STC4031-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC4031-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 52001-22-13-000-2023-00024-01 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 52001-22-13-000-2023-00032-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintis\u00e9is de abril de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte las impugnaciones formuladas frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto el 15 de marzo de 2023, dentro de las acciones de tutela acumuladas, promovidas por Eduard Alejandro Ponce Mera y Luis Ernesto Ponce Bravo contra el Juzgado Promiscuo de Familia de T\u00faquerres, tr\u00e1mites a los cuales fueron vinculados los intervinientes en el ejecutivo de alimentos radicado bajo el n\u00ba 2022-00088. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando el primero en su propio nombre, y el segundo a trav\u00e9s de apoderada judicial, los solicitantes reclaman la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad convocada, en el diligenciamiento del asunto antes referido. <\/p>\n
2. Los fundamentos f\u00e1cticos de las querellas constitucionales se sintetizan as\u00ed: <\/p>\n
2.1. En la acci\u00f3n inicial (rad. 2023-00024-01), Eduard Alejandro Ponce Mera expuso que impetr\u00f3 demanda ejecutiva para hacer efectivo \u00abel cobro de cuotas de alimentos dejadas de pagar por mi padre [Luis Ernesto Ponce Bravo], a partir del a\u00f1o 2020, hasta la presentaci\u00f3n de la demanda, y las que se causaran en adelante, solicitando como medida cautelar el embargo y retenci\u00f3n de dineros de salarios y\/o honorarios de los v\u00ednculos de trabajo del demandado con el Hospital Civil de Ipiales y Hospital Infantil Los \u00c1ngeles de Pasto\u00bb. <\/p>\n
Que el t\u00edtulo ejecutivo corresponde a \u00abla sentencia de fecha 27 de octubre de 2006 [donde el Juzgado Promiscuo de Familia de T\u00faquerres] conden\u00f3 a mi padre al pago de la obligaci\u00f3n de alimentos en mi favor, por la suma equivalente al treinta por ciento (30%) sobre sus ingresos devengados como m\u00e9dico contratado al servicio de cualquier empresa de salud (\u2026), incluido prestaciones sociales, horas extras, primas, vacaciones, bonificaciones, indemnizaciones, etc\u00e9tera\u00bb, y que tras la declaraci\u00f3n de divorcio entre sus progenitores el 28 de abril de 2015, esa decisi\u00f3n \u00abse encuentra vigente, porque no se ha decretado su extinci\u00f3n judicial o extrajudicialmente, ni su modificaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Que \u00abdesde el mes de enero de 2020 y hasta la fecha de presentaci\u00f3n de la demanda [julio de 2022]\u00bb, se causaron cuotas de alimentos a su favor, que liquidadas conforme a las \u00abcertificaciones expedidas por el Hospital Infantil Los \u00c1ngeles y Hospital Civil de Ipiales\u00bb, arrojan montos mensuales de \u00ab$11\u00b4025.808; $15\u00b4829.727; $26\u00b4329.727 y $15\u00b4829.72711.025.808\u00bb, y por ello pidi\u00f3 al Juez Promiscuo de Familia de T\u00faquerres que librara orden de apremio por la suma de \u00ab$475.986.266\u00bb. <\/p>\n
Que el 31 de agosto de 2022, el accionado \u00abse abstiene de librar mandamiento de pago en la cuant\u00eda deprecada en la demanda (\u2026), se\u00f1alando que la liquidaci\u00f3n realizada por mi abogado es desproporcional e incongruente con el concepto de alimentos, que incurre en abuso del derecho otorgado por la ley, que librarse mandamiento de pago seg\u00fan las pretensiones de la demanda ser\u00eda configurar un enriquecimiento sin causa en favor del alimentario y en detrimento del alimentante\u00bb, y que como \u00abno se fij\u00f3 la base de ingresos para aplicar el porcentaje del 30% de alimentos, [era] necesario determinar un valor para la cuota [que seg\u00fan la interpretaci\u00f3n], equival\u00eda a uno y medio (1\/2) salario m\u00ednimo legal\u00bb, librando la orden por \u00ab$30.653.916\u00bb. <\/p>\n
Que, en sede de reposici\u00f3n, con auto del 24 de enero de 2023 el juzgado \u00abdej\u00f3 en firme su decisi\u00f3n\u00bb, la cual estima lesiva de sus prerrogativas fundamentales, en tanto es \u00abtrascendental para el proceso\u00bb, siendo \u00abinminente la intervenci\u00f3n del juez constitucional, porque se est\u00e1 en tiempo procesal para ordenar corregir y\/o proferir una nueva\u00bb, en tanto la censurada, \u00abconfigura una v\u00eda de hecho por defecto f\u00e1ctico y procedimental\u00bb. <\/p>\n
2.2. Por su parte, en la acci\u00f3n de tutela acumulada (rad. 2023-00032), Luis Ernesto Ponce Bravo asever\u00f3 que, contra el mandamiento de pago, de parte suya tambi\u00e9n se interpuso recurso de reposici\u00f3n que fue desestimado \u00abmediante providencia del 7 de febrero de 2023\u00bb, y que acude a este mecanismo para que se le garanticen sus prerrogativas -ya enunciadas-, al indicar que, para emitir dicho prove\u00eddo, el juzgado inobserv\u00f3 que la sentencia \u00abno cumple con los requisitos formales ni sustanciales para constituirse como t\u00edtulo ejecutivo\u00bb. <\/p>\n
