STC4030-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC4030-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-30-000-2023-00419-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de veintis\u00e9is de abril de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Mary Rosse Valero Fl\u00f3rez contra el Consejo Superior de la Judicatura; la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de Bogot\u00e1; la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n; la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n; la Agencia Nacional de Defensa Jur\u00eddica del Estado; la Alcald\u00eda Mayor de Bogot\u00e1; la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial y el Juzgado Segundo de Familia, ambos de la misma localidad; tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante, actuando en nombre propio, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas esenciales de acceso a la justicia, debido proceso \u2013en sus modalidades de defensa y contradicci\u00f3n\u2013, buen nombre, entre otras, supuestamente vulneradas por las autoridades convocadas. <\/p>\n
2. Como hechos jur\u00eddicamente relevantes para la definici\u00f3n del sub-lite, y con soporte en las pruebas adosadas \u2013en especial, el expediente digitalizado1\u2013, se destacan los siguientes: <\/p>\n
2.1. Marina Dilba Valero Parra present\u00f3 acci\u00f3n de petici\u00f3n de herencia contra Mary Rosse Valero Fl\u00f3rez2 \u2013aqu\u00ed libelista\u2013, que curs\u00f3 ante el Juzgado Segundo de Familia de Bogot\u00e1 (rad. n.\u00ba 1994-09528), quien profiri\u00f3 fallo de primera instancia el 12 de diciembre de 2005, accediendo al petitum; decisi\u00f3n confirmada en apelaci\u00f3n por la Sala de Familia del Tribunal Superior de esa localidad el 12 de diciembre de 2008, modificando el monto de la condena por frutos civiles, \u00abpara tener como tal la suma de $104.994.136,26\u00bb. <\/p>\n
2.2. Con posterioridad, Valero Parra solicit\u00f3 librar mandamiento de pago contra la aqu\u00ed inconforme y, luego del tr\u00e1mite de rigor, el 21 de enero de 2014 se declararon no probadas las excepciones propuestas y se orden\u00f3 seguir con el cobro. Despu\u00e9s de presentarse la liquidaci\u00f3n actualizada del cr\u00e9dito y de formularse objeci\u00f3n, el cognoscente la tuvo por no acreditada desde el 10 de diciembre de 2020. <\/p>\n
2.3. Contra ese prove\u00eddo interpuso las defensas de reposici\u00f3n \u2013dej\u00e1ndose inc\u00f3lume lo resuelto\u2013, y apelaci\u00f3n, en virtud de la cual el tribunal ad quem tambi\u00e9n ratific\u00f3 lo decidido el 10 de noviembre de 2021; y, despu\u00e9s de adelantar las actuaciones pertinentes, el 13 de abril de 2023, el juzgado decret\u00f3 el embargo de los dineros consignados a cualquier t\u00edtulo a \u00f3rdenes de la aqu\u00ed tutelante. <\/p>\n
2.4. Aspectos que consider\u00f3 irregulares \u2013en t\u00e9rminos generales\u2013, ci\u00f1endo su cr\u00edtica a que la ejecutante no es la destinataria de dichos emolumentos, sino otra persona, \u00abporque vendi\u00f3 todos los derechos herenciales en 1999 sin reserva alguna (\u2026) [y] act\u00faa en representaci\u00f3n de Jos\u00e9 Ricaurte D\u00edaz Herrera, [y] ninguna de estas personas asisti\u00f3 a ninguna diligencia en este tr\u00e1mite\u00bb. <\/p>\n
2.5. De otra parte, la reclamante tambi\u00e9n indic\u00f3 haber radicado queja disciplinaria contra quien fungi\u00f3 como titular del estrado de familia referido, asunto que se adelanta ante la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de Bogot\u00e1 (rad. n.\u00ba 2022-02505), sin resultados a la fecha, lo que estar\u00eda repercutiendo en sus garant\u00edas, ya que \u00ablleva meses totalmente est\u00e1tica (\u2026) sin ordenar ninguna medida para el restablecimiento del derecho\u00bb. <\/p>\n
