STC4038-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC4038-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 08001-22-13-000-2023-00158-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintis\u00e9is de abril de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Barranquilla el pasado 11 de abril dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Lina Margarita Cruzco Arrieta contra los Juzgados Quinto Civil del Circuito y Trece Civil Municipal de aquella ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el amparo 2023-00021. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante, actuando a trav\u00e9s de apoderada, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que considera lesionados por las autoridades judiciales querelladas. <\/p>\n
2. De las pruebas recopiladas se pueden extractar los siguientes hechos jur\u00eddicamente relevantes: <\/p>\n
2.2 El conocimiento de tal asunto correspondi\u00f3 al Juzgado Trece Civil Municipal de Barranquilla, despacho que emiti\u00f3 fallo desestimatorio el pasado 31 de enero. <\/p>\n
2.3 Dicha decisi\u00f3n fue impugnada por la all\u00ed gestora y confirmada por el Juzgado Quinto Civil de la misma ciudad el 2 de marzo siguiente. <\/p>\n
3. Cruzco Arrieta acude nuevamente a esta herramienta constitucional insistiendo en presunta afecci\u00f3n de sus prerrogativas iusfundamentales pues, a su juicio, la E.P.S. debe \u00abcontrovertir cient\u00edficamente\u00bb la valoraci\u00f3n efectuada por cirujano bari\u00e1trico particular y el tratamiento prescrito por dicho profesional. <\/p>\n
4. Solicita, en consecuencia, remover los efectos jur\u00eddicos de ambas sentencias para que, en su lugar, \u00abeste despacho adopte una decisi\u00f3n relacionada con [su] caso\u2026 y las pretensiones del escrito de tutela [sic]\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Juez Quinta Civil del Circuito de Barranquilla se remiti\u00f3 a lo resuelto en el fallo de tutela de segundo grado y manifest\u00f3 no haber desconocido derecho fundamental alguno a la gestora. <\/p>\n
2. La titular del Juzgado Trece Civil Municipal de aquella poblaci\u00f3n se opuso a la prosperidad del resguardo en tanto que \u00ablo pretendido no es m\u00e1s que insistir en\u2026 lo debatido y decidido en tutela anterior, buscando una tercera instancia, pretensi\u00f3n que no es viable, por cuanto no se cumple con los requisitos de procedencia excepcional contra providencias judiciales, como tampoco los de tutela contra sentencia de tutela\u00bb. <\/p>\n
3. La representante legal judicial de Sura E.P.S. pidi\u00f3 desestimar la solicitud de protecci\u00f3n pues, de un lado, no ha vulnerado las garant\u00edas superiores de la gestora en tanto que le viene brindando la atenci\u00f3n m\u00e9dica que requiere y, de otro, por existir \u00abcosa juzgada\u00bb en el entendido que el presente amparo guarda identidad de objeto y causa petendi con el decidido por los juzgados querellados. <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
El Tribunal Superior de Barranquilla desestim\u00f3 la salvaguarda, dada su inviabilidad, al estar dirigida en contra de una acci\u00f3n de similar naturaleza y \u00abno cumplirse los requisitos jurisprudenciales de procedencia excepcional\u00bb de este remedio en el caso particular. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Al momento de ser notificada de la anterior determinaci\u00f3n, la apoderada de la gestora manifest\u00f3 impugnarla sin presentar consideraci\u00f3n adicional alguna. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si las autoridades querelladas vulneraron los derechos fundamentales invocados por Lina Margarita Cruzco Arrieta al desestimar la protecci\u00f3n solicitada dentro de la acci\u00f3n de tutela 2023-00021. <\/p>\n
2. La improcedencia de este mecanismo contra sentencias de tutela <\/p>\n
La acci\u00f3n de que trata el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica no procede respecto de un asunto similar, ya que el legislador cre\u00f3 como \u00fanicos medios de contradicci\u00f3n en estos casos la impugnaci\u00f3n y la eventual revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional. En este sentido se ha expuesto: \u00ab(\u2026) ha de tenerse en cuenta que en el tr\u00e1mite de la tutela existen mecanismos judiciales de defensa que tornan improcedente dicha acci\u00f3n constitucional contra una sentencia de amparo, cuales son el de impugnaci\u00f3n ante el inmediato superior funcional y la revisi\u00f3n eventual de la Corte Constitucional, de suerte que estos especiales y restringidos medios son los expeditos como instrumentos judiciales defensivos\u00bb (CSJ STC 2 oct. 2008, rad. 01619-00, reiterada en STC4241 de 7 abr. de 2016). <\/p>\n