Lo anterior, porque para establecer el \u00ab30% de todos sus ingresos acreditados en el proceso\u00bb, el juez indic\u00f3 que \u00e9l laboraba en una EPS, cuyos \u00ab\u201cingresos aproximados [eran] de $2.000.000 mensuales, sin que por otra parte se haya acreditado su vinculaci\u00f3n laboral con otra entidad\u201d\u00bb, empero, \u00aba) no contiene una fecha exacta a partir de la cual la obligaci\u00f3n puede ser exigible (\u2026); b) [el ejecutante no acredit\u00f3] ejecutoria de la sentencia; c) [el actor no prueba] la afirmaci\u00f3n [de que tras el divorcio] la cuota alimentaria se mantuvo bajo las mismas condiciones; d) La sentencia no cuenta con una obligaci\u00f3n clara ni expresa (\u2026); e) Al librar mandamiento de pago, el se\u00f1or juez, entra a realizar una interpretaci\u00f3n subjetiva del alcance de la sentencia, [y], f) Con el fin de determinar el alcance de la sentencia procede a crear una f\u00f3rmula, la cual aplica directamente, sobre los contratos y certificaciones emitidas por [sus] empleadores y\/o contratantes, sin verificar, por lo menos, cual fue el ingreso neto, mensual, actual, etc.\u00bb. <\/p>\n
Que \u00abno es esta la primera vez en que por parte del despacho accionado, se cometen yerros que [le] han causado graves perjuicios, tanto as\u00ed, que incluso, ha realizado liquidaciones de deuda en forma desmesurada, con las cuales el se\u00f1or EDUARD PONCE y su se\u00f1ora madre BERTHA NUBIA MERA, iniciaron procesos de inasistencia alimentaria ante la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, raz\u00f3n por la cual el se\u00f1or LUIS PONCE, por el temor de ser privado de su libertad, entreg\u00f3 m\u00e1s de cien millones de pesos en favor de los antes mencionados. No por considerarse deudor, sino, por salvaguardar su integridad f\u00edsica y psicol\u00f3gica, debido a la persecuci\u00f3n iniciada y perpetuada en su contra\u00bb. <\/p>\n
Que \u00aben el mes de octubre del a\u00f1o [2022], con el fin de salvaguardar los intereses de [sus dos] hijos menores de edad, solicit\u00e9 la reducci\u00f3n de embargos, puesto que, a la fecha, se ha retenido de [sus] ingresos una suma dineraria aproximada de $50.000.000, petici\u00f3n que hasta la fecha no ha sido resuelta\u00bb, y que \u00abel despacho resolvi\u00f3 negar la solicitud de amparo de pobreza (\u2026) a pesar de cumplir con todas las exigencias contenidas en el art\u00edculo 151 del c\u00f3digo general del proceso\u00bb. <\/p>\n
Adicionalmente, afirm\u00f3 que en el inicial proceso de alimentos [2005-00234], el demandante solicit\u00f3 se ordenara \u00aba entidades cl\u00ednicas y m\u00e9dicas donde labora el alimentante (\u2026), se practique el descuento del 30% [de los emolumentos que pueda percibir]\u00bb, y que el juzgado orden\u00f3 oficiar para establecer el v\u00ednculo aludido, decisi\u00f3n que \u00abfue recurrida por haberse avizorado el estado confidencialmente, sin que a la fecha se haya resuelto\u00bb, y que en ese mismo estrado \u00abtambi\u00e9n fij\u00f3 cuota alimentaria en favor de [su] ex esposa Bertha Nubia Mera, quien igualmente inici\u00f3 proceso ejecutivo de alimentos [rad. 2022-00089], en el cual existe diversidad de irregularidades, y se ha pretendido tramitar[los] como si fuere uno solo\u00bb. <\/p>\n
3. El accionante Ponce Mera pretende que \u00abse ordene al [accionado], proferir una nueva providencia por la cual se libre mandamiento de pago conforme las pretensiones y liquidaci\u00f3n efectuada en la demanda y recurso de reposici\u00f3n (\u2026), dejando sin efectos las providencias de fecha 31 de agosto de 2022 y 24 de enero de 2023 en el proceso ejecutivo de alimentos 2022-00088\u00bb. Y el se\u00f1or Ponce Bravo, que \u00abse deje sin valor ni efecto el auto de 31 de agosto de 2022 dentro del proceso ejecutivo, [as\u00ed como] el auto de 31 de enero de 2023 dentro del proceso No. 2005-0234 (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El titular del despacho judicial acusado, expres\u00f3 que \u00aben las providencias [criticadas] se explicaron las razones jur\u00eddicas y probatorias que permitieron librar mandamiento de pago, contrario a lo pretendido por la parte ejecutante, pero en la forma considerada legal por el funcionario que las emiti\u00f3, proceder que sustent\u00f3 amparado en el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 430 del estatuto procesal. Los fundamentos que sustentaron las decisiones objeto de inconformidad, se hallan vertidos en la parte motiva de las mismas, por lo que se solicita que sean tenidas en cuenta como parte integral de esta contestaci\u00f3n\u00bb. Y que \u00aben este mismo Juzgado y bajo la radicaci\u00f3n 2022-00089-00, se tramita proceso ejecutivo de alimentos a favor de la se\u00f1ora Bertha Nubia Mera Bola\u00f1os y en contra del se\u00f1or Luis Ernesto Ponce Bravo, cuyo t\u00edtulo ejecutivo corresponde a la sentencia emitida tambi\u00e9n por esta judicatura el d\u00eda 19\/12\/2007, dentro del proceso 2006-00077-00\u00bb. <\/p>\n
