STC4037-2023<\/p>\n
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LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC4037-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-03-000-2023-00522-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintis\u00e9is de abril de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 16 de marzo de 2023, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Jos\u00e9 Alberto Castellanos Vel\u00e1squez contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de esta ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el litigio radicado bajo el n.\u00b0 2012-00456. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. Actuando en su propio nombre, el solicitante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, defensa y propiedad, presuntamente vulnerados por la autoridad convocada. <\/p>\n
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2. Como hechos jur\u00eddicamente relevantes para la definici\u00f3n del sub-lite, se destacan los siguientes: <\/p>\n
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1. Al interior del ejecutivo que Miguel \u00c1ngel Castellanos Moreno adelanta en su contra y de Claudio Jos\u00e9 Bojac\u00e1 Alonso, \u00abse ha violado el Debido proceso utilizando Aval\u00faos que han perdido su vigencia hace muchos a\u00f1os, donde con los mismos, los utiliza para el Remate que realizar\u00e1 el d\u00eda 13 de marzo del a\u00f1os 2023, apoyado con el ingreso de inmuebles de gran extensi\u00f3n que no corresponden a bienes embargados y secuestrados de la Parte Demandada\u00bb, a lo que agreg\u00f3 que se pretende \u00abrematar las Acciones, tom\u00e1ndose los Dividendos, porque desde el a\u00f1o 2010 al a\u00f1o 2023, que cursa, no han hecho el primer pago\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Tras se\u00f1alar diferentes inconformidades respecto al aval\u00fao que obra en el proceso objeto de queja, destac\u00f3 que \u00abpidi\u00f3 aclaraci\u00f3n de ese Dictamen y se aportaron pruebas suficientes para que el Se\u00f1or Juez resolviera sobre l[a] misma y ordenar tener en cuenta el valor real de las Acciones de los Demandados; lo cual nunca se hizo y no lo ha resuelto\u00bb, indicando adem\u00e1s que \u00ab[e]l Aval\u00fao, conforme lo manifiesta el Perito (\u2026), tiene una vigencia de un (1) a\u00f1o y si fue presentado en febrero del 2020, est\u00e1 vencido en febrero del 2021; raz\u00f3n por la cual no se puede utilizar para tener como base del Remate que se efectuar\u00e1\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Reproch\u00f3 la \u00ab[f]alta de respuesta al memorial de fecha 26 de enero del a\u00f1o 2023, [mediante el cual] est\u00e1 indicando todas las falencias que hay dentro del Proceso\u00bb, destacando la situaci\u00f3n real de la sociedad GMINA S.A.S. y que incide en la valoraci\u00f3n de las acciones a rematar, insistiendo en que la autoridad judicial convocada se \u00ab[niega a] traer los Dividendos desde el a\u00f1o 2010, que es un pedimento por la parte Demandada, por estar all\u00ed acopiados esos Dividendos de la Sociedad GMINA S.A.S., y pagar el total de la obligaci\u00f3n\u00bb, aunado que \u00abel Demandante no es el due\u00f1o de los Pagar\u00e9s que cobra, porque esos son de las sociedades GMINA S.A.S., CBC S.A.S. e INVESMINA S.A.S., todas de propiedad de los Demandados\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Frente al prove\u00eddo que fij\u00f3 fecha para la subasta, reclam\u00f3 que \u00abno indica cu\u00e1l es el Aval\u00fao o Valor del inmueble; tampoco (\u2026) de las Acciones de la empresa GMINA S.A.S.\u00bb <\/p>\n
<\/p>\n
3. En consecuencia, pidi\u00f3 que \u00abse ordene la nulidad [d]el Auto de fecha 09 de febrero del a\u00f1o 2023, en donde ordena el remate de acciones por no llenar los requisitos procedimentales\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADA <\/p>\n
1. El juez querellado despu\u00e9s de hacer un recuento de las actuaciones surtidas en la ejecuci\u00f3n a su cargo, destac\u00f3 que \u00abya fue zanjada la controversia respecto a la procedencia de la ejecuci\u00f3n de los pagar\u00e9s y la imposibilidad de solicitar dividendos desde el a\u00f1o 2010, por cuanto, desde dicha data no fueron secuestradas las acciones a favor de este asunto. Igualmente, en la oportunidad procesal la actora no efectu\u00f3 controversia alguna en contra de las determinaciones adoptadas, por lo tanto, la acci\u00f3n de tutela es improcedente\u00bb. <\/p>\n
