STC4040-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC4040-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 25000-22-13-000-2023-00121-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintis\u00e9is de abril de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de \u201cX\u201d el 16 de marzo de 2023, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por \u201cF\u201d contra el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Juzgado Promiscuo de Familia de \u201cY\u201d, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en los asuntos \u201c(\u2026)\u201d y n\u00b0 \u201c2021-00000\u201d. <\/p>\n
ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR <\/p>\n
Como medida de protecci\u00f3n a la intimidad de la menor involucrada en el asunto bajo estudio, esta Sala ha decidido suprimir de la providencia, y de toda futura publicaci\u00f3n de la misma, su nombre y el de sus familiares, al igual que los datos e informaci\u00f3n que permita su identificaci\u00f3n, en procura de lo cual se elaborar\u00e1 otro texto del presente fallo, de igual tenor, pero con tal supresi\u00f3n, que ser\u00e1 el publicable para todos los efectos correspondientes1. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en su propio nombre, la solicitante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y de la ni\u00f1ez, presuntamente vulnerados por las autoridades convocadas en el diligenciamiento del asunto antes referido. <\/p>\n
2. Expuso que \u00abmi nieta \u201cA\u201d, de diez a\u00f1os de edad (\u2026), tuvo un proceso de restablecimiento de derechos por el abandono de su madre, mi hija, \u201cE\u201d, cuando era apenas una beb\u00e9 de brazos; proceso, que culmin\u00f3 con la entrega de la custodia a m\u00ed y a su t\u00edo \u201cR\u201d\u00bb; que \u00abhacia mediados del a\u00f1o 2020 la ni\u00f1a fue retirada de su instituci\u00f3n educativa por un equipo del ICBF como medida en el marco de un nuevo proceso de restablecimiento de derechos, por presunto maltrato [y] desde entonces se nos impidi\u00f3 a mi hijo y a m\u00ed tener contacto con la ni\u00f1a\u00bb. <\/p>\n
Que en raz\u00f3n a su \u00abbajo nivel de escolaridad (\u2026), desconocemos c\u00f3mo funciona el proceso de restablecimiento de derechos (\u2026). La defensora de familia indic\u00f3 que Medicina Legal hab\u00eda dado concepto de que la ni\u00f1a estaba siendo maltratada, pedimos copia del mismo [y] de lo que dec\u00eda el expediente, pero ella indic\u00f3 que la norma hab\u00eda cambiado y no ten\u00eda por qu\u00e9 entregarnos copia de nada. (\u2026) Nosotros no tuvimos oportunidad de aportar nuestras pruebas, de controvertir lo que reposaba en el expediente (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Que \u00aben audiencia del 15 de enero de 2021 [el ICBF] decidi\u00f3 que la ni\u00f1a ser\u00eda dada en adopci\u00f3n\u00bb, y \u00abcomo no est\u00e1bamos de acuerdo con la decisi\u00f3n, nos dirigimos a la Procuradur\u00eda Regional (\u2026), donde [se] ofici\u00f3 a la Defensora de Familia pidiendo el amparo de nuestros derechos y los de la ni\u00f1a, [empero] el 20 de enero de 2021 [la Defensora inform\u00f3] que ya se hab\u00eda trasladado el tema para la homologaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Que el Juzgado Promiscuo de Familia de \u201cY\u201d, \u00abel 8 de febrero de 2021 decidi\u00f3 \u201cNo conocer de la homologaci\u00f3n de la Resoluci\u00f3n 001 del 15 de enero de 2021, por improcedente debido a que no hubo oposici\u00f3n al fallo\u201d\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual afirm\u00f3 que \u00abmi hijo \u201cR\u201d manifest\u00f3 \u201cno voy a hacer uso del recurso porque ya entend\u00ed lo que usted inform\u00f3, pero aqu\u00ed no quiero hablar nada, yo lo har\u00e9 ante el juez\u201d\u00bb, ya que \u00abten\u00edamos miedo de preguntar porque el tono de la Defensora (\u2026) nos intimidaba [y] tampoco quer\u00edamos volver a discutir el tema con esta defensora, porque sent\u00edamos que era caso perdido\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende que \u00abse revoque la decisi\u00f3n del Juzgado Promiscuo de Familia de \u201cY\u201d, [y] la resoluci\u00f3n 001 del 15 de enero de 2021 de adoptabilidad, retrotrayendo el proceso de restablecimiento de derechos a la etapa en que podamos aportar nuestras pruebas para demostrar idoneidad como cuidadores\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juez Promiscuo de Familia de \u201cY\u201d, indic\u00f3 que \u00abmediante auto de fecha 8 de febrero [de 2021], el despacho resolvi\u00f3: \u201cNo conocer la homologaci\u00f3n de la resoluci\u00f3n 001 de fecha 15 de enero de 2021, por improcedente, debido a que no hubo oposici\u00f3n al fallo\u00bb. Pidi\u00f3 desestimar el amparo por incumplir el requisito de inmediatez, ya que, desde la ejecutoria del citado prove\u00eddo a la fecha de presentaci\u00f3n de la tutela, \u00abtranscurrieron dos a\u00f1os y un mes, plazo que resulta por fuera de los lineamientos que la jurisprudencia constitucional ha estimado como razonable y proporcionado para [su] interposici\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2. La Defensora de Familia adscrita al Centro Zonal del ICBF Regional (\u2026), tras una amplia exposici\u00f3n sobre los hechos y actuaciones procesales, asever\u00f3 que la actora y dem\u00e1s miembros de su familia, \u00abtuvieron la oportunidad de asumir con responsabilidad, afecto y amor el cuidado de [la menor], la cual evidentemente no fue acatada sino por el contrario continuaron ejerciendo maltrato f\u00edsico a la ni\u00f1a que conllev\u00f3 a que ella ingresara nuevamente [a programa de protecci\u00f3n por parte del ICBF]\u00bb; asegur\u00f3 que a trav\u00e9s del proceso de adopci\u00f3n de la ni\u00f1a, \u00abse le restableci\u00f3 el derecho a tener una familia y no ser separada de esta\u00bb, y record\u00f3 que \u00abla adopci\u00f3n no es una garant\u00eda que tengan quienes aspiran a ser padres, sino un instrumento destinado prioritariamente a satisfacer el derecho de los menores de edad a tener una familia\u00bb. <\/p>\n
3. El Procurador (\u2026) Judicial II de Familia de \u201cZ\u201d, pidi\u00f3 declarar improcedente el auxilio, toda vez que \u00abla accionante y dem\u00e1s interesados en la custodia de [la ni\u00f1a] no formularon ninguna oposici\u00f3n, para que se generara el tr\u00e1mite de homologaci\u00f3n (\u2026), adem\u00e1s de contar con los mecanismos procesales para impugnar las decisiones cuestionadas dentro de los t\u00e9rminos de ley, por tanto, no se re\u00fanen los elementos esenciales [de] subsidiariedad e inmediatez\u00bb. <\/p>\n
4. La Juez Promiscuo de Familia de \u201cM\u201d, inform\u00f3 que el proceso de adopci\u00f3n de la menor base de esta acci\u00f3n, \u00abfue admitido mediante providencia del 06 de marzo de 2023\u00bb. <\/p>\n
5. El Procurador Regional de (\u2026) adujo a su favor \u00abfalta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Deneg\u00f3 el resguardo al estimar que \u00abla \u00faltima decisi\u00f3n dictada en el proceso de restablecimiento de derechos, se expidi\u00f3 hace m\u00e1s de 2 a\u00f1os, si se tiene que la oficina de familia de conocimiento el 8 de febrero de 2021 se apart\u00f3 de desatar la homologaci\u00f3n frente a la resoluci\u00f3n que declar\u00f3 en estado de adoptabilidad a la ni\u00f1a comprometida con esa actuaci\u00f3n, transcurso de tiempo que naturalmente elimina la posibilidad de verificar de fondo la situaci\u00f3n planteada por la gestora, en consideraci\u00f3n a que ese espacio temporal provoc\u00f3 que la situaci\u00f3n jur\u00eddica de la menor de edad se consolidara\u00bb, y por tanto, no encontr\u00f3 que actualmente se estuviera frente a una vulneraci\u00f3n de sus prerrogativas. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso la actora para insistir en los argumentos de su demanda tutelar, en el sentido de que no interpuso en oportunidad el recurso de reposici\u00f3n, pero que \u00aben mi ignorancia de los procedimientos y sus implicaciones, he estado activa para recuperar a la ni\u00f1a, pero no se ha podido\u00bb, y acot\u00f3 que la jurisprudencia constitucional prev\u00e9 excepciones al requisito temporal de la tutela, entre ellos, cuando \u00abexiste un motivo v\u00e1lido para la inactividad de los accionantes\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, preliminarmente, si la demanda satisface los requisitos generales de subsidiariedad e inmediatez, y de superarse lo anterior, si al interior del proceso con radicaci\u00f3n \u201c(\u2026)\u201d \/ \u201c2021-00000\u201d, las autoridades accionadas vulneraron las prerrogativas fundamentales invocadas por la actora, al disponer la adopci\u00f3n de la menor como medida de restablecimiento de sus derechos. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales y de los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad. <\/p>\n