Sobre la demanda acumulada, agreg\u00f3 que \u00abrespecto de la petici\u00f3n de reducci\u00f3n de embargos, el juzgado ha diferido el pronunciamiento hasta tanto se logre recaudar prueba que permita dilucidar la real y actual capacidad econ\u00f3mica del alimentante\u00bb, tambi\u00e9n, que \u00ablos recursos propuestos [contra la negaci\u00f3n del amparo de pobreza elevado por el ejecutado], fueron objeto de pronunciamiento por este juzgado en auto de 3 de marzo de 2023, correspondiendo a la apoderada judicial de la parte actora [en el cual el despacho] mantiene su postura\u00bb. Por \u00faltimo, que sobre \u00abel recurso de reposici\u00f3n [formulado por el demandado] contra el auto proferido el 1\u00b0 de febrero de 2023, al interior del proceso de alimentos No. 2005-00234, hasta el momento se encuentra en turno para ser definido\u00bb. <\/p>\n
2. Eduard Alejandro Ponce Mera, reiter\u00f3 los argumentos de su demanda, refutando que \u00abcon la decisi\u00f3n planteada por el juzgado accionado, se vulneren derechos [de su padre] ni muchos menos de su n\u00facleo familiar, pues los \u00fanicos derechos que se vulneraron fueron los m\u00edos, ya que no se dio al proceso que impetr\u00e9 el tr\u00e1mite solicitado, sino por el contrario uno distinto\u00bb, y tras referirse a cada uno de los reparos realizados por su contraparte en la acci\u00f3n acumulada, se opuso a lo all\u00ed pretendido. <\/p>\n
3. Luis Ernesto Ponce Bravo, se opuso a lo pretendido por Eduard Alejandro, asegurando que tanto este como su progenitora \u00abse ha[n] empecinado en realizar una persecuci\u00f3n en mi contra, abusando del derecho que la ley les otorga en calidad de hijo y ex esposa, respectivamente (\u2026), incluso de manera desleal, faltando a la verdad, activando diversas jurisdicciones, llegando hasta esa instancia me han presionado y forzado a entregar cuantiosas sumas de dinero a su favor, siendo el \u00fanico m\u00f3vil mi desconocimiento y miedo, actuaci\u00f3n que pretenden reiterar en esta ocasi\u00f3n\u00bb. Tras reiterar lo dicho en su querella, pidi\u00f3 se acojan sus s\u00faplicas y, en consecuencia, se nieguen las invocada por su hijo. <\/p>\n
4. La Defensora de Familia del ICBF \u2013 Centro Zonal T\u00faquerres, solicit\u00f3 su \u00abdesvinculaci\u00f3n de la presente acci\u00f3n en tanto se predica los derechos de una persona mayor de edad\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Concedi\u00f3 la tutela deprecada por Eduard Alejandro, al advertir que para librar el mandamiento de pago en el pleito con radicaci\u00f3n n\u00b0 2022-00088, el accionado realiz\u00f3 \u00abuna interpretaci\u00f3n que no correspond\u00eda hacer en ese estadio de la actuaci\u00f3n y menos de manera oficiosa\u00bb, puesto que la sentencia del 27 de octubre de 2006 \u00abque primigeniamente determin\u00f3 la cuota alimentaria a cargo del demandado, no es confusa ni posibilita interpretaci\u00f3n diferente a aquella relativa a que la cuota alimentaria favor del hijo, ahora mayor de edad, es del 30% de los ingresos mensuales de su padre, independientemente de su cuantificaci\u00f3n\u00bb, por cuanto dicha tasaci\u00f3n \u00abno ha sido objeto de modificaci\u00f3n (\u2026) pues para ello se requiere adelantar un juicio de revisi\u00f3n de la cuota impuesta\u00bb. <\/p>\n
En lo que concerniente a la tutela interpuesta por Luis Ernesto, desestim\u00f3 la censura respecto a \u00abla falta de exigibilidad de la obligaci\u00f3n, [y que] ser\u00e1 en el curso del debate litigioso que se discuta a la luz de las pruebas allegadas, si lo pedido corresponde a lo debido, pero en principio ser\u00e1n las manifestaciones del demandante y los documentos que aporta, lo que marque los t\u00e9rminos del mandamiento de pago\u00bb. Sobre la orden para que se certificaran los ingresos del ejecutado y en relaci\u00f3n con la solicitud de \u00abreducci\u00f3n de embargos\u00bb, dijo que deven\u00edan prematuros porque el juzgado a\u00fan no los ha definido; por \u00faltimo, refiri\u00f3 que lo resuelto en relaci\u00f3n con el \u00abamparo de pobreza\u00bb, deven\u00eda razonable. <\/p>\n
IMPUGNACIONES <\/p>\n
1. El Juez Promiscuo de Familia de T\u00faquerres sustent\u00f3 su disenso, aseverando que \u00abse han presentado m\u00faltiples controversias en relaci\u00f3n con la interpretaci\u00f3n que debe d\u00e1rsele al t\u00edtulo base del recaudo ejecutivo, dado que el mismo corresponde a la sentencia dictada por este mismo juzgado el d\u00eda 27\/10\/2006, dentro del proceso de fijaci\u00f3n de cuota alimentaria que para la \u00e9poca, tramit\u00f3 la se\u00f1ora Bertha Nubia Mera Bola\u00f1os, en representaci\u00f3n de su hijo Eduard Alejandro, hoy mayor de edad\u00bb, que aluden al 30% \u00absobre los ingresos del demandado, acreditados al interior del proceso de fijaci\u00f3n de alimentos No. 2005-000234, sin que de su lectura se desprenda el compromiso de asignaciones salariales nuevas o adicionales a las probadas en dicho tr\u00e1mite, [por lo que] entender [lo] que err\u00f3neamente plantea el promotor tutelar (\u2026), desborda las obligaciones y \u00f3rdenes contenidas en la providencia\u00bb. <\/p>\n
