STC4034-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC4034-2023 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de veintis\u00e9is de abril de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de 21 de marzo de 2023, proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por la Brigada 44 S.A.S. contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de esa localidad. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La entidad gestora, actuando a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su garant\u00eda fundamental de debido proceso \u2013en sus modalidades de defensa y contradicci\u00f3n\u2013, supuestamente vulnerada por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. Como hechos jur\u00eddicamente relevantes para la definici\u00f3n del sub-lite, se destacan los siguientes: <\/p>\n
2.1. En el curso del compulsivo que Oscar Juli\u00e1n Sarmiento S\u00e1nchez1 inici\u00f3 contra la Brigada 44 S.A.S. \u2013aqu\u00ed libelista\u2013, en procura de obtener el importe de una letra de cambio por valor de $143.000.000 m\u00e1s los intereses de mora, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira dict\u00f3 la orden de apremio contra la citada entidad y Carlos Andr\u00e9s Tabares L\u00f3pez, su representante legal, a la vez que decret\u00f3 varias cautelas, decisi\u00f3n que dej\u00f3 en firme al desatar la reposici\u00f3n. <\/p>\n
2.2. Con escrito de 9 de noviembre de 20222, la aqu\u00ed actora solicit\u00f3 el control de legalidad sobre el t\u00edtulo, con fundamento en que (i) \u00abno se individualiza e identifica la empresa con su n\u00famero de identificaci\u00f3n tributaria NIT., y mucho menos que X persona haya actuado en nombre y representaci\u00f3n de Brigada 44 SAS\u00bb; y (ii) \u00abel t\u00edtulo valor s\u00ed fue suscrito por Carlos Andr\u00e9s Trabares, como persona natural, pero no fue diligenciado ni suscrito ni aceptado en nombre en representaci\u00f3n de la persona jur\u00eddica, Brigada 44 SAS., a efectos de obligarla a pagar determinada suma de dinero\u00bb. <\/p>\n
2.3. Sin embargo, adelantadas algunas etapas y remitido el expediente al hom\u00f3logo Segundo Civil del Circuito de esa ciudad \u2013dada la p\u00e9rdida de competencia por la pretermisi\u00f3n del t\u00e9rmino para resolver la instancia (art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso)\u2013, con prove\u00eddo de 26 de enero de 2023, el estrado dispuso \u00abno dar tr\u00e1mite a la solicitud de control de legalidad sobre el t\u00edtulo valor (\u2026), en raz\u00f3n a la preclusi\u00f3n del t\u00e9rmino con el que la parte demandada contaba para proponer excepciones previas, defensa que fue ejercida en su debido momento por anterior apoderado judicial y decidida por el juzgado mediante auto del 12 de agosto de 2022.\u00bb. <\/p>\n
2.4. Inconforme, la sociedad tutelante interpuso la defensa horizontal, pero, con auto de 28 de febrero hoga\u00f1o, la autoridad mantuvo inc\u00f3lume su determinaci\u00f3n, porque, entre otros aspectos, \u00abla situaci\u00f3n planteada por el representante judicial de los demandados girar\u00eda m\u00e1s bien en una posible falta de legitimaci\u00f3n por pasiva de uno de ellos, situaci\u00f3n que ser\u00e1 analizada al momento de definirse la instancia y luego de observadas todas las garant\u00edas a las partes procesales\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia, pidi\u00f3, en compendio, \u00abrevocar el numeral s\u00e9ptimo del auto N\u00b0 116 del 26 de enero de 2023, por medio del cual el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira, en proceso con radicado 66001-31-03-001-2020-00155-00, resolvi\u00f3 no dar tr\u00e1mite a la solicitud de control de legalidad sobre el t\u00edtulo valor que fundamentaba proceso ejecutivo; decisi\u00f3n que fuese confirmada por auto N\u00b0 462 del 28 de febrero de 2023. En consecuencia, realizar control de legalidad sobre el t\u00edtulo valor letra de cambio LC-21110023350 que fundament\u00f3 la expedici\u00f3n del auto por medio del cual se libr\u00f3 mandamiento de pago, y por dem\u00e1s, excluir a mi representada, Brigada 44 SAS., con NIT 901206068- 4, del proceso ejecutivo informado al no ser titular de relaci\u00f3n jur\u00eddica litigiosa\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