Esta Corporaci\u00f3n ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica, la salvaguarda no procede contra esta clase de actuaciones, ya que al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Asimismo, la jurisprudencia especializada ha establecido los presupuestos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse para tornar imperiosa la intervenci\u00f3n del juez excepcional con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. Enlista como tales: <\/p>\n
\u00ab(i) que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC C-590\/05 y SU-813\/07). <\/p>\n
Sobre el punto, esta Corporaci\u00f3n reitera que el uso racional de la tutela, conforme a la naturaleza jur\u00eddica prevista en el canon 86 de la Carta Pol\u00edtica y el Decreto 2591 de 1991, se reserva para los casos en que el ciudadano carece de otras herramientas de protecci\u00f3n de sus derechos, pues la acci\u00f3n no es sustitutiva, alternativa, paralela ni complementaria de las dem\u00e1s herramientas que consagra el ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
Circunscrito el estudio constitucional al planteamiento del problema jur\u00eddico, con soporte en las anteriores premisas, revisados los argumentos de la presente queja y cotejados con las piezas procesales adosadas al expediente, la Corte avalar\u00e1 la sentencia desestimatoria de primer grado, precisando que la improcedencia del resguardo lo ser\u00e1 porque incumple los requisitos gen\u00e9ricos en comento. <\/p>\n
3.1. De la subsidiariedad. <\/p>\n
La desatenci\u00f3n de este presupuesto emerge en la modalidad de incuria, comoquiera que frente a la determinaci\u00f3n por la que ahora se duele la actora, esto es, la resoluci\u00f3n 001 proferida por la Defensora de Familia del ICBF el 15 de enero de 2021, no formul\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n de que era susceptible (inc. 3\u00b0, art\u00edculo 100 del C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia), pese a que de ella fue notificada personalmente en la respectiva audiencia. <\/p>\n
Entonces, como la hoy querellante desaprovech\u00f3 la oportunidad para refutar ante la funcionaria cognoscente la decisi\u00f3n ac\u00e1 censurada, utilizando para ello el mecanismo jur\u00eddico consagrado para tales efectos, deviene infundado el actual reproche por el desconocimiento de su car\u00e1cter subsidiario, residual e inmediato, pues ese es un criterio insuperable que corresponde confirmar, por constituirse en impedimento manifiesto y no estar edificado evento alguno que permita contemplar su flexibilizaci\u00f3n. <\/p>\n
Al respecto, desde sus albores la jurisprudencia constitucional ha precisado que esta acci\u00f3n: \u00abno ha sido consagrada para provocar la iniciaci\u00f3n de procesos alternativos o sustitutivos de los ordinarios, o especiales, ni para modificar las reglas que fijan los diversos \u00e1mbitos de competencia de los jueces, ni para crear instancias adicionales a las existentes, ni para otorgar a los litigantes la opci\u00f3n de rescatar pleitos ya perdidos, sino que tiene el prop\u00f3sito claro y definido, estricto y espec\u00edfico, que el propio art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n indica, que no es otro diferente de brindar a la persona protecci\u00f3n inmediata y subsidiaria para asegurarle el respeto efectivo de los derechos fundamentales que la Carta le reconoce\u00bb (CC T-01\/92). <\/p>\n