Que \u00abel uso de la f\u00f3rmula \u201ctodos sus ingresos acreditados en el proceso\u201d, no torna ininteligible la obligaci\u00f3n demarcada en l\u00edneas atr\u00e1s, m\u00e1s cuando en la misma sentencia, pero en su parte considerativa, se hizo alusi\u00f3n a la capacidad econ\u00f3mica del alimentante, resultando factible, acudir a su lectura para determinar dicho presupuesto; sin que ello, signifique una modificaci\u00f3n de la obligaci\u00f3n impuesta o su interpretaci\u00f3n subjetiva\u00bb, precisando tras ello que \u00abla pretensi\u00f3n del ejecutante es inequitativa y desproporcionada, signada por el abuso del derecho a percibir alimentos que le asiste y generadora de un eventual enriquecimiento injustificado, lo cual se pretende evitar con las decisiones adoptadas al interior del proceso ejecutivo\u00bb. <\/p>\n
2. Luis Ernesto Ponce Bravo, insisti\u00f3 en las \u00abfalencias\u00bb del t\u00edtulo ejecutivo, resaltando que en este \u00abel juzgador especific\u00f3 que el 30% decretado como cuota alimentaria (\u2026), correspond\u00eda a la totalidad de los ingresos (\u2026) que efectivamente se lograron probar en el proceso de fijaci\u00f3n de cuota alimentaria, incluido prestaciones sociales de todo orden, [y] para ello, en la parte motiva del fallo, relacion\u00f3 los ingresos acreditados (aproximados de $2.000.000)\u00bb. Que el a-quo \u00abno tuvo en cuenta que a la fecha el se\u00f1or Eduard Ponce ya es mayor de edad, pr\u00f3ximo a recibir su grado de m\u00e9dico, estudia en una universidad p\u00fablica cuya matr\u00edcula a la fecha es cero\u00bb, ni que \u00e9l tiene a cargo una hija de 11 a\u00f1os y uno de 17 a\u00f1os que \u00abpadece trastorno mental\u00bb. En suma, que \u00abavalar la tesis del tribunal es entender que Eduard necesita una cuota alimentaria superior a $22.000.000 (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad judicial convocada vulner\u00f3 las prerrogativas fundamentales de los reclamantes, porque: (i) para librar mandamiento de pago dentro de la ejecuci\u00f3n n\u00b0 2022-00088, realiz\u00f3 una interpretaci\u00f3n del t\u00edtulo base de recaudo; (ii) se abstuvo de conceder el amparo de pobreza deprecado por el ejecutado; y, (iii) en el proceso de fijaci\u00f3n de alimentos n\u00b0 2005-00234, dispuso oficiar a sendas entidades del ramo de la salud, a efectos de que certifiquen el posible v\u00ednculo profesional existente con el demandado. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales y de los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad. <\/p>\n
Seg\u00fan la constante y reiterada jurisprudencia de esta Corte, la salvaguarda no procede contra actuaciones judiciales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
Tambi\u00e9n, es imprescindible que cuando se trate de desafuero procesal, \u00e9ste sea determinante o influya en la decisi\u00f3n; que el actor identifique los hechos generadores de la vulneraci\u00f3n; que la providencia criticada no sea sentencia de tutela; y, finalmente, que se haya configurado alguno de los defectos de orden sustantivo, org\u00e1nico, procedimental, f\u00e1ctico, error inducido, o se trate de una decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, desconocimiento del precedente jurisprudencial o se haya violado directamente la Constituci\u00f3n. <\/p>\n
Asimismo, se ha decantado con suficiencia los presupuestos y requisitos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse para tornar imperiosa la intervenci\u00f3n del juez excepcional con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. La Corte Constitucional enlista como tales: <\/p>\n
\u00ab(i) que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC C-590\/05 y SU-813\/07). Se subraya. <\/p>\n
De igual modo, recu\u00e9rdese que por la naturaleza jur\u00eddica prevista en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica y el Decreto 2591 de 1991, el uso racional de la tutela se reserva para los casos en que el ciudadano carece de otros instrumentos de protecci\u00f3n de sus derechos, pues la acci\u00f3n no es sustitutiva, alternativa, paralela ni complementaria de las dem\u00e1s herramientas que prev\u00e9 el ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
Revisados los argumentos de las quejas elevadas por los accionantes y cotejados con las piezas procesales adosadas al expediente, la Sala modificar\u00e1 el fallo impugnado y en su lugar desestimar\u00e1 todas las pretensiones, por cuanto: (i) los reclamos presentados por las partes contra el mandamiento de pago librado dentro del ejecutivo de alimentos n\u00b0 2022-00088, desatienden el requisito de la subsidiariedad por mostrarse prematuros, como tambi\u00e9n lo son aquellos dirigidos contra actuaciones frente a las cuales la definici\u00f3n est\u00e1 en tr\u00e1mite ante el juez cognoscente, y (ii) la denegaci\u00f3n del amparo de pobreza solicitado por el ejecutado, obedece a un criterio jur\u00eddicamente razonable. <\/p>\n