3. El caso concreto <\/p>\n
3.1 Con sujeci\u00f3n a las anteriores premisas, observa la Sala que no se abre paso el amparo propuesto, comoquiera que la querellante pretende quebrantar los fallos proferidos en virtud de una acci\u00f3n de tutela y ello significa desatender una de las causales gen\u00e9ricas de procedibilidad, seg\u00fan la cual, la providencia contra la que se encamina el resguardo no debe tratarse de una sentencia proferida dentro de una salvaguarda constitucional, porque de permitirse, se abrir\u00eda la puerta a una espiral infinita de procedimientos de la misma naturaleza que tornar\u00eda eterna la definici\u00f3n del asunto (entre otras, CSJ STC, 20 may. 2011, rad. 00659-01, STC11794-2014 y STC1894-2016, 18 feb. 2016, rad. 00245-01). <\/p>\n
Sobre la improcedencia de la acci\u00f3n de tutela en estos casos, la reiterada postura de la Corte Constitucional, ha se\u00f1alado que es un aspecto unificado, constante y vigente que debe ser atendido, ya que \u00abadem\u00e1s de fundarse en el propio texto constitucional, propende i) por hacer efectiva la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales confiada por la Carta Pol\u00edtica a todos los jueces y ii) por garantizar el acceso efectivo a la justicia, toda vez que cierra la posibilidad de que el cumplimiento de las \u00f3rdenes de tutela se dilaten de manera indefinida, en cuanto garantiza a quien reclama sobre la protecci\u00f3n constitucional que el asunto de la vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales ser\u00e1 resuelto de una vez\u00bb (CC SU-1219\/01, T-021\/02, T-192\/02, T-217\/02, T-354\/02, T-432\/02, T-623\/02, T-944\/05 y T-059\/06, entre otras). <\/p>\n
Insiste la Sala en que para cuestionar lo resuelto en un tr\u00e1mite de tutela el legislador dise\u00f1\u00f3 la impugnaci\u00f3n de la sentencia de primer grado ante el superior funcional del juez fallador, el mecanismo de revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional y a\u00fan la insistencia en caso de negarse \u00e9sta, instrumentos procedentes ante los funcionarios habilitados para ello, siendo instituida la aludida Corporaci\u00f3n, como el \u00f3rgano que pone fin al debate en punto de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales invocados. <\/p>\n
Significa lo anterior que el mecanismo de resguardo tambi\u00e9n debe cumplir con el requisito de subsidiariedad, el cual es inherente a la acci\u00f3n de tutela, como lo precis\u00f3 esta Corte, acogiendo precedentes jurisprudenciales de la misma Corporaci\u00f3n, as\u00ed: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Como no es factible interponer una nueva acci\u00f3n de tutela contra la sentencia que defini\u00f3 una anterior, quien estime que la primera sentencia dictada por el ad quem est\u00e1 construida sobre v\u00edas de hecho, debe solicitar a esa Corporaci\u00f3n que revise dicho fallo, en los t\u00e9rminos de los art\u00edculos 31, 32 y 33 del Decreto 2591 de 1991. De esta manera, la persona afectada no queda desamparada jur\u00eddicamente ante la eventualidad de que en realidad la sentencia sea materialmente injusta. (\u2026) Si la Corte Constitucional no revisa la sentencia de tutela oficiosamente ni a solicitud del interesado, o si accede a hacerlo, el actor debe estarse a lo resuelto por dicha Corte que es la \u00faltima palabra sobre el asunto, y hace tr\u00e1nsito a cosa juzgada, pues el legislador, para evitar la cadena ilimitada de litigios la instituy\u00f3 \u2018como el \u00f3rgano que pone fin al debate en punto de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, mediante ese mecanismo\u00bb. (CSJ SC, 30 ago. 2012, rad. 00258-01, reiterada, en STC8289, 22 jun. 2016). <\/p>\n
