STC4035-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC4035-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2023-00259-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintis\u00e9is de abril de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 16 de febrero de 20231, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Elizabeth Salcedo Gordon contra la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00ba 4 de la Corte Suprema de Justicia, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, el Juzgado Doce Laboral del Circuito de esa ciudad, la Cruz Roja Colombiana – Seccional Atl\u00e1ntico y las partes e intervinientes en el ordinario laboral n.\u00ba 2012-00056. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La solicitante, obrando en nombre propio, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales a la igualdad, \u00abestabilidad laborar reforzada, (\u2026) fuero de salud, (\u2026) [y] seguridad social\u00bb, presuntamente vulnerados por la autoridad enjuiciada. <\/p>\n
2. Del escrito introductor y los medios de prueba allegados, se extractan los siguientes hechos jur\u00eddicamente relevantes: <\/p>\n
Elizabeth Salcedo Gordon promovi\u00f3 ordinario laboral contra la Cruz Roja Colombiana Seccional Atl\u00e1ntico, en procura de que se declarara \u00abla existencia de un contrato de trabajo a t\u00e9rmino indefinido entre ellas, en el cargo de enfermera jefe, labor que desempe\u00f1\u00f3 desde el 26 de agosto de 1995 hasta el 15 de abril de 2011 (\u2026) y fue despedida sin justa causa, a\u00fan en conocimiento de las limitaciones f\u00edsicas adquiridas durante la relaci\u00f3n laboral\u00bb; y en consecuencia, pidi\u00f3 el reintegro y el pago de \u00absalarios, primas de servicio, vacaciones, cesant\u00edas e intereses dejados de percibir\u00bb2; cuyo correspondi\u00f3 al Juzgado Doce Laboral del Circuito de Barranquilla, quien absolvi\u00f3 a la all\u00ed querellada. <\/p>\n
Posteriormente, al desatar el grado jurisdiccional de consulta, la Sala Laboral del Tribunal Superior de esa ciudad revoc\u00f3 lo fallado por el a quo, en tanto advirti\u00f3 que la actora \u00abse encontraba temporalmente un estado de discapacidad que le imped\u00eda realizar sus funciones a cabalidad, y en lugar de sujetarse a las recomendaciones m\u00e9dicas, el empleador despidi\u00f3 a la accionante sin justa causa\u00bb, por lo que accedi\u00f3 a lo pretendido. <\/p>\n
Inconforme, la Cruz Roja Colombiana Seccional Atl\u00e1ntico recurri\u00f3 en sede extraordinaria, en donde la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00ba 4: (i) cas\u00f3 la determinaci\u00f3n del ad quem, pues no evidenci\u00f3 que \u00abla demandante sea sujeto de especial protecci\u00f3n, de conformidad con el art\u00edculo 26 de la Ley 100 de 1993\u00bb y, (ii) en sede de instancia, confirm\u00f3 lo dispuesto por el estrado de primer grado. <\/p>\n
3. Pretende que, teniendo en cuenta el principio de favorabilidad, se \u00abtome la decisi\u00f3n que en derecho y justicia corresponda\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El magistrado ponente del fallo confutado se remiti\u00f3 a las consideraciones expuestas en el mismo, y manifest\u00f3 que \u00abla sentencia, sigui\u00f3 el precedente dictado por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, justific\u00f3 razonadamente y enunci\u00f3 las providencias en las que apoy\u00f3 la decisi\u00f3n, mismas que, la hoy tutelante pretende mostrar como erradas\u00bb. <\/p>\n
2. La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla reliev\u00f3 que \u00abno se observa que el proceso estuviere viciado de nulidad. Tampoco se advierte la presencia de una violaci\u00f3n de la ley sustancial, incluida la Constituci\u00f3n. Y, no hay constancia de que se haya inducido en error a los juzgadores, de modo tal que la solicitud est\u00e1 llamada al fracaso\u00bb. <\/p>\n
3. El despacho Doce Laboral del Circuito de esa ciudad realiz\u00f3 un recuento de lo sucedido en el juicio. <\/p>\n