A tono con ello, esta Corporaci\u00f3n ha dicho que el estudio de fondo de la tutela se habilita s\u00f3lo cuando la parte accionante ya se dirigi\u00f3 ante la autoridad competente para exponer su requerimiento y no obtuvo respuesta, o la misma fue desfavorable en t\u00e9rminos de arbitrariedad, lo cual en este asunto no acontece, habida cuenta que: <\/p>\n
\u00aben trat\u00e1ndose de instrumentos dirigidos a la preservaci\u00f3n de los derechos, el medio judicial de protecci\u00f3n es, por excelencia, el proceso y, por lo tanto, a nadie le es dable quejarse por la hipot\u00e9tica vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales, si goz\u00f3 y a\u00fan cuenta con la oportunidad de controvertir las decisiones de las que hoy discrepa (\u2026). Por lo dem\u00e1s, es palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente (\u2026) para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso, pues, reit\u00e9rase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley (\u2026)\u00bb (CSJ STC, 22 feb. 2010, rad. 00312-01, citada entre otras en STC1200-2023, 15 feb., rad. 2022-00480-01, entre otras). <\/p>\n
En ese sentido, es evidente que la interesada no acredit\u00f3 haber acudido a los pertinentes medios de defensa, cuya aptitud y eficacia no est\u00e1n en entredicho, pues en lo atinente al recurso horizontal, esta Sala ha sostenido: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) no se diga que el recurso de reposici\u00f3n es ineficaz porque el funcionario que emiti\u00f3 el prove\u00eddo recurrido es quien lo resuelve, ya que de aceptarse tal aserto lo que se pondr\u00eda en entredicho ser\u00eda la idoneidad y utilidad de dicho medio impugnativo, supuestamente porque la autoridad judicial, en principio, no variar\u00eda su decisi\u00f3n, razonamiento que la Corte considera deleznable, si se tiene en cuenta que lo que anim\u00f3 al legislador para instituirlo como mecanismo de defensa fue el de brindarle al juez de conocimiento una oportunidad adicional para que revise su determinaci\u00f3n y, si hubiere lugar a ello, que la enmiende, prop\u00f3sito que, aparte de acompasar con los principios de econom\u00eda y celeridad procesal, asegura desde un comienzo el derecho de contradicci\u00f3n de los sujetos intervinientes, especialmente en asuntos que se tramitan en \u00fanica instancia\u00bb (CSJ STC, 20 feb. 2014, exp. 00201-00, citada entre otras en STC1896-2023, 1\u00b0 mar., rad. 00699-00). <\/p>\n
3.2. De la inmediatez. <\/p>\n
Este impedimento tambi\u00e9n se configura en este caso, porque el pronunciamiento del Juzgado Promiscuo de Familia de \u201cY\u201d, absteni\u00e9ndose de tramitar la \u00abhomologaci\u00f3n\u00bb y con ello ratificar lo resuelto por la Defensora de Familia del ICBF, data del 8 de febrero de 2021, mientras la presente tutela fue presentada a reparto el 7 de marzo de 2023, es decir, excediendo ampliamente el lapso de seis (6) meses que la decantada jurisprudencia ha se\u00f1alado como prudencial y razonable para promover la acci\u00f3n de manera tempestiva. <\/p>\n
Sobre el particular, la jurisprudencia de esta Sala, acorde con la constitucional, ha reiterado que la procedencia del ruego tuitivo se condiciona al cumplimiento de todas y cada una de las causales generales de procedibilidad, entre las cuales es esencial la inmediatez, esto es, que se intente en un plazo que no puede superar el semestre contado a partir de la actuaci\u00f3n calificada como como vulneradora de las prerrogativas superiores, requisito que se exige con m\u00e1s rigurosidad frente a una providencia judicial, porque: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados (\u2026). En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros\u00bb (CSJ STC, 2 ago. 2007, rad. 00188-01, citada entre otras muchas en STC1745-2023, 1\u00b0 mar., rad. 00607-00). Se subraya. <\/p>\n
En esa misma l\u00ednea esta Corporaci\u00f3n ha se\u00f1alado que, \u00abprecisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses [en tanto que] resulta contrario a la seguridad jur\u00eddica, postulado fundante del Estado de Derecho, reabrir debates ya decididos, por cuanto ello lejos de garantizar la vigencia de los derechos de los asociados y promover un orden justo, proh\u00edja y perpet\u00faa los conflictos y genera incertidumbre\u00bb (CSJ STC, 29 abr. 2009, rad. 00624-00, citada en STC2458-2023, 15 mar., rad. 00033-01, entre otras). Resaltado fuera del texto. <\/p>\n