El despacho accionado relat\u00f3 las actuaciones del ejecutivo, defendi\u00f3 la legalidad de su proceder y se opuso a la prosperidad del petitum, en tanto que \u00ablo planteado por el ac\u00e1 accionante no tiene otro escenario para ser definido que el de la sentencia que deba proferir este despacho, luego de haberse garantizado el debido proceso a las partes involucradas y practicadas las pruebas pertinentes y conducentes a esclarecer tal situaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
El tribunal a quo deneg\u00f3 el resguardo, toda vez que \u00abel proceso se encuentra en tr\u00e1mite y no se ha tenido pronunciamiento definitivo sobre el mismo, por lo que, en criterio acogido por esta Corporaci\u00f3n2, la accionante, a\u00fan cuenta con la posibilidad de que sus planteamientos sean dilucidados por la juez de conocimiento, en sentencia por medio de la cual defina la cuesti\u00f3n en primera instancia y como si fuera poco, tambi\u00e9n podr\u00e1n ser ventiladas ante una eventual segunda instancia, si en cuenta se tiene, que se trata de un proceso de doble instancia por tratarse de un asunto de mayor cuant\u00eda\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El apoderado de la entidad censora recurri\u00f3 la precitada providencia, porque \u00abla actividad comercial de Brigada 44 SAS., se ha visto gravemente afectada por la pr\u00e1ctica de las medidas cautelares que han operado en su contra desde 2020 aun cuando es evidente que en el t\u00edtulo valor, letra de cambio LC-21110023350, no se individualiza e identifica la empresa con su n\u00famero de identificaci\u00f3n tributaria NIT., y mucho menos que X persona haya actuado en nombre y representaci\u00f3n de Brigada 44 SAS., as\u00ed las cosas, el t\u00edtulo ejecutivo por el que operan las medidas cautelares, no fue diligenciado ni suscrito ni aceptado en nombre en representaci\u00f3n de la persona jur\u00eddica, Brigada 44 SAS., a efectos de obligarla a pagar determinada suma de dinero. Y es que el suscriptor del t\u00edtulo valor debi\u00f3 acreditar su condici\u00f3n de representante legal de Brigada 44 SAS., conforme al art\u00edculo 640 del C\u00f3digo de Comercio, o cuando menos haberlo indicado dentro de la letra de cambio por la cual se exige pago, pero ni eso ocurri\u00f3. En definitiva, la letra de cambio estaba ausente de las condiciones exigidas en el ordenamiento jur\u00eddico para considerarlo t\u00edtulo ejecutivo en contra de la sociedad comercial\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad convocada incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el ejecutivo que se inici\u00f3 contra la Brigada 44 S.A.S. y otro (rad. n.\u00ba 2020-00155), por haber denegado el control de legalidad frente a la orden de apremio que all\u00ed se dict\u00f3, pese a las supuestas \u00abdeficiencias formales\u00bb de la letra de cambio base del recaudo. <\/p>\n
2. De la subsidiariedad del amparo. <\/p>\n
Jurisprudencialmente se tiene decantado que este instrumento excepcional, dada su naturaleza eminentemente subsidiaria y residual, no fue incorporado al ordenamiento para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas. De ah\u00ed que, mientras subsistan medios regulares de defensa, o los mismos est\u00e9n siguiendo el cauce previsto por el legislador, no sea viable acudir al remedio constitucional previsto en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica (a menos que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable). <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) que esta acci\u00f3n p\u00fablica no se erige en mecanismo sustituto o paralelo de los instrumentos o procedimientos ordinarios creados por el legislador, para debatir t\u00f3picos no controvertibles en sede constitucional, pues debido a su finalidad iusfundamental no est\u00e1 concebida para sustituirlos o desplazarlos \u201csino \u00fanica y exclusivamente para el evento en que la persona que se sienta afectada o amenazada en una garant\u00eda de rango superior con ocasi\u00f3n de una arbitrariedad jurisdiccional, hubiese carecido o carezca de recursos judiciales para atacarla\u201d\u00bb (CSJ STC 16 jul. 2012, rad. 2012-00997-01). <\/p>\n