2.6. Finalmente, se quej\u00f3 de la expedici\u00f3n de una circular por parte de la Alcald\u00eda de Bogot\u00e1 en 2016, en la que, por orden judicial, se solicit\u00f3 su comparecencia al compulsivo al que se alude, afectando su buen nombre e intimidad, pues se habr\u00edan publicado sus datos completos. <\/p>\n
3. En consecuencia pidi\u00f3, entre otros, (i) dejar sin efectos las providencias proferidas en el ejecutivo; (ii) decretar la terminaci\u00f3n del proceso\u00bb; (iii) anular la mentada circular, expedida en el 2016, por la Alcald\u00eda Mayor de Bogot\u00e1; (iv) \u00abfacilitar\u00bb los tr\u00e1mites de \u00abrestituci\u00f3n de tierras (sic) encontr\u00e1ndome en el extranjero, declarando que yo como ciudadana colombo-norteamericana tengo derecho a que la embajada de Estados Unidos pueda en representaci\u00f3n m\u00eda intervenir en defensa de mis intereses\u00bb; (v) \u00abcertificar\u00bb, por la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, el tipo de arma con la cual \u00abasesinaron a mi padre\u00bb; (vi) informar, por la Superintendencia de Notariado y Registro, \u00abel estado actual de estos tr\u00e1mites\u00bb; (vii) reconocer, por parte de la Rama Judicial, \u00absu victimizaci\u00f3n contra mi familia\u00bb; (viii) presentar, \u00aben propuesta conjunta con Estados Unidos de Am\u00e9rica ante el Consejo de Seguridad de la ONU una f\u00f3rmula de restituci\u00f3n del orden social y la seguridad transnacional\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El estrado de familia y el tribunal ad quem remitieron el enlace de acceso al expediente digitalizado. <\/p>\n
2. La Procuradora Tercera Judicial II Penal de Bogot\u00e1 adujo que \u00abninguno de los hechos puestos en conocimiento de la jurisdicci\u00f3n disciplinaria trasciende al incumplimiento de deberes funcionales del juez que se pidi\u00f3 disciplinar, y que no hay m\u00e9rito para iniciar en su contra investigaci\u00f3n, sin que le corresponda a esta \u00e1rea convertirse en otra instancia para revisar decisiones que como se evidencia no eran compartidas en por parte de la memorialista\u00bb. <\/p>\n
3. La Secretar\u00eda Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogot\u00e1 anot\u00f3 que no tiene relaci\u00f3n con los hechos denunciados. <\/p>\n
4. El Juzgado Segundo de Familia de esa ciudad resalt\u00f3 que \u00abeste Despacho no ha vulnerado las garant\u00edas fundamentales al extremo accionante, por el contrario, ha garantizado el debido proceso en los expedientes mencionados l\u00edneas arriba, resolvi\u00e9ndole sus escritos y\/o memoriales conforme a Derecho. En suma, se le ha concedido los actos de impugnaci\u00f3n incoados\u00bb. <\/p>\n
5. Una asesora de la Oficina Jur\u00eddica de la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n se\u00f1al\u00f3 que \u00abno se evidencia que esta entidad por acci\u00f3n u omisi\u00f3n haya quebrantado los derechos fundamentales de la parte accionante con ocasi\u00f3n de los hechos que sirven de fundamento al libelo tutelar. En este contexto, existe una falta de legitimaci\u00f3n por pasiva frente a la causa principal de la tutela, en lo que respecta a este Ente de Control\u00bb. <\/p>\n
6. La Directora de Gesti\u00f3n Judicial de la Secretar\u00eda Jur\u00eddica Distrital de Bogot\u00e1 a\u00f1adi\u00f3 que \u00abla Circular 031 de 2021, fue expedida por la Subsecretar\u00eda Jur\u00eddica Distrital de la Secretar\u00eda Jur\u00eddica Distrital, al haber recibido por parte del Juzgado Segundo de Familia en Oralidad de Bogot\u00e1 el oficio No. 2990, en el cual comunica que mediante providencia del 10 de noviembre de 2016, se orden\u00f3 el embargo de las sumas de dinero adeudadas a la se\u00f1ora Mary Rosse Valero Fl\u00f3rez, en calidad de contratista del Distrito. Lo anterior con ocasi\u00f3n del proceso ordinario-ejecutivo de frutos civiles con radicado No. 1994-09528 adelantado por Marina Dilba Valero Parra en contra de la aqu\u00ed accionante. Por consiguiente, resulta claro que la Alcald\u00eda Mayor de Bogot\u00e1 D.C.-Secretar\u00eda Jur\u00eddica Distrital, expidi\u00f3 la Circular 031 de 2016 \u00fanicamente con el objetivo de comunicar a la totalidad de las entidades y organismos que conforman la Administraci\u00f3n Distrital sobre la medida cautelar decretada por el Juzgado Segundo de Familia en Oralidad de Bogot\u00e1, y en este sentido, las entidades adoptaran los mecanismos necesarios para garantizar el cumplimiento de la orden impartida por el mencionado Juzgado\u00bb. <\/p>\n