Acot\u00f3 tambi\u00e9n que \u00ablas afirmaciones de la improcedencia del aval\u00fao y su falta de actualizaci\u00f3n, (\u2026) no ha sido elevada por el accionante, quien est\u00e1 plenamente facultado para solicitar la actuaci\u00f3n (sic) del aval\u00fao y allegar uno, asimismo, el \u00fanico bien que se fij\u00f3 fecha de remate corresponde a las 19.600 acciones nominales la cual cada una tiene un valor de $31.444.42, por lo tanto, las afirmaciones efectuadas carecen de fundamento, ya que en ning\u00fan momento se est\u00e1 afectando el patrimonio del estado ni actuaci\u00f3n semejante, ya que \u00fanicamente se pretende el remate de las acciones, no de bienes, maquinarias, o t\u00edtulos mineros, como err\u00f3neamente lo afirm\u00f3\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, a\u00f1adi\u00f3 que las peticiones que califica como pendientes, fueron atendidas, y que \u00ablos conflictos entre accionistas (\u2026), deben ser solucionados por estos a trav\u00e9s de los medios ordinarios a su disposici\u00f3n\u00bb, pidiendo por ende que se niegue el amparo incoado. <\/p>\n
2. La Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n inform\u00f3 que \u00ab[la] Procuradora 31 Judicial II, Para Asunto Civiles de Bogot\u00e1, se encuentra incapacitada\u00bb y remiti\u00f3 \u00ablas diferentes respuestas que esta Dependencia ha enviado a las peticiones del accionante\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Declar\u00f3 improcedente el resguardo implorado, al advertir que \u00abse incumple el requisito de inmediatez pues en el entendido que lo que impide llevar a cabo la diligencia de remate es la p\u00e9rdida de vigencia del aval\u00fao presentado (que a juicio del accionante ocurri\u00f3 en febrero de 2021), (\u2026) debi\u00f3 acudir con mayor oportunidad ante el juez de amparo, o acreditar las razones que le impidieron hacerlo\u00bb; as\u00ed mismo, dijo que \u00abTampoco controvirti\u00f3 el auto del 13 de enero de 2022, por medio del cual, el juzgado frente a los aludidos reparos dispuso \u201cNo tener en cuenta las observaciones presentadas por la parte ejecutada en contra del aval\u00fao allegado (\u2026)\u201d (\u2026), con lo cual, incumpli\u00f3 tambi\u00e9n el requisito de subsidiariedad, [que] tambi\u00e9n se hace patente en relaci\u00f3n con el prove\u00eddo del nueve de febrero de 2023, cuya nulidad pretende el ciudadano obtener por v\u00eda de tutela\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el gestor se\u00f1alando que \u00aben fecha 09 de febrero del 2023, sin existir Norma, [el juez accionado] dispuso que se trajese un bien inmueble, para involucrarlo (\u2026), para ser rematado a cuatro (4) sociedades, entre las cuales hay menores de edad\u00bb; y reiter\u00f3 que \u00abest\u00e1 demostrando como no se puede hacer Remate, porque el Aval\u00fao fue objetado y esta fenecido\u00bb; por lo dem\u00e1s, insisti\u00f3 en que \u00ab[e]n fecha 26 de enero del a\u00f1o 2023, se envi\u00f3 un memorial el cual (\u2026) no le ha dado ninguna respuesta\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, preliminarmente, si el presente asunto cumple los requisitos generales de procedibilidad que pasan a examinarse, y de superarse lo anterior, si el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1, vulner\u00f3 los derechos fundamentales invocados por el querellante, al fijar fecha para subastar \u00ablas 19.600 acciones propiedad de los ejecutados de la empresa GMINA S.A.S.\u00bb dentro del proceso n.\u00b0 2012-00456. <\/p>\n
2. Soluci\u00f3n al caso concreto <\/p>\n
2.1. De la tutela contra providencias judiciales y del presupuesto general de subsidiariedad en la modalidad de incuria. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corte, se ha dicho y reiterado que la salvaguarda no procede contra esta clase de actuaciones, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica, al juez constitucional, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Asimismo, la Corte Constitucional ha establecido los requisitos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse para la intervenci\u00f3n del juez excepcional con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. Enlista como tales: <\/p>\n