Ahora, n\u00f3tese que el presupuesto aludido no es absoluto y debe examinarse de forma particular con miras a determinar si el lapso fijado por la jurisprudencia es viable sortearlo o no, tal condici\u00f3n le impone al juez constitucional, realizar un balance de los derechos fundamentales en juego y de las razones expuestas como justificantes de la desidia, y, finalmente, las calidades personales o profesionales de quien la promueve, importantes a la hora de establecer el nivel de exigencia frente al referido criterio temporal. <\/p>\n
De cara a lo anterior, en este caso no se demostr\u00f3 alguna situaci\u00f3n ajena a la voluntad de la promotora que le impidiera acudir a tiempo a esta v\u00eda, pues tanto ella como su hijo -a quien repetidamente menciona en la demanda-, no demostraron falencias para entender las consecuencias jur\u00eddicas que les fueron explicadas en la audiencia, al punto que fue expresa su voluntad de no hacer uso del mecanismo de defensa previsto para controvertir lo decidido por la funcionaria cognoscente; luego de la audiencia, contaron con tiempo suficiente para acudir a los agentes del Ministerio P\u00fablico y\/o buscar asesor\u00eda particular encaminada a interponer las acciones judiciales pertinentes, y en suma, porque no vale de excusa se\u00f1alar que para acceder oportunamente a esta acci\u00f3n, se requer\u00eda conocer de \u00abtecnicismos\u00bb, habida cuenta la informalidad que la caracteriza. <\/p>\n
Del mismo modo, la Sala no observa un motivo superior para obviar la inercia de la demandante, toda vez que la decisi\u00f3n de adoptabilidad que la actora critica, proferida en un segundo proceso de restablecimiento de derechos, no se muestra vulneradora de las prerrogativas fundamentales de la menor por quien se act\u00faa, dada la contundencia de los argumentos que la soportan y cuya razonabilidad no se hace necesario ahondar en esta excepcional sede. <\/p>\n
En las condiciones descritas, por cuanto no se avizora riesgo alguno para los derechos fundamentales de la menor, tampoco procede la tutela transitoria, pues no se prob\u00f3 la existencia de perjuicio irremediable; recu\u00e9rdese que para tal evento se requiere que el da\u00f1o \u00abrevista cierta gravedad e inminencia m\u00e1s all\u00e1 de lo puramente eventual, y que s\u00f3lo pueda evitarse con medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb (CSJ STC, 1\u00ba sep. 2011, exp. 00194-01, citada entre otras en STC1200-2023, 15 feb., rad. 00480-01). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Por lo discurrido, se respaldar\u00e1 la desestimaci\u00f3n del amparo en raz\u00f3n a su improcedencia, al no superar los esenciales requisitos de subsidiariedad e inmediatez, y porque tampoco se configuran las indispensables exigencias para otorgarlo como mecanismo transitorio. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo impugnado, por las puntuales razones desarrolladas en esta instancia. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Acuerdo No. 034 de 16 de diciembre de 2020, CSJ – Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n
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STC4040-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC4040-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 25000-22-13-000-2023-00121-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del veintis\u00e9is de abril de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[61],"tags":[],"class_list":["post-72686","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-abril-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/72686","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=72686"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/72686\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=72686"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=72686"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=72686"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}