3.1. De la subsidiariedad. <\/p>\n
3.1.1. Ciertamente, mientras para el ejecutante la sentencia del 27 de octubre de 2006, se\u00f1ala sin dificultad el monto de la cuota alimentaria a su favor, bajo el entendido que el \u00ab30% de todos los ingresos acreditados en el proceso\u00bb, cubren los emolumentos de todo orden que -en cualquier tiempo- logre demostrarle al juez de la ejecuci\u00f3n por la actividad profesional del alimentante, para este, dicho porcentaje se enmarc\u00f3 bajo las circunstancias analizadas al momento del fallo, habida cuenta las consideraciones que en ese espec\u00edfico asunto se plasmaron, al punto que \u00abno cumple con los requisitos formales ni sustanciales para constituirse como t\u00edtulo ejecutivo\u00bb. <\/p>\n
Ante tal discusi\u00f3n, el funcionario judicial encartado, tras evidenciar que existe una significativa diferencia entre una y otra postura, libr\u00f3 mandamiento de pago el 31 de agosto de 2022, otorgando una interpretaci\u00f3n soportada en \u00abel principio de proporcionalidad en tanto su imposici\u00f3n consulta la capacidad econ\u00f3mica del alimentante como la necesidad concreta del alimentario\u00bb, actuaci\u00f3n que no deviene cuestionable en este excepcional escenario, porque en el preliminar estado en que se halla el asunto, el pronunciamiento que en alg\u00fan sentido llegare a realizar el juez constitucional, desbordar\u00eda su competencia en la medida en que anticipar\u00eda la resoluci\u00f3n de fondo que habr\u00eda de adoptar el juez de conocimiento. <\/p>\n
Obviamente que en ese trasegar judicial, no es ajeno el examen de las exigencias del t\u00edtulo ejecutivo, en especial, si las obligaciones objeto de cobranza son \u00abexpresas, claras y exigibles\u00bb como lo contempla el art\u00edculo 422 del C\u00f3digo General del Proceso, y tambi\u00e9n es revisable si para librar la orden de apremio, se atendi\u00f3 o no lo prevenido en el inciso 1\u00b0 del art\u00edculo 430 ibidem, seg\u00fan el cual, ese mandato se dispondr\u00e1 \u00aben la forma pedida, si fuere procedente, o en la que [el juez] considere legal\u00bb. <\/p>\n
Entonces, m\u00e1s all\u00e1 de la determinaci\u00f3n asumida por el juzgado al desestimar los recursos de reposici\u00f3n incoados por las partes en contienda, defendida en prove\u00eddos del 24 de enero y 7 de febrero de 2023, la controversia sobre el monto de la cuota alimentaria y por ende el de la posible deuda ejecutada, se enmarca dentro de las eventuales falencias sobre la idoneidad del t\u00edtulo ejecutivo, las cuales deben debatirse en las oportunidades procesales pertinentes para que sean definidas por el funcionario cognoscente. <\/p>\n
Bajo ese criterio, la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n ha venido sosteniendo que la oportunidad para verificar las formalidades del t\u00edtulo ejecutivo, no concluyen con la decisi\u00f3n del recurso de reposici\u00f3n o definici\u00f3n de las excepciones previas referidas a la ineptitud de la demanda, sino que se extienden al momento de dictar el fallo, pues en ese escenario, no s\u00f3lo en el marco de las excepciones de fondo que para el efecto se plantearon, sino inclusive de oficio, el juzgador est\u00e1 llamado a volver a revisar los requisitos del t\u00edtulo ejecutivo y los par\u00e1metros del mandamiento de pago, ello, en raz\u00f3n a que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Los funcionarios judiciales han de vigilar que al interior de las actuaciones procesales perennemente se denote que los diversos litigios, teleol\u00f3gicamente, lo que buscan es dar prevalencia al derecho sustancial que en cada caso se disputa (art\u00edculos 228 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y 11 del C\u00f3digo General del Proceso); por supuesto, ello comporta que a los juzgadores, como directores del proceso, legalmente les asiste toda una serie de potestades, aun oficiosas, para que las actuaciones que emprendan atiendan la anotada finalidad, mismas que corresponde observarlas desde la panor\u00e1mica propia de la estructura que constituye el sistema jur\u00eddico, mas no desde la \u00f3ptica restricta derivada de interpretar y aplicar cada aparte del articulado de manera aislada. <\/p>\n