\u00ab(i) que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC C-590\/05 y SU-813\/07). Se subraya. <\/p>\n
De la revisi\u00f3n realizada a los argumentos de la queja constitucional y a la informaci\u00f3n que se extracta de las pertinentes piezas procesales, la Sala ratificar\u00e1 el fallo de primer grado, comoquiera que deviene improcedente al no satisfacer el esencial presupuesto general de la subsidiariedad en la modalidad de incuria. <\/p>\n
Lo anterior, porque al enfilarse la cr\u00edtica contra el prove\u00eddo proferido por el despacho cuestionado, el 9 de febrero de 2023, mediante el cual se se\u00f1al\u00f3 fecha \u00abpara llevar a cabo la diligencia de remate de las 19.600 acciones propiedad de los ejecutados de la empresa GMINA S.A.S.\u00bb, se establece que tal decisi\u00f3n no fue refutada a trav\u00e9s del recurso ordinario de reposici\u00f3n, el cual, adem\u00e1s de que se encontraba al alcance del aqu\u00ed accionante -quien en el pleito viene actuando a trav\u00e9s de apoderada judicial-, se mostraba id\u00f3neo para controvertir la situaci\u00f3n tra\u00edda en sede excepcional. <\/p>\n
Esto, por cuanto el uso racional de la presente acci\u00f3n, conforme a la naturaleza jur\u00eddica prevista en el canon 86 de la Constituci\u00f3n y el Decreto 2591 de 1991, se reserva para los casos en que el ciudadano carece de otros instrumentos de protecci\u00f3n de sus prerrogativas superiores. <\/p>\n
Al respecto, la jurisprudencia constitucional precis\u00f3 que la tutela: \u00abno ha sido consagrada para provocar la iniciaci\u00f3n de procesos alternativos o sustitutivos de los ordinarios, o especiales, ni para modificar las reglas que fijan los diversos \u00e1mbitos de competencia de los jueces, ni para crear instancias adicionales a las existentes, ni para otorgar a los litigantes la opci\u00f3n de rescatar pleitos ya perdidos, sino que tiene el prop\u00f3sito claro y definido, estricto y espec\u00edfico, que el propio art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n indica, que no es otro diferente de brindar a la persona protecci\u00f3n inmediata y subsidiaria para asegurarle el respeto efectivo de los derechos fundamentales que la Carta le reconoce\u00bb (CC T-01\/92). <\/p>\n
A tono con ello, que \u00ab[q]uien no ha hecho uso oportuno y adecuado de los medios procesales que la ley le ofrece para obtener el reconocimiento de sus derechos o prerrogativas se abandona voluntariamente a las consecuencias de los fallos que le son adversos. De su conducta omisiva no es responsable el Estado ni puede admitirse que la firmeza de los prove\u00eddos sobre los cuales el interesado no ejerci\u00f3 recurso constituya transgresi\u00f3n u ofensa a unos derechos que, pudiendo, no hizo valer en ocasi\u00f3n propicia. Es in\u00fatil, por tanto, apelar a la tutela, cual, si se tratara de una instancia nueva y extraordinaria, con el prop\u00f3sito de resarcir los da\u00f1os causados por su propio descuido procesal\u00bb (CC T-520\/92). <\/p>\n
Conforme a lo descrito, la desidia en la interposici\u00f3n del recurso que proced\u00eda contra dicha providencia, inviabiliza la salvaguarda, porque cuando esta se invoca sin haber acudido a la autoridad competente para poner de presente su reproche, o cuando no se avizora justificaci\u00f3n para que hubiese dejado de utilizar, o se hace de manera defectuosa o incompleta, la parte accionante queda sujeta a las consecuencias de la decisi\u00f3n que le result\u00f3 adversa, en raz\u00f3n a su propia incuria. <\/p>\n
En cuanto al escenario adecuado para debatir asuntos propios del litigio ordinario, esta Sala ha reiterado que: <\/p>\n
\u00aben trat\u00e1ndose de instrumentos dirigidos a la preservaci\u00f3n de los derechos, el medio judicial de protecci\u00f3n es, por excelencia, el proceso y, por lo tanto, a nadie le es dable quejarse por la hipot\u00e9tica vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales, si goz\u00f3 y a\u00fan cuenta con la oportunidad de controvertir las decisiones de las que hoy discrepa (\u2026). Por lo dem\u00e1s, es palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente (\u2026) para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso, pues, reit\u00e9rase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley (\u2026)\u00bb (CSJ STC, 22 feb. 2010, rad. 00312-01, citada en STC425-2023, 25 ene., rad. 2022-01290-01, entre otras). <\/p>\n