4. La Cruz Roja Colombiana Seccional Atl\u00e1ntico arguy\u00f3 que \u00abel hecho de que los [estrados] accionados no hayan acogido [los] argumentos [de la tutelante] no implica que la decisi\u00f3n judicial sea arbitraria o sin fundamento, siendo evidente que las consideraciones (\u2026) lejos se encuentran de ser desproporcionadas (\u2026) o con yerros protuberantes\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Neg\u00f3 el amparo, en tanto coligi\u00f3 que \u00abla decisi\u00f3n cuestionada contiene argumentos razonables pues, para arribar a la conclusi\u00f3n, (\u2026) fund\u00f3 su postura en una ponderaci\u00f3n probatoria y jur\u00eddica, propia de la adecuada actividad judicial\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impetr\u00f3 la recurrente para insistir en su pretensi\u00f3n, destacando que \u00abel s\u00edndrome del t\u00fanel carpiano aparece recogido de forma expresa en el cuadro de enfermedades profesionales del Sistema de Seguridad Social (\u2026) Recientemente el tribunal estim\u00f3, en su sentencia de 11 de febrero de 2020, que [dicha enfermedad] era contingencia profesional, [raz\u00f3n por la cual] solicita una revisi\u00f3n de grado por agravamiento para obtener la absoluta o la gran invalidez, de acuerdo\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad enjuiciada incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el tr\u00e1mite laboral promovido por la gestora (SL3839-2022, 8 nov.), por cuanto cas\u00f3 la determinaci\u00f3n del tribunal y, en sede de instancia, ratific\u00f3 la decisi\u00f3n desestimatoria del juzgado a quo, supuestamente en desmedro de sus prerrogativas. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Las resoluciones de los jueces son, por regla general, ajenas a la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, excepto, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, en eventos en los que resultan manifiestamente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configuren una v\u00eda de hecho, obviamente bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja y haya utilizado los remedios id\u00f3neos, tanto ordinarios como extraordinarios, con miras a conjurar la lesi\u00f3n alegada, salvo que se est\u00e9 en presencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
3.1. Al estudiar el fallo sometido a escrutinio de esta Corte, mediante el cual la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n querellada (i) infirm\u00f3 lo dispuesto por el ad quem, pues no evidenci\u00f3 que \u00abla demandante sea sujeto de especial protecci\u00f3n, de conformidad con el art\u00edculo 26 de la Ley 100 de 1993\u00bb y, (ii) en sede de instancia, confirm\u00f3 la sentencia absolutoria de primer grado, no se advierte la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, ni la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales invocadas, como pasa a explicarse. <\/p>\n
En efecto, al resolver el conjuntamente los dos cargos formulados: (i) \u00abpor la v\u00eda directa y en la modalidad de interpretaci\u00f3n err\u00f3nea de los art\u00edculos 1, 5, 26 y 31 de la ley 361 de 1997\u00bb; y, (ii) por la senda indirecta \u00aben la modalidad de aplicaci\u00f3n indebida de los art\u00edculos denunciados en el ataque anterior a excepci\u00f3n del 31 de la Ley 361 de 1997\u00bb; el estrado encartado expuso que: <\/p>\n
\u00ab[E]l problema jur\u00eddico que debe abordar la Sala se orienta a determinar si se equivoc\u00f3 el juez plural al declarar la configuraci\u00f3n de la estabilidad laboral reforzada a favor de la trabajadora, a partir de la existencia de recomendaciones m\u00e9dicas sin incapacidad ni calificaci\u00f3n de p\u00e9rdida de capacidad laboral a la fecha del retiro\u00bb. <\/p>\n
Respecto de la protecci\u00f3n especial para las personas en situaci\u00f3n de discapacidad, precis\u00f3 que \u00abla Corte ha orientado que (\u2026) la estabilidad laboral reforzada por condiciones de salud constituye un l\u00edmite especial a la libertad de despido unilateral con que cuentan los empleadores. Su fundamento abarca, adem\u00e1s de la norma constitucional ya indicada [art\u00edculo 13 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica], otras del mismo orden que propenden por la conservaci\u00f3n del empleo y por la prohibici\u00f3n de la discriminaci\u00f3n en raz\u00f3n de la existencia de cualquier limitaci\u00f3n f\u00edsica o sensorial\u00bb. <\/p>\n
Luego, se\u00f1al\u00f3 que \u00ablas enfermedades registradas en las historias cl\u00ednicas, las incapacidades o incluso las recomendaciones m\u00e9dicas, en principio, son insuficientes para acreditar la limitaci\u00f3n objeto de salvaguarda, pues, para que opere la protecci\u00f3n del art\u00edculo 26 de la Ley 361 de 1997, debe demostrarse que el trabajador se encuentra en una de las siguientes hip\u00f3tesis: \u00ab[\u2026] a) con una discapacidad moderada, que corresponde a la p\u00e9rdida de la capacidad laboral entre el 15 % y el 25 %; b) severa, mayor al 25 %, pero inferior al 50 % de la p\u00e9rdida de la capacidad laboral o; c) profunda cuando el grado de discapacidad supera el 50 %\u00bb. Negrilla fuera de texto. <\/p>\n