Entre ellas, y en lo que ata\u00f1e con el control que oficiosamente ha de realizarse sobre el t\u00edtulo ejecutivo que se presenta ante la jurisdicci\u00f3n en pro de soportar los diferentes recaudos, ha de predicarse que, si bien el precepto 430 del C\u00f3digo General del Proceso estipula, en uno de sus segmentos, en concreto en su inciso segundo, que \u00ab[l]os requisitos formales del t\u00edtulo ejecutivo s\u00f3lo podr\u00e1n discutirse mediante recurso de reposici\u00f3n contra el mandamiento ejecutivo. No se admitir\u00e1 ninguna controversia sobre los requisitos del t\u00edtulo que no haya sido planteada por medio de dicho recurso. En consecuencia, los defectos formales del t\u00edtulo ejecutivo no podr\u00e1n reconocerse o declararse por el juez en la sentencia o en el auto que ordene seguir adelante la ejecuci\u00f3n, seg\u00fan fuere el caso\u00bb, lo cierto es que ese fragmento tambi\u00e9n debe armonizarse con otros que obran en esa misma regla, as\u00ed como tambi\u00e9n con otras normas que hacen parte del entramado legal, verbigracia, con los c\u00e1nones 4\u00ba, 11, 42-2 y 430 inciso 1\u00ba ejusdem, am\u00e9n del mandato constitucional enantes aludido\u00bb (CSJ STC18432-2016, 15 dic., rad. 00440-01, reiterada y citada en STC4808-2017, 5 abr., rad. 00694-00; STC12818-2021, 29 sep., rad. 01824-01; STC13970-2021, 19 oct., rad. 00605-01, entre otras). Se subraya. <\/p>\n
As\u00ed, al resolver una ejecuci\u00f3n, los jueces deben verificar nuevamente los presupuestos de los instrumentos de pago, pues tal potestad deber contenida en el anterior estatuto adjetivo, se mantiene en el actual, mientras no se pronuncie de fondo el juez ordinario, a quien el ordenamiento legal le asign\u00f3 la funci\u00f3n de dirimir el pleito conforme al procedimiento preestablecido, no es dable que los aspectos cardinales del litigio sean tra\u00eddos para su definici\u00f3n en sede de tutela, pues ello la torna prematura en tanto la competencia del fallador constitucional se restringe por la naturaleza subsidiaria y residual de dicha acci\u00f3n. <\/p>\n
3.1.2. Ahora, frente a otras actuaciones que a juicio del se\u00f1or Ponce Bravo ameritan correcci\u00f3n mediante este instrumento jur\u00eddico, en lo relacionado con la reducci\u00f3n de embargos solicitada dentro del ejecutivo en cuesti\u00f3n, la salvaguarda tambi\u00e9n se muestra prematura, habida cuenta de que la resoluci\u00f3n de tal pedimento a\u00fan no se ha dado, pues conforme a la explicaci\u00f3n del encartado, para ello es menester el recaudo probatorio \u00abque permita dilucidar la real y actual capacidad econ\u00f3mica del alimentante, a fin de ver la procedencia o no de ajustar las medidas cautelares pretendidas\u00bb. <\/p>\n
N\u00f3tese que con auto del 3 de marzo de 2023, el accionado record\u00f3 \u00abque se encuentra pendiente la resoluci\u00f3n de una petici\u00f3n tendiente a que se reduzcan los embargos que pesan sobre el ejecutado, frente a la que se diferir\u00e1 el pronunciamiento al respecto, dado que el despacho se encuentra a la espera de que sean allegados al plenario los comprobantes de los documentos relacionados con el monto de los devengos mensuales del demandado, ordenamiento que tambi\u00e9n fuere emitido dentro del proceso de alimentos 2005-00234 y el ejecutivo de alimentos 2022-00088, donde obra involucrado el mismo demandado\u00bb. <\/p>\n
Misma suerte corre la recriminaci\u00f3n dirigida contra el auto del 1\u00b0 de febrero de 2023, esta vez dentro del proceso de fijaci\u00f3n de alimentos (rad. 2005-00234), mediante el cual se orden\u00f3 oficiar a sendas entidades para obtener informaci\u00f3n sobre la eventual existencia de v\u00ednculo contractual con el demandado, pues contra esa decisi\u00f3n el interesado interpuso recurso de reposici\u00f3n cuya definici\u00f3n \u00abse encuentra en turno\u00bb, sin que ante ello se avizore dilaci\u00f3n injustificada, pues con el expediente digital se constata la versi\u00f3n del encartado seg\u00fan la cual, \u00abel n\u00famero de peticiones y recursos formulados por ambas (\u2026) ha retardado el desarrollo y avance del proceso\u00bb. <\/p>\n
3.1.3. Sobre la invocaci\u00f3n de la salvaguarda en las circunstancias anotadas, esta Corte ha dicho que mientras est\u00e9n en tr\u00e1mite otros instrumentos encaminados a corregir los defectos endilgados al acusado, la tutela resulta impertinente, toda vez que: <\/p>\n
\u00aben trat\u00e1ndose de instrumentos dirigidos a la preservaci\u00f3n de los derechos, el medio judicial de protecci\u00f3n es, por excelencia, el proceso y, por lo tanto, a nadie le es dable quejarse por la hipot\u00e9tica vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales, si goz\u00f3 y a\u00fan cuenta con la oportunidad de controvertir las decisiones de las que hoy discrepa. Por lo dem\u00e1s, es palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente ni a\u00fan bajo el pretexto de que la acci\u00f3n de tutela se promueve \u201ccomo fundamento de la inmediatez para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso\u201d, pues, reit\u00e9rase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley\u00bb (CSJ STC, 22 feb. 2010, rad. 2009-00312-01, citada entre otras en STC12547-2022, 21 sep., rad. 00385-01). <\/p>\n
