicia en mi acci\u00f3n CONSTITUCIONAL\u00bb, se advierte que el interesado podr\u00e1 solicitar y exponer directamente ante las autoridades competentes sus inconformidades, y al no haber acreditado la realizaci\u00f3n de esas gestiones, la tutela se torna improcedente por su naturaleza subsidiaria y residual. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Se confirmar\u00e1 la desestimaci\u00f3n de la solicitud de amparo, por cuanto no se verifica el presupuesto de subsidiariedad. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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