Y sobre la aptitud del recurso horizontal, ha sostenido: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) no se diga que el recurso de reposici\u00f3n es ineficaz porque el funcionario que emiti\u00f3 el prove\u00eddo recurrido es quien lo resuelve, ya que de aceptarse tal aserto lo que se pondr\u00eda en entredicho ser\u00eda la idoneidad y utilidad de dicho medio impugnativo, supuestamente porque la autoridad judicial, en principio, no variar\u00eda su decisi\u00f3n, razonamiento que la Corte considera deleznable, si se tiene en cuenta que lo que anim\u00f3 al legislador para instituirlo como mecanismo de defensa fue el de brindarle al juez de conocimiento una oportunidad adicional para que revise su determinaci\u00f3n y, si hubiere lugar a ello, que la enmiende, prop\u00f3sito que, aparte de acompasar con los principios de econom\u00eda y celeridad procesal, asegura desde un comienzo el derecho de contradicci\u00f3n de los sujetos intervinientes, especialmente en asuntos que se tramitan en \u00fanica instancia\u00bb (CSJ STC, 20 feb. 2014, exp. 00201-00, citada, entre otras, en STC16627-2022, 14 dic., rad. 01210-01). <\/p>\n
2.2. De la inmediatez <\/p>\n
La Sala resalta que tambi\u00e9n se incumple el presupuesto de inmediatez de la acci\u00f3n, acerca de los reparos que contra la vigencia del aval\u00fao expone el promotor de esta acci\u00f3n. <\/p>\n
Sobre el tema, por establecido se tiene que esta exigencia impide que se desnaturalice el tr\u00e1mite de la tutela, en tanto la protecci\u00f3n que constituye su objeto, ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. <\/p>\n
Al respecto, esta Sala ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC, 29 abr 2009, rad. 2009-00624-00, reiterado entre otros en STC11374-2016, 17 ag. rad. 01250-01) Resalta la Sala. <\/p>\n
De acuerdo con lo anterior, es entendido que la salvaguarda debe ser promovida dentro de un plazo razonable que no puede exceder de seis meses contados a partir de la actuaci\u00f3n que se califica como vulneradora de las prerrogativas esenciales. <\/p>\n
Del an\u00e1lisis de los hechos expuestos se concluye que el cuestionamiento que se hace no atiende el postulado que viene coment\u00e1ndose, ya que las providencias en ese sentido censuradas, esto es, los autos en que el Juzgado criticado resolvi\u00f3 \u00abNo tener en cuenta las observaciones presentadas por la parte ejecutada en contra del aval\u00fao allegado\u00bb, y \u00abNegar las solicitudes formuladas\u00bb, relacionadas, en parte, con que \u00abno se tuvo en cuenta las observaciones presentadas por la parte ejecutada en contra del aval\u00fao allegado al proceso (\u2026)\u00bb, datan del 13 de enero y 25 de abril de 2022, mientras que la presente tutela se radic\u00f3 el 6 de marzo de 20231; es decir, sobrepasado el semestre establecido como razonable por el precedente de esta Corte para proponer el resguardo. <\/p>\n
Visto desde la perspectiva de la finalidad del amparo, el requisito de la tempestividad impide que la tutela se convierta en un factor de inseguridad jur\u00eddica con el cual se produzca la vulneraci\u00f3n de garant\u00edas constitucionales de terceros, como tambi\u00e9n que se desnaturalice el mismo tr\u00e1mite, en tanto la defensa que constituye su objeto ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, el presunto afectado con las decisiones que considera vulneradoras de sus derechos fundamentales, debi\u00f3 acudir oportunamente a esta v\u00eda excepcional, pues su prolongado silencio es signo inequ\u00edvoco de asentimiento frente a las decisiones atacadas. Al respecto, se ha dicho: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Ahora, si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados\u2026En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros.(\u2026) As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante\u00bb (STC12196-2014, 11 sep. rad. 01892-00; reiterado en STC10554-2018, 16 ago. 2018, rad. 00189-01). Negrillas fuera de texto. <\/p>\n