En ese orden y de conformidad con la providencia SL711-2021, 24 feb., estableci\u00f3 que \u00abentender el fuero en comento a partir del concepto de enfermedad o recomendaci\u00f3n m\u00e9dica, como lo plantea la censura, carente de una graduaci\u00f3n racional, desdibuja su objetivo, porque conduce a la consolidaci\u00f3n de m\u00e1s obst\u00e1culos en la obtenci\u00f3n de empleo para aquellas personas que, por sus condiciones anat\u00f3micas y funcionales, independientemente de que tengan o no incidencia en el desempe\u00f1o de su labor, pudieran ser excluidas del mundo laboral, por constituirse esa sola circunstancia en una limitaci\u00f3n de las facultades generales del empleador\u00bb. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, estudi\u00f3 las recomendaciones emitidas por el m\u00e9dico tratante y coligi\u00f3 que \u00ab[e]n ninguno de los anteriores documentos se evidencia que la demandante sea sujeto de especial protecci\u00f3n, de conformidad con el art\u00edculo 26 de la Ley 100 de 1993\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab[A] pesar de que podr\u00eda sacarse del debate el hecho de que existen unos documentos m\u00e9dicos que dan cuenta de una patolog\u00eda y unas recomendaciones m\u00e9dicas, de ellas no se obtuvo un dictamen sobre su grado de incidencia en la salud del trabajador, tal circunstancia, por s\u00ed sola, no es suficiente para tener por demostrada una afectaci\u00f3n relevante al estado de salud que impida el desempe\u00f1o normal de las actividades que ven\u00eda ejerciendo y que conduzca a tenerla como titular de la garant\u00eda analizada. <\/p>\n
(\u2026) los destinatarios del fuero de conservaci\u00f3n del empleo son \u00fanicamente aquellos trabajadores que tienen una limitaci\u00f3n igual o superior al 15 % de su p\u00e9rdida de capacidad laboral, independientemente del origen que se tenga, o quienes, por lo menos, ante la ausencia de ese medio t\u00e9cnico, demuestren contar con una limitaci\u00f3n relevante o una \u00abdiscapacidad\u00bb, es decir, la existencia de \u00abdeficiencias\u00bb f\u00edsicas, mentales, intelectuales o sensoriales, que impidan su participaci\u00f3n plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las dem\u00e1s personas, particularmente en el mundo del trabajo, como lo describe el art\u00edculo 2 de la Ley 1618 de 2013\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, razon\u00f3 que \u00abel Tribunal incurri\u00f3 en los yerros jur\u00eddicos que le enrostr\u00f3 el casacionista, pues lo que verdaderamente no fue demostrado por la actora fue la condici\u00f3n de capacidad diversa o discapacidad, que era su carga probatoria para el momento del despido y, tras ello, el conocimiento del empleador acerca de esa particular condici\u00f3n\u00bb y, en sede de instancia, confirm\u00f3 la sentencia de primer grado. <\/p>\n
De acuerdo con ello, el fallo adoptado, como se anticip\u00f3, no es infundada o arbitraria, por lo que no se colige la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, siendo claro, entonces, que el reclamo de la gestora no halla recibo en esta sede excepcional. Por el contrario, lo que se percibe es una diferencia de criterio de aquella frente a la autoridad convocada, en tanto lo fallado fue contrario a sus expectativas. <\/p>\n
3.2. En relaci\u00f3n con lo expuesto, cabe agregar que, aunque se discrepara de lo resuelto, no por ello podr\u00eda abrirse camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues es necesario que la disposici\u00f3n se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de todo fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar [los veredictos] judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado, entre otras, en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
La providencia confutada se advierte razonable, puesto que no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve la manifiesta desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, y, por ende, tenga aptitud para lesionar las prerrogativas superiores suplicadas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 El expediente ingres\u00f3 a este despacho el pasado 10 de abril de 2023, de conformidad con la informaci\u00f3n consignada en el acta de reparto. <\/p>\n
2\u0002 De acuerdo con el fallo de casaci\u00f3n. <\/p>\n
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