STC4032-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 41001-22-14-000-2023-00053-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintis\u00e9is de abril de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva el 27 de marzo de 2023, que neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Juan Felipe Molano Perdomo contra el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de esa ciudad tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el litigio 2020-00146-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Quien adujo ser el apoderado judicial de Olga Luc\u00eda Araujo Hern\u00e1ndez, reclama la protecci\u00f3n de la garant\u00eda esencial al debido proceso, supuestamente, conculcada por la autoridad fustigada (i) al convocar a la audiencia prevista en los art\u00edculos 372 y 373 del C\u00f3digo General del Proceso, sin haberse desatado por el ad quem el recurso de apelaci\u00f3n que inco\u00f3 contra el auto que neg\u00f3 el decreto de unas pruebas, y (ii) porque le impidi\u00f3 efectuar de manera completa los alegatos de conclusi\u00f3n en la diligencia de 13 de marzo hoga\u00f1o, en el proceso de responsabilidad civil n\u00ba 2020-00146-00. <\/p>\n
2. En consecuencia, pretende que, a trav\u00e9s de este excepcional mecanismo se ordene al estrado acusado (i) que se abstenga de llevar a cabo la vista p\u00fablica programada para el 17 de marzo de 2023, y (ii) que proceda a \u00abaperturar la audiencia de alegaciones y permitir la continuaci\u00f3n de mi intervenci\u00f3n que no era m\u00e1s de 7 minutos o en su defecto que se tenga en cuenta mi escrito allegado al expediente\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
El Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Neiva se limit\u00f3 a remitir el enlace para consulta del expediente contentivo del litigio que origina el reclamo constitucional. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El tribunal a-quo neg\u00f3 el auxilio argumentando \u00abante la insatisfacci\u00f3n de los requisitos relacionados con la relevancia constitucional y la subsidiaridad\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 Juan Felipe Molano Perdomo reiterando lo arg\u00fcido en el escrito inicial. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte determinar, inicialmente, si el memorialista est\u00e1 facultado para interponer la tutela a nombre de Olga Luc\u00eda Araujo Hern\u00e1ndez y, de superarse lo anterior, si el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Neiva vulner\u00f3 las prerrogativas invocadas en desarrollo del juicio de responsabilidad civil n\u00ba 2020-00146-00. <\/p>\n
2. Del derecho de postulaci\u00f3n para la tutela. <\/p>\n
La Sala ha reiterado que m\u00e1s all\u00e1 de la excepcional naturaleza de la tutela, a la misma no le son ajenos algunos de los presupuestos b\u00e1sicos de ciertos actos procesales, tal cual es el caso de la legitimaci\u00f3n en la causa por activa, respecto de lo cual el art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991, prev\u00e9 que \u00abpodr\u00e1 ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante. Los poderes se presumir\u00e1n aut\u00e9nticos\u00bb, precisando que \u00ab[t]ambi\u00e9n se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deber\u00e1 manifestarse en la solicitud\u00bb. Se subraya. <\/p>\n
Sobre esta tem\u00e1tica, la jurisprudencia de la Corte Constitucional sostiene que \u00abla acci\u00f3n de tutela es de car\u00e1cter personal y concreto, y el titular es el agraviado o amenazado en uno de sus derechos, cada uno est\u00e1 en la obligaci\u00f3n de intentar y promover su propia acci\u00f3n, salvo que se encuentre dentro de las circunstancias se\u00f1aladas por el Decreto que le permitan ejercerla a trav\u00e9s de representante, o bien por medio del Defensor del Pueblo o de un Personero Municipal\u00bb, y que para dicho prop\u00f3sito \u00abel legislador hace factible que se puedan agenciar derechos ajenos, siempre y cuando el titular de los mismos no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa. En este supuesto, deber\u00e1 manifestarse al juez en la solicitud que la persona se encuentra en dificultades para acudir directamente a demandar la protecci\u00f3n de su derecho\u00bb (CC T-044\/93). <\/p>\n