3.2 Ahora bien, para esta Corporaci\u00f3n los argumentos de la gestora para procurar la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas supralegales no se subsumen en ninguna de las hip\u00f3tesis aludidas en la Sentencia de Unificaci\u00f3n 627 de 2015 en la que se indic\u00f3 que la salvaguarda constitucional procede contra decisiones de similar naturaleza cuando: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) 4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la Rep\u00fablica, la acci\u00f3n de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se est\u00e9 ante el fen\u00f3meno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, adem\u00e1s de cumplir con los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acci\u00f3n de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisi\u00f3n adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situaci\u00f3n de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situaci\u00f3n (\u2026)\u00bb <\/p>\n
Lo anterior en la medida que el n\u00facleo central de la queja gravit\u00f3 en torno a la supuesta valoraci\u00f3n probatoria inadecuada y en la aplicaci\u00f3n err\u00f3nea de disposiciones legales y precedentes jurisprudenciales, es decir, se finc\u00f3 exclusivamente en un subjetivo disentimiento con lo resuelto, circunstancia que refuerza la improcedencia del presente resguardo. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, el an\u00e1lisis de las discrepancias con la hermen\u00e9utica de los jueces cognoscentes escapa de esta nueva salvaguarda, correspondi\u00e9ndole a la promotora acudir, por intermedio de los funcionarios competentes, ante la Corte Constitucional, a donde deber\u00e1 ser remitido el expediente de la tutela cuestionada, a efectos de exponer su situaci\u00f3n pues, al no haber concluido el tr\u00e1mite de la eventual revisi\u00f3n en dicha Corporaci\u00f3n, lo cierto es que a\u00fan cuenta con ese instrumento para la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas, as\u00ed como tambi\u00e9n con la formulaci\u00f3n de la insistencia en caso de no resultar seleccionada la salvaguarda. <\/p>\n
El instrumento de la revisi\u00f3n consagrado en el art\u00edculo 33 del Decreto 2591 de 1991 es eficaz porque, como lo ha sostenido esta Sala, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) que no se diga que dicho instrumento no es suficiente garant\u00eda, dada su eventualidad y discrecionalidad, pues si bien es cierto este grado jurisdiccional no se predica de toda acci\u00f3n de tutela, tambi\u00e9n lo es que la selecci\u00f3n se materializa a trav\u00e9s del procedimiento previsto en el art\u00edculo 33 del Decreto 2591 de 1991, con la prerrogativa adicional de que \u2018[c]ualquier magistrado de la Corte o el Defensor del Pueblo, podr\u00e1 solicitar que se revise alg\u00fan fallo de tutela excluido por \u00e9stos cuando considere que la revisi\u00f3n puede aclarar el alcance de un derecho o evitar un perjuicio grave\u2019, o lo que es lo mismo, apelar al recurso de insistencia que puede ser propuesto \u2018dentro de los quince d\u00edas calendario siguientes a la fecha de notificaci\u00f3n por estado del auto de la Sala de Selecci\u00f3n\u2019. (Art\u00edculo 51 y 52 del Acuerdo 05 de 15 de octubre de 1992)\u00bb (Sentencia 7 de noviembre de 2012, exp. 2012-2041-01, reiterada en STC13335-2016, 21 sep. 2016, rad. 201513-01 entre otras) <\/p>\n
Adicionalmente, en otras oportunidades se agreg\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) La seguridad jur\u00eddica es el desider\u00e1tum del Derecho y todo cuanto conspire contra ella niega al Derecho mismo. S\u00f3lo al legislador compete la consagraci\u00f3n de los casos y las formalidades bajo las cuales es posible desquiciar los efectos de la cosa juzgada, pues si se permitiera reciclar ab aeternum la misma controversia el derecho dejar\u00eda de ser lo que es. Los fallos de tutela pueden ser objeto de revisi\u00f3n porque as\u00ed lo tiene previsto el ordenamiento, pero con ello se clausura el debate. De esta manera, estando pendiente la revisi\u00f3n, as\u00ed sea eventual, no hay lugar a reanudar la controversia\u00bb (CSJ STC, 2 sep. 2003, rad. 00561-01; 14 oct. 2004, rad. 1120; 8 mar. 2006, rad. 00263-00; y 7 mar. 2013, rad. 00122-01). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Conforme con lo expuesto, se ratificar\u00e1 la desestimaci\u00f3n del resguardo en atenci\u00f3n a que no se cumplen las exigencias jurisprudenciales que habilitan la procedencia excepcional de la acci\u00f3n de tutela contra una decisi\u00f3n adoptada en un tr\u00e1mite de similar naturaleza. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito, lo aqu\u00ed resuelto a las partes y a la sala a quo y, oportunamente, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para lo de su cargo. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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