De acuerdo con lo anterior, se advierte que la inobservancia de la subsidiariedad se presenta no solo por haber dejado de emplear los medios de defensa ordinarios previstos en la ley \u2013lo cual constituye incuria\u2013, sino tambi\u00e9n porque a\u00fan existan otros mecanismos tendientes a solucionar la afectaci\u00f3n a los derechos cuya tutela se reclama o, cuando ejercidos \u00e9stos, se encuentra pendiente su resoluci\u00f3n, tornando el auxilio en prematuro. <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto: <\/p>\n
Revisadas las diligencias, precisa la Sala que habr\u00e1 de ratificarse la denegaci\u00f3n del resguardo, comoquiera que, de la verificaci\u00f3n del escrito inicial y los medios de convicci\u00f3n obrantes en el expediente, deviene di\u00e1fano el incumplimiento del presupuesto de la subsidiariedad que rige este mecanismo, como pasa a explicarse. <\/p>\n
3.1. En efecto, n\u00f3tese que la censura de la sociedad accionante se circunscribe a evidenciar las supuestas deficiencias formales del t\u00edtulo base del recaudo en el compulsivo que se ausculta, por cuanto, grosso modo, se estar\u00eda adelantando el cobro respecto de aquella, aun cuando quien suscribi\u00f3 el cartular no lo habr\u00eda hecho en nombre de esa sociedad, entre otros aspectos; por lo que, en su criterio, debe efectuarse inmediatamente el control de legalidad. No obstante, tal como acertadamente se estableci\u00f3 desde el primer grado, a la fecha est\u00e1 pendiente de proferirse la sentencia que defina la instancia. <\/p>\n
De manera que, esa circunstancia, por s\u00ed sola, emerge como impedimento para que el juez de tutela intervenga en el proceso confutado \u2013al margen de la correcci\u00f3n o no de decisi\u00f3n criticada a trav\u00e9s de este mecanismo\u2013, porque se desconocen las eventuales medidas que puedan adoptarse, incluso, al momento de expedici\u00f3n del fallo pertinente, por lo que, se itera, se est\u00e1 ante la inobservancia del mentado criterio, en atenci\u00f3n a lo previsto en el numeral 1 del art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
En cuanto a la condici\u00f3n de prematuras de algunas acciones constitucionales, ha sentado esta Corporaci\u00f3n: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) resulta palmaria la impertinencia del amparo deprecado, toda vez que el quejoso est\u00e1 haciendo uso de otro medio de defensa judicial [y] debe esperar que la autoridad cuestionada profiera la respectiva determinaci\u00f3n, en atenci\u00f3n a que no es admisible que el Juez de tutela se anticipe a una decisi\u00f3n que por competencia debe adoptar el juzgador natural; por tanto, el constitucional no puede invadir la competencia, despojando de las atribuciones asignadas v\u00e1lidamente al funcionario de conocimiento por el constituyente y el legislador, pues si fuera de otra manera, desconocer\u00eda el car\u00e1cter residual de esta senda y las normas de orden p\u00fablico, que son de obligatoria aplicaci\u00f3n, con la consiguiente alteraci\u00f3n de las reglas preestablecidas y el quebrantamiento de las prerrogativas de los intervinientes en tal causa\u00bb (ver, entre otras: STC6172-2015, 21 may., rad. 2015-00163-01 y STC7886-2016, 16 jun., rad. 2016-01544-00). <\/p>\n
Aunado a lo anterior, la jurisprudencia de esta Corte ha sostenido que la oportunidad para verificar las formalidades del t\u00edtulo ejecutivo no concluye con la decisi\u00f3n del recurso de reposici\u00f3n o la definici\u00f3n de las excepciones previas referidas a la ineptitud de la demanda; sino que se extiende al momento de dictar el fallo, pues, en ese escenario, el cognoscente est\u00e1 llamado a volver a revisar, inclusive de oficio, los requisitos del instrumento base del recaudo y los par\u00e1metros del mandamiento de pago, en raz\u00f3n a que: <\/p>\n