Esta Corporaci\u00f3n tambi\u00e9n ha dicho y reiterado que \u00abuno de los requisitos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela tiene que ver con la titularidad para su ejercicio, legitimaci\u00f3n que corresponde a la persona cuyos derechos fundamentales han sido vulnerados o amenazados, por lo que ser\u00e1 ella quien podr\u00e1 solicitar el amparo de manera directa o a trav\u00e9s de representante\u00bb (CSJ STC, 30 abr. 2008, rad. 00325-01). Igualmente, que \u00abel hecho de que el interesado hubiese actuado como apoderado del demandante dentro del referido proceso, no lo habilita per se, para pretender la protecci\u00f3n constitucional de los derechos invocados, que, sin duda, est\u00e1n radicados en cabeza de aquel, y no en la suya, por ello, es necesario el otorgamiento de poder especial que lo faculte expresamente para pedir el amparo a nombre de otra persona\u00bb (CSJ STC, 4 feb. 2011, exp. 2010-00573-01). <\/p>\n
Por ello, \u00aben punto de la trasgresi\u00f3n de los derechos fundamentales con ocasi\u00f3n de una decisi\u00f3n judicial, es claro que quienes ostentan legitimaci\u00f3n en la causa para demandar el amparo superior, en principio, son aquellas personas, naturales o jur\u00eddicas, que intervinieron en el correspondiente proceso o que, siendo imperativa su vinculaci\u00f3n a \u00e9ste, no fueron citadas, de manera que, en principio, carecen de vocaci\u00f3n jur\u00eddica para activar la jurisdicci\u00f3n constitucional con el fin de cuestionar una actuaci\u00f3n judicial quienes no fueron parte en ella\u00bb (CSJ STC, 11 ago. 2011, rad. 00087 01, citada entre otras en STC17362-2021, 15 dic., rad. 00374-01). <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
De la revisi\u00f3n realizada a los argumentos de la presente queja constitucional y su cotejo con la informaci\u00f3n extractada de las piezas procesales adosadas al expediente, la Sala confirmar\u00e1 la desestimaci\u00f3n del auxilio, pero precisando que lo ser\u00e1 porque quien pretende quebrantar las actuaciones adelantadas por el accionado, se muestra ajeno al litigio, ya que no es parte ni tercero reconocido en el mismo, no funge como apoderado judicial de la interesada para los fines de esta salvaguarda, y tampoco acredita su intervenci\u00f3n como agente oficioso de esta. <\/p>\n
En efecto, a trav\u00e9s de este instrumento se censura lo actuado dentro del proceso de responsabilidad civil promovido por Ricardo Olaya Tovar y otros contra Olga Luc\u00eda Araujo Hern\u00e1ndez porque, supuestamente el despacho acusado convoc\u00f3 a la audiencia prevista en los art\u00edculos 372 y 373 del estatuto procesal vigente pasando por alto que no se ha desatado la apelaci\u00f3n que promovi\u00f3 contra el auto que neg\u00f3 el decreto de unas pruebas, y aunado a lo anterior en la vista p\u00fablica de 13 de marzo hoga\u00f1o no le permiti\u00f3 esgrimir todos sus alegatos de conclusi\u00f3n; empero, esa situaci\u00f3n -descrita como vulneradora-, no fue alegada por Araujo Hern\u00e1ndez, de quien se presume su capacidad para comparecer directamente ante la justicia, ni por persona a quien previamente le hubiera conferido poder especial para tal fin o que adujera y demostrara ser su agente oficioso, sino que lo hizo el abogado Juan Felipe Molano Perdomo, quien no demostr\u00f3 encontrarse habilitado para accionar en causa ajena. <\/p>\n
Ciertamente, el profesional del derecho que funge como pretensor del auxilio, no acredit\u00f3 que, para los efectos de esta acci\u00f3n constitucional, contara con poder especial otorgado por Olga Luc\u00eda Araujo Hern\u00e1ndez, sino s\u00f3lo que en el pleito ordinario cuya actuaci\u00f3n critica, act\u00faa como mandatario judicial, lo que, per se, no lo faculta para instaurar la presente solicitud de amparo. <\/p>\n