7. El Banco Agrario de Colombia S.A. indic\u00f3 que \u00abel accionante indica que la vinculaci\u00f3n del Banco es con ocasi\u00f3n a la Finca el Danubio, sin embargo, dentro del escrito no se logra establecer si el inmueble se encuentra bajo garant\u00eda a favor de la entidad, o si existe obligaci\u00f3n que ligue a dicho inmueble o alg\u00fan otro dato que permita identificar la inclusi\u00f3n en la presente acci\u00f3n, por el contrario, no se logra evidencias las razones por las cuales la entidad deba pronunciarse. Por lo anteriormente expresado, el Banco no ha vulnerado derecho alguno de la accionante ya que la petici\u00f3n objeto de la acci\u00f3n es de \u00edndole procesal y solo le compete a los despachos accionados y a la accionante pronunciarse sobre el particular\u00bb. <\/p>\n
8. La Agencia Nacional de Defensa Jur\u00eddica del Estado arguy\u00f3 que \u00abtanto los hechos como las pretensiones involucran directamente a la Alcald\u00eda Mayor de Bogot\u00e1; a las partes procesales y los despachos judiciales que han participado en el proceso 1100131100002-1994- 09528-00; a la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de Bogot\u00e1; a la Superintendencia de Notariado y Registro; y a la Oficina de Registros P\u00fablicos de Ramiriqu\u00ed, Boyac\u00e1; entre otras entidades. Sobre las pretensiones en comento, no se evidencia en el relato de los hechos en que se fundamenta el reclamo de amparo, alguna omisi\u00f3n o acci\u00f3n atribuible a esta Agencia, respecto de la cual deba hacerse el estudio de la presunta afectaci\u00f3n de los derechos fundamentales\u00bb. <\/p>\n
9. El Superintendente Delegado para la Protecci\u00f3n, Restituci\u00f3n y Formalizaci\u00f3n de Tierras dijo que \u00abverificado todo el documento de la acci\u00f3n de tutela presentado por la se\u00f1ora Mary Rosse Valero Fl\u00f3rez, no se menciona la identificaci\u00f3n del predio que denomina \u201cEl Valle de las Flores\u201d, solo menciona el folio de matr\u00edcula del predio denominado \u201cEl Danubio\u201d siendo el 090-2672, de este y verificada su tradici\u00f3n se desprende por adjudicaci\u00f3n en liquidaci\u00f3n de comunidad seg\u00fan la sentencia del 20 de abril de 1993 del Juzgado Civil del Circuito de Ramiriqui, dos folios segregados (090- 28954 PD Rural El Danubio y 090-28955 PD Rural El Valle De Las Flores). Con base en lo anterior, el predio 090-2672 como sus segregados proviene de propiedad privada seg\u00fan la adjudicaci\u00f3n en sucesi\u00f3n con la sentencia del 17 de junio de 1958 del Juzgado Civil del Circuito de Ramiriqui de Salvador Molina, a favor de Augusto Torres, registrado el 24 de agosto de 1958\u00bb. <\/p>\n
10. La jefe de la Oficina Asesora Jur\u00eddica de la Superintendencia de Notariado y Registro expuso que \u00abno ha vulnerado derecho fundamental alguno a la accionante, en tanto que no le compete realizar manifestaci\u00f3n alguna sobre los hechos narrados en la demanda, ni dar respuesta a 28 de las 30 peticiones que fueron elevadas, toda vez que estas no se encuentran dentro de sus funciones y competencias, ni guarda relaci\u00f3n org\u00e1nica alguna con las dem\u00e1s entidades y particulares que han sido accionados en el presente caso\u00bb. <\/p>\n
Tambi\u00e9n agreg\u00f3 que \u00abde requerirse informaci\u00f3n respecto de alguna escritura p\u00fablica, es deber remitirse a la notaria en la cu\u00e1l se haya otorgado el instrumento ya que la Superintendencia no cuenta con la informaci\u00f3n documental. De igual forma, en cuanto a requerir informaci\u00f3n sobre alg\u00fan folio de matr\u00edcula inmobiliaria, debe ser solicitada a la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos donde se encuentre inscrito el inmueble\u00bb. <\/p>\n