\u00abLos funcionarios judiciales han de vigilar que al interior de las actuaciones procesales perennemente se denote que los diversos litigios, teleol\u00f3gicamente, lo que buscan es dar prevalencia al derecho sustancial que en cada caso se disputa (art\u00edculos 228 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y 11 del C\u00f3digo General del Proceso); por supuesto, ello comporta que a los juzgadores, como directores del proceso, legalmente les asiste toda una serie de potestades, aun oficiosas, para que las actuaciones que emprendan atiendan la anotada finalidad, mismas que corresponde observarlas desde la panor\u00e1mica propia de la estructura que constituye el sistema jur\u00eddico, mas no desde la \u00f3ptica restricta derivada de interpretar y aplicar cada aparte del articulado de manera aislada. <\/p>\n
Entre ellas, y en lo que ata\u00f1e con el control que oficiosamente ha de realizarse sobre el t\u00edtulo ejecutivo que se presenta ante la jurisdicci\u00f3n en pro de soportar los diferentes recaudos, ha de predicarse que, si bien el precepto 430 del C\u00f3digo General del Proceso estipula, en uno de sus segmentos, en concreto en su inciso segundo, que \u00ab[l]os requisitos formales del t\u00edtulo ejecutivo s\u00f3lo podr\u00e1n discutirse mediante recurso de reposici\u00f3n contra el mandamiento ejecutivo. No se admitir\u00e1 ninguna controversia sobre los requisitos del t\u00edtulo que no haya sido planteada por medio de dicho recurso. En consecuencia, los defectos formales del t\u00edtulo ejecutivo no podr\u00e1n reconocerse o declararse por el juez en la sentencia o en el auto que ordene seguir adelante la ejecuci\u00f3n, seg\u00fan fuere el caso\u00bb, lo cierto es que ese fragmento tambi\u00e9n debe armonizarse con otros que obran en esa misma regla, as\u00ed como tambi\u00e9n con otras normas que hacen parte del entramado legal, verbigracia, con los c\u00e1nones 4\u00ba, 11, 42-2 y 430 inciso 1\u00ba ejusdem, am\u00e9n del mandato constitucional enantes aludido\u00bb (CSJ STC18432-2016, 15 dic., citada y reiterada en STC4808-2017, 5 abr., STC16731-2022, 15 dic., et. al.). <\/p>\n
En ese orden, como al concluir la ejecuci\u00f3n la autoridad deber\u00e1 comprobar, una vez m\u00e1s, los presupuestos del instrumento de pago, mientras no se pronuncie de fondo quien el ordenamiento legal le asign\u00f3 la funci\u00f3n de dirimir la controversia conforme al procedimiento preestablecido, no es dable que los aspectos cardinales del pleito sean puestos en discusi\u00f3n de la justicia constitucional. <\/p>\n
3.2. Por lo dem\u00e1s, tampoco es viable conceder la tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, dado que la Corte no encuentra que se hayan probado las exigencias que la hagan posible en tales condiciones, toda vez que, para tal evento, se requiere que el da\u00f1o \u00abrevista cierta gravedad e inminencia m\u00e1s all\u00e1 de lo puramente eventual, y que s\u00f3lo pueda evitarse con medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb (CSJ STC 1 sep. 2011, exp. 00194-01), y porque \u00abesta modalidad procesal se subordina a un medio judicial (\u2026) que sirva de cauce para resolver de manera definitiva el agravio o lesi\u00f3n constitucional\u00bb (CC SU-111\/97). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Conforme a lo expuesto, la protecci\u00f3n propuesta resulta inviable, en tanto que desatiende el presupuesto de la subsidiariedad. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Cuyo actual cesionario es Eduardo Gaviria Rodr\u00edguez. <\/p>\n
2\u0002 En el que cit\u00f3 como \u00abprecedente\u00bb horizontal un fallo de la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira: \u00abTSP. ST1-0003-2022, Acta N\u00b0 002 del 12 de enero de 2022, Magistrado Sustanciador, Carlos Mauricio Garc\u00eda Barajas\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
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