En efecto, como viene indic\u00e1ndose, el mentado requisito adquiere m\u00e1s relevancia cuando la censura se dirige contra una providencia judicial; en esos casos, el an\u00e1lisis de la inmediatez debe ser m\u00e1s riguroso, ya que lo que eventualmente se desvirtuar\u00eda ser\u00edan principios esenciales como el de la cosa juzgada, la seguridad jur\u00eddica y de contera la autonom\u00eda e independencia judicial; por ello, la verificaci\u00f3n de esta condici\u00f3n impone al fallador constitucional no solo realizar un balance de los derechos fundamentales en juego, sino adem\u00e1s, de las razones que expuso el actor como justificantes de su inercia para acudir al amparo y, finalmente, como \u00faltimo punto de examen, las calidades personales o profesionales de quien la promueve, importantes a la hora de establecer el nivel de exigencia frente a ese criterio tempestivo. <\/p>\n
Quiere decir lo anterior que el presupuesto aludido no es absoluto y debe examinarse de forma particular con miras a determinar si el plazo fijado por la jurisprudencia es viable sortearlo o no, pero en este caso no se evidencian situaciones ajenas a la voluntad del gestor que indiquen que estuvo en imposibilidad de acudir tempranamente al mismo, haci\u00e9ndolo se itera, superado ampliamente el semestre antes se\u00f1alado. <\/p>\n
En dicho sentido esta Corporaci\u00f3n, en el fallo STC, 6 Jun. 2014, rad, 2014-1134, reiterado en STC9399-2014, rad. 01468-00, STC2710-2015, 12 mar. rad. 00505-00 y STC2015- 26 mar. rad. 0590-00, precis\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) como los hechos en los que se sustenta la demanda constitucional datan de hace m\u00e1s de seis meses\u2026 aquella no satisface la exigencia de la tempestividad\u2026 circunstancia que deja sin soporte la protecci\u00f3n\u2026 ahora\u2026 no se acredit\u00f3 la imposibilidad para presentar el amparo en tiempo\u2026 \u2018en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino ajustado para la interposici\u00f3n de la queja el de seis meses\u00bb (Resalta la Sala). <\/p>\n
3. Consideraciones adicionales <\/p>\n
Como el accionante extiende sus reclamos a la ausencia de pronunciamiento por parte del juez de ejecuci\u00f3n encargado, respecto al \u00abmemorial de fecha 26 de enero del a\u00f1o 2023, [mediante el cual] est\u00e1 indicando todas las falencias que hay dentro del Proceso\u00bb; basta decir al respecto que de la revisi\u00f3n del expediente digital remitido -objeto de queja-, se identifica el prove\u00eddo de 9 de febrero del a\u00f1o en curso, mediante el cual se atendi\u00f3 lo requerido por el all\u00e1 demandado. As\u00ed, las manifestaciones que en ese sentido enfil\u00f3 para justificar la transgresi\u00f3n de sus derechos fundamentales, tampoco encuentran respaldo. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Por lo discurrido, se respaldar\u00e1 la declaraci\u00f3n de improcedencia del auxilio por no superar el requisito de la subsidiariedad, en tanto que el actor no hizo uso oportuno y adecuado del medio judicial legalmente previsto para rebatir la actuaci\u00f3n censurada, y porque frente a los dem\u00e1s reproches no se cumple el presupuesto de inmediatez de la acci\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Seg\u00fan consta en el acta de reparto obrante en formato digital. <\/p>\n
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STC4037-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC4037-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-03-000-2023-00522-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del veintis\u00e9is de abril de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[61],"tags":[],"class_list":["post-72683","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-abril-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/72683","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=72683"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/72683\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=72683"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=72683"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=72683"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}