11. La Fiscal 34 Seccional de Ramiquir\u00ed sostuvo que en el SPOA no se registr\u00f3 proceso relacionado con las actuaciones denunciadas en este resguardo. <\/p>\n
12. La Coordinadora del Grupo de Trabajo de Privilegios e Inmunidades \u2013 Direcci\u00f3n del Protocolo del Ministerio de Relaciones Exteriores precis\u00f3 el procedimiento que adelanta la entidad como \u00f3rgano diplom\u00e1tico. <\/p>\n
13. La Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de Bogot\u00e1 memor\u00f3 que \u00abrespecto a los hechos y pretensiones que guardan relaci\u00f3n con el mencionado radicado, debo precisar que el mismo le correspondi\u00f3 a esta Magistrada por reparto efectuado el 21 de julio de 2022. Se repite, el 31 de agosto de 2022 se profiri\u00f3 providencia de inhibirse de iniciar actuaci\u00f3n disciplinaria en contra del Juez 2\u00b0 de Familia del Circuito de Bogot\u00e1, en lo relacionado con el proceso de petici\u00f3n de herencia No. 1994-09528: demandante Marina Dilba Valero Parra y demandados Gilma Alicia Fl\u00f3rez Beltr\u00e1n y MARY ROSSE VALERO FLOREZ\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, apunt\u00f3 que \u00abla decisi\u00f3n inhibitoria atacada por la actora, proferida el 31 de agosto de 2022, constituye una providencia judicial, respecto de la cual, para que proceda la acci\u00f3n de tutela, se requiere que se re\u00fanan los requisitos exigidos para tales efectos por la jurisprudencia constitucional\u00bb. <\/p>\n
14. El Juzgado Diecinueve Penal del Circuito con Funci\u00f3n de Conocimiento de Bogot\u00e1 aclar\u00f3 que no tiene relaci\u00f3n con los hechos enunciados en la tutela. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si las autoridades convocadas incurrieron en presunta v\u00eda de hecho; por cuanto (i) en el curso de la ejecuci\u00f3n seguida a continuaci\u00f3n de la petici\u00f3n de herencia (rad. n.\u00ba 1994-09528), se mantuvo la orden de seguir el recaudo, se denegaron las objeciones formuladas contra la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito y continu\u00f3 el asunto \u2013al igual que la causa inicial\u2013; aunado a que, (ii) a pesar de haber formulado queja disciplinaria contra la otrora titular del estrado segundo de familia de Bogot\u00e1, la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de esta localidad no ha proferido la decisi\u00f3n pertinente (rad. n.\u00ba 2022-02505); supuestamente, en desmedro de sus prerrogativas. <\/p>\n
2. Soluci\u00f3n al caso concreto: <\/p>\n
2.1. Sobre la primera queja (rad. n.\u00ba 1994-09528): ausencia de vulneraci\u00f3n. <\/p>\n
2.1.1. La jurisprudencia constitucional ha decantado con suficiencia los presupuestos y requisitos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse a la hora de establecer la procedencia de la intervenci\u00f3n del juez de tutela, ellos son: <\/p>\n
\u00ab(i) \u2026que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC. C-590\/05; SU-813\/07). <\/p>\n
Resulta imprescindible, entonces, que en el examen previo se constate la presencia de los se\u00f1alados presupuestos, pero forzosamente se requiere que el supuesto de hecho planteado desvele una situaci\u00f3n en la que se hallen ciertamente comprometidos derechos fundamentales pues, de no ser as\u00ed, el amparo no puede prosperar. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha se\u00f1alado que, para el efecto, es necesario: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el cumplimiento de algunos requisitos, siendo uno de ellos y quiz\u00e1s el primero y m\u00e1s elemental, la existencia cierta del agravio, lesi\u00f3n o puesta en peligro de la prerrogativa constitucional invocada que demande la inmediata intervenci\u00f3n del juez de tutela en orden a hacerla cesar, motivo por el cual la solicitud de amparo debe contener un m\u00ednimo de demostraci\u00f3n en cuanto a la vulneraci\u00f3n que afecta los derechos que se quieren proteger, pues si no son objeto de ataque o coacci\u00f3n, carece de sentido hablar de la necesidad de la salvaguarda\u00bb (CSJ STC5337-2018, 26 abr., entre otras). <\/p>\n