Recu\u00e9rdese que mientras est\u00e9 pendiente de definir el asunto por parte del juez ordinario a quien la ley le asign\u00f3 la funci\u00f3n de dirimir el caso, y aquel no se encuentre incurso en dilaci\u00f3n injustificada para pronunciarse, no es posible que los aspectos cardinales para tal pedimento sean expuestos para su resoluci\u00f3n en sede excepcional, por cuanto: <\/p>\n
\u00abno es admisible que el Juez de tutela se anticipe a una decisi\u00f3n que por competencia debe adoptar el juzgador natural; por tanto, el constitucional no puede invadir la competencia, despojando de las atribuciones asignadas v\u00e1lidamente al funcionario de conocimiento por el constituyente y el legislador, pues si fuera de otra manera, desconocer\u00eda el car\u00e1cter residual de esta senda y las normas de orden p\u00fablico, que son de obligatoria aplicaci\u00f3n, con la consiguiente alteraci\u00f3n de las reglas preestablecidas y el quebrantamiento de las prerrogativas de los intervinientes en tal causa\u00bb (CSJ STC, 18 mar. 2011, rad. 00171-00, citada en STC6484-2022, 25 may., rad. 00365-01, entre otras). <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, tampoco procede la tutela como mecanismo transitorio, porque ninguna de las partes demostr\u00f3 estar ante una situaci\u00f3n que ameritara la intervenci\u00f3n para evitar un perjuicio irremediable, el cual, seg\u00fan la jurisprudencia constitucional, se configura cuando: <\/p>\n
\u00aben el contexto de la situaci\u00f3n concreta, pueda demostrarse que: (i) El perjuicio es cierto e inminente. Es decir, que \u201csu existencia actual o potencial se infiera objetivamente a partir de una evaluaci\u00f3n razonable de hechos reales, y no de meras conjeturas o deducciones especulativas\u201d de suerte que, de no frenarse la causa, el da\u00f1o se generar\u00e1 prontamente. (ii) El perjuicio es grave, en la medida en que lesione, o amenace con lesionar con gran intensidad un bien que objetivamente pueda ser considerado de alta significaci\u00f3n para el afectado. (iii) Se requiere de la adopci\u00f3n de medidas urgentes e impostergables, que respondan de manera precisa y proporcional a la inminencia del da\u00f1o ya que, de no tomarse, la generaci\u00f3n del da\u00f1o es inevitable\u00bb (CC T-480\/11). <\/p>\n
3.2. De la razonabilidad. <\/p>\n
Se predica de la decisi\u00f3n mediante la cual el juzgado deneg\u00f3 el amparo de pobreza elevado por el ejecutado, pues para ello se vali\u00f3 de una motivaci\u00f3n que lejos est\u00e1 de constituir defecto espec\u00edfico de procedibilidad con la fuerza suficiente para quebrantarla. <\/p>\n
Basta para ello aludir a la \u00faltima providencia que refiri\u00f3 a dicha tem\u00e1tica, esto es, la proferida el 3 de marzo de 2023, para concluir en que sus argumentos no se muestran desfasados, sino que, por el contrario, evidencia una razonable ponderaci\u00f3n de las pruebas, acorde con la normativa sustancial y procedimental aplicable, y apoyada en la jurisprudencia pertinente. En ese sentido, expuso: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aunque los art\u00edculos 151 y 152 del C. G. del P., en cuanto a los requisitos del amparo pobreza, se limitan a expresar que el solicitante deber\u00e1 afirmar bajo juramento que se encuentra en incapacidad de entender los gastos del proceso sin menoscabo de lo necesario para su propia subsistencia y de las personas a quienes por Ley debe alimentos; dicha estipulaci\u00f3n debe entender de manera sistem\u00e1tica e integral, con las dem\u00e1s disposiciones del estatuto procesal, entre ellas, el art\u00edculo 167 ibidem, conforme al cual : \u201cIncumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jur\u00eddico que ellas persiguen.\u201d <\/p>\n
De ah\u00ed entonces que, en el auto recurrido, se informar\u00e1 a la parte ejecutada que la simple manifestaci\u00f3n no era suficiente para dar por probada su falta de capacidad econ\u00f3mica, lo anterior, contrastado con la prueba documental arrimada al plenario por la parte ejecutante, que dan cuenta de los numerosos contratos laborales suscritos por el demandado, los que permiten establecer que en algunos meses devenga m\u00e1s de $30.000.000, en otros meses m\u00e1s de $50.000.000, y en otros hasta m\u00e1s de $80.000.000, en su labor de m\u00e9dico cardi\u00f3logo; mismos que innegablemente representan un beneficio econ\u00f3mico para aquel, a la par de adolecer el asunto, de prueba alguna que respalde actualmente el cuantioso pasivo denunciado por el ejecutado, mismo que en todo caso deber\u00eda ser superior a sus ingresos. <\/p>\n
Si bien, bajo los postulados de la buena fe (art. 83 C.P.), as\u00ed como la eficacia y el valor que el ordenamiento jur\u00eddico otorga al juramento (art. 207 del C.G. del P.), en principio la parte no requiere probar sumariamente la insuficiencia patrimonial que lo motiva a solicitar el amparo de pobreza, cierto es tambi\u00e9n que corresponde al operador judicial en el estudio de su concesi\u00f3n, analizar la oportunidad y las razones de \u00edndole econ\u00f3mico expuestas por la parte interesada, con sujeci\u00f3n de los medios de convicci\u00f3n que reposen en el expediente, proceder que fue realizado por este Despacho y que destaca, no se encuentra proscrito por la jurisprudencia. <\/p>\n