Sobre el particular es necesario memorar que si bien toda persona puede ejercer la acci\u00f3n directamente o a trav\u00e9s de otra, cuando \u00e9sta no es representante legal o agente oficioso en las condiciones previstas en la ley, el precedente constitucional ha sido enf\u00e1tico en exigirle al abogado que ejerce la acci\u00f3n \u00aba t\u00edtulo profesional\u00bb, que acredite su calidad de \u00ababogado titulado con poder o mandato expreso\u00bb (CC T-550\/93 y T-878\/07), y que \u00abtodo poder en materia de tutela es especial, vale decir, se otorga una sola vez para el fin espec\u00edfico y determinado de representar los intereses del accionante en punto de los derechos fundamentales que alega, contra cierta autoridad o persona y en relaci\u00f3n con unos hechos concretos que dan lugar a su pretensi\u00f3n\u00bb (CC T-001\/97). <\/p>\n
Acorde con ello, la decantada jurisprudencia de esta Corte ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
\u00abla persona habilitada constitucionalmente para promover la acci\u00f3n de tutela es aquella a la que se le violan o amenazan sus derechos fundamentales. El profesional del derecho que la auspicia dentro del tr\u00e1mite de un determinado proceso es un simple apoderado judicial y, en ning\u00fan momento, resulta afectado en tales derechos cuando los funcionarios judiciales incurren en v\u00edas de hecho al hacer pronunciamientos en el curso de la instrucci\u00f3n y fallo del mismo, [y que], el principio de la informalidad que impera en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela, no llega hasta el aspecto proclamado por el impugnante, sin fundamento alguno, de pretender que puede actuar directamente en una tutela originada en supuestas v\u00edas de hecho cometidas en un proceso tramitado por los jueces ordinarios, como si a \u00e9l se le violaran los derechos fundamentales y no a su poderdante\u00bb (CSJ STC, 29 sep. 2003, exp. 00245-01, citada entre otras en STC15825-2022, 24 nov., rad. 00379-01). Se subraya. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese que para abrirse paso el estudio de la salvaguarda con observancia en la agencia oficiosa no basta la manifestaci\u00f3n del agente oficioso de actuar como tal, sino que es menester la exposici\u00f3n de la circunstancia que motiva recurrir a ella, como lo es que \u00abel titular del derecho fundamental no est\u00e1 en condiciones f\u00edsicas o mentales para promover su propia defensa\u00bb (CC T-531\/02, T-796\/09 y T-301\/17, entre otras) <\/p>\n
Del mismo modo esta Corporaci\u00f3n ha definido que: <\/p>\n
\u00abning\u00fan tercero puede acudir al mecanismo de defensa constitucional en solicitud de amparo, por hechos que no afecten sus derechos fundamentales, a menos que se presente como apoderado o representante del agraviado, o bien como agente oficioso. Si de apoderado judicial se trata es indispensable presentar el poder; pero si la intervenci\u00f3n acaece como agente oficioso, deber\u00e1 manifestarse expresamente en la solicitud que el titular de los derechos constitucionales fundamentales no se encuentra en condiciones de ejercer su propia defensa\u00bb (CSJ STC, 11 mar. 2009, rad. 00001-01, citada, entre otras, en STC12860-2022, 28 sep., rad. 00639-01). Resalta la Sala. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Corolario de lo discurrido, se ratificar\u00e1 la improcedencia del resguardo porque, para reprochar la actuaci\u00f3n adelantada por la autoridad judicial accionada, el actor carece de poder especial y no acredit\u00f3 las exigencias para actuar bajo la figura jur\u00eddica de la agencia oficiosa. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada, pero por la puntual raz\u00f3n examinada en esta instancia. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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