2.1.2. Con observancia en las premisas que anteceden, advierte la Sala que habr\u00e1 de declararse la inviabilidad del resguardo, comoquiera que no se puede colegir actualmente la amenaza o vulneraci\u00f3n de las prerrogativas esenciales invocadas por la accionante, ni la consumaci\u00f3n de un perjuicio irremediable, de tal forma que se habilite la interposici\u00f3n del amparo, como pasa a explicarse. <\/p>\n
En efecto, n\u00f3tese que, aun cuando en el escrito inicial se cuestionan de forma indistinta m\u00faltiples tem\u00e1ticas que, incluso, no tienen relaci\u00f3n aparente con la causa judicial que se revisa, verificado el expediente rad. n.\u00ba 1994-09528, se colige que se han resuelto las variadas solicitudes y recursos que la aqu\u00ed actora ha incoado con fundamento en las supuestas irregularidades que tambi\u00e9n denuncia en esta sede, por lo que, no posible derivar la vulneraci\u00f3n iusfundamental endilgada. <\/p>\n
Lo mismo se predica frente a la circular a trav\u00e9s de la cual la Alcald\u00eda de Bogot\u00e1 habr\u00eda puesto en conocimiento la existencia del mentado proceso, en tanto que, adem\u00e1s de haberse aportado de forma incompleta y poco legible, su expedici\u00f3n se dio con ocasi\u00f3n de una orden judicial, hace aproximadamente siete a\u00f1os a la fecha de radicaci\u00f3n del resguardo, lo que afianza su improsperidad. <\/p>\n
2.1.3. De otra parte, aun si se interpretara que el reproche se enfila contra las sentencias de instancia \u2013primer proceso\u2013 (12 de diciembre de 2005, 15 de diciembre de 2008), la orden de seguir adelante la ejecuci\u00f3n (21 de enero de 2014), la resoluci\u00f3n de las objeciones (10 de diciembre de 2020 y 10 de noviembre de 2021), la negativa de terminar la petici\u00f3n de herencia (10 de diciembre de 2020 y 22 de noviembre de 2021); se superar\u00eda ampliamente el presupuesto de tempestividad que rige este mecanismo, por lo que, igualmente, devendr\u00eda inviable. <\/p>\n
2.1.4. Y, si se estimara que la inconformidad es contra el prove\u00eddo que decret\u00f3 la cautela de embargo (13 de abril de 2023), tambi\u00e9n se observa en la foliatura que la parte actora present\u00f3 \u00abpetici\u00f3n de aclaraci\u00f3n de contenido y correcci\u00f3n de errores\u00bb, que, a la fecha, est\u00e1 pendiente de resolverse, lo que torna prematura la queja. <\/p>\n
Por ello, en situaciones como la del sub-lite, la decantada jurisprudencia de esta Corte ha relievado que \u00abpara que prospere una acci\u00f3n de esta naturaleza, no basta con que el accionante se\u00f1ale que se le ha vulnerado un derecho fundamental, pues se requiere que se demuestre que los derechos fundamentales que se pretenden proteger han sido vulnerados o est\u00e1n amenazados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares en los casos previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 5 jun. 2002, exp. 00037-01, citada, entre otras, en STC6835-2022, 2 jun.). <\/p>\n
2.2. Sobre el disciplinario (rad. n.\u00ba 2022-02505) que curs\u00f3 ante la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de Bogot\u00e1: <\/p>\n
Ahora bien, contrario a lo sostenido en el escrito inicial, seg\u00fan se se\u00f1ala en el portal de consulta de procesos de la Rama Judicial3, con el consecutivo previamente identificado, la queja disciplinaria que la aqu\u00ed actora radic\u00f3 en contra de quien fungi\u00f3 como titular del estrado segundo de familia de Bogot\u00e1, con ocasi\u00f3n de las alegadas irregularidades que, en su criterio, se habr\u00edan suscitado en el proceso anterior, la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de esta ciudad profiri\u00f3 decisi\u00f3n inhibitoria desde agosto de 2022 y orden\u00f3 el archivo de las diligencias. <\/p>\n