(\u2026) As\u00ed las cosas, se insiste, dentro del plenario han quedado acreditados los cuantiosos ingresos del demandado desde la presentaci\u00f3n de la demanda, sin que se haya aprestado a rebatir las pruebas allegadas por el actor, no siendo la sola solicitud de amparo de pobreza suficiente para ello, pues se itera, no se ha acreditado que sus pasivos superen sus activos y que merced de ello se pueda decantar con claridad la necesidad del memorado [pedimento]\u00bb. <\/p>\n
De lo que acaba de verse, la determinaci\u00f3n censurada no emerge caprichosa o antojadiza que merezca reprensi\u00f3n de orden constitucional, en su lugar, queda claro que lo perseguido por el actor -en la demanda acumulada-, es anteponer su propio criterio al de la autoridad accionada y atacar, por esta v\u00eda, la decisi\u00f3n que lo desfavoreci\u00f3, finalidad que resulta ajena a este residual mecanismo, en tanto no fue establecido para erigirse como una instancia m\u00e1s dentro de los juicios ordinarios. <\/p>\n
Por tanto, la posici\u00f3n expresada por el accionante frente a la providencia confutada, es solo una divergencia conceptual frente a la cual la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n ha reiterado que \u00abno constituye v\u00eda de hecho las meras discrepancias que se tengan con las interpretaciones normativas y las apreciaciones probatorias en las decisiones judiciales, por ser ello de competencia de los jueces [cognoscentes]\u00bb (CSJ STC, 21 jul. 1995, exp. 2397, citada en STC932-2023, 8 feb., rad. 2022-00313-01, entre otras). <\/p>\n
En ese mismo sentido esta Sala ha enfatizado que mientras la actuaci\u00f3n reprochada cuente con el suficiente soporte jur\u00eddico, la tutela no se abre paso, porque: \u00abindependientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis (\u2026)\u00bb (CSJ STC, 11 dic. 2009, exp. 02212-00, citada, entre otras, en STC2063-2023, 8 mar., rad. 00801-00). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Por lo discurrido, se modificar\u00e1 el fallo impugnado y en su lugar declarar\u00e1 improcedente el auxilio invocado por ambos accionantes, porque de cara a los reparos que realizaron frente al mandamiento de pago, as\u00ed como a los reclamos del ejecutado Ponce Bravo por no haberse accedido a la reducci\u00f3n de embargos y por ordenarse establecer su capacidad econ\u00f3mica, la protecci\u00f3n desatiende el requisito de la subsidiariedad por mostrarse prematura, en las circunstancias explicadas en precedencia, sin que tampoco proceda la tutela como mecanismo transitorio. <\/p>\n
Finalmente, en lo atinente a la determinaci\u00f3n de no conceder el amparo de pobreza pedido por el ejecutado, se denegar\u00e1 el resguardo, al advertirse que tal resoluci\u00f3n no es producto de un subjetivo criterio que conlleve desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico y, por ende, tenga aptitud para lesionar las prerrogativas superiores invocadas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: REVOCAR los numerales 1\u00b0 y 2\u00b0 de la sentencia de primer grado, y en su lugar DECLARAR IMPROCEDENTE la tutela deprecada por Eduard Alejandro Ponce Mera, y, por consiguiente, se invalida la actuaci\u00f3n desplegada en cumplimiento de la orden impartida por la colegiatura de primera instancia. <\/p>\n
SEGUNDO: CONFIRMAR la desestimaci\u00f3n de lo pretendido por Luis Ernesto Ponce Bravo, con las precisiones en cuanto a improcedencia y denegaci\u00f3n, habida cuenta los criterios aplicados respecto a los reproches planteados sobre lo actuado al interior de los procesos ejecutivo n\u00b0 2022-00088 y de fijaci\u00f3n de alimentos n\u00b0 2005-00234. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC4031-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC4031-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 52001-22-13-000-2023-00024-01 Radicaci\u00f3n n\u00b0 52001-22-13-000-2023-00032-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del veintis\u00e9is de abril de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte las impugnaciones formuladas frente a […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[61],"tags":[],"class_list":["post-72677","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-abril-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/72677","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=72677"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/72677\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=72677"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=72677"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=72677"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}