En ese orden, la promotora tampoco acredit\u00f3 la mora judicial endilgada a esa causa, porque, con independencia del sentido de esa resoluci\u00f3n, aquella ya culmin\u00f3 \u2013sin que se efectuara manifestaci\u00f3n alguna\u2013, de modo que, en esas condiciones, tampoco se abre paso el amparo. <\/p>\n
2.3. Precisiones adicionales: <\/p>\n
Por \u00faltimo, en lo que ata\u00f1e a los dem\u00e1s embates, la Sala precisa que, adem\u00e1s de no haber acreditado en este tr\u00e1mite la radicaci\u00f3n de las solicitudes cuya respuesta pretende\u2013frente al particular D\u00edaz Herrera, la Fiscal\u00eda, Procuradur\u00eda, Superintendencia de Notariado y Registro, Consejo Superior de la Judicatura, la Agencia Nacional de Defensa Jur\u00eddica del Estado, los despachos judiciales, et. al. \u2013, tampoco es posible determinar de forma certera lo pretendido con este mecanismo; m\u00e1xime si se tiene en cuenta que tambi\u00e9n pidi\u00f3 conminar a entidades frente a las cuales se carece de jurisdicci\u00f3n \u2013como la embajada de Estados Unidos en Colombia\u2013, a adelantar las gestiones que, se itera, corresponde promover a la directa interesada. <\/p>\n
Y, si a juicio de la censora, los estrados que han conocido de sus procesos han incurrido en irregularidades constitutivas de responsabilidad patrimonial del Estado, nada obsta para que, en ejercicio de las garant\u00edas que le asisten, acuda al medio de control pertinente y plantee sus argumentos ante la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo, pues, en virtud del car\u00e1cter subsidiario y residual de este mecanismo, tampoco es posible emitir pronunciamiento al respecto. <\/p>\n
3. Conclusiones. <\/p>\n
3.1. No se acredit\u00f3 el menoscabo alegado frente al proceso judicial rad. n.\u00ba 1994-09528, pues no se especific\u00f3 actuaci\u00f3n constitutiva de irregularidad. <\/p>\n
3.2. No se prob\u00f3 la alegada mora judicial en la causa disciplinaria rad. n.\u00ba 2022-02505, ya que desde agosto de 2022 se dict\u00f3 el auto inhibitorio. <\/p>\n
3.3. En cuanto a las dem\u00e1s peticiones, tampoco se constat\u00f3 su formulaci\u00f3n ante las entidades competentes. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por medio expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Remitido por el estrado de familia, toda vez que, del escrito inicial, no fue posible verificar el orden cronol\u00f3gico de las actuaciones relevantes en la causa que se revisa. <\/p>\n
2\u0002 Asunto en el que Gilma Alicia Fl\u00f3rez Beltr\u00e1n ha solicitado no solo ser reconocida como apoderada sino como \u00abdemandada\u00bb y actuar tambi\u00e9n en su propio nombre. <\/p>\n
3\u0002 Con el radicado 11001-25-02-000-2022-02505-00, anotaciones fechadas \u00ab2022-08-31 auto inhibitorio\u00bb; \u00ab2022-09-05 env\u00edo comunicaciones\u00bb. <\/p>\n
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STC4030-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC4030-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-30-000-2023-00419-00 (Aprobado en Sala de veintis\u00e9is de abril de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Mary Rosse Valero […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[61],"tags":[],"class_list":["post-72676","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-abril-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/72676","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=72676"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/72676\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=72676"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=72676"